Bastaron 18 años para que el PAN desmantelara el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), fundado hace 52 años y que en sus buenos tiempos fue el orgullo de México en el hemisferio. Hoy, trabajadores del organismo, dirigentes sindicales y el propio ombudsman Felipe Álvarez Cibrián piden cuentas a sus directivos por la indolencia con la que se conducen ante la creciente población de indigentes que ha dejado de recibir atención.
Fundado hace 52 años como organismo público descentralizado con un propósito definido: ayudar a grupos más vulnerables, el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) hace lustros que se desvió del camino, por lo que en los próximos meses será desmantelado o privatizado.
El deterioro acelerado de ésta y otras instituciones de asistencia social privada empezó hace 18 años, cuando los panistas arribaron al gobierno estatal. Desde la gestión de Alberto Cárdenas Jiménez los apoyos directos a los organismos altruistas como asilos, hospitales, albergues y funerarias comenzó a disminuir de manera gradual; algunos incluso ya desaparecieron, aseguran empleados del IJAS.
Antes se auxiliaba a los dolientes de escasos recursos en trámites diversos, sobre todo en los sepelios, para que enterraran a sus muertos, comentan empleados de la institución a condición de omitir sus nombres. Pero ahora, añaden, los directivos no les perdonan ni un peso; se acabaron los descuentos, las facilidades de pago y la gratuidad de los servicios.
Hoy, insisten, los indigentes y las personas de la tercera edad están en completo desamparo, pues en los albergues del IJAS se les niega la atención y las terapias a quienes las necesitan. El propósito es privatizar al organismo que en sus inicios fue la única esperanza para las personas que sobreviven en la pobreza extrema.
Creada el 29 de diciembre de 1959, según los artículos 54 y 55, fracciones I y X del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, la institución surgió para “organizar la asistencia social privada” encaminada a “reunir esfuerzos públicos y privados para atender con mayor eficiencia a los abandonados en la sociedad”.
En ese tiempo el gobernador era Juan Gil Preciado, y en el ayuntamiento tapatío despachaba Francisco Medina Ascencio, quien luego se convirtió en gobernador. Ya como jefe del Ejecutivo, retomó la idea de continuar con el IJAS a fin de “actuar a favor de la sociedad sin importar hacia dónde soplen los vientos políticos o los intereses de unos cuantos”, como escribió en la memoria del 25 aniversario del instituto.
Y cuando éste cumplió medio siglo de vida, el actual presidente de la Junta de Gobierno, José Luis González Íñigo, publicó un libro conmemorativo en el cual aludió a la idea original: “lograr un mejor desarrollo social de los más desprotegidos”. Sin embargo era simple retórica, pues la ayuda al instituto continuó a la baja.
De acuerdo con su página de Transparencia, este año el IJAS recibió más de 50 millones de pesos, que distribuyó de la siguiente manera: 24 millones 766 mil 500 a las “ayudas a instituciones sin fines de lucro”; 9 millones 60 mil 800 a la Unidad Asistencial para Indigentes (UAPI); 3 millones 363 mil 200 al asilo Leónidas K. Demos; casi 2 millones para el asilo Club de Leones; 870 mil 100 para el Centro de Terapias Especiales; 7 millones 159 mil 700 para los Centros de Capacitación, y 177 mil 400 para apoyo a invidentes del estado. El instituto se quedó sólo con 573 mil 700 pesos.
Y pese a que cuenta con un presupuesto y que a todos los usuarios se les cobran cuotas, el IJAS cerró sus centros de capacitación y de terapias, así como el asilo Club de Leones.
Menos velatorios
Antes de la llegada de los panistas existían al menos cinco velatorios dependientes del IJAS en el área metropolitana. En un lapso de 12 años cerraron dos en Zapopan –uno en la calle Aurelio L. Ortega, en la colonia Seattle, otro en la avenida López Mateos y Periférico– y el tercero en avenida González Gallo, cerca del parque del mismo nombre, en los límites de Guadalajara con Tlaquepaque.
En los dos aún vigentes, las trabajadoras sociales sólo laboran de las 8:00 a las 14:00 horas. Si alguna persona llega después no encontrará a nadie que le haga un estudio socieconómico. Y aun cuando se presente antes tampoco podrá pedir una rebaja, pues “hay órdenes superiores de no dar este tipo de ayuda”, comenta una de esas empleada del IJAS.
En los 15 años de experiencia en el organismo, dice, ha visto su deterioro, así como el cierre del asilo Club de Leones, algunos centros de capacitación en la zona metropolitana y otros municipios, el Centro de Terapias. Sólo se salvó la UAPI, luego de que, en agosto pasado, el IJAS aceptó una recomendación del ombudsman estatal, gracias a la cual los directivos del instituto se comprometieron a ampliar su presupuesto para que siga funcionando el albergue.
