Pese a que la Carta Magna establece en su artículo tercero la gratuidad y laicidad de la educación pública básica, las “aportaciones voluntarias” en las escuelas de Jalisco agobian a los padres de familia. Cada año enfrentan ese problema y si se niegan a pagarlas, se exponen a que sus hijos pierdan la inscripción o tengan problemas de discriminación por parte de los directivos y mentores.
El reportero platicó con los integrantes de cuatro familias de escasos recursos de la zona metropolitana de Guadalajara, tres de las cuales son indígenas, quienes hablaron a condición de que no se mencionaran sus nombres por temor a que sus hijos sufran represalias en los planteles.
Las cuotas, dicen, van de 100 a 500 pesos, según los comités de padres de familia, quienes toman acuerdos según los criterios que imponen los directivos.
La madre de una menor que cursa sexto año en la primaria número 53, ubicada en los alrededores del Parque Morelos en esta capital, se queja porque, dice, cada año debe comprar en el plantel el uniforme escolar, que se cotiza en mil pesos. Las autoridades no le permiten adquirirlo en otra parte, donde a lo sumo cuesta la mitad.
Y pese a las justificaciones de que las cuotas se invierten en el mantenimiento de los planteles y la compra de insumos como jabón, cloro, desinfectantes, escobas y trapeadores, las mejoras no se ven por ningún lado, dicen los entrevistados.
Otra mujer, madre de dos menores que estudian en la primaria Héroes Mexicanos, donde ella hizo sus estudios hace dos décadas, asegura que desde entonces ya se cobraban las cuotas. Hoy, dice, debe pagar 100 pesos por cada uno de sus hijos.
“El otro día fui con el director para que me diera chance de pagarl después. Él me respondió que sí, pero que mientras tanto los menores no recibirían sus libros de texto.”
Las familias entrevistadas son parte de los indígenas huicholes y otomíes que llegaron a Guadalajara a finales de los ochenta y principios de los noventa en busca de mejores oportunidades. Sus ingresos provienen de la venta de artesanías y accesorios con chaquira que ellos confeccionan, así como de frituras en la zona centro.
Un joven, padre de dos niños, comenta que el convenio suscrito por los gobiernos estatal y federal para hacer obligatorio el nivel bachillerato dificulta a las comunidades indígenas el acceso a la educación, sobre todo porque muchos de sus integrantes ni siquiera terminan la primaria.
Por eso se esmera en la educación de sus dos hijos, por los que paga 500 pesos. Dice que así como él puede pagarlos, muchos de sus compañeros ni siquiera tienen para comprar un kilo de frijol. Uno de esos casos es el de la señora Sara, que este año no pudo pagar los 250 pesos por cada uno de sus dos nietos.
Dice que las autoridades del plantel condicionaron la inscripción de los menores a cambio de que la madre de ellos hiciera el aseo en el plantel por tiempo indefinido. Sin embargo, cuando no acudía, los maestros sacaban a los niños del salón de clases.
Números, números
En agosto pasado se inscribieron alrededor de 1 millón 740 mil 366 estudiantes para el ciclo 2012-2013. Si sus padres pagaron alrededor de 300 pesos por cada uno, los directivos de los planteles obtuvieron poco más de 522 millones de pesos sin que se sepa en qué se utilizaron, pues ni ellos ni los comités de padre de familia entregan comprobantes.
Esta situación genera problemas a las asociaciones civiles que brindan apoyo a los niños de menos recursos para garantizar su educación, pues la falta de facturas les impide deducir sus impuestos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La directora del Colectivo Pro Derechos de la Niñez, AC (Codeni), Danielle Strickland, considera que las aportaciones son ilegales, sobre todo porque, dice, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) maneja un techo presupuestal de 428.6 millones de pesos para el mantenimiento de edificios, suministros y equipamiento de los planteles.
De acuerdo con su presupuesto de egresos de 2012, ese recurso se divide en varias partidas: la 2000, para materiales y suministros, que asciende a 236 millones 468 mil 506 pesos e incluye equipo de impresión, insumos de limpieza. De esa suma, 3 millones 850 mil pesos son para la alimentación de los servidores públicos de la dependencia.
La 3000, de servicios generales, cuyo monto es de 41 millones 167 mil 191 pesos, se destina a la instalación y reparación de equipos de cómputo, inmuebles, servicios de limpieza, jardinería, fumigación y manejo de desechos, además de papelería oficial.
La 4000, correspondiente a transferencias, subsidios y subvenciones, es por 127 millones 316 mil 731 pesos, y la 5000, de bienes muebles e inmuebles, que asciende a 23 millones 663 mil 591 pesos y está destinada a la compra de mobiliario de oficinas y equipos recreativos y de administración.
José Casillas, integrante del Movimiento de Bases Magisteriales (MBM) y director de la primaria 194 en la comunidad indígena de San Francisco Ixcatán, asegura que los directores se niegan a abrir cuentas bancarias a nombre de los planteles para depositar lo que reciben de cuotas, con la finalidad de evitar que se sepa que están violando la Ley de Educación estatal que en su artículo 130, párrafo II, prohíbe el cobro de cuotas.
Aunque admite que si no fuera por las cuotas el sistema educativo habría colapsado desde hace años por falta de aseo en los baños y las aulas simplemente no funcionarían, lamenta que más de 90% del presupuesto de la SEJ se destine al pago de la burocracia y a los “comisionados sindicales”.
Y se lanza contra el titular de la SEJ, Antonio Gloria Morales, cuya administración, dice, ha sido gris. Cuenta que en una ocasión él y sus compañeros le llevaron documentos para comprobar la venta de plazas pero no hizo nada. En cambio, dice, sí ha permitido que los directores de escuelas despidan a los maestros que se atreven a cuestionarlos.
Eso sí, comenta, en días pasados Antonio Gloria viajó a Quebec, Canadá, para firmar un acuerdo de cooperación con autoridades locales.
Y advierte que las cosas pueden ser peor si llega a la SEJ José de Jesús Ávila Castañeda, el exdirigente de la sección 16 del SNTE que presuntamente sustituirá a Antonio Gloria.
