Ubicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como el segundo estado del país en el que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) suelen cometer abusos, Baja California es una de las entidades a las que han acudido integrantes de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) con el fin de documentar los patrones de comportamiento de las Fuerzas Armadas en México.
En ese estado fronterizo, el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH tiene registrados de enero a julio del año en curso 988 quejas contra efectivos castrenses, de las cuales 197 corresponden a Michoacán y 89 a Baja California, aunque a esta entidad le faltarían por lo menos otras 14 denuncias que el 25 de julio la delegada de la CNDH en Tijuana, Gabriela Navarro, declaró haber recibido, con lo que sumarían 103 expedientes (Proceso 1869).
En Baja California, explica en entrevista con Proceso el representante de la OACNUDH, Javier Hernández Valencia, “los casos no los llevamos por estadística, sino para analizar las conductas recurrentes, ver los elementos que saltan a la vista de la práctica de las fuerzas militares” en el ámbito de la seguridad pública.
Para Hernández Valencia, quien procura ser discreto en atención a las víctimas y a la normatividad de la oficina de la ONU, Baja California “es un ejemplo interesante porque no hay una precepción nacional de que ahí todo se está desplomando, y es justamente en esos contextos, donde hay tanto de bueno como de malo, en los que se puede ver dónde están las fallas”, pues en otros lugares donde la situación es incluso más álgida o más tensa, puntualiza, suele ser “más limitado el acceso a las fuentes primarias de información”.
Nacido en Perú, con 20 años de carrera en la ONU, Hernández Valencia fue nombrado representante en México de la Alta Comisionada en septiembre de 2010, después de haber estado un trienio en Colombia, y con antelación en misiones de la ONU en Haití, Guatemala, El Salvador y Ruanda.
Por el seguimiento de ciertos casos paradigmáticos, “que ocurrieron en Baja California pero que aplican en otros estados”, la oficina de la ONU ha observado que “a nivel táctico” las fuerzas militares “operan sin las garantías del encuadramiento jurídico, de la procuración de justicia”, aunque al final de sus operativos pueden entroncar con la línea institucional y el estado de derecho al intervenir las procuradurías, las fiscalías o los juzgados.
Según el funcionario de la ONU, los momentos de la actuación militar “son una suerte de paréntesis del imperio de la ley, del estado de derecho, que hace agua por varios lados, sobre todo cuando en la captura, aparte de no haber orden judicial ni respaldo de esa orden, se utiliza la fuerza y hay muertos y heridos; cuando en el interrogatorio se registran torturas, ocurre desaparición forzada y se producen también muertos, y luego cuando el lugar que se utiliza como centro de detención es una instalación militar en la que no hay registro, no hay acceso para las familias, no hay intervención independiente de peritos médicos”.
Todas esas irregularidades, agrega Hernández Valencia, son posibles porque “hay una autopercepción de algunos miembros del Ejército de empoderamiento, de que se está ahí para hacerlo así, que hacerlo de otra manera es ineficiente, que lo mejor es hacerlo fuera del estado de derecho, el imperio de la ley, las instituciones y los derechos humanos”.
La OACNUDH ha detectado que por el poder que se le ha dado a las Fuerzas Armadas durante la actual administración, existen efectivos que deciden actuar “fuera de radar” para hacer “todo lo que les venga en gana”, dado que “siempre hay individuos que actúan con su propia brújula, inclusive su propia brújula moral”.
Tales elementos de las Fuerzas Armadas “no sólo causan estragos entre las víctimas, sino que desgarran profundamente el seno de la institución militar, porque ordenan a subalternos hacer cosas y los arrastran a ser parte de una maquinaria y, por lo tanto, a ser actores y parte del silencio, la impunidad y el encubrimiento”.
La documentación de algunos casos paradigmáticos en Baja California, resalta, ha permitido a la OACNUDH enviarlos al Comité contra la Tortura, al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y a la Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales.
Los recorridos de la representación de la ONU por varios estados han permitido también “fortalecer y visibilizar a las organizaciones locales de defensa de derechos humanos, para que sea explícito que no son entidades de tipo subversivo o quintacolumnistas o de intereses oscuros, y les hemos facilitado allegar su información a los mecanismos internacionales, que es un punto a favor de su lucha contra la impunidad”.
Hernández Valencia explica que una de las funciones de su oficina es “romper el círculo vicioso de que los abusos sólo se denuncian localmente y no se tiene respuesta; de ahí que tratemos de operar como una grúa para sacar lo que hay en una pequeña geografía a un foro internacional en la voz de un relator”.
