Los transportistas del estado no pueden confiar ni en sus socios. La mayoría de los integrantes del Grupo Jalisco demandaron a su mesa directiva por ocultarles el paradero de aproximadamente 240 millones de pesos que fueron aportando durante cinco años. Además, dice uno de los afectados, el presidente, el secretario y el tesorero traspasaron de modo ilegal una propiedad de la asociación y han manejado sospechosamente los servicios a los agremiados.
La mayoría de los socios fundadores del Grupo Jalisco de Transportistas A.C., denuncia que desde 2007 los integrantes de su mesa directiva les han ocultado el destino de aproximadamente 240 millones de pesos provenientes de sus aportaciones mensuales.
La asociación se fundó en 2002 con 17 socios y 215 agremiados, pero ahora tiene alrededor de mil 800 integrantes. Cada uno aporta 2 mil pesos mensuales, lo que suma cerca de 4 millones. Sin embargo, desde hace cinco años no tienen información sobre el paradero de esos fondos, que estiman en un total de 240 millones.
Como tampoco se han realizado asambleas generales, la mayoría de los socios fundadores, que tienen voz y voto, se reunieron a finales de 2011 para pedir cuentas sobre la posible inversión, así como los gastos y los ahorros efectuados con sus aportaciones mensuales, depositadas a través de la Mutualidad de Transporte Urbano de Jalisco (Mutujal).
Verbalmente le exigieron esa información a las cabezas del consejo directivo: su presidente, Óscar Aguayo Alvarado; el secretario, Efrén Castro Estrada, y el tesorero Fernando Manuel Soto Casillas. Sin embargo, relata el transportista y socio fundador del grupo, Liborio Barba Rodríguez: “Les pedimos cuentas y no nos las dieron. Es más, ¡se ampararon! Entonces respondimos de la misma manera y el caso se encuentra en juzgados”.
–¿En qué se gastan 4 millones de pesos al mes? –se le pregunta.
–Eso es lo que queremos saber. Por lo menos el juez (Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, del Juzgado Décimo Tercero de lo Civil del Estado de Jalisco) ordenó rendir cuentas de 2004 a la fecha. Hay que hacer una auditoría, porque, por ejemplo, Efrén Castro Estrada tiene tres o cuatro motocicletas Harley de modelos recientes, como siete automóviles, casa de campo y terrenos en varias partes; Óscar Aguayo Alvarado tiene por lo menos tres autos, también de modelos recientes, entre ellos una camioneta Ford Lobo y una Lincoln Navigator.
“Se les ve mucho dinero, pero desgraciadamente no dan cuentas. Sus cosas personales no nos interesan, pero sí todo lo referente a la mutualidad. Fernando Soto se puso listo y se hizo amigo de las autoridades estatales; tenía una ruta orillera y ahora posé una de las mejores, la 619 (de San Pedro Tlaquepaque a Tlajomulco de Zúñiga).”
En 2002 el Grupo Jalisco de Transportistas se conformó jurídicamente como asociación civil. Uno de los servicios que ofrece a los socios fundadores y los agremiados es la gestoría ante la Secretaría de Vialidad, a través de Mutujal, así como apoyo jurídico y económico en caso de percances de tránsito.
Óscar Aguayo Alvarado, Efrén Castro Estrada y Fernando Manuel Soto Casillas abrieron sus propios talleres de laminado y pintura, de modo que al prestar los servicios a los transportistas “ellos mismos se cobran, se pagan y se facturan”, comenta Barba Rodríguez.
Mientras Aguayo repara camiones, Castro y Soto reparan todos los percances a terceros. El taller de Soto está en la avenida Río Nilo, a media cuadra de la Calzada del Ejército, cerca de la antigua central camionera; el de Castro se llama Montecristo y se localiza en la colonia del Fresno; y Aguayo tiene sus instalaciones en la calle Juárez, de San Pedro Tlaquepaque, en los límites con Guadalajara.
La mensualidad en 2002 era de entre mil 300 y mil 400 pesos, pero entre 2008 y 2009 todas las unidades del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome) fueron aseguradas por Mutujal “y eso nos impactó –dice Barba Rodríguez– porque el prorrateo pasó a 2 mil pesos mensuales”.
Los socios del grupo desconocen en qué términos se adhirieron a Mutujal las unidades que dirige y administra el gobierno del Estado.
Traspaso ilegal
Además de negar información sobre los 240 millones de pesos, “ahora tenemos la noticia de que (los directivos del Grupo Jalisco de Transportistas) vaciaron las cuentas de Mutujal y crearon una nueva que se llama Mutjal. Le quitaron la letra ‘u’ para engañar al socio, dejaron las mismas oficinas, pero para mí es una simulación”, dice Liborio Barba.
En junio pasado, varios agremiados ya no pudieron depositar los 2 mil pesos correspondientes a la cuenta de Mutujal en el banco Santander porque simplemente ya no había cuenta, como les informó un empleado de la sucursal bancaria. Optaron entonces por depositar el dinero en la Secretaría de Finanzas del gobierno de Jalisco por indicación de sus abogados.
Las oficinas de la asociación están en la calle Europa número 1988, colonia La Loma, municipio de Guadalajara. El predio, que estaba a nombre del Grupo Jalisco, ahora pertenece nominalmente a Juan Francisco Orozco. “Ese movimiento se realizó también a espaldas de los socios. Orozco es un trabajador del grupo, un ajustador”.
