El arma favorita del presidente Felipe Calderón en su lucha contra el narcotráfico, la retórica, no podrá borrar los agravios contra las familias víctimas de las fuerzas armadas que lanzó sin control a las calles. El asalto que sufrió la familia Durán Delgado en su casa de Ensenada, a consecuencia del cual murió uno de sus integrantes, vuelve a mostrar la letal combinación de rapiña de soldados y complicidad de instituciones judiciales.
TIJUANA, BC.- La víspera del arranque de la caravana por la paz que encabeza Javier Sicilia por Estados Unidos, la familia compuesta por Guadalupe Durán Durán, de 44 años, su esposo Javier Delgado Luna y su hijo Javier, de 13 años, dio conocer un caso más de abuso de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente Felipe Calderón.
Frente a decenas de agraviados como ellos, la tarde del sábado 11 compartieron con Sicilia sus tragedias y esperanzas. Guadalupe contó la historia que desencadenó en la muerte de su padre, el ganadero Ramón Durán Muñoz.
Éste fue detenido la noche del 7 de marzo de 2011 con su hija, su yerno y su nieto, entonces de 12 años, por soldados que allanaron su domicilio en Maneadero, municipio de Ensenada. Fue golpeado, y después conducido a la guarnición El Ciprés, donde se le instruyó proceso por supuesta posesión de armas y drogas.
Durán Muñoz permaneció 27 días en el penal de La Mesa, en Tijuana, y murió el 4 de abril cuando una ambulancia lo trasladaba a un hospital.
El 14 de julio de 2011, Guadalupe y Javier fueron declarados inocentes de los cargos por delitos contra la salud, posesión de armas y homicidio en grado de tentativa.
En entrevista, la familia Delgado Durán cuenta con detalle su historia, pese a los riesgos que implica: “Estamos amenazados de muerte desde que nos detuvieron los soldados –comienza Guadalupe Durán–. En un careo delante del juez y el secretario de acuerdos, los militares nos gritaron que iban a matar a toda nuestra familia si seguíamos con nuestros escándalos y mitotes. Ellos (los funcionarios) ni siquiera anotaron el incidente en las actuaciones. Tenemos miedo de hablar, pero también queremos que se haga justicia”.
El asalto
El 7 de marzo del año pasado, en la noche, Guadalupe Durán encontró a unos hombres rondando en el jardín de la casa que compartía con su padre, don Ramón Durán, en Maneadero, poblado de unos 15 mil habitantes, a 20 kilómetros de Ensenada.
“Yo pensé que iban a secuestrarnos –relata– y a las 10:20 llamé al C4 para avisar que unos hombres encapuchados y vestidos de negro querían entrar a la casa. Gritaban puras groserías. Yo les preguntaba quiénes eran y empezaron a disparar a la casa”.
Agrega Javier Delgado: “Saqué la pistola de mi suegro (un revólver calibre 38 registrado por la Sedena a nombre de Durán Muñoz) y disparé dos veces al aire por la ventana; ellos le dispararon a un tanque de gas”.
La familia intentó huir por una puerta trasera, pero los encapuchados la sorprendieron. Guadalupe fue sometida por unos ocho hombres que la golpearon con la cacha de una pistola en la cara, la amarraron de pies y manos, y le vendaron los ojos. “Delante de mi esposo, mi hijo y mi papá, empezaron a darme de patadas como si fuera pelota de futbol”, dice ella, mostrando las cicatrices de su cara.
Javier Delgado cuenta que él fue golpeado y torturado con una picana eléctrica delante de su hijo, a quien después llevaron a la habitación de don Ramón Durán. “Yo oía como gritaba mi viejito: déjeme, por favor, estoy enfermo”, recuerda Guadalupe.
