Celso Humberto Rodríguez González, quien llegó a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJ) desde el 15 de diciembre de 2005, intenta relegirse por un bienio más pese a las corruptelas que ha instrumentado en ese órgano durante los últimos siete años, asegura Alfonso Partida Caballero.
Cercano al Grupo Universidad, Partida se queja de Rodríguez González porque, dice, el 25 de junio último vetó su nombramiento como integrante del Consejo de la Judicatura en el Congreso local, al interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que le impide ejercer el cargo.
Además, según él, el 5 de junio el Ejecutivo envió una iniciativa de reforma a la Constitución local detrás de la cual está el propio Rodríguez González. Su propósito, arguye, es modificar las reglas para la integración del Consejo de la Judicatura para “desvanecer el aspecto ciudadano” de ese órgano integrado actualmente por cinco miembros y encabezado precisamente por el presidente del tribunal.
En el fondo, dice, Rodríguez González pretende reservar una de las sillas para un enviado del gobernador. De esa manera la Judicatura quedaría conformada por dos consejeros de orientación ciudadana; uno más que represente los intereses de los jueces; otro elegido por el gobernador, y uno reservado para él.
Lo peor de todo, comenta Partida Caballero a Proceso Jalisco, es que los proyectos estratégicos del STJ están empantanados: la Ciudad Judicial, por ejemplo, ni siquiera cuenta con drenaje ni con permiso de habitabilidad; tampoco se ha renovado el Consejo de la Judicatura; los expedientes se acumulan en los juzgados; la corrupción, el tráfico de influencias y el nepotismo no cesan, y, por si fuera poco, el 8 de julio último –una semana después de la debacle panista –, Rodríguez González acudió a las oficinas del gobernador electo, el priista Jorge Aristóteles Sandoval, en “busca de apoyos”.
Partida Caballero asegura que esa visita es parte de una estrategia de Rodríguez González para asegurar su relección. En el tribunal, dice, otorgó alrededor de 40 plazas a su hermano Francisco Rodríguez González, quien se desempeña como velador, y a familiares de sus amigos, como Manuel Martínez Ramírez, hijo de José Martínez Aragón, el responsable de las finanzas del tribunal; a Bernardo Chávez, hermano de su esposa; y a su hijo Carlos Rodríguez Chávez.
Los diferendos con el magistrado presidente se agudizaron hace un par de meses, cuando fueron designados los nuevos consejeros ciudadanos a la Judicatura. Partida recuerda que en la primera y única sesión del Consejo de la Judicatura vigente realizada después del 25 de junio, él exigió al presidente del tribunal una auditoría a la nómina y los recursos del Poder Judicial.
A su vez, Carmelita Chávez, designada por el Congreso local e impugnada por Rodríguez González, propuso un manual para reglamentar las adquisiciones en el STJ, lo que motivó al funcionario a congelar a los recién electos consejeros.
Además, según el entrevistado, el tribunal está endeudado por todas partes: le debe 22 millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 40 millones al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 18 millones al Instituto de Pensiones (Ipejal). Tampoco informa sobre los gastos publicitarios en medios de comunicación; ni existen copias de cheques de las percepciones de los magistrados y funcionarios de primer nivel.
Ciudad atorada
Uno de los temas en los que el presidente y el tribunal salen mal parados es la construcción inconclusa de la Ciudad Judicial en la parte poniente de la zona metropolitana sobre una superficie de 65 mil metros cuadrados y con una inversión estimada, en febrero de 2007, de 325 millones de pesos. Hasta ahora, según el entrevistado, la obra está empantanada y se han invertido 800 millones de pesos y se necesitan, dice, otros 400 millones para echar andar el complejo judicial.
El inmueble, entregado a Rodríguez González desde el 11 febrero último por el gobernador Emilio González Márquez, cuenta con tres pisos que albergarán a 38 juzgados, un auditorio para 450 personas, dos salas de juntas, áreas de servicios y dos estacionamientos para cerca de mil 200 vehículos.
Han pasado seis meses y el inmueble sigue vacío, pues falta introducir un tramo de cinco kilómetros de drenaje, así como una conexión para redireccionar sus aguas negras a la Ciudad Granja, donde los vecinos ya manifestaron su inconformidad, y, según el entrevistado, la obra carece de permiso de habitabilidad y el tribunal aún no paga los impuestos para la conexión al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
La semana pasada, Rodríguez dijo desconocer ese trámite ante el SIAPA y los pagos a la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) para los permisos correspondientes, según informó Milenio Jalisco el lunes 13.
El litigante Luis Octavio Cotero Bernal, otro crítico de la gestión de Rodríguez González como titular del STJ, lo acusó de utilizar medidas legaloides para preservarse en el cargo y obstruir el desarrollo de los procesos de elección interna en esa dependencia. Asimismo, en 2011 promovió una solicitud de juicio político para sancionar al magistrado presidente.