En un recorrido por los velatorios, Proceso Jalisco observó cuando una familia de escasos recursos comentó a una trabajadora social que no contaba con los 3 mil 500 pesos para sepultar a su difunto, menos aún tenía 6 mil para su cremación. Ella les respondió que no les pediría los mil pesos de anticipo y les subrayó que no existen facilidades de pago.
El servicio funerario más costoso en el IJAS es de 12 mil 450 pesos, mientras en una funeraria particular es de 30 mil pesos, comenta un empleado. Y cuando el cliente compra el paquete más caro, el instituto se compromete a que la velación sea en su sala más grande.
En el velatorio de la calle Diego Cuentas 725, en la colonia San Isidro, se plantea a uno de los responsables la posibilidad de rentar sólo el ataúd para luego cremar el cadáver. La respuesta es tajante: “No manejamos ataúdes usados, sólo nuevos, y si va a quemar el cuerpo, el féretro se dona a una institución de caridad. No se manejan ataúdes usados, salubridad nos lo tiene prohibido”.
Los reporteros le comentan: Unos vecinos alquilaron un ataúd al IJAS… Se podría hacer lo mismo, insisten los empleados, “pero resultaría más incómodo, sobre todo porque hay ataúdes que traen sangre”, e insiste en que salubridad lo prohíbe.
No obstante matiza: “Quizá se podría hacer un descuento de 50% sobre el precio del ataúd, que es de 3 mil 100 pesos, pero en el resto del servicio (recoger el cuerpo, trasladarlo en la carroza y embalsamarlo) no es posible, puesto que los prestadores del servicio son particulares.
Una trabajadora social asegura con ironía que aun cuando los panistas cerraron tres de las cinco salas de velación, las que quedan son lo único bueno que van a dejar los panistas, pues las remodelaron. “Antes –dice– estaban muy feas e incómodas; hoy, el servicio ya incluye una estufa para que calientes alimentos y una cafetera; eso no existía antes”.
Ciudad IJAS, proyecto inconcluso
Sin embargo, el gran fracaso del instituto es Ciudad IJAS, un complejo que, según dijeron los directivos el 28 de septiembre del año pasado, se edificaría en las instalaciones del corralón número 6, en la colonia Miramar, en Zapopan.
A casi un año de la colocación de la primera piedra, el sitio donde se pretendía levantar la Ciudad IJAS aparece abandonado. En su interior se ven tres tejabanes perdidos entre la maleza. El proyecto quedó en el olvido, no así los cheques que se expiden para su “edificación”.
Ese día, González Íñigo anunció que Ciudad IJAS concentraría en un solo punto el área de capacitación y las ventanillas de atención al público. Leopoldo Montelongo, director del proyecto, expuso que el lugar contaría con un auditorio para 400 personas, dos estacionamientos, una cafetería, una plaza cívica, aulas de usos múltiples, un área para investigadores en desarrollo social, oficinas para el instituto y para las dependencias con los que los organismos de la sociedad civil realizan trámites.
El también constructor expuso que el proyecto tendría un costo de 40 millones de pesos y estaría listo en 14 meses, es decir en diciembre de este año, antes de que concluya la administración de Emilio González Márquez.
González Íñigo expuso que los recursos saldrían de la venta de los bienes inmuebles del organismo que no están en uso, entre ellos el corralón número 5, ubicado a una calle del Tutelar de Menores (incluso ya se vendió), y de los que genere la futura Ciudad IJAS.
En la sesión del 29 de marzo pasado, Montelongo hizo una presentación de los avances de la Ciudad IJAS a los integrantes de la Junta de Gobierno y del Comité de Vigilancia del organismo asistencial, quienes después aprobaron el pago de cheques para seguir con el proyecto.
Según el punto siete del acta, el ingeniero Montelongo realiza una presentación de los avances de Ciudad IJAS. Y refiere que están “pendientes de firma” algunos cheques, por lo que solicita su liberación para continuar con el proyecto. Además, expuso que el anteproyecto de Ciudad IJAS “asciende a 45 millones 118 mil pesos, IVA incluido”.
En su página de Transparencia, el instituto publica que se han entregado seis cheques: tres a nombre de Construplaza, S.C., que suman 104 mil 400 pesos por la coordinación e integración de expedientes; dos más por 23 mil 200 pesos a nombre de Francisco Orozco Benítez, quien se encargó del estudio y cuantificación de instalaciones hidrosanitarias, y uno más por 37 mil 648 pesos para Ignacio Germán Osuna Eskenazi, por concepto de “avance de proyecto arquitectónico”.
