Nueve años llevan las administraciones municipales de El Salto (una panista y dos priistas) sin mostrar el Plan de Ordenamiento Territorial, instrumento indispensable para racionalizar el uso de recursos como el agua. Alarmados por la evasión de la responsabilidad del ayuntamiento, ambientalistas y académicos denuncian que si bien se ha comprobado que sólo hay agua para dos décadas más, se siguen autorizando fraccionamientos en zonas de riesgo.
Pese a las advertencias de académicos y organizaciones civiles de que al municipio de El Salto sólo le restan 25 años de suministro de agua potable, los desarrollos inmobiliarios siguen obteniendo permisos para continuar levantando viviendas en zonas altamente riesgosas.
Es el caso del nuevo fraccionamiento Campo Bello, a cargo de la constructora GIG y ubicado en el kilómetro 11.5 de la carretera a El Salto, muy cerca de una planta de almacenamiento de Pemex.
Para edificarlo, la empresa desmontó el cerro El Castillo, que según el presidente del Comité de Defensa Ambiental de El Salto, Raúl Muñoz Delgadillo, formaba parte de una reserva ecológica de amortiguamiento para impedir que la urbanización arrasara ese lugar.
Muñoz Delgadillo afirma que en las dos anteriores administraciones municipales de El Salto, encabezadas sucesivamente por los hermanos priistas Joel y Gerardo González Díaz, se hicieron en la zona modificaciones al uso de suelo que permitieron el ingreso de la constructora.
“Nos tiene preocupados, porque no sabes cuándo se puede presentar una emergencia”, comenta el ambientalista, pues la planta de Pemex se construyó ahí después de la explosión de los colectores en abril de 1992, debido a una gran fuga de combustible en una toma clandestina.
Delgadillo calcula que se están construyendo alrededor de 15 mil viviendas de interés social en esa zona de riesgo, pues Campo Bello colinda con el libramiento de la carretera a Zapotlanejo.
Graciela González, representante de la organización Un Salto de Vida, A.C., añade que la construcción del complejo inmobiliario inició prácticamente a escondidas, toda vez que permaneció en pie la hilera de árboles frente a la carretera que va hacia la cabecera municipal, pero más adentro se talaron indiscriminadamente.
“Seguro que ninguna fraccionadora presenta estudio de impacto ambiental ni de riesgo –señala González–. Me decían (las autoridades) que por lo menos les pedían sus plantas de tratamiento de aguas residuales. Eso no ayuda mucho porque la gente no tiene escuelas, mercado, áreas de recreación, ni hay servicio de transporte.”
Comenta que la presión de las inmobiliarias sobre el municipio es muy fuerte, lo cual puede ser una de las razones por las que, en los últimos nueve años, los gobiernos municipales de la panista Bertha Alicia Moreno y los hermanos González Díaz se han negado a presentar su Plan de Ordenamiento Territorial.
Para ambos activistas, es muy probable que la situación se agrave porque el priista Joel González será otra vez presidente municipal en El Salto a partir del 1 de octubre.
De hecho, la empresa Geosíntesis S.C. Estudios Integrales del Territorio, a petición de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades), comenzó el estudio para elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial, pero tuvo que suspenderlo por la negativa del entonces presidente municipal salteño, Gerardo González, relata el maestro en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara (UdeG) Jonatan Godínez Madrigal, quien participaba en el proyecto.
Al equipo que él coordinó se le encomendó desarrollar una agenda ambiental del municipio, en la que se informa con detalle la disponibilidad de agua, el tipo de flora y fauna que predominan, así como proveer de imágenes satelitales que datan de las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado.
“Ya no es posible poner más fraccionamientos por la disponibilidad de agua. Ahorita el agua te va a dar para unos 20 o 25 años. Si construyen más fraccionamientos, ese tiempo se va a acortar; el ordenamiento te va a decir con justificaciones que no puedes autorizar más desarrollos inmobiliarios”, advierte Godínez Madrigal.
El Plan de Desarrollo Urbano de 2000 lo confirma: “Conforme a la información de la Comisión Nacional del Agua, la disponibilidad del agua superficial en el municipio se cataloga como media en equilibrio, es decir, sus mantos acuíferos presentan una capacidad que sólo permite extracciones limitadas para usos urbanos. En cuanto a la disponibilidad de agua subterránea, ésta se considera nula”.
Según el documento, la actividad de más de 600 industrias, muchas de ellas sin planta de tratamiento, así como los asentamientos aledaños que arrojan sus desechos en los canales de Las Pintas y El Ahogado, contaminan los cuerpos de agua con metales pesados que van a dar al río Santiago.
