Señor director:
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo de Chiapas desea informar del clima de represión y violación de los derechos humanos que en los últimos meses han impuesto el gobernador Juan Sabines Guerrero y su secretario de Gobierno, Noé Castañón León.
En este clima, el pasado 1 de julio, en Altamirano, se efectuó una emboscada perpetrada por elementos de la Policía Estatal Preventiva, la Policía Municipal y el grupo de choque aglutinado en las cooperativas de autotransportes concesionados tipo van “San Carlos” y “Laguna Miramar” para detener a nuestra compañera defensora de los derechos de la mujer Dulce María González Santiesteban y al promotor de los derechos de los pueblos originarios Julio César Morales Santiz, indígena tzeltal.
Esa detención fue orquestada a petición del poder económico caciquil desde las esferas del PRI y su esbirro el PVEM; los caciques priistas Elmar Pinto Kanter (dueño de concesiones de transportes tipo van de la ruta Altamirano-Ocosingo, y candidato a alcalde en las pasadas elecciones de Altamirano); los exalcaldes Amílcar Pinto Kanter, José Lino Pinto Cruz y Heidi Pino Escobar (candidata a diputada por el III distrito-Ocosingo en las pasadas elecciones), y el esbirro del Partido Verde y presidente municipal electo, Roberto Pinto Kanter.
Fieles a la tradición histórica del PRI, montaron un proceso judicial plagado de irregularidades para detener la promoción de la equidad de género, los trabajos que buscan eliminar el racismo persistente en la zona y la defensa del derecho a un trabajo digno, labores que impulsa la Unión de Transportistas El Quetzalito-FNLS por medio de la compañera Dulce María, y la defensa de las tierras ejidales y recursos naturales que promueve la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-FNLS) a través de Julio César.
Los compañeros promotores de los derechos humanos fueron incriminados de tentativa de homicidio mediante la averiguación previa 41/IN89/2012, elaborada por el fiscal del Ministerio Público de Altamirano Rodolfo Manuel Gómez Gutiérrez, que luego fue turnada al juez de segunda instancia en delitos menores de la fiscalía de Los Altos, Carlos Inocencio Hernández López, quien obstaculizó en todo momento la defensa legal de los compañeros y sentenció a favor de los caciques regionales. A Dulce María la sentenció a dos años tres meses de prisión y a Julio César le dio tres años. Desde el 4 de julio fueron enviados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 5 (CERSS 5) de la entidad chiapaneca.
Por lo anterior, hemos emprendido una campaña permanente contra la militarización, la criminalización de la protesta popular y la desaparición forzada por motivos políticos y sociales, además de instalar un plantón indefinido en San Cristóbal de las Casas, para exigir la libertad inmediata de nuestros compañeros y la presentación con vida de todas y todos los desaparecidos por el régimen dentro de la guerra que ha sostenido el presidente Calderón.
Atentamente
Faustino Herrera Zamora
Monitor de Derechos Humanos
del FNLS-Chiapas
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