La muerte de María Alejandrina Ramírez López ha causado revuelo en Zapopan, donde el ayuntamiento presentó una demanda contra quienes resulten responsables de la mala atención que se dio a la paciente y por las presiones y engaños a sus familiares para que donaran sus órganos. En tanto, los deudos de Alejandrina interpusieron una queja ante el ombudsman estatal en la que exigen una investigación a fondo, pues sospechan que podría existir una red que trafica órganos y tejidos humanos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió una queja –la número 7708/2012– contra la Cruz Verde de Zapopan y el Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT), por el ejercicio indebido de la función pública y la negativa o inadecuada prestación de servicios en materia de salud en el caso de María Alejandrina Ramírez López, quien falleció el 30 de julio último.
De manera paralela, el ayuntamiento zapopano presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal para que, de comprobarse la comisión de algún delito en la prestación de los servicios médicos municipales y la procuración de órganos, se sancione a los responsables, quienes presuntamente forman una red dedicada a la procuración de órganos y tejidos humanos.
Juan Manuel Estrada Juárez, presidente de la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos (Find), comenta el caso de Alejandrina, de 50 años, quien llegó a la Cruz Verde de Zapopan la mañana del 28 de julio tras sufrir un “evento vascular” (Proceso Jalisco 406). Dice que el personal del nosocomio no le proporcionó a la paciente la atención adecuada y la dejó morir con tal de extraerle sus órganos.
Alejandrina estuvo en la unidad de emergencias durante casi 72 horas, hasta que los facultativos declararon a sus familiares su muerte cerebral y con mentiras los presionaron para que firmaran un documento en el cual aceptaban donar sus órganos.
El 31 de julio trasladaron el cuerpo de Alejandrina al hospital privado San Javier, en Guadalajara, donde le extrajeron corazón, hígado, páncreas, riñones, piel, córneas y tejido muscular esquelético, según declaró J. Refugio Hernández Camacho, cónyuge de la enferma.
Estrada Juárez asegura que el hígado extraído a Alejandrina era para trasplantárselo a una mujer, que al cierre de esta edición agonizaba en el hospital San Javier.
“El hígado no sirvió y ahora (la receptora) se está muriendo. Ese es el método de los trasplantólogos, a quienes no les importa la salud del enfermo, sino el negocio que pueden hacer con quienes pueden pagarles –incluso les cobran por adelantado–, como el caso de esta mujer que ya tiene dos meses hospitalizada y está muy mal”, acusa.
Dice que, de 2008 a la fecha, ha presentado 23 denuncias penales ante la PGR por el delito de tráfico de órganos, incluida la de los familiares de Alejandrina. Hasta ahora, se queja, la dependencia federal no ha hecho ninguna consignación.
“La PGR juega sucio, pues las denuncias que debe manejar la SIEDO las manda a otra subprocuraduría (la de delitos cometidos por servidores públicos). Por eso cuando la dependencia rinde su informe no alude al tráfico de órganos y tejidos, pues omite decir que están en el área de servidores públicos. Solicitamos la intervención del IFAI, que este año obligó a la PGR a admitir que existe (el presunto tráfico de órganos).”
Dice que aun cuando desconfía de la PGR, su obligación es denunciar, como en el caso de la familia Hernández Ramírez, pues quedó clara la colusión de servidores públicos adscritos a las áreas donde llega gente vulnerable, y los facultativos de instituciones privadas que están a la espera de órganos –sobre todo hígado y riñones– para trasplantarlas a sus pacientes que “pagan bien”.
Las justificaciones
Tras la muerte de Alejandrina Ramírez, el presidente municipal de Zapopan, Héctor Vielma Ordóñez, presentó una denuncia penal ante la PGR contra quienes resulten responsables por la mala atención que recibió la paciente.
“En caso de existir delito que perseguir –según la querella–, deben instrumentarse las investigaciones que marca la ley… para la donación de órganos, ya que el objeto de este gobierno municipal es el de evitar actos de corrupción o cualquier acto irregular… concernientes a esta dependencia.”
Vielma comenta a Proceso Jalisco que no tolerará actos deshonestos ni abusos, por lo que pidió al Ministerio Público federal realizar las indagatorias y proporcionar una relación de hechos sobre las actuaciones del personal al servicio de la Cruz Verde zapopana. Asimismo, dice, ordenó a sus subalternos proporcionar apoyo a los familiares de Alejandrina.
Hasta el jueves 23, sólo se había presentado en la casa de J. Refugio Hernández una trabajadora social del DIF con la promesa de proveer de útiles escolares y uniformes a los nietos de la fallecida.
Entrevistado al respecto, J. Refugio comenta que no sólo está desempleado, sino que contrajo deudas durante la enfermedad de su mujer, pues pagó 2 mil pesos en medicinas y la hospitalización de Alejandrina, además de 7 mil por los servicios funerarios.
El asunto de las dudas y las presiones de que fueron objeto él y sus familiares para que firmaran un documento en el que aceptaran donar los órganos de Alejandrina, bajo advertencia de que, de negarse, J. Refugio Hernández podría ir a la cárcel, son materia de investigación por parte de la CEDHJ, donde radica la queja presentada el jueves 16 por Sandra y Mayra, las hijas mayores de la occisa.
