En la Cruz Verde de Zapopan, la familia Hernández Ramírez vio impotente cómo María Alejandrina, de 50 años, falleció tras tres días de hospitalización por falta de atención especializada. El jefe de familia, J. Refugio Hernández, dice que fue presionado por personal del nosocomio para que donara los órganos de su cónyuge que, según los facultativos, serían para pacientes de escasos recursos. Pero la forma desaseada en la que se desarrollaron las cosas y la presión ejercida por personal del CETOT lo llevan a pensar en la posibilidad de que exista una red de traficantes de órganos.
La muerte de María Alejandrina Ramírez López, la noche del 30 de julio último, luego de tres días de infructuoso tratamiento en varios hospitales de Zapopan, así como las presiones ejercidas por personal de los servicios médicos municipales para que donara sus órganos, hacen presumir a los familiares de la víctima la posibilidad de la existencia una red de corrupción en la procuración de órganos y tejidos humanos.
J. Refugio Hernández Camacho, cónyuge de Alejandrina, muestra a la reportera cuatro papeles que resumen el drama vivido por su familia del 28 al 31 de julio:
Dos copias en color rosa sin folio con el logotipo del Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT), fechadas el día 30 de ese mes, según las cuales él aceptó por escrito donar los órganos de Alejandrina; un acta de defunción (folio 120333700) elaborada por el doctor Ventura Corona García del hospital San Javier (cédula profesional 2604689), que no alude a la donación y en la cual se indica que el deceso de la paciente ocurrió a las 14:00 horas del día mencionado, y un recibo del organismo público descentralizado (OPD) Servicios de Salud del Municipio de Zapopan (folio 126847) por la cantidad de 400 pesos, como pago por medicinas y estudios practicados en la Cruz Verde Norte.
El 28 de julio pasado, Alejandrina sufrió un “evento vascular”, por lo que fue trasladada a la Cruz Verde Delgadillo Araujo de Guadalajara, donde se le practicó de un estudio tomográfico. Ese mismo día la paciente regresó a la unidad de urgencias de Zapopan, pues, según sus familiares, el personal médico les dijo que no había una cama disponible en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde presuntamente iba a ser atendida.
Cada hora, dicen, el personal de la unidad de los servicios municipales zapopanos les informaba que se estaba gestionando el espacio para Alejandrina en el viejo nosocomio tapatío. Nunca hubo cupo.
La mañana del 31 de julio, la enferma salió de la unidad de urgencias con dirección al lujoso hospital privado San Javier, donde los facultativos locales le extrajeron corazón, hígado, páncreas, riñones, piel, córneas y tejido musculo esquelético.
Desde el día anterior, los padres de Alejandrina, J. Refugio y sus hijas supieron, por los facultativos zapopanos, que ya nada se podía hacer por ella, por lo que les pidieron su consentimiento para que donaran sus órganos, lo que se culminó el 31 de julio en el hospital privado, en medio de irregularidades.
J. Refugio y su familia aseguran que aceptaron hacer la donación bajo presión psicológica por parte del personal de urgencias, área en la que les ocultaron información sobre Alejandrina.
Las hijas de la occisa cuentan que el lunes 13 acudieron a la Cruz Verde tapatía para solicitar la tomografía que presuntamente le tomaron a Alejandrina, así como los datos del expediente y los nombres de los médicos que la atendieron. Les dijeron que no podían entregárselos porque “fueron infinidad”, por lo que desconocen quién y en qué momento ocurrió la muerte encefálica.
Sin embargo, Proceso Jalisco pudo conocer que se elaboraron tres certificados de defunción. El primero lo firmó un doctor ajeno al hospital San Javier. Según J. Refugio, en el ayuntamiento zapopano le dijeron que regresara a ese nosocomio para que le corrigieran el documento pues, al hacer los trámites para el sepelio, las autoridades detectaron que tenía dos fechas. “Regresé –cuenta–. En la recepción me comentaron que no conocían al doctor que elaboró el certificado. Algunos me dijeron: ‘Parece que era un médico del civil’”.
