Héctor Vielma Ordóñez dejará el ayuntamiento zapopano con una deuda cercana a los 500 millones de pesos, de acuerdo con un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consultado por Proceso Jalisco. Su trienio, dicen sus detractores, se caracterizó por el derroche para posicionar su imagen y por su desdén hacia la población, pues casi no invirtió nada en obra social. Para la regidora independiente Lourdes Arellano Aguilera, la gestión de Vielma fue una dictadura.
Durante su trienio como alcalde de Zapopan, que culmina el próximo 31 de diciembre, Héctor Vielma Ordóñez prefirió invertir en su imagen personal en lugar de impulsar las obras públicas y dotar de los servicios básicos a las colonias precarias del municipio.
En ese lapso, a través de su Dirección de Comunicación Social contrató asesores externos para que posicionaran su imagen. Les pagó más de 300 millones de pesos, suma superior a la inversión programada para la construcción del Hospital General de Zapopan –El Hospitalito–, según se desprende del presupuesto de egresos del ayuntamiento.
Una cantidad similar es la que vale, por ejemplo, el edificio de Seguridad Pública municipal; incluso una tercera parte de esos recursos hubieran bastado para subsanar el rezago social de los pueblos de la barranca del río Santiago…
Pero el alcalde Vielma prefirió canalizar los recursos a la contratación de artistas gruperos para amenizar fiestas y para lucirse en sus informes de gobierno, como en 2011, cuando dilapidó 36 millones de pesos en su afán por alcanzar la candidatura del PRI al gobierno de Jalisco.
Tras su fracaso político, Vielma volvió a las andadas. A finales de ese año contrató al “cantautor del pueblo” Espinoza Paz para celebrar la llegada de 2012. Le pagó 3 millones de pesos para que amenizara la fiesta. En enero, con motivo del Día del Policía, desembolsó una cantidad similar por un concierto de Julión Álvarez y su banda.
Y siguió. El 15 de mayo el ayuntamiento invirtió 2.5 millones más para agasajar a los maestros zapopanos con un concierto de Los Ángeles Azules, incluso rifó un automóvil.
La mayor parte de los recursos etiquetados para Comunicación Social durante la gestión de Vielma se fue en el pago de inserciones en periódicos, publicidad en radio y televisión. Ni un peso se canalizó en infraestructura. Los reporteros se quejaron incluso porque, decían, no había internet en las oficinas y porque las computadoras apenas servían.
En diciembre de 2010, con motivo de su primer informe de gobierno, Vielma derrochó 25.2 millones de pesos en spots de televisión, de lo cuales 16 millones 830 mil 480 fueron para Televisa. No obstante fue cuidadoso en los años subsecuentes, pues se desconoce cuánto invirtió para promocionar su segundo informe.
Un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indica que, al cierre del primer semestre de este año, la deuda pública del ayuntamiento zapopano llegó a mil 477 millones de pesos, lo cual lo ubica como el segundo municipio más endeudado en el estado y el cuarto a nivel nacional.
Para tapar el boquete financiero, Vielma propuso la creación de nuevos impuestos y elevar las tarifas en otros rubros en su iniciativa de Ley de Ingresos 2013, recién aprobada por el Congreso local, y que le tocará ejercer a su sucesor, Héctor Robles Peiro.
Según el artículo 53, el próximo año se creará el impuesto sobre el incremento de valor y la mejoría específica de la propiedad inmobiliaria, que consiste en un pago nuevo por la modificación de planes de desarrollo urbano o cambios de uso de suelo que generen una plusvalía a los propietarios de vivienda.
Asimismo, también los impuestos de reciente creación en la Dirección de Protección Civil en los que se pretende recaudar hasta por la capacitación que brinde esta dependencia.
