Diez años y medio después del asesinato del joyero Francisco Javier Armenta Juárez, Margarita Araiza, su viuda, insiste en señalar que el presunto autor intelectual es Celso Rodríguez González, el actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia estatal. En entrevista con Proceso Jalisco ella señala el desaseo con el que se ha llevado el caso y pide justicia a las autoridades. Mientras el presunto implicado, lejos de inmutarse, mueve sus piezas en un intento más por prolongar su gestión en el tribunal dos años más.
Margarita Araiza Torres señala a Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJ), como presunto autor intelectual del asesinato de su esposo, el joyero Francisco Javier Armenta Juárez, ejecutado hace 10 años.
La viuda de Armenta Juárez asegura al reportero que el homicidio ocurrió la madrugada del 2 de enero de 2002 en la colonia Jardines de la Paz, en Guadalajara. Javier fue acribillado a bordo de un Derby rojo modelo 2000, que había comprado a Rosa Martha Pulido Corona, una concubina de Rodríguez González.
“A mi marido lo mataron a las afueras de la casa de esa mujer, quien era la amante de Celso… Tan claro está (esa relación) que incluso procreó una hija de ese funcionario”, argumenta Araiza. E insiste: “Aun cuando callé durante todo este tiempo, tengo la certeza de que el magistrado Celso Rodríguez lo mandó matar (a Javier). Tengo claro que él fue el autor intelectual.”
La viuda de Javier Armenta cuenta que los últimos años estudió la carrera de derecho para, entre otras cosas, investigar el asesinato de su pareja. Hasta ahora, dice, las instancias a las cuales ha acudido sólo le ponen obstáculos o le regatean la entrega de copia de los expedientes relacionados con el caso, todo ello para proteger a Rodríguez González.
Desde 2002, cuando se iniciaron las indagatorias, afirma, nunca existió el menor indicio para seguir una línea de investigación hacia Celso.
Relata: “De manera deliberada las autoridades pretendieron involucrar a mi familia con el crimen, en un asunto provocado por el agente del Ministerio Público Álvaro Cervantes López, quien lejos de cumplir con su obligación intentó responsabilizar a uno de mis hermanos en el homicidio de Javier, a sabiendas de que Álvaro y mi esposo eran amigos desde la infancia, incluso fuimos a su boda y conocimos a su esposa Elizabeth”.
Según Araiza, en esa ocasión se dio cuenta de que Rosa Pulido le habló a Álvaro para decirle que habían matado a mi esposo afuera de su casa. Ese hecho ocurrió antes de las nueve de la mañana y Álvaro llegó a mi casa para informarme del crimen hasta después de las 11. Y se lo digo porque yo hago mis propias indagatorias y aporto (datos) para dar seguimiento al caso. Es obligatorio que se llame a declarar a ese funcionario”.
Se queja porque, asegura, la averiguación que ella inició en 2002 ante la Procuraduría General de Justicia del estado (expediente 135/2002) está detenida. Por eso insiste en que ya es tiempo de que alguien aplique la ley y castigue al responsable. “En la familia tenemos contacto con muchas personas que conocen con lujo de detalle las amenazas que mi marido recibió por parte de Celso Rodríguez”, dice al reportero.
Y expone: “Cuando ocurrió el homicidio yo era una persona ignorante, por ese motivo el agente del Ministerio Público abusó tanto de mi familia, como de mí. Pero ahora que ya tengo mayor preparación, pues me dedique a estudiar derecho, les pido a la procuraduría y al Poder Judicial que se haga cumplir la ley”.
Margarita Araiza refiere que a mediados de 2006, ya como presidente del STJ, Rodríguez González la citó en sus oficinas. Le preguntó sobre su trabajo, sus hijos, del Derby en el que fue asesinado su esposo, pero sobre todo acerca de la averiguación. “Yo le dije que lo único claro que se desprendía de la averiguación era que él resultaba responsable”.
Rodríguez González se molestó y le dijo: “Sabes que tú fuiste porque ya habías comprado el cajón (para enterrarlo). Y Margarita le contestó: “Aquí nomás estamos dos: tú y yo. Y no fui yo (quien asesinó a Javier). Así se lo dije en su cara”, enfatiza la entrevistada.
Y aclara que cuando acudió al Servicio Médico Forense (Semefo) para reclamar el cuerpo de su esposo, uno de los agentes le ofreció el teléfono para contratar los servicios de una funeraria, sin saber que esa supuesta ayuda después iba a ser utilizada en su contra para argumentar que ella se apresuró a comprar el féretro para sepultar a su pareja.
Los bloqueos
Margarita Araiza admite que Javier mantenía una relación sentimental con Rosa Pulido, quien antes había sido amante de Celso Rodríguez, con quien procreó una hija de nombre Monserrat Rodríguez Pulido.
“Por lógica Celso Rodríguez pretende deshacerse de cualquier culpa, pero todos los hechos lo señalan como el presunto responsable del crimen de mi esposo”, dice la entrevistada. Según ella, cada que solicitaba revisar el expediente 135/2002 notaba que habían alterado las declaraciones o suprimido fragmentos.
“El agente del MP que llevaba la indagatoria, José Luis Martínez Morales, siempre asentaba lo que le daba su gana e ignoraba las cosas importantes”, recalca la entrevistada. Y reitera: “Este empleado manipuló todo para tratar de evitarle problemas a Celso Rodríguez”.
A pesar del desaseo, dice Araiza, en su primera declaración Rosa Pulido “manifestó que antes del homicidio de mi esposo (Celso) ya la había amenazado y golpeado. Le dijo que no iba a darle la pensión para mantener cabrones y ella se puso histérica y gritaba que Celso era el responsable del asesinato”.
Además, puntualiza, “mi esposo consultaba todos los asuntos jurídicos con su amigo Álvaro Cervantes y con otro empleado de la procuraduría llamado Héctor Hernández Andalón. Y como Celso ya había golpeado a Rosa, Álvaro le recomendó poner una denuncia, pero no quisieron levantar ninguna querella porque le dijeron que Celso era un magistrado”.
Araiza se muestra inconforme porque, arguye, mientras a uno de sus hermanos se le trató como indiciado en el homicidio de Javier, a Celso Rodríguez , el principal sospechoso, se le permitió rendir declaración un año después y por escrito, lo que es irregular, aun cuando se trate de un alto funcionario del Poder Judicial.
La falta de atención por parte de las autoridades de la procuraduría la llevó a presentar una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en febrero de 2002. Dos años después, el ombudsman estatal determinó que era improcedente, según le hicieron saber a través del oficio 1327/04/II, firmado por Martha Susana Hernández Zavala, visitadora adjunta de la Segunda Visitaduría.
Semanas antes, el 10 de enero, la Jornada Jalisco publicó una nota en la cual el procurador estatal Gerardo Octavio Solís confirmó que existía una línea de investigación en la que se analizaba la supuesta participación del magistrado Celso Rodríguez.
Diez años y medio después, la viuda del joyero Javier Armenta asegura que la dependencia que hoy encabeza Tomás Coronado Olmos mantiene congelado el caso que implica al actual presidente del TSJ, quien hoy está más preocupado por mover sus piezas para relegirse por un periodo de dos años más.
Pero Margarita Araiza Torres insiste: “No descansaré hasta que se aplique la justicia”.