Pese a las contingencias, J. Refugio logró que le elaboraran otro certificado en el cual se asienta que Alejandrina murió a causa de un “evento vascular cerebral isquémico” e “hipertensión arterial sistémica”.
Luego del sepelio y el novenario, J. Refugio y sus hijas han recibido innumerables muestras de apoyo de amigos y vecinos, quienes incluso cooperaron para cubrir los 7 mil pesos de los gastos funerarios.
Él y sus hijas insisten en que dejaron morir a Alejandrina para obtener sus órganos, pues la mañana del 28 de julio había “evolucionado” pero no recibió la atención que requería. Sus hijas insisten en que acudirán a las instancias que sean necesarias para que se haga justicia, en especial a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).
La historia de Alejandrina
Los deudos de Alejandrina aseguran que en la Cruz Verde de Zapopan les mintieron al decirles que tenían que pensar en la paciente y evitarle un sufrimiento “que podría prolongarse años”. A J. Refugio le dijeron incluso que los órganos de su cónyuge “serían para gente pobre y muy necesitada”, lo que, admite, le pareció “la mejor salida”. Antes de tomar la decisión, dice, llamó a la familia de Alejandrina para tomar su parecer.
Cuenta también que, el día 30 por la noche, una doctora y un médico de la Cruz Verde, así como dos personas externas a la unidad médica municipal, le informaron a él y a sus familiares que Alejandrina había muerto. El mensaje fue intimidatorio, pues, señala, le advirtieron que el cuerpo se estaba descomponiendo y que ellos no podían desconectar a la enferma porque eso es un delito por el cual podrían ser sancionados.
Los galenos, recuerda R. Refugio, le plantearon dos opciones: desconectarla, aunque existía el riesgo de que él fuera a la cárcel, o que donara sus órganos. Si aceptaba esta última opción, los receptores asumirían los gastos que generara el traslado del cuerpo y la extracción de órganos.
Durante la entrevista, el viudo relata: “El problema es que el personal médico aseguró que no se hacía responsable si desconectaban a Alejandrina si nosotros no aceptábamos la donación, y que yo podría ir a la cárcel.
“Hasta el médico que suplió al doctor que estuvo de turno la noche del día 29 la mañana del día siguiente se asustó y me dijo que para ellos, como doctores, también era delito y que él no se atrevía a entregárnosla porque lo podían meter a la cárcel.”
Sus hijas Sandra y Mayra Hernández Ramírez, de 25 y 21 años, respectivamente, confirman la versión de J. Refugio. Incluso la mayor se opuso a la donación. El entrevistado asegura que esperaba el consentimiento de todos los familiares de Alejandrina, incluso de los que viajaron desde Zacatecas.
“Yo me sentía mal porque no quería que mi papá tuviera problemas y mi mamá sufriera, pero esperaba que reaccionara o que de plano se muriera, que dejara de respirar”, relata Sandra.
A Mayra, una doctora la llamó egoísta y le dijo que su madre ya estaba muerta, por lo cual debía acceder a la donación. “Le respondí que esperaba un milagro. Pero ella insistió en que no había esperanzas”, recuerda. Dice que cuando le hablaba a su madre ella “movía la boca y lloraba, como que escupía el chupón de su boca y movía sus ojos”.
Sandra, a su vez, consultó a una doctora acerca del aparato al que estaba conectada su madre “que medía las pulsaciones del corazón y otros órganos”. La mujer fue cortante, quizá porque no queríamos donar; me dijo que mi mamá ya estaba muerta, que ya no volvería a levantarse. “Fue entonces que salí corriendo a decirle a mi papá que lo apoyaba para la donación”.
J. Refugio aún dudaba, por lo que abordó a una doctora y le pidió orientación. Ella le comentó que Alejandrina “estaba viva”, pero que necesitaba atención. Incluso le contó que había visto casos peores en los cuales los pacientes reaccionaban.