A decir del entrevistado, los directivos Óscar Aguayo, Efrén Castro y Fernando Soto violaron los estatutos al realizar el traspaso de propietario sin convocar a una asamblea. “Nosotros los citamos en agosto de 2011 y, para protegerse, en febrero de 2012 protocolizaron una supuesta asamblea que según ellos hicieron en marzo de 2011.
–¿En qué tipo de documentos se basaron para el cambio de propietario de la finca? –se le plantea.
–En una protocolización fuera de tiempo. Yo fui al Registro Público de la Propiedad. La protocolización que registraron no tiene firmas, o quizá estén con su notario, si es que hay alguna. Y si acaso hay firmas, sólo están las de ellos tres, porque los demás estamos acá, reclamando. Ninguno de nosotros se enteró de esa asamblea. Es más, ni la hubo, para acabar pronto.
Agrega que, por estatutos, el Grupo Jalisco de Transportistas debe renovar su mesa directiva cada dos años, aunque puede haber reelección por un periodo más, es decir que el plazo máximo de una dirigencia es de cuatro años, “y estas personas ya llevan más de 10”.
Los expedientes
Los socios perjudicados presentaron una demanda ante el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil del Estado de Jalisco (expediente de origen 833/2011), cuyo titular, Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, ordenó el 1 de diciembre del año pasado “la práctica de una diligencia para que se exhiban en ese momento los instrumentos contables y se permita recabar copias simples de los mismos, y se apercibe que en caso de no exhibirlos en ese momento se impondrá una multa equivalente a 60 días de salario mínimo general vigente en la zona”.
En su alegato, el acusado Efrén Castro Estrada expuso que el 4 de octubre del 2011 la secretaria ejecutora del Juzgado Décimo Tercero de lo Civil se presentó en la calle Europa 1988, donde él la atendió personalmente y manifestó “no poder hacerlo (exhibir los documentos contables) en ese momento por no tenerlos en ese lugar”.
Esta declaración consta en la solicitud de juicio de garantías que conoció el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil de Jalisco, Carlos Ríos Díaz (expediente 1445/2011).
Según la copia de los expedientes que tiene este semanario, Castro Estrada respondió en el Juzgado Cuarto de Distrito que atendió a la funcionaria el 4 de octubre del 2011, pero la orden de exhibir documentación contable la dictó el Juzgado Décimo Tercero el 1 de diciembre.
En la misma solicitud, Castro Estrada argumentó “que para el ejercicio de la acción de rendición de cuentas no es necesaria la interpretación o requerimiento de exhibición de documentación contable, por lo que resulta ilegal la admisión a trámite de los medios preparatorios a juicio”.
El caso llegó hasta J. Guadalupe Bustamante Guerrero, juez segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con Residencia en Culiacán, Sinaloa (expediente auxiliar 66/2012).
El 7 de mayo de 2012 el juzgador dictó sentencia. Concedió la protección de la justicia federal para que el juez Décimo Tercero de lo Civil de Jalisco declare insubsistente el auto dictado el 1 de diciembre de 2011 en los medios preparatorios de juicio 833/2011 y emita otro en el que, siguiendo los lineamientos trazados en la sentencia, requiera a los futuros demandados por la exhibición de la documentación contable para que la muestren, “a menos que (ellos) aleguen alguna causa que justifique la no exhibición de la misma en forma definitiva”.
En agosto de 2011 los socios fundadores del Grupo Jalisco de Transportistas exigieron a Óscar Aguayo, Efrén Castro y Fernando Soto la rendición de cuentas y el proceso legal ya estaba en curso, pero el juez Décimo Tercero de lo Civil de Jalisco aún no dictaba sentencia. No obstante, el 6 de octubre siguiente los acusados acudieron a la notaría pública 21, en San Pedro Tlaquepaque, para formalizar ante su titular, José Antonio Jiménez González, la asociación civil Mutjal, en la que aparecen como socios únicos los tres acusados, como consta en la escritura 3821 del tomo VIII, libro cuarto.
La vocación de ocultar
Al buscar la versión de la contraparte, la reportera acudió alrededor de las 17:00 horas del 25 de julio al número 1988 de la calle Europa. El edificio tiene un frente de aproximadamente 10 metros con un cancel de metal y está equipado con cámaras de seguridad exteriores e interfón. Una placa confirma que es la sede de “Mutjal 2011”.
Al tocar el timbre contestó por el interfón una mujer que, sin abrir el cancel, se identificó como Pati Arias y aseguró que en ese momento no estaban presentes Óscar Aguayo, Fernando Soto ni Efrén Castro, ya que no tenían horario fijo.
Durante el breve diálogo llegó en un auto Nissan Tiida rojo con placas JHX 6715, del que descendió un hombre canoso, con cinturón piteado y botas, quien preguntó a la reportera “¿qué se le ofrece?”. La respuesta fue que se buscaba a los tres directivos señalados.
Entre tanto se abrió el cancel y después una puerta, por la que el señor entró. La reportera lo siguió adentro. Él se sentó frente a una de las secretarias y entonces Pati Arias se dirigió a la enviada de Proceso Jalisco: “Ya tengo sus datos, nosotros le llamamos”.
Afuera del inmueble se le preguntó a uno de los vecinos que presenció la escena: ¿conoce al señor que acaba de llegar?
–Sí –respondió con naturalidad–, es el señor Aguayo.