Los intrusos, vestidos de negro y encapuchados, llevaban fusiles de asalto con el registro de la Sedena en la culata y utilizaban una camioneta Cheyenne blanca sin placas. Una hora antes del ataque, hombres con esas mismas características y en un vehículo similar atacaron otros tres domicilios con rapidez inusitada: los habitantes fueron golpeados, amenazados de muerte si denunciaban, y despojados de sus pertenencias. Sólo el estadunidense Kimball Norman Gunn, de 58 años, se atrevió a presentar una querella por el delito de robo con violencia.
Policías ministeriales que llegaron posteriormente a la casa declararon en el juicio que militares vestidos de negro se presentaron como integrantes del Grupo de Inteligencia Militar y que fueron atacados por la familia de don Ramón cuando pasaban en la camioneta blanca.
A su vez, testigos que la familia presentó en su descargo aseguraron que los atacantes bajaron de la camioneta blanca unas armas y droga envuelta en una bolsa negra, que metieron a la casa. Asimismo, confirmaron que en los dos días que lo soldados “aseguraron” la casa de don Ramón, la desvalijaron.
Esa misma noche don Ramón y su familia fueron trasladados a la guarnición militar El Ciprés, en Ensenada, donde separaron al anciano y al niño de la pareja. Guadalupe y Javier aseguran que fueron torturados durante 48 horas y obligados a poner sus huellas digitales en hojas blancas.
“Estábamos amarrados de pies y manos, vendados de los ojos –relata Javier–; me daban toques eléctricos, me decían que estaban violando a mi esposa. Y a ella le decían que iban a desaparecer a nuestro hijo”.
El 9 de marzo el niño fue entregado a sus tíos, quienes proporcionaron a oficiales de la PGR un expediente médico para demostrar que don Ramón sufría varias enfermedades degenerativas y que requería de estricto control médico. Pese a los ruegos de la familia para que se pusiera al anciano en libertad bajo caución o en arraigo domiciliario, las autoridades federales se negaron.
El 10 de marzo, don Ramón, Guadalupe y Javier fueron consignados, sin asistencia de sus abogados, ante el juez quinto de Distrito en Tijuana. Los cargos: posesión de 930 gramos de cristal, 438 gramos de heroína, dos armas cortas calibre 38 y 44, y un AK-47. A la pareja se le acusó de intento de homicidio, pues dos soldados se reportaron heridos.
Cuando los trasladaron al penal de La Mesa, don Ramón Durán denunció a los soldados por “abuso de autoridad, robo a casa habitación, allanamiento de morada y daños en propiedad ajena intencional”, según se asienta en la averiguación 504/11/308 AP, ante el Ministerio Público del fuero común. La causa fue turnada al Ministerio Público federal y éste declinó la competencia a favor del fuero militar.
En su declaración, que rindió el 17 de marzo, don Ramón narró que la noche del allanamiento fue golpeado en la cabeza con la culata de un fusil cuando trató de salir de la casa porque los soldados balearon un tanque de gas.
Según el documento, del que Proceso tiene copia, después de golpearlo los militares les cubrieron las cabezas a don Ramón y a su nieto con sus propias camisas.
El anciano les narró a los agentes ministeriales que los intrusos lo maltrataron para que revelara dónde estaban las llaves de los cinco vehículos que había en su casa. Él le indicó a su nieto que no se destapara la cara para que “los encapuchados no le fueran a dar un golpe”.
Añade: “Los sujetos que entraron a mi casa decían que no había nada pero que se tenían que apurar porque iba a llegar el jefe”, dijo don Ramón, para quien “fue peor escuchar a la familia, los clamores que tienen y los gritos de auxilio” que los golpes recibidos.
Secuestrado, criminalizado,
asesinado
Pese a su mal estado de salud, el ganadero nunca recibió los medicamentos que sus familiares entregaron a las autoridades del penal de La Mesa, asegura Guadalupe.
Los primeros 10 días de su encierro, el señor Durán compartió la celda con su yerno y después fue trasladado al área de presos de la tercera edad. “Nada más lo veía en las diligencias, y me decía que lo tenían en una silla de plástico. Estaba sucio, todo orinado y con las piernas hinchadas”, relata su yerno Javier Delgado.