Durante su campaña, el priista Héctor Vielma, propietario de la empresa de televisión de paga Telecable, prometió no cobrar su sueldo y donarlo íntegramente a diferentes asociaciones civiles. Durante el primer año no sólo cumplió, sino que cada bimestre convocó a los periodistas para que atestiguaran la entrega de su salario. Luego dejó de publicitar sus donaciones.
Según el portal de transparencia, el alcalde siguió cobrando sus percepciones, que ascienden a poco más de 80 mil pesos mensuales. Se desconoce si continuó donándolo.
Para la regidora independiente Lourdes Arellano Aguilera, la administración de Vielma “fue una dictadura”, pues cumplió a capricho sus antojos y cooptó a los ediles para acallar a la oposición. Incluso recuerda que en una ocasión él le dijo que qué quería para dejar de fastidiarlo.
“Tengo que ser sincera y decirte que a muchos (regidores) los compró y a otros el partido (el PRI) los obligó a alinearse por cuestiones políticas”, dice Arellano Aguilera.
–¿Vielma los compró?
–¡Claro!
–¿Les dio dinero?
–Hasta donde yo sé, sí.
–¿Y a usted le ofrecieron también?
–Sí, por supuesto. Para callarme. Su expresión textual fue: “Dígame de una vez qué quiere”.
El dadivoso
Durante su gestión en Zapopan, Héctor Vielma fue duramente criticado por la parálisis en que mantuvo al ayuntamiento. Arellano Aguilera lo define como caprichoso, e insiste en que sólo impulsó los temas en que mediaron los contratos millonarios y se olvidó por completo de las colonias populares.
–¿Se hicieron obras de infraestructura en las colonias más desprotegidas?
–Sólo en unas cuántas calles. En su primer año se le quedó todo el dinero asignado a obra pública. Olvídate de arrimar agua potable, olvídate de alcantarillado; no le importó. Es un empresario con muchísimo dinero. Él jamás volteó para abajo.
De acuerdo con el proyecto de obra social 2010-2012, Zapopan cuenta con 10 zonas de muy alta marginación en las cuales residen alrededor de 600 mil habitantes. Para satisfacer las necesidades primarias de esa población se requerían 12 mil millones de pesos, pero no se invirtieron.
En cuando al abasto de agua, una de las principales demandas de muchos zapopanos, tampoco fue atendida. Por ello, el 12 de marzo último residentes de las colonias Ángeles de Nextipac y Revolución se bañaron en la fuente de la presidencia municipal y lavaron su ropa en son de protesta.
Arellano Aguilera subraya que el munícipe regaló “migajas” a la población en desventaja y se paró el cuello con programas asistenciales del gobierno estatal y federal, como el Seguro Popular y Oportunidades. “Se dio el lujo de decir si no votas por mí te quito Oportunidades”, comenta la regidora.
En contraste, dice, Vielma supo ser dadivoso con quienes podían redituarle ganancias. De ahí su insistencia en impulsar los planes parciales de desarrollo urbano del Bajío, zona donde se construyeron las Villas Panamericanas y el Estadio Omnilife, lo que desató la codicia de los promotores inmobiliarios.
En el caso de Jorge Vergara Madrigal, dice la regidora, el alcalde le permitió abrir su estadio en 2010 sin los accesos viales necesarios, a pesar de que el empresario se había comprometido a invertir 140 millones de pesos para construir un paso a desnivel en Periférico y avenida JVC.
Según ella, Vielma avaló también la construcción de un túnel vehicular sobre avenida Tesistán para uso exclusivo del fraccionamiento Valle Imperial de la inmobiliaria GIG, perteneciente al empresario priista Raymundo Gómez Flores. La inversión, con cargo al erario zapopano, fue de 28 millones de pesos.
Arellano Aguilera inició como regidora del PAN, pero a mediados de 2011 se separó del partido por considerar que no cumplía con su papel de oposición. En los comicios de julio pasado ella contendió por una diputación local impulsada por el Movimiento Ciudadano.
