La revisión de poco más de un año de minutas de la Comisión Tarifaria y del Consejo de Atención a las Víctimas del Transporte Público, obtenidas mediante la Ley de Transparencia, revela que esos organismos no funcionan como reguladores del transporte público ni como espacios de acuerdo entre autoridades, concesionarios y usuarios. Su verdadero papel es el de justificador de las decisiones del Ejecutivo y punto de presión de los concesionarios.
La reciente reforma a la Ley General de los Servicios de Vialidad y Transporte que promulgó el gobernador Emilio González refleja su apoyo a la Alianza de Camioneros, que preside Jorge Higareda Magaña, pues impidió que se integraran organismos civiles a la Comisión Tarifaria.
El mandatario estatal quiso hacer creer a los usuarios que se reformaría dicha comisión justamente para incorporar a organizaciones sociales y de ese modo el alza se atuviera a criterios técnicos. Sin embargo, minutas que este semanario obtuvo mediante la Ley de Transparencia revelan que no fue así.
De acuerdo con esos documentos y con las minutas del Consejo para la Atención a las Víctimas del Transporte Público (CAVTP), ni los concesionarios ni las autoridades se toman en serio las reuniones donde tienen que discutirse las mejoras al servicio y la atención a las víctimas de accidentes de tránsito –condiciones planteadas por organizaciones civiles para justificar el alza en el pasaje–, ya que sólo envían a sus representantes o de plano suspenden los encuentros.
La Comisión Tarifaria no sesionaba desde marzo de 2011. El pasado 15 de agosto se convocó urgentemente a todos sus integrantes para aprobar el alza.
En cuanto al CAVTP, entre enero de 2011 y junio de 2012 sesionó sin sus miembros titulares, con excepción de la asamblea de febrero del año pasado, cuando sí se aparecieron su secretario ejecutivo, Alfonso Petersen Farah (entonces secretario de Salud del estado), y el secretario de Vialidad y Transporte, Diego Monraz.
Después de esa fecha ninguno de los mencionados volvió a pararse ahí; ni siquiera Higareda Magaña, quien suele enviar al director jurídico de su empresa, Francisco Javier Ruvalcaba Ramírez.
El actual secretario de Salud, José Antonio Muñoz Serrano, quien ocupó el cargo cuando Petersen se postuló como precandidato del PAN al gobierno de Jalisco, tampoco acude a las asambleas del CAVTP, pese a que éstas se realizan cada mes en el edificio de su dependencia.
En el periodo mencionado las reuniones se han suspendido al menos en cinco ocasiones por falta de quórum. Y González Márquez, presidente del CAVTP, no se ha presentado, aunque suele mandar en su representación al director de Enlace Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, Raúl Vázquez González.
En las minutas de las sesiones del organismo se asienta que los transportistas han amenazado con retirarse del consejo. Por ejemplo, en la reunión de enero pasado el director jurídico de la Mutualidad FORSSA, Omar Figueroa Rosales, se quejó con el representante de la procuraduría estatal, Héctor Raúl Quintero Gil, de que no se les cumple la promesa de “liberarles” los camiones involucrados en accidentes con víctimas tan pronto reparen los daños de los lesionados.
“Entiendo que la función primordial del consejo es cumplir con todos los acuerdos que salen; yo lo comentaba con el licenciado Raúl: si en este momento las mutualidades nos llegáramos a retirar del CAVTP y nos dedicáramos exclusivamente a lo que la ley nos marca, otra fuera la dinámica”, advirtió Figueroa.
El 20 de julio de 2011 se discutió la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que el consejo elaborara expedientes de los lesionados y de los fallecidos, incluyendo su evolución médica y los aspectos jurídicos. Igualmente, el ombudsman pidió que se realizara un seguimiento de los accidentados hasta que se les diera de alta y que se integraran constancias documentales de los gastos médicos.
Entonces el director jurídico de FORSSA cuestionó la utilidad del concentrado de datos que pidió la comisión, en tanto que el director general de la Mutujal (Mutualidad de Jalisco), Efrén Castro Estrada, se volvió a quejar de que aun si los concesionarios pagan los gastos médicos, la autoridad les retiene sus unidades mucho tiempo.
En una sesión anterior, la del 13 de abril, los integrantes del CAVTP hicieron propuestas para disminuir los accidentes de tránsito, que en 2011 provocaron 47 fallecimientos.
Como parte del paquete de 22 medidas aprobadas, se exhortó a todos los transportistas a sustituir las llantas en mal estado de todo su parque vehicular, revisar diariamente los sistemas de frenos y purgar los tanques de aire, así como reducir su rango de velocidad.
En cuanto a los conductores, se acordó inscribirlos en cursos de capacitación obligatorios, reducir su jornada laboral a ocho horas y erradicar distracciones como acompañantes, radio y teléfonos celulares.