El anciano no fue visitado por funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a pesar de que sus familiares acudieron a ese organismo y a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Baja California en las primeras horas de su detención.
El expediente, recuerdan, sólo fue desempolvado el 4 de abril, cuando representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH) se apersonaron a la delegación de la CNDH en Tijuana.
Ese lunes los representantes humanitarios acudieron al penal de La Mesa con la intención de documentar de viva voz las agresiones militares contra don Ramón, su hija, su yerno y su nieto.
“Cuando llegamos nos dijeron que acaban de trasladarlos a Ensenada; fuimos a la delegación de la CNDH y el representante de la ONU pidió a los funcionarios que intervinieran de forma inmediata porque don Ramón estaba muy grave. Fue hasta ese momento que sacaron de un escritorio el expediente, no lo habían turnado a México después de 27 días de denunciar el caso”, cuenta un familiar del anciano que pide reservar su nombre por las amenazas de muerte que pesan sobre los Durán.
De acuerdo con el parte informativo del oficial Felipe Verdugo Félix, del penal de Ensenada, a las 15:21 del 4 de abril se reportó la llegada de “cinco unidades de la AFI, escoltando a nueve internos de la plaza de Tijuana, BC. y (…) una ambulancia de la Ruz Roja con el número 053 traía al interno Ramón Durán Muñoz, mismo que padecía diferentes enfermedades”.
En el documento, del que tiene copia este semanario, Verdugo Félix reporta a su superior Fermín Jiménez Acosta que los internos fueron revisados en el área médica del penal, y cuando le tocó el turno a Ramón Durán “empezó con problemas cardiorrespiratorios y el doctor de guardia David Quempes Quiñones Hernández solicitó de emergencia su traslado al hospital general”.
El parte informativo indica que la ambulancia salió del penal a las 18:38 y don Ramón fue declarado muerto a las 19:00 horas a causa de un “paro respiratorio”. A las 19:40 se dio fe ministerial del fallecimiento, en tanto que a las 9:00 del 5 de marzo el cuerpo de Durán “permanecía en el área de urgencias sin ser atendido por el Servicio Médico Forense”.
En el penal de Ensenada, visitadores de la CNDH aplicaron a Guadalupe Durán y a Javier Delgado el Protocolo de Estambul y comprobaron que fueron sometidos a torturas. Este hecho, las inconsistencias de las declaraciones de los militares que los aprehendieron, los reportes del C4, así como testimonios de familiares, vecinos y policías municipales de Maneadero, fueron determinantes para que la pareja fuera absuelta.
Además de la denuncia que inició don Ramón Durán, su familia interpuso una más por tortura, que está en curso en la PGR, y otra por la muerte del anciano en la procuraduría de Baja California.
Según los familiares del anciano, el expediente por la muerte de don Ramón Durán, en el cual responsabilizan a los militares y a las autoridades carcelarias, se ha cerrado en tres ocasiones pero se reabrió gracias a la intervención de la OACNUDH.
Entre los testimonios recabados que los indignaron aún más está la declaración del director de penal de Ensenada, Sergio Ortiz Lara, quien se dijo inocente porque, señaló, Ramón Durán llegó enfermo a su jurisdicción y no podía intervenir a su favor antes de ingresarlo porque tenía que seguir los lineamientos, sobre todo porque era un preso de alta peligrosidad.
El funcionario carcelario dijo a los familiares que “si algo les sirve de consuelo, nunca podré olvidar los gritos de ayuda” de don Ramón Durán antes de morir…
Los abusos que sufrieron los Durán y otras familias, presuntamente a manos de los mismos soldados, no constituyen un caso aislado. En su edición del 26 de diciembre de 2011 este semanario dio a conocer que Miriam Isaura López, detenida por militares el 2 de febrero anterior en Ensenada, fue sometida a violación sexual como método de tortura (Proceso 1834).
