Señor director:
A nuestro juicio, las causas fundamentales de que México ocupe uno de los últimos lugares a nivel mundial en educación son: no se invierte lo suficiente en infraestructura, el sindicalismo del sector sólo busca poder y riqueza, los funcionarios de la SEP únicamente procuran beneficiarse con sus puestos y proliferan los maestros sin vocación ni preparación que han sido contratados por componendas entre líderes sindicales y directores de los planteles.
Durante décadas se ha utilizado a la educación para alcanzar fines políticos: A cambio de votos, dan poder a los líderes sindicales e impera la corrupción. Todos critican lo que ocurre en el sector y proponen soluciones, pero nadie interviene con acciones concretas. Para nosotros, simplemente habría que empezar por aplicar las leyes y normatividades de la SEP, que cuenta con el Órgano Interno de Control (OIC) para vigilar que se cumplan y, en caso contrario, para imponer las sanciones correspondientes. Sin embargo, esa instancia es inoperante, está viciada y coludida con la delincuencia denunciada, por lo que incumple su objetivo.
Debe reconocerse que en la educación existen miles de personas que se desempeñan con dedicación, entusiasmo y cariño a su profesión de maestros, y muchos, como los suscritos, están actuando y se han involucrado en una lucha responsable, ética, profesional y con apego a derecho, que permita rescatarla para conducirla por el camino correcto. Prueba de ello son las más de 3 mil denuncias que en promedio se presentan cada año ante el OIC –cuyo titular ahora es Andrés de Jesús Serra Rojas–, aunque allí se quedan dormidas.
En nuestro caso, durante más de tres años hemos presentado denuncias con pruebas documentales claras y contundentes, obtenidas a través de la Unidad de Enlace, con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Hemos denunciado a más de 20 funcionarios por actos administrativos graves y a otros por faltas de carácter penal, conforme a los expedientes DE-173/2009, DE-024/2011 y DE-1153/2011. Pero a más de tres años desde que abrimos el primer expediente (DE-173/2009), dicho caso no ha sido concluido. Así, nos preguntamos cuántos años más deberán transcurrir para resolver sobre los otros dos expedientes, que son posteriores.
Hemos acudido a la Presidencia de la República, a la Cámara de Diputados y a la Función Pública. Todos nos han atendido cortésmente y nos han mostrado copias de sus oficios dirigidos al licenciado Andrés Serra, solicitándole que actúe y atienda nuestras denuncias en tiempo y forma. Pero de este funcionario sólo obtenemos la misma respuesta: “Seguimos trabajando. En su momento les informaremos de los resultados”.
El CBTIS número 79, ubicado en Boca del Río, Veracruz, con más de 2 mil alumnos, presenta maestros(as) acosadores sexuales de alumnos, otros faltistas y varios que han sido contratados con documentos apócrifos, en medio de componendas entre funcionarios y dirigentes sindicales. Y eso está contenido en los expedientes del OIC. No obstante, ante la impunidad que este órgano permite, los denunciados siguen cometiendo los mismos delitos e inclusive nuevos.
Por eso consideramos que para rescatar a la educación es necesario empezar por aplicar la ley y lograr que dependencias como el OIC cumplan con su función. Pensamos que esta institución debe ser reestructurada y limpiada para hacerla eficiente, ética y profesional, y si esto no se consigue, sería mejor desaparecerla e invertir su alto presupuesto en la misma educación, que tiene tantas carencias, y no seguir gastando cientos de millones de pesos en sostener algo verdaderamente inútil, irracional y decepcionante. (Carta resumida.)
Atentamente
Domingo Manuel Zamorano Escobar, Matilde García Espinosa, Alberto Ramírez Carrera, Narciso Escobar Gordillo y
América Andrade Orduña
