En Guadalajara, las organizaciones protectoras de animales están molestas porque nadie quiere responsabilizarse de “Albert”, el tigre de bengala que en los últimos meses anda en busca de alojamiento. Cuando su dueño, un joven regiomontano, ya no tuvo espacio, lo recluyó en el Parque Rehilete Alcalde, luego pasó a uno de los Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre de la Semarnat; de ahí a la perrera municipal tapatía y luego al Zoológico Villa Fantasía, en Zapopan…
El aseguramiento de Albert, un tigre de bengala que estuvo en exhibición durante tres meses en el Parque Rehilete Alcalde, puso al descubierto la facilidad con la que particulares compran animales exóticos con el solapamiento de las autoridades.
El escándalo empezó el 4 de abril pasado, cuando el ayuntamiento de Guadalajara embargó las instalaciones de la empresa Diversiones Arias, SA de CV, concesionaria del Parque Rehilete Alcalde por un presunto adeudo de 2 millones de pesos e incumplimiento de contrato. Ese día, personal del ayuntamiento se llevó los juegos mecánicos y también a Albert.
El delegado estatal de la Profepa, José Manuel Galindo Jaramillo, comentó que además del tigre encontraron especies de tortuga y cocodrilos que fueron depositados en las instalaciones de conservación de la procuraduría.
Organizaciones como Animal, AC, Voproa, Adopta Guadalajara, Colectivo Cultura Animalia y Naturaleza Animal, sostienen que el felino debió llevarse a uno de los Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS) de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) consintió que al animal se le tuviera enjaulado entre mayo y agosto en el Centro de Control Animal, más conocido como el antirrábico o la perrera municipal de Guadalajara, en espera de que alguien se presentara y acreditara su posesión legal.
Lo absurdo del caso es que la misma Profepa y el ayuntamiento tapatío promovieron la venta del felino. Fuentes cercanas al Centro de Control Animal aseguran que pedían hasta 5 mil dólares por el ejemplar, pero que su precio se disparó cuando comenzó a hablarse de Albert en los medios de comunicación.
Ante la presión de las organizaciones, el tigre fue enviado de la perrera municipal de Guadalajara al Zoológico Villa Fantasía, de Zapopan, otro sitio que ya ha sido cuestionado por la precariedad de sus instalaciones y que incluso el regidor del Verde Ecologista en el ayuntamiento zapopano, Luis Alejandro Rodríguez, ha propuesto su desaparición.
En un encuentro con las organizaciones protectoras de animales, el director de ese lugar, Alejandro Reyes García, se reunió con representantes de esas organizaciones, quienes le reclamaron porque había admitido al animal sin la acreditación de su procedencia.
Las asociaciones exigían que Albert fuera enviado al Santuario de Animales Salvajes (Wild Animal Sanctuary) de Colorado, Estados Unidos, donde estaría en su hábitat natural. Señalaron que en ese complejo de 320 hectáreas hay leones, tigres, osos, leopardos, lobos, coyotes y camellos que han sido rescatados de una vida en cautiverio o de maltrato.
Incluso mostraron una carta del director del santuario, Pat Craig, en la cual se compromete a pagar el traslado de Albert. El 14 de agosto el presidente municipal, Héctor Vielma Ordóñez, se deslindó del ingreso de Albert a Villa Fantasía y culpó a Reyes García porque, dijo, no le informó.
El 21 de agosto, aun sin el consentimiento del joven regiomontano, el presidente interino de Guadalajara, Francisco Ayón López, anunció en rueda de prensa que el animal había sido donado para su exhibición en el Zoológico de Guadalajara.
Lo cierto es que el ayuntamiento redactó una carta a modo con fecha del 18 de agosto y se la presentó al propietario del felino, un estudiante regiomontano del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), para que la firmara, con el propósito de “hacerle creer” a la opinión pública que él estaba en total acuerdo de obsequiar a Albert. En el documento fungen como testigos el director jurídico de lo contencioso Juan Paulo Dávalos Navarro y la empleada Lizbeth Anahí Guzmán Urzúa.