El investigador Godínez Madrigal agrega que en la zona también proliferan los pozos subterráneos, ya que una de las principales actividades económicas en esta zona es la producción de ladrillos, desafortunadamente con agua contaminada.
El investigador no sólo intervino en la elaboración de este Plan de Ordenamiento Territorial. Casi a la par colaboró en el de Ocotlán y los de otros municipios de la región Ciénega, donde constató la voracidad de las empresas inmobiliarias:
“Cooptan con el dinero y casi con violencia a los ayuntamientos. A mí me ha tocado ver que en otros ayuntamientos existen estas amenazas, así como el dinero o la bala. Es tanto el dinero que sacan las empresas inmobiliarias que sus ganancias están como a 70% por casa. Una vivienda que venden a 1 millón de pesos les costó 300 mil.”
Señala que la importancia del Plan de Ordenamiento Territorial radica en que los ayuntamientos le pueden hacer frente a las constructoras con el apoyo de la Semades (local) y la Semarnat (federal).
Graciela González teme que en la próxima administración se dispare el fenómeno de la urbanización, pues tiene información de que hasta el año pasado se tramitaron al menos 21 permisos para desarrollos inmobiliarios ante el ayuntamiento y los constructores sólo esperan el visto bueno para comenzar a fraccionar.
Jonatan Godínez agrega: “La esperanza era que no ganara Joel González Díaz para que otro fuera presidente y a lo mejor él sí aceptara hacer el ordenamiento. Las esperanzas se desvanecieron. Si Gerardo González no quiso, dudo mucho que Joel lo haga”.
El Salto es uno de los 10 municipios que se encuentran en el Polígono de Fragilidad Ambiental de la Cuenca de El Ahogado, y desde agosto de 2011 se habían comprometido a realizar su Plan de Ordenamiento Territorial; sin embargo, le comunicaron al especialista Jonatan Godínez que no lo harían porque es muy costoso.
El investigador precisa que a los municipios les corresponde aportar 1 millón de pesos y a la Semades una cantidad igual. Sin embargo, recuerda, el año pasado los ayuntamientos destinaron alrededor de 900 mil pesos para festejar a niños, mamás y maestros en su día. “Para el pan y circo sobra el dinero”, lamenta.
Fatal imprevisión
La Azucena es el ícono de los fraccionamientos malogrados en El Salto. La muerte del niño Miguel Ángel López Rocha el 13 febrero de 2008 dio a conocer la existencia de este asentamiento propenso a las inundaciones.
El menor falleció por ingerir metales pesados tras caer a un ramal del río Santiago cuando jugaba, y por un tiempo las autoridades estatales y municipales trataron de lavarse las manos en la tragedia, hasta que les pareció olvidada.
A decir del activista Muñoz Delgadillo, la constructora que erigió La Azucena completó este año una tercera sección en una zona pantanosa, frente a la cual la cadena de supermercados Aurrerá construyó una bodega.
Las constructoras-promotoras que se reparten el territorio de El Salto son principalmente Homex, GIG, San Carlos, GEO y ARA, aunque recientemente se han visto vehículos de la inmobiliaria Carso, del magnate Carlos Slim Helú.
Al respecto, Graciela González duda si Carso vino a fraccionar o a desarrollar obra pública. Agrega que en sus recorridos mensuales por el área ha visto nuevas empresas sin razón social y camiones de carga que transitan por el municipio sin identificación externa.
Jonatan Godínez precisa que los municipios del estado tienen un retraso de al menos 20 años en la integración de sus planes de ordenamiento territorial, y el gran problema es que los especialistas no se dan abasto para realizar los correspondientes a los 125 municipios del estado. Por ahora, sólo ocho de ellos tienen este documento, y en la zona metropolitana de Guadalajara sólo han cumplido Tlajomulco y Zapopan.
Relata que durante su investigación en El Salto fue testigo de cómo pipas del ayuntamiento de El Salto sacaban agua de un manantial para venderla a pobladores de escasos recursos de la colonia El Terrero:
“La gente pagaba 200 pesos al mes por el llenado de un tinaco, y aun cuando son pipas del ayuntamiento la gente tenía que pagar 50 pesos para el refresco y lonche del conductor.”
En el estudio que realizó este entrevistado llegó a la conclusión de que ni siquiera los fraccionamientos nuevos tienen garantizado el suministro de agua, pues el ayuntamiento introduce tuberías para abastecer también a poblaciones aledañas, como sucedió en Jardines del Castillo.
Por eso el Plan de Ordenamiento Territorial es la oportunidad para aprovechar racionalmente la escasa agua de que aún dispone El Salto, insiste.
