El añejo conflicto limítrofe que enfrenta a Jalisco y Colima por una franja de 407 kilómetros cuadrados parece no tener fin. Según los colimenses, documentos del siglo XIX avalan que esa superficie les pertenece, en tanto que los jaliscienses optaron en 1998 por dejar el asunto en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero una reforma legislativa sacó de la jugada a esa instancia y dejó el asunto en manos del Senado, cuyos integrantes no hicieron nada durante siete años y terminaron por devolverle la responsabilidad a la Corte.
COLIMA, COL.- Han trascurrido casi 15 años desde que el gobierno de Jalisco interpuso una demanda de controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para demandar que las autoridades de Colima le restituyan 407 kilómetros cuadrados de territorio. En lugar de resolverse, el conflicto limítrofe entre ambas entidades regresó a su estado inicial.
Interpuesta en enero de 1998, la querella fue sobreseída en 2005, como consecuencia de una reforma constitucional que retiró al máximo órgano del Poder Judicial del país la facultad de dirimir disputas territoriales, para otorgarle esta función al Senado de la República.
En los siete años posteriores, sin embargo, los legisladores no se han puesto de acuerdo para la elaboración de la Ley Reglamentaria correspondiente, por lo que, sin haber atendido ninguno de los diferendos limítrofes que existen entre algunos estados de la República, simplemente optaron por renunciar a esa responsabilidad.
Lo paradójico es que de diciembre de 2011 a la fecha, tanto el Congreso de la Unión como la mayoría de los congresos estatales aprobaron una nueva reforma a los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución para devolver a la SCJN la facultad que años atrás le fue arrebatada.
Por lo tanto, las entidades federativas que decidan proseguir sus reclamos de territorio por la vía legal tendrán que empezar de nuevo.
El jurista Gilberto García Nava, exsecretario general de Gobierno y exmiembro de la Comisión para la Defensa de la Integridad Territorial del Estado de Colima, considera que la declinación del Senado para conocer de asuntos limítrofes obedece a cuestiones políticas, pues “la materia de fijación de fronteras territoriales es una papa caliente para cualquier órgano, sea jurisdiccional o legislativo, y los senadores están más ocupados en aspectos de grilla política, de viajes al extranjero y de maquillaje político, que en aspectos esenciales del federalismo”.
En tanto, el presidente de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos (SCEH), Noé Guerra Pimentel, advierte que esa reforma constitucional restituirá la inestabilidad para las comunidades enclavadas en la zona de conflicto limítrofe entre los estados de Colima y Jalisco –entre los municipios, Manzanillo y Cihuatlán, respectivamente–, porque “se está perdiendo ya la certeza patrimonial que tiene la gente que vive en esta zona, además de todo lo que conlleva entrar nuevamente en la controversia”.
La postura del estado de Colima en contra del retorno de facultades en materia limítrofe a la SCJN quedó de manifiesto formalmente el pasado 21 de agosto, cuando el Congreso local desechó la minuta de reforma constitucional enviada por el Senado de la República.
En el dictamen, aprobado por unanimidad, los legisladores colimenses consideraron que no es viable facultar a la Corte para la resolución de disputas limítrofes, porque ésta “carece de ordenamientos legales, en el sentido formal y material, en los cuales basarse para resolver los diferendos territoriales”; además, el Senado “es la institución reguladora idónea” para el arbitraje de estas cuestiones, pues es “el garante del pacto federal”.
Esta postura, sin embargo, no tuvo eco en las demás entidades, pues un día después la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la validez del decreto de reforma constitucional, tras haber recibido comunicaciones sobre la aprobación de 16 congresos estatales, entre ellos el de Jalisco, con la única oposición hasta entonces del Poder Legislativo de Colima.
“No íbamos a quedar en la historia como la Legislatura que aprobó esa reforma que va en contra de los intereses de nuestro estado; no vamos a permitir que Colima pierda un milímetro de su territorio”, dice el diputado local petista Olaf Presa Mendoza al explicar las razones del voto unánime de los legisladores colimenses contra la minuta.