Ante los desmedidos elogios a Ayón López en la misiva, entre ellos por el “interés” mostrado en las políticas públicas a favor de la fauna silvestre, y comprometerse a “guardar silencio en torno al presente acto de donación y a reservarme cualquier tipo de comentario a la prensa sobre el tema”, el dueño del tigre se negó a formar el escrito.
Y aunque Ayón López insistió en que Albert se iría al Zoológico Guadalajara, la Profepa emitió un comunicado el 24 de agosto en el cual expuso que aún se estaban evaluando otras opciones. Hasta el cierre de edición, el felino permanecía en el Zoológico de Guadalajara.
Elsa Stettner, miembro de Animal AC, resalta que previo al anuncio de Ayón, sufrieron el acoso de parte de la priista María Dolores Cortés Cervantes, para que suscribieran incondicionalmente una carta de apoyo hacia el alcalde. Dice que ella y sus compañeras le respondieron que sólo firmarían si Albert era enviado al santuario de Colorado, y no mediaba dinero en su adquisición.
Las organizaciones protectoras de animales, aseguran que el universitario regiomontano proviene de una familia adinerada de Nuevo León, por lo que pidió omitir su nombre por motivos de seguridad. Quien se ostentó como dueño del felino es el comerciante Armando Basulto Olvera, quien se dedica a compraventa de animales exóticos.
Él es dueño de Arbe Pet & Shop, a través del cual ofrecen todo tipo de fauna: reptiles, serpientes, cocodrilos, tortugas, camaleones, iguanas, así como aves, arañas y escorpiones.
Según Basulto, vendió al muchacho el tigre en 30 mil pesos pero sin factura y sin el importe de la transacción, lo que supone una evasión de impuestos. En el documento le aclaró al comprador que se trataba de un macho ejemplar de fauna silvestre con marcaje AVID 056607828 nacido en las instalaciones PIMVS con clave INE/CITES/DGVS-ZOO-P-0059NAY98.
Organizaciones protectoras de animales aseguran que el universitario regiomontano admite que nunca pensó que el cachorro se desarrollara tan rápido, por lo que a los seis meses y ante la falta de un espacio adecuado para conservarlo, decidió llevarlo al parque Rehilete Alcalde.
En el sitio Facebook Exoticos del Mundo, donde promueve la venta de sus animales, Basulto expone que los propietarios de Diversiones Arias tenían el plan de crear un parque temático con la inclusión de fauna silvestre para explicar a niños y adolescentes algunos tópicos de sus derechos, hábitat, y la normatividad legal en la que se encuentran. Según el comerciante, Albert estaba en comodato y nunca fue rentado con fines de lucro.
Sin embargo el propio dueño del felino entregó a las asociaciones protectoras de animales la copia de un documento según el cual entre marzo y junio mantuvo conversaciones en Facebook con Basulto, quien se identifica como Armando Di Cápi, en las cuales acordaron repartirse 50% de las ganancias por la venta de Albert.
Durante ese periodo, Di Cápi se desesperó en varias ocasiones porque no encontró a su interlocutor y porque en ocasiones el tigre no recibió su comida.
“Yo necesito recuperar parte de lo que le eh (sic) metido y pues también (sic) ocupo que me digas si lo vas a regalar para ya no meterle lana y que se haga cargo de el (sic) alguien más”, expone el comerciante a su cliente regiomontano.
En su página de Facebook, Basulto se ufana al señalar que adquirir cocodrilos. Es como comprar “frutita” en el tianguis, escribe.
Athziri Moreno, integrante de la organización Voproa, recuerda que en octubre de 2011, el ayuntamiento tapatío reformó el Reglamento Sanitario de Control y Protección a los Animales para el Municipio de Guadalajara con la promesa de terminar con su comercio en espacios públicos. La idea era impactar al popular tianguis de El Baratillo, donde se pueden conseguir especies exóticas.