UAPI en peligro
El 22 de marzo de 2011 la UAPI dejó de admitir personas en su albergue, por lo que la CEDHJ admitió una queja interpuesta en junio siguiente contra González Íñigo, y el 23 de agosto de este año emitió una recomendación –la 28/2012– en la que le pide tramitar “un procedimiento administrativo de responsabilidad” contra la directora del organismo, Olga María Ramírez Campuzano.
El ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián mencionó que en junio de 2011 empleados de la CEDHJ visitaron el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y se percataron de que en las inmediaciones pululaban varios indigentes, por lo que llamaron a la UAPI para que los atendieran, pero la unidad les respondieron que no había cupo.
El director de la UAPI, Arturo Sánchez Tejeda, informó a la CEDHJ que ese mes la población de albergados era de 218, cuando el cupo era de 190. En contraste, la subdirectora de la dependencia, Teresa Hernández, aseguró que de enero a mayo de 2012 el número de internos siempre fue menor, por lo que debió revocarse la orden de suspender temporalmente la admisión de más personas.
La comisión acreditó también que la UAPI dejó de visitar los lugares donde es frecuente encontrar personas en situación de indigencia durante los periodos de lluvia y de invierno. Según la titular del IJAS, no se hacían los recorridos porque, admitió, “tenía conocimiento de que el DIF los realizaba”.
De acuerdo con datos recabados por la CEDHJ, en lo que va del año han sido admitidos centenas de indigentes en la UAPI: 171 en enero, 168 en febrero, 167 en marzo, 164 en abril y 163 en julio, lo que denota una merma en la atención.
Esta situación motivó a Álvarez Cibrián a comentar en su recomendación que, con sus actitudes omisas, Ramírez Campuzano violó los derechos humanos de los ancianos en situación de calle que deambulan en calles de la ciudad de Guadalajara y zonas conurbadas:
“Con ello –dijo– contravino la obligación establecida por el artículo 1 constitucional de actuar en el respeto y protección de los derechos humanos conforme al principio de progresividad”, dice el texto de la recomendación 28/2012.
De acuerdo con Álvarez Cibrián, el albergue UAPI es la única institución en América Latina donde los indigentes pueden quedarse bajo atención permanente noche y día, incluyendo quienes tienen algún tipo de trastorno mental.
Por ello, recomienda a González Íñigo realizar un estudio general del presupuesto que se otorga a la unidad y gestionar los recursos necesarios con el fin de que sea sometida a una inmediata y completa reestructuración, y a la Secretaría de Finanzas y el Congreso del estado, considerar en el presupuesto de egresos del próximo año una ampliación a la partida que se asignará al IJAS.
El lunes 3, el secretario general del Sindicato Democrático de Trabajadores del instituto, Carlos Acero Sandoval, informó sobre el cierre del Centro de Terapias Especiales de la Unidad de Atención contra la Violencia Intrafamiliar (UAVI), perteneciente también a la institución.
La decisión afectó a alrededor de 200 familias, cuyos hijos con problemas de lenguaje, conducta y déficit de atención se quedaron sin tratamiento. Y aunque los directivos comentan que los menores serán reubicados en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT) que auspicia Televisa, aún no les han dado cita.
Acero Sandoval, quien trabaja como enfermero en la UAPI, confirma que desde 2011 dejaron de recibir a indigentes. En su opinión, existe una tendencia de las autoridades a privatizar la asistencia social y convertirla en negocio.
Recuerda el caso de una anciana que llegó a la unidad en busca de albergue, después de varios días de pernoctar en la calle. En el IJAS se negaron a recibirla. Frente a los empleados de la unidad el director del UAPI expresó: “¿Cuál es la diferencia entre que un indigente duerma en el piso de la unidad y el piso de la calle?”.
El dirigente sindical manifiesta que los funcionarios se muestran indolentes ante la población vulnerable. Y se dice dolido porque en la unidad existen enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales comprometidos con su labor, pero sus jefes los están desperdiciando.
Cita otro caso: el de Juan Covarrubias, un indigente al que le gustaba asolearse durante horas, hasta que llegaban a levantarlo. De repente desapareció. Luego se supo que había muerto en otro albergue.
Y suelta: “Me atrevo a decir que hay unidades médicas que ni siquiera han desvestido a un indigente para revisar por qué huele mal, para bañarlo. Lo peor, a veces se piensa que la enfermedad psiquiátrica es una gripa que se nos va a pegar”.