El rechazo de Colima a la actual reforma se debe a que cuando la SCJN atendió el conflicto de este estado con Jalisco estuvo a punto de emitir una sentencia desfavorable para el primero, que fue atajada en 2005 cuando, a instancias del senador colimense Héctor Michel Camarena, se trasladó al Senado la función de dirimir este tipo de asuntos.
Conflicto decimonónico
Gilberto García Nava, autor del libro La contrarreforma del Senado en materia de límites territoriales, que será presentado en los próximos días por la Universidad de Colima, argumenta que ante la demanda de controversia interpuesta por Jalisco en 1998, el gobierno de Colima ofreció 590 pruebas documentales públicas que acreditan su ejercicio de actos de soberanía desde el siglo XIX en la zona reclamada, mientras que el estado vecino sólo presentó 25 pruebas, 19 de ellas documentales privadas y seis públicas.
No obstante lo anterior, refiere el especialista, en 2005 ya estaba lista en la Corte una ponencia elaborada por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia en la que, sin analizar ninguna de las pruebas, pretendía llegar a una resolución “salomónica” que afectaba a Colima, pues proponía quitarle una parte del territorio.
Dividida en tres zonas, en las que se ubican 38 comunidades, la superficie en disputa incluye riquezas mineras, de infraestructura turística y forestales en los linderos de los municipios de Manzanillo, Minatitlán, Comala y Cuauhtémoc, por el área de Colima, y los de Cihuatlán, Cuautitlán y Tolimán, por el lado de Jalisco.
De acuerdo con García Nava, quien posee una copia de la propuesta de resolución, la SCJN reconocía la parte de Manzanillo para el estado de Colima; la de Minatitlán para Jalisco (con lo que ese municipio perdía prácticamente la mitad de su actual territorio), y la zona del volcán la dividía en dos, entregando la población de La Becerrera a Jalisco y La Yerbabuena a Colima.
El sobreseimiento del caso, como consecuencia de la reforma de 2005, impidió que este proyecto fuera votado por el pleno de la SCJN y el expediente, junto con los de otros asuntos de la misma naturaleza, fue enviado al Senado.
En este contexto, la recuperación de la facultad de resolver cuestiones limítrofes por parte del máximo órgano del Poder Judicial representa un riesgo latente para la integridad territorial de Colima, si es que la Corte ratifica la postura expresada en el proyecto de Ortiz Mayagoitia, advierte el titular de la SCEH, Noé Guerra Pimentel.
Gilberto García Nava explica por su parte que la reforma por sí sola no posibilitará a la Corte retomar los casos de conflictos limítrofes que estaba atendiendo antes de 2005, pues éstos fueron sobreseídos antes de ser enviados al Senado, por lo que si alguna entidad desea revivir algún reclamo tendrá que presentar una nueva demanda de controversia ante el organismo jurisdiccional y empezar desde cero.
El abogado, quien participó activamente en los cabildeos para la elaboración de la ley reglamentaria, narra que técnicamente hubo en el interior del Senado 72 puntos de desacuerdo que trabaron la aprobación de la ley reglamentaria que permitiera a ese órgano colegiado hacer uso de la facultad otorgada por la reforma de 2005 para dirimir controversias limítrofes.
La divergencia fundamental tuvo que ver con el hecho de que se pretendía desconocer el valor probatorio pleno a las pruebas documentales públicas, reduciéndolas a meros indicios, en contradicción con los que establece el derecho mexicano.
“Vimos ahí la mano negra del estado de Jalisco, que en el conflicto sólo aportó seis pruebas documentales públicas ante las 590 ofrecidas por Colima (…); nos dimos cuenta de que quien redactó el proyecto fue un grupo de abogados de la Universidad de Guadalajara, que había llevado el senador jalisciense Héctor Pérez Plazola”, refiere García Nava.
