Lejos de atender a los niños y jóvenes en situación de calle, las autoridades de Guadalajara y el DIF estatal pretenden hacerlos invisibles para negar su existencia. Pero no sólo eso. El viernes 3 de agosto, un juez emitió una sentencia penal contra Otilia Arellano y Patricia Lomas, fundadoras de Amigos en el Crucero, una asociación civil que defiende a esa población vulnerable. Para las afectadas, el fallo es un “descaro político” pues el juez desechó las pruebas que ellas presentaron para demostrar su inocencia.
“Saca de onda tanta corrupción”, aseguran en una carta Otilia Arellano y Patricia Lomas, las fundadoras de la asociación civil Amigos en el Crucero, tras enterarse de que serán sentenciadas a siete meses de prisión o a pagar, cada una, una multa de 11 mil 78 pesos por un delito menor, luego de un largo proceso iniciado hace tres años.
Las dirigentes de la organización donde se agrupan cientos de limpiaparabrisas que trabajan en distintos puntos de la ciudad se quejan porque, dicen, en aquel enfrentamiento con policías, ellas y varios de sus compañeros no sólo fueron golpeados y encerrados temporalmente, sino que aun cuando demostraron su inocencia con pruebas, un juez las declaró culpables y les aplicó la sanción “como si tuviéramos dinero en el banco o la cartera cachetona”, dicen.
Según la misiva, el viernes 3 el titular del Juzgado Décimo Sexto de lo Penal, Hugo Pérez Pérez, dictó la sentencia contra ellas y seis integrantes de la asociación por los delitos de lesiones calificadas contra representantes de la autoridad suscitados en 2009, de acuerdo con la causa penal número 167/2011-A.
El fallo del juez fue adverso para los defensores de los limpiaparabrisas, pese a que ellos fueron los agredidos por un grupo de 38 policías de Guadalajara en el crucero de Enrique Díaz de León y Avenida Hidalgo. Uno de los uniformados era Luis Fernando Quezada, quien se hizo famoso en las redes sociales por robar un teléfono celular y subir su foto a internet desde la cuenta del articulista del diario El Informador Zul de la Cueva.
Para la abogada de los inculpados, Alejandra Cartagena, el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades desde el principio, pues las autoridades no aceptaron las testimoniales de la agrupación e hicieron caso omiso de la recomendación 15/2009 enviada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos al ayuntamiento de Guadalajara y en la cual se acreditan los abusos de los policías implicados.
“Creíamos que el juez iría al fondo del asunto, a checar la queja que había en Derechos Humanos, pero no lo hizo. Yo creo que quiso lavarse las manos”, agrega la defensora, quien se lamenta también porque los comerciantes de la zona que presenciaron los hechos e incluso tomaron fotografías y video de la trifulca se negaron a declarar por temor a represalias.
Cartagena dice que el juez consignó que el policía Miguel Ángel Rodríguez Sánchez sufrió lesiones que, aun cuando no pusieron en peligro su vida, afectaron su salud. Pero no dice que Patricia Lomas tuvo que ser operada de la glándula tiroides a causa de la golpiza que le propinaron los agentes, uno de los cuales le pisó el cuello con una bota.
Lejos está aquel 16 de marzo de 2005, cuando el entonces alcalde tapatío Emilio González Márquez distinguió a las fundadoras de Amigos en el Crucero como “Mujeres Destacadas del Año” y les entregó un estímulo económico de 20 mil pesos a cada una. Otilia invirtió su dinero en las instalaciones de la asociación.
Los abusos del DIF
Mientras el juez Hugo Pérez dictaba la sentencia, la asociación Amigos en el Crucero realizaba un foro que congregó a cerca de 200 personas “en situación de calle”, entre ellos los apartalugares, limpiaparabrisas y vendedores ambulantes, para discutir sobre el reciente operativo de limpieza social del ayuntamiento tapatío en el cual varios de sus compañeros fueron detenidos.
El problema no es nuevo, pues cada cambio de administración se viene una serie de operaciones con el fin de “quitarle lo feo a la ciudad”, sostiene Otilia Arellano. Y añade: “Nosotros tenemos el derecho a que nos reconozcan; ellos deben saber que existimos. Nada ganan con detenernos ni con repartir despensas o apoyos económicos porque eso no resuelve el problema de fondo: la pobreza.
“El desempleo es lo que nos arroja a la calle. No estamos aquí porque queramos vivir así. La pobreza es algo que se respira cada vez más en la ciudad y esa no se compra con despensas; se resuelve con educación y oportunidades para que nuestros hijos puedan seguir otro camino mejor.”
Sobre el fallo del juez Hugo Pérez, Arrellano insiste en que es un “descaro político” y una muestra del “abuso del poder”. Dice que durante las campañas electorales los partidos –sobre todo PRI y PAN– se acercaron a la asociación para pedirle el voto de sus agremiados, incluso intentaron que se pusieran la camiseta a cambio de falsas promesas.