Los negocios
Durante su tercer informe de gobierno, presentado a mediados de mes, Vielma Ordóñez se jactó de que uno de sus mayores éxitos fue controlar la urbanización, lo que motivó una airada respuesta del Comité Salvabosque El Tigre II, encargado de la defensa del bosque El Nixticuil.
“Con Héctor Vielma se desató la cloaca de la urbanización en el bosque el Nixticuil. Su gobierno trajo mucha invasión al bosque porque entregó permisos y solapó a urbanizadores, como Raymundo Gómez Flores”, refiere Sofía Herrera, integrante del comité.
La urbanización del Nixticuil avanza a paso lento, pero firme, refiere. Muestra de ello son los fraccionamientos ensamblados en un proyecto más ambicioso llamado Mirasierra. La primera etapa se inició en octubre de 2010 con el conjunto denominado Altavista Residencial del consorcio GIG, y recientemente comenzó una segunda, colindante con el Valle de Tesistán.
El proyecto Mirasierra equivaldría a traerse a la población de Ciudad Guzmán –100 mil personas, de acuerdo con el conteo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía 2005– al Valle de Tesistán y al bosque de El Nixticuil.
La Cima, perteneciente al dueño de la embotelladora Aga, Abelardo García Arce, es otro proyecto inmobiliario sin control, pues el ayuntamiento zapopano ha tolerado la tala de árboles y el relleno de cuencas y pasos naturales de agua.
“Pese a las denuncias, no ha habido ninguna respuesta, mientras que la tala y las invasiones continúan, lo que va en detrimento del bosque”, añade Herrera.
Lo peor es que, dice, ignoró por completo a los pueblos de la barranca del río Santiago. Cuenta que el pasado 27 de marzo en una reunión los representantes de las comunidades de Huaxtla, San Francisco Ixcatán, Milpillas, San Esteban y San Lorenzo reclamaron a Vielma por esas acciones. “Esas son mamadas”, les respondió.
José Casillas, representante de la comunidad indígena de San Francisco Ixcatán, recuerda el incidente. Dice que hay testigos de lo que sucedió ese día alrededor de las 13:30 horas en el despacho de Vielma.
Él insiste en que su única petición era el cumplimiento del convenio de resarcimiento de daños por la descarga de lixiviados del vertedero de Picachos, firmado el 20 de octubre de 2009 con la administración del panista Juan Sánchez Aldana, antecesor de Vielma en la alcaldía.
Las obras consistían en la construcción de caminos para conectar a las comunidades, así como un centro de salud y pequeños bordos para el almacenamiento de agua con un valor estimado en 100 millones de pesos. Sin embargo, según Casillas, las autoridades gastaron más de 6 millones de pesos.
El ayuntamiento contrató incluso a dos artistas para darle circo a la gente. Con eso, asegura, se hubiera completado una obra social, por ejemplo la carretera que va de Milpillas a Huaxtla y que está pactada, pero prefirieron gastar el dinero en un baile.
Para el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Juan Larrosa Fuentes, es inadmisible que los ayuntamientos destinen tantos recursos a sus direcciones de comunicación social, sobre todo cuando su uso es discrecional.
Refiere que para la elaboración del Informe Anual 2011: Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, que presentó el Quid Observatorio de Medios, la Unidad de Transparencia de Zapopan se negó a entregar los contratos de publicidad firmados con televisoras, radiodifusoras, diarios y pasquines de circulación limitada.
Incluso, dice, detectó que los ayuntamientos y gobierno del estado desviaron recursos para publicitarse mediante entrevistas pagadas o publirreportajes: “Funcionarios que nos pidieron omitir su nombre nos dijeron que es práctica común pagar a las áreas de comercialización para que los reporteros cubran las actividades”.
La falta de una ley estatal impide que se reglamente ese tipo de acciones, pues se ha comprobado que muchas veces la publicidad se utiliza para premiar a los medios de comunicación, o para castigarlos cuando critican a los gobernantes, concluye el académico.