A la autoridad le tocaría sensibilizar a la ciudadanía con anuncios de radio, prensa y televisión, además de sancionar a los peatones que no crucen calles y carreteras por las zonas indicadas. Pero hasta ahora no hay constancia de que se hayan promovido campañas de educación vial.
Bloqueo a ciudadanos
A pesar de que los integrantes del CAVTP reconocen que éste no ha sido muy oportuno para cubrir los daños a la gente afectada por los accidentes, se han opuesto a que se incorporen al organismo otras organizaciones sociales e instituciones públicas.
En la sesión del 9 de febrero de 2011, Alfonso Petersen advirtió que la inclusión de un representante del Poder Judicial le restaría fuerza a los acuerdos y decisiones del consejo.
Este semanario publicó en su edición del reciente 18 de agosto el reclamo de varias asociaciones civiles para que formen parte del CAVTP representantes de usuarios, de discapacitados, de universidades y de medios de comunicación, además de médicos y psicólogos. Al menos en tres ocasiones la Red Ciudadana, que preside José de Jesús Gutiérrez, le exigió al gobernador González Márquez que dicho consejo se reestructure.
No obstante, el mandatario sólo reformó la composición de la Comisión de Tarifas, de la que se excluyó él mismo, pero también impidió que ingresaran organizaciones civiles mediante el decreto que publicó en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el 15 de agosto, justo el día que se autorizó el incremento al pasaje, que debería entrar en vigor este septiembre pero se adelantó al 31 de agosto.
Esto ocasionó que la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) interpusiera un amparo contra la polémica medida, y en consecuencia el costo del boleto volvió a su nivel anterior de seis pesos a partir del 2 de septiembre.
El argumento de González Márquez para excluir a las asociaciones civiles en la Comisión Tarifaria fue que los diputados le enviaron un dictamen distinto al que aprobaron en la correspondiente sesión legislativa.
“Esto ocurrió con las modificaciones a la Ley de Vialidad y Transporte, los servicios de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco, en donde publicamos tal como nos lo enviaron los diputados. Ya está ahora en la cancha de los diputados, si la manera en que quedó el texto publicado no es lo que ellos en un momento dado aprobaron, nos mandan la minuta y eso es lo que nosotros estaremos publicando” (sic), declaró a los medios el 20 de agosto.
El texto que se entregó originalmente a la prensa establecía reformas a los artículos 143 bis fracción II, 143 ter, 147 y derogación de la fracción XIV del artículo 19 y la fracción I del 143 bis para excluir al mandatario de la Comisión Tarifaria e incorporar a representantes de personas con discapacidad y usuarios, así como un párrafo donde se establece que el incremento al pasaje sólo podrá autorizarse con el voto de dos tercios de sus integrantes. En el decreto que publicó González Márquez, en cambio, basta con el asentimiento de una mayoría simple.
El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco, Óscar Benavides, señaló en entrevista que desde que asumió la presidencia de la organización, en marzo de 2011, jamás fue convocado a sesionar en la Comisión Tarifaria, hasta que el 15 de agosto pasado recibió una llamada del secretario de Vialidad para invitarlo a la asamblea donde se aprobó el aumento.
De los 10 alcaldes de la zona metropolitana que conforman la comisión, sólo acudió el de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho; siete enviaron a un representante y los de El Salto y Juanacatlán no hicieron ningún caso del llamado. “Yo percibí que querían ya tomar una decisión rápida y cuando yo me di cuenta, era inevitable. En ese momento tomé la decisión de votar en contra”, relata Benavides.
Adiós al transvale
Ricardo Villanueva Lomelí, estratega de campaña del gobernador electo, Jorge Aristóteles Sandoval, adelantó que sólo se cumplirá en parte la promesa de dotar de transporte público a la comunidad estudiantil jalisciense, con el pago de dos pasajes por día: de ida y vuelta, y sólo durante las 38 semanas escolares.
Según Villanueva, los alumnos realizan 2.3 viajes al día en promedio. “Habrá quienes utilicen tres o cuatro viajes, pero eso ya correrá por su cuenta… A partir de estudios, tenemos claro que sólo 30% de los estudiantes de secundaria van en transporte público; 70% lo hace a pie o los llevan en transporte privado. En preparatoria sube la cantidad de usuarios y en nivel superior muchos empiezan a tener auto, pero también es alto (el número de usuarios del transporte público) en nivel superior”.
De esta forma, afirma, 200 mil estudiantes se beneficiarán con el transporte gratuito, lo que implica un gasto de 220 millones de pesos anuales para el Poder Ejecutivo, y no los 6 mil millones que estimó Enrique Alfaro Ramírez, excandidato al gobierno del estado por el partido Movimiento Ciudadano.
El colaborador de Aristóteles Sandoval adelanta que el transvale desaparecerá, pero los 170 mil usuarios de este sistema de pago seguirán recibiendo 50% de descuento en el transporte público. “El transvale como tal se sustituye por una tarjeta de prepago u otro sistema, habrá que ver cuál. El descuento a los estudiantes es por ley, ese no lo pierden”, aclara.