Luis Arturo Jiménez, director de Quejas de la comisión, asegura que los integrantes de la familia Hernández Ramírez recibirán atención psicológica y se llegará al fondo del asunto.
De acuerdo con la información que el personal del puesto de socorros zapopano proporcionó a sus familiares, Alejandrina presentó muerte cerebral desde el 30 de julio. Padre e hijas sostienen que un doctor y una doctora de la unidad de urgencias, así como Gilberto Carrillo Cruz, psicólogo del CETOT, adscrito al área de procuración de órganos, los presionaron para que aceptaran la donación, haciéndoles creer que, por su estado, la paciente empezaría a despedir mal olor, pero que no podían entregarles el cuerpo, “ya que está penado con cárcel” (Proceso Jalisco 406).
Subrayan que el médico de guardia nocturna que estuvo al cuidado de la paciente la noche del 29 de julio desembolsó mil 200 pesos para el pago de un artefacto externo que fue llevado a la paciente “para ventilarla mejor”. Sin embargo, el viudo aclara: “Nosotros no pedimos el aparato, pero un tipo llegó con esa cosa y me dijeron que había que pagar la renta, que eran más de mil pesos diarios… Pero yo vi cuando el doctor de su bolsa sacó el dinero y le pagó”.
Y reitera: Los médicos y el psicólogo Carrillo Cruz plantearon como única salida la donación e hicieron ver que Alejandrina podría pasar días, semanas o años en ese estado, con el consecuente compromiso de atención y gastos.
Agrega que el funcionario del CETOT le garantizó que los órganos donados serían a beneficio de una institución de gente pobre, cuando en realidad fueron a parar a un hospital de lujo tapatío: el San Javier.
Sandra comenta que Carrillo Cruz no dejó de hostigar a su padre, más cuando se retractó. Sin embargo, “cuando le pedí que mostrara su identificación, dijo que la había dejado en el carro”.
El miércoles 15, ella y su padre acudieron al ayuntamiento de Zapopan a una reunión gestionada por José Pérez Quezada, de la Dirección de Asesores, en la cual estuvieron dos médicos de la Cruz Verde local, quienes “en todo momento trataron de justificar lo ocurrido”.
Cuando Sandra les planteó sus dudas, ellos se ofrecieron a investigar; le dijeron, por ejemplo, que el aparato rentado lo pagó el CETOT. También le comentaron que era posible que en el San Javier hubieran dado algún maltrato al cuerpo de Alejandrina, como le dijo el encargado de la funeraria a J. Refugio.
Las contradicciones
En su denuncia penal, Vielma Ordóñez arguye que el problema vascular de Alejandrina Ramírez ameritaba internamiento en un hospital de tercer nivel, pero deslinda a la unidad municipal porque, dice, como carece de ese tipo de atención solicitó el traslado de la paciente al Sector Salud, pero no tuvo respuesta.
En lo concerniente a la ficha técnica enviada por el CETOT al secretario de Salud, Antonio Muñoz, y que éste remitió a Proceso Jalisco, se asienta que se ofreció la donación multiorgánica a instituciones públicas y privadas, pero “las primeras rechazaron los órganos y tejidos”.
El Seguro Social confirmó a este semanario que el 30 de julio el CETOT le ofreció los órganos de Alejandrina pero los rechazó. Según Marcelo Castillero Manzano, director de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades del IMSS, el hígado no fue aceptado, entre otras razones porque la donante no había estado en un hospital de tercer nivel ni en terapia intensiva; además, “no se tenían los estudios”, dice.
Por lo que atañe al CETOT, sólo se aprovecharon las dos córneas y el hueso de Alejandrina. El hospital San Javier aceptó el hígado, pero durante el trasplante se encontró un hígado colestático.
En la exposición de su querella, que incumbe exclusivamente al personal de los servicios municipales, el alcalde zapopano precisa que la ambulancia Z031 acudió al domicilio de Alejandrina a las 9:16 horas del 28 de mayo.
Y agrega: “Los técnicos en urgencias médicas Jesús Nuno Ramos e Ignacio Aceves Mendoza la encontraron consciente, orientada, con oxigenación de 87%. “Por su hipertensión 190/110 –dijeron en su reporte– se le asiste con medicamento y traslada a la unidad”, donde fue atendida por la urgencióloga Ery Ruth León Takana.
“Estaba consciente pero con datos de enfermedad vascular cerebral (EVC) hemorrágica y emergencia hipertensiva, por lo que se manda a la Cruz Verde Delgadillo Araujo –en Guadalajara– para hacerle una tomografía axial computada”, donde “se deteriora clínicamente y necesitan asistirla en sala de shock por edema agudo pulmonar y arritmias”.
La paciente regresó a la Cruz Verde Norte y así permaneció hasta el 30 de julio, “mismo día que se encuentran datos clínicos de muerte cerebral”, indica Vielma en su denuncia.
Los médicos de la Cruz Verde que atendieron a Alejandrina fueron María Engracia Delgadillo Márquez, María de los Remedios Calamateo, Luis Felipe Rivera Luna, Santos Nicolás Ramírez, Antonio Robledo (quien detectó datos de muerte cerebral) y Andrés Flores.
El dato es relevante para los familiares, pues cuando ellos pidieron esa información en la Cruz Verde zapopana, les respondieron que los estudios “los habían tirado” y se negaron a dar los nombres de los facultativos.