Un médico de la Cruz Verde le dio a J. Refugio el nombre de una persona: Gilberto Carrillo Cruz, y su teléfono para que lo contactara, pues le dijo que él podía ayudarle en el caso de la donación.
J. Refugio, sostiene que Carrillo Cruz fue quien lo presionó hasta lograr la donación. Carrillo es psicólogo y según el contrato firmado con el CETOT para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2012 como “prestador de servicios”, está adscrito a la Unidad Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos (Unecdot).
Asegura también que lo engañaron al decirle que los órganos serían para personas sin recursos: “No me gustó que la llevaran (a Alejandrina) al hospital de ricos y me entregaron el cuerpo muy dañado. El de la funeraria me dijo que lo destrozaron, lo que me dio mucho coraje”.
La versión oficial
Consultado sobre el caso de Alejandrina Ramírez López, el secretario de Salud, Antonio Muñoz Serrano, asegura que investigará los detalles sobre lo que considera “una donación forzada”. Y aclara: “hay una ruta crítica para la donación de órganos y la Comisión de Arbitraje Medico de Jalisco (Camejal) es la instancia adecuada para hacer la investigación”.
Muñoz solicitó al CETOT el informe de Alejandrina y proporcionó a la reportera la ficha técnica del organismo, según la cual la paciente de 50 años ingresó a la Cruz Verde de Zapopan el 28 de julio de 2012 con accidente vascular cerebral donde días después se le diagnosticó muerte encefálica. Sin embargo se omite el nombre del médico que le hizo el diagnóstico, ya que la muerte cerebral “requiere de estudios y el trabajo de varios especialistas”.
Y agrega: “El 30 de julio de 2012 se avisó al equipo de donación de la Unecdot, perteneciente al CETOT, de un potencial donador en las instalaciones de la Cruz Verde de Zapopan. El mismo día la familia aceptó la donación de órganos de la paciente, autorizando la donación de corazón, hígado, páncreas, ambos riñones, córneas, piel y músculo esquelético.
“… Debido a que los Servicios Médicos Municipales de Zapopan no cuentan con licencia para extracción de órganos y tejidos, el CETOT, con apego al proceso de donación y trasplantes de órganos y tejidos mediante el listado estatal de instituciones procuradoras de órganos, informó a las instituciones públicas y luego a las privadas acerca de la donación multiorgánica, siendo las primeras quienes rechazaron los órganos y tejidos.
“Los riñones no fueron aceptados porque la donadora tenía varios factores de riesgo. El páncreas no fue aceptado por los criterios hemodinámicos, antecedentes y edad de la paciente. La piel no hubo equipo que la aceptara. El hígado no fue aceptado por el IMSS ni por el Hospital Ángeles del Carmen. El Hospital San Javier aceptó la donación del hígado, ya que tenía un probable receptor a quien se le podría trasplantar el órgano.”
El reporte que Rodolfo Suárez Martínez, médico regulador de los servicios de urgencia, envió al secretario de Salud el pasado miércoles 15, al cierre de esta edición, confirma que el personal de la Cruz Verde intentó trasladar a la paciente al Hospital Civil el día 28 de julio “a las 11 horas con 50 minutos”.
En el documento se especifica que el diagnóstico era “EVC isquémico extenso en región occipital + Hipertensión arterial Sistémica descompensada. Fibrilación auricular + Edema Agudo Pulmonar. Paciente que ingresa con Glasgow de 09/15 intubada con asistencia ventilatoria. Se inicia su regulación alrededor de las 12:00 hrs., presentándose a HCN/UA donde no contestan en Subdirección Médica y Urgencias Adultos”.
Ese día, según la ficha del CETOT, hubo tres solicitudes, una de éstas al Hospital General de Occidente, y el 29 de julio cinco intentos más, hasta el 30 de julio, citando como última gestión a las “2:50 en el Civil, donde refirieron estar llenos por haber recibido dos pacientes”.
