La forma en que se autorizó el reciente aumento a las tarifas del transporte urbano de Jalisco, particularmente de la zona metropolitana de Guadalajara, es un nueva muestra del fracaso que en materia de movilidad urbana ha tenido no sólo el gobierno de Emilio González Márquez, sino también quienes lo precedieron en el cargo, así como las administraciones municipales del área metropolitana en los dos últimos decenios.
Lejos de resolver el añejo problema del transporte colectivo, nuestras autoridades han quedado exhibidas una vez más. Ni cuando el mando de Jalisco y de los municipios conurbados estuvo en manos del mismo partido (Acción Nacional) ni hacia mediados de la década pasada, cuando empezaron a hacerse cada vez más notorios los gobiernos divididos, existió la voluntad para resolver el rezago en los servicios para los habitantes de la capital tapatía. Los funcionarios de la comarca sencillamente acabaron por demostrar que no podían, y siguen sin poder, con el paquete, pues no han metido en cintura al “pulpo camionero” ni han sido capaces de sacar del marasmo al anacrónico sistema de transporte colectivo.
Si algo caracterizó a los primeros sexenios panistas de Jalisco en este renglón fue que dispusieron de buena parte del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Urbano para hacer obras que estimularon el uso de vehículos particulares (pasos a desnivel, nodos viales, túneles). Y, al mismo tiempo, esos gobiernos locales del “cambio” se desentendieron por completo del transporte colectivo, algo particularmente grave en una ciudad en expansión desaforada como era entonces Guadalajara. Por ello, tanto el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez (1995-2001) como el de Francisco Ramírez Acuña (2001-2007) son responsables del crecimiento desmedido del parque vehicular (desde hace un par de años Guadalajara mantiene el récord de ser la ciudad mexicana con el mayor número de automóviles por habitante) y también son responsabilidades suyas el desmedido congestionamiento de calles y banquetas, así como la escalada en los índices de contaminación atmosférica.
Hacia mediados de su gestión, Emilio González Márquez consideró introducir una línea de autobuses articulados (el sistema BRT, que aquí fue bautizado con el nombre de Macrobús) por la calzada Independencia y la avenida Gobernador Curiel. El proyecto fue realizado de manera tan errática que el descontento público contra dicho sistema no se hizo esperar. Fue un factor determinante para que pocos meses después el PAN perdiera en las elecciones de 2009 todos los municipios del área metropolitana y, consecuentemente, para que la administración de González Márquez ya no pudiera continuar las otras líneas del Macrobús, las cuales se tenían proyectadas para distintos derroteros de la ciudad, e incluso para una de ellas ya se contaba con una aportación federal de cerca de mil millones de pesos. Esta suma la perdió la capital jalisciense e, inopinadamente, la ganó Monterrey.
Entre las evidentes y graves pifias del proyecto estuvo la de confinar para el sistema BRT la mitad de los carriles de la calzada Independencia y de Gobernador Curiel, lo que provocó el congestionamiento vehicular en esas y otras rúas cercanas. También fue una equivocación entregar el manejo y la explotación del Macrobús a la Alianza de Camioneros. Con ello, el gobierno de González Márquez, lejos de ponerle límites al tristemente célebre “pulpo camionero”, acabó fortaleciéndolo más.
Otra cosa que tienen en común las tres administraciones estatales del PAN fue el abandono del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, conocido popularmente como Tren Ligero, durante 18 años. Y ello a pesar de ser, pero por mucho, el sistema de transporte masivo mejor calificado entre los tapatíos. No deja de ser significativo que en casi dos décadas el Tren Ligero no haya podido ampliar su cobertura ni siquiera a otra estación que se sume a las tres decenas que fueron construidas por administraciones priistas de Enrique Álvarez del Castillo, Guillermo Cosío Vidaurri y la interina de Carlos Rivera Aceves.
Vale la pena recordar que, durante el gobierno de Ramírez Acuña, hubo un intento de hacerlo pero terminó malográndose. Ello sucedió cuando se hicieron planes y estudios para extender la Línea 2 desde Tetlán hasta Tonalá. Incluso llegó a autorizarse una partida de 600 millones de pesos para darle forma a dicho proyecto, pero a la hora de la verdad el actual embajador de México en España (Ramírez Acuña) juzgó que para su gobierno era mucho más importante la descocada presa de Arcediano, que acabó siendo cancelada por su sucesor, González Márquez, lo que para las finanzas públicas representó un despilfarro acumulado de alrededor de mil millones de pesos.
Pero tampoco el gobierno de González Márquez tuvo, ni ha tenido, mayor interés en ampliar la cobertura del Tren Ligero. A finales de 2009, luego del fracaso del Macrobús, el mencionado funcionario anunció una tercera línea de dicho tren, que iría de la estación Isla Raza a Tlajomulco, pasando por la zona del cerro del Cuatro y Miravalle, pero no pasó de ser otro petardazo como los que han caracterizado a la administración estatal a la que sólo le queda medio año.
Sin incurrir en ninguna exageración se podría asegurar que, lejos de resolver el problema del transporte colectivo de los tapatíos, el gobierno de González Márquez lo ha complicado. Lo hizo con la ya mencionada introducción a troche y moche de la única línea del Macrobús; lo dificultó también al no exigir a las empresas concesionarias del transporte urbano que cumplieran los compromisos signados por ellas cada vez que había una “revisión” (eufemismo por aumento) a las tarifas, y también cuando quiso incrementar su popularidad entre los usuarios del transporte público y entregó durante año y medio un subsidio al “pulpo camionero” a fin de evitar incremento oficial en el costo del pasaje.
Todo hace pensar que lo que llevó a González Márquez a tomar la decisión de disponer de una parte del presupuesto estatal para subsidiar parcialmente el costo del boleto fue un intento de ganar simpatías en el momento en que aspiraba a ser el candidato del PAN al gobierno de la República, a lo que renunció a principios de octubre del año pasado, en la víspera de los Juegos Panamericanos de Guadalajara.
Pero en algún momento se tenía que terminar ese subsidio oficial al transporte urbano, y esto sucedió, ¡qué casualidad!, una vez que pasaron las elecciones del 1 de julio. Los transportistas demandaron de manera perentoria, y con una suspensión temporal del servicio, un incremento urgente en el costo del boleto. Esto les fue concedido con desusada rapidez y, como se anunció, entrará en vigor el 1 de septiembre. Por esta y otras razones, el de Emilio González Márquez ocupa desde ahora un lugar relevante entre los gobiernos reprobados.