Refiere que, aun cuando el 16 de enero pasado venció el plazo para que los vendedores cambiaran de giro, ni siquiera se les notificó. Ayón les dijo que todavía no inician con la construcción de la Unidad de Manejo Ambiental en la que depositarán a todos los animales asegurados, por lo que tentativamente el tianguis se ubicaría en un predio de la colonia Miramar, cerca del Tutelar de Menores.
Elsa Stettner menciona que no es suficiente con que Albert haya sido decomisado por la Profepa, pues la ley le obligada a verificar que el dueño posee un plan de manejo adecuado para conservar al tigre como mascota. Lo único que su organización supo, dice, es que el felino nació en cautiverio en Unidad de Manejo Ambiental (UMA) de Nuevo Vallarta.
La opacidad
A través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las organizaciones intentaron documentar la procedencia del animal. La dependencia les respondió que el trámite debe hacerse en las oficinas de la Ciudad de México, ubicadas Camino al Ajusco 200 en Jardines en la Montaña, delegación Tlalpan.
La institución sólo atendió la denuncia interpuesta por Dulce Ramírez Islas, vocera del Colectivo Cultura Animalia, en la cual pidió rescatar al tigre, luego de que el titular José Manuel Galindo Jaramillo, delegado de la Profepa en la entidad se negó a entrevistarse con ellas.
La Profepa resolvió no admitir el asunto (expediente PFPA/21.7/2C.28.2/0206-12 Of. PFPA/21.7/3008-12). Sin embargo, ordenó al propietario de la comercializadora de animales que presentara ante la Semarnat un informe detallado del lugar al que sería trasladado Albert y que cubriera todos los gastos que realizaron terceros para la protección del ejemplar.
Para la Profepa el asunto ya está resuelto, por lo que ordenó su archivo definitivo por un periodo de cinco años alegando disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En entrevista, Ramírez Islas asevera que la procuraduría sólo atiende intereses de personas adineradas que son las que pueden cooptar a las instituciones. “México explota a los animales y Profepa es el disfraz ante el mundo para que eso siga sucediendo”, dice la vocera del Colectivo Cultura Animalia.
Refiere que los procedimientos de inspección de Profepa sobre cualquier especie son opacos y nunca aceptan el acompañamiento de observadores. Según ella, cuando se presenta alguna denuncia sobre maltrato o venta ilegal de animales, aunque la dependencia acude, levanta un parte y lanza comunicados de prensa, la mayor parte de las veces asegura que no existen irregularidades, pero nunca presenta evidencias como videos o fotografías.
En suma, dice, la procuraduría está rebasada por el tráfico de especies y “la gente inepta” que labora ahí; la mayoría apenas tiene un perfil de biólogo o veterinario.
Con las UMA, añade Ramírez Islas, la Profepa legalizó el tráfico de animales, pues están diseñadas para la reproducción de especies en cautiverio, las cuales se pueden vender para la cacería, disecación, insumos, ecoturismo, investigación, así como para la fabricación de bolsos y carteras, como sucede con los cocodrilos.
Destaca también que el presupuesto para esas unidades es elevado en comparación con el que se reparte entre los CIVS. De acuerdo con cifras de la Semarnat, hasta el 15 de agosto de 2010 había 9 mil 903 UMA en todo el país con una superficie de 34.21 millones de hectáreas (17.41% del territorio nacional. De ese total, en Jalisco la superficie es de 7 millones 859 mil 900 hectáreas.
Dulce Ramírez Islas advierte que la actividad preponderante es la cacería y existen UMA en donde se crían especies de venado cola blanca y borrego cimarrón exclusivamente para ello. Según la Semarnat, los ingresos por año ascienden a los 9 millones “en cintillos”.