En otro de los puntos, añade, los representantes de Colima “proponíamos incorporar a la ley que además de las documentales públicas la Comisión de Límites del Senado valorara todas aquellas constancias históricas, sociológicas, geopolíticas, etcétera, para poder llegar a la verdad que se buscaba en los casos de conflictos limítrofes, pero nos lo desecharon porque no le convenía a Jalisco”.
Factores de este tipo incidieron en el estancamiento de la propuesta de Ley Reglamentaria, pues “hay muchos intereses en el país en donde pesa Jalisco”.
Noé Guerra considera que en las condiciones actuales, con la Suprema Corte como árbitro de los asuntos de límites territoriales, frente a una demanda el caso estará en manos de siete personas, que “van a resolver en condiciones adversas para Colima porque éste no se compara a Jalisco en el poderío político, mucho menos en el poderío económico ni por la representación social que tiene Jalisco, lo que puede implicar algo así como ponernos con Sansón a las patadas, en un fallo que podría ser aprobado por cuatro personas, cinco a lo sumo”.
Reposicionamiento
Noé Guerra, integrante de la Comisión para la Defensa de la Integridad Territorial del Estado de Colima, dice que ante las actuales circunstancias el presidente de este organismo, el gobernador Mario Anguiano Moreno, debe convocar lo antes posible a los miembros para “manejar un posicionamiento claro, contundente, respecto a cómo ve Colima este fallo del Senado, porque definitivamente no nos favorece”.
Comenta que durante los primeros tres años del presente sexenio en Colima no se ha reunido esa comisión para la defensa del territorio, mientras que Jalisco “sigue presionando en lo político y hasta en lo económico”.
Y abunda: “Yo no sé qué tanto lo hemos hecho en Colima; por lo menos a través de la comisión no se ha hecho, que es el máximo órgano representativo para atender de fondo y de forma el conflicto de límites; por trascendidos, tengo entendido que el secretario general de gobierno, René Rodríguez Alcaraz, se reunió con algunos diputados federales, pero urge que nos reunamos los miembros de la comisión a la brevedad posible”.
García Nava, quien como director general de Gobierno fue el principal operador de la defensa territorial durante el sexenio de Fernando Moreno Peña, afirma que desde 2005, durante las administraciones del exmandatario Silverio Cavazos y del actual, Mario Anguiano, no ha funcionado la Comisión para la Defensa de la Integridad Territorial del Estado de Colima, no ha trabajado en la consecución de nuevas pruebas a favor de la entidad ni ha elaborado una nueva estrategia.
Entre 2007 y 2008, Gilberto García formó parte del grupo de juristas, “desde donde dijimos esa situación, pero nunca nos hicieron caso (…); yo digo que Colima no está haciendo nada: que me desmienta la comisión si estoy haciendo una aseveración temeraria, que me digan que estoy mintiendo”, refiere.
A juicio de García Nava, tras la aprobación de la nueva reforma constitucional, la Comisión de Límites de Colima debe analizar lo que va a hacer, si esperar a que Jalisco presente una demanda en la SCJN o tomar la iniciativa para poner un freno a las frecuentes incursiones que provocan tensión y episodios de crisis en la zona de conflicto.
“Pienso que si Colima va a seguir en la posición de no hacer nada, que lo valoremos –reflexiona–, porque vamos a estar todo el tiempo con problemas recurrentes cíclicos y en un momento dado va a haber balazos, porque casi ha habido enfrentamientos entre policías de un municipio con policías del otro.”
García Nava resume: “En la cuestión de límites, no pasó nada. Simplemente lo que se había hecho de 2005 a la fecha ahora se deshizo, estamos otra vez en ceros; mi propuesta es que se reúna la Comisión de Límites y diga cuál va a ser la estrategia de Colima: esperar sentados a que Jalisco nos demande o vamos a buscar elementos para que si nos demanda ya tengamos más pruebas para defendernos, o vamos a demandar a Jalisco para que se acabe el problema y nos dejen de molestar”.