Uno de los candidatos a la gubernatura, el panista Fernando Guzmán Pérez Peláez, mandó a su chofer para que llevara a Otilia a su casa para escuchar de viva voz su propuesta social. Al recibirla, Guzmán se confesó admirador suyo y de su trabajo como integradora de familias en situación de calle. Sin embargo, poco después, dice Otilia, en su mitin de arranque de campaña, en el barrio de Analco, la desconoció por completo.
Otilia se queja también por la intromisión de los brigadistas electorales durante la campaña, pues desplazaron de sus cruceros a los agremiados a la asociación y les exigían ponerse la camiseta, sobre todos los priistas.
“A mí me corrieron los del PRI de mi otro crucero porque no me dejaban limpiar y decían que el crucero era de ellos para poner calcas. El PRI ofrecía trabajo temporal por 300 pesos y el PAN por 100 pesos el día, y después el abandono”, cuenta su compañera Angélica.
Otilia insiste: ante la falta de políticas públicas, el ayuntamiento debe regular el trabajo de los grupos vulnerables mediante programas de desarrollo social temporal, pues son las asociaciones civiles las que hacen el trabajo del DIF.
En Amigos del Crucero “hacemos la chamba del gobierno” al apoyar a los niños de esas familias para que ya no tengan que trabajar y para que tengan oportunidad de asistir a la escuela, pues los apoyos y becas proporcionados por el gobierno son reducidos, comenta Otilia.
Proceso Jalisco buscó al presidente interino de Guadalajara, Francisco Ayón, para entrevistarlo sobre este nuevo plan de “limpieza social”, pero no lo localizó; tampoco pudo contactar al secretario de Desarrollo Social, Leopoldo Pérez Magaña, y en Comunicación Social también se negaron a opinar.
Jorge Igor González Aguirre, coordinador de la maestría de Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara, explica que el fenómeno de desplazamiento en este sector no es nuevo, pero sí la indiferencia social sumada a la constante violación de sus derechos humanos.
“Vemos un conflicto en la ocupación del espacio público durante las campañas vimos equipos que se instalaron en las esquinas, impidiendo el trabajo en calle y/o invitándolos a apoyar a tal o cual candidato. Y por otro lado vemos que gente que trabaja en la calle tiene desconocimiento sobre sus derechos, por lo que es fácil que sean vulnerados y desplazados”, comenta el investigador a este semanario.
La población invisible
Jorge Igor González Aguirre, especialista en movimientos sociales, insiste en que las autoridades panistas buscan invisibilizar a quienes viven y trabajan “en situación de calle” y con ello dar por hecho que están solucionando un “problema social”.
Su colega Danielle Strickland, adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), considera reprobable que los partidos políticos condicionen el apoyo a las poblaciones marginadas.
Nacida en Estados Unidos y excolaboradora del Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados (MAMA), Strickland fundó su propia asociación civil: Colectivo Pro Derechos de la Niñez (Codeni), dedicada a la atención de infantes que trabajan en la calle.
Radicada en nuestro país desde hace una década, entre el Distrito Federal y Guadalajara, Strickland resalta que ha visto un incremento de la población que vive y trabaja en la calle: “En abril, al pasar por el centro de Guadalajara las autoridades habían dado tolerancia a los ambulantes a partir de las ocho de la noche. Parecía Tepito, todo estaba lleno de vendedores…. Esto refleja la falta de apoyo de las autoridades; refleja que los programas asistenciales no están funcionando”.
Según Strickland, 60% de los niños atendidos por Codeni provienen de familias de migrantes indígenas que en su mayoría se dedican a la elaboración y venta de papas fritas en las calles del Centro Histórico. Gran parte de los jóvenes y menores provienen de colonias como el Cerro del Cuatro y sus alrededores, El Salto, El Colli y La Floresta.
En el colectivo se les ayuda a modificar su mentalidad, pues muchos consideran que su futuro es ser comerciantes en la vía pública. Se les ayuda a trazarse metas y a trabajar para alcanzarlas, dice Strickland, quien actualmente coordina una investigación con poblaciones callejeras en Río de Janeiro, Brasil, y en Ciudad de México y Guadalajara.
En el caso de esta ciudad, dice, le gratifica que hoy los menores ya no duerman en la calle debido a varios factores, entre ellos el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, la propia evolución de las poblaciones callejeras que buscan un lugar apropiado para pasar la noche y la presencia de grupos criminales que rondan por todos lados reclutando jóvenes.
González Aguirre y Strickland aseguran que en el primer cuadro de Guadalajara abunda la gente en situación de calle y aclara que es difícil cuantificarla. Y si bien este segmento de población se niega a convertirse en simple estadística, las autoridades del DIF Jalisco ni siquiera se preocupan por levantar un censo para conocer la dimensión del problema.
