Los problemas de movilidad, específicamente los de transporte público, han marcado las administraciones panistas en Jalisco. El estira y afloja de las autoridades municipales y estatales con los transportistas desembocó el lunes 13 en un paro que pronto se diluyó. Días después se repitió la historia de otros años: se anunció el incremento de tarifas, sin que los camioneros se comprometieran a mejorar el servicio. Es decir, ni empresarios ni gobierno tomaron en cuenta el interés del usuario.
A pesar de que el servicio del transporte público en el estado es de pésima calidad y ha causado la muerte de 30 personas en lo que va del año, la Comisión Tarifaria autorizó el miércoles 15 el incremento del pasaje de seis a siete pesos en la zona metropolitana, y de 5.50 a 6.50 en los demás.
La decisión se tomó en la Comisión Tarifaria con 24 votos a favor, dos abstenciones y cinco en contra. Los opositores argumentaron que se les avisó el día anterior a esa reunión, que calificaron de improvisada.
El alza se autorizó dos días después del paro al que convocó el líder de la Alianza de Camioneros, Jorge Higareda, para presionar a las autoridades y que afectó a miles de ciudadanos.
Conocedor del costo político de la medida, el gobernador Emilio González maniobró con el Congreso para que le quitara la responsabilidad de autorizar el aumento. El martes 14, los legisladores aprobaron el decreto que reformó la Ley General de los Servicios de Vialidad y Tránsito de Jalisco para sacar al mandatario de la Comisión Tarifaria. Al día siguiente González Márquez lo publicó en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco para que entrara en vigor de inmediato. Alrededor de las 13:30 horas del mismo día se dio a conocer el aumento de tarifas.
No obstante, en la reforma se le concede al gobernador la posibilidad de intervenir en el incremento a las tarifas cuando “exista una causa de interés público (…) o con motivo de calamidades públicas que afecten a grupos sociales, comunidades o regiones del estado”.
Para José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana –asociación que apoya las demandas de grupos de discapacitados–, el transporte en la entidad es un servicio costoso, de mala calidad, contaminante y peligroso, ya que en los recientes 15 años, bajo administraciones panistas, ha ocasionado mil 63 muertes.
Añade que hasta ahora para los afectados ha sido muy difícil lograr la reparación de daño, a pesar de que en 2005 se creó el Consejo para la Atención de las Víctimas del Transporte Público (CAVTP).
De acuerdo con información obtenida por la Ley de Transparencia, este organismo integrado por representantes de cúpulas empresariales, autoridades y transportistas, ni siquiera cuenta con información básica para su funcionamiento, como el número de personas con lesiones permanentes, a cuántas se apoyó con gastos funerarios o recibieron indemnización y atención psicológica.
Lo que sí registra el CAVTP es que desde 2005 hasta julio pasado han fallecido 308 personas en hechos relacionados con el transporte público, en tanto que 8 mil 55 resultaron con lesiones; mientras que en 2011 se registraron 540 accidentes con un saldo de 47 muertos y 941 lesionados, 67 de ellos graves. En 32 defunciones se consignó que la responsabilidad era del conductor y sólo en una se estableció que la responsabilidad fue compartida.
De los fallecidos el año pasado, 10 tenían entre 31 y 40 años; 12 entre 71 y 90; seis de 11 a 20, seis entre 21 y 30, y tres menores de 10 años. El CAVTP reveló que 30 de los fallecidos en 2011 eran varones.
Gutiérrez señala que el CAVTP es una institución con procesos lentos, a la que urge integrar en su junta de gobierno a especialistas, universidades, organizaciones no gubernamentales, psicólogos, médicos y medios de comunicación.
En mayo pasado, la Red Ciudadana le envió al gobernador un tercer comunicado para insistirle en que la actual conformación de la junta de gobierno favorece las decisiones empresariales y carece de una verdadera representación de la sociedad.
Según el acuerdo de creación del CAVTP en enero de 2005, el organismo incluía al mandatario como presidente, siete representantes de las empresas transportistas (entre ellas el Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana y las privadas), además de los secretarios de Vialidad y de Salud, el procurador de justicia, un integrante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en el estado y otro del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ).
En su comunicado, la Red Ciudadana señaló que la Agencia 20/C Transporte Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado intimida, desorienta y condiciona el apoyo a las víctimas y a sus familiares.
Improvisación en el CAVTP
Más de tres meses transcurrieron para que un transportista indemnizara a la familia de Emmanuel Sánchez Correa, de 19 años, a quien el 12 de marzo pasado atropelló un minibús en el cruce de Belisario Domínguez y Gigantes cuando él iba en una motocicleta. Su hermana, Marisol Sánchez, no conocía entonces la existencia del CAVTP.
En plena tramitología ante la procuraduría y el penal de Puente Grande para dar seguimiento a la denuncia que interpuso contra el conductor del minibús, la familia se enteró por medio de la Red Ciudadana de que la Mutualidad de Jalisco (Mutujal), a la que pertenecen varios transportistas, dispone de una bolsa para solventar los gastos de las víctimas en caso de fallecimiento o lesiones por accidentes de tránsito.
La familia Sánchez se enteró de la muerte de Emmanuel en un noticiario televisivo que lo designó como la décima víctima del transporte público en lo que iba del año. El personal de la procuraduría llegó a su casa alrededor de las 10 de la noche, siete horas después de los hechos. “¿Cómo es posible que no nos encuentren, si él traía su identificación y su licencia con la dirección de la casa?”, cuestiona Marisol.
Sin embargo, sólo el 15 de mayo, el día siguiente de que amigos y parientes del fallecido se manifestaran frente al edificio de la Secretaría de Salud, donde sesiona el CAVTP, “mágicamente” los llamó una persona de Mutujal para disculparse por no atenderlos inmediatamente. El acta constitutiva del organismo establece que en el momento mismo del accidente, sin pérdida de tiempo, deberá apoyarse a la víctima para su revisión física, atención hospitalaria, intervención quirúrgica y, en su caso, con los gastos del funeral.
Para Marisol, el proceso jurídico fue desgastante e incomprensible por la falta de asesoría jurídica. Recuerda que cuando un agente del Ministerio Público aclaró que el juicio no garantizaba que el chofer que atropelló a su hermano fuera a prisión, la familia pidió asistencia a la Red Ciudadana.
No obstante que los Sánchez llegaron a un arreglo con Mutujal para desistirse de la denuncia, la mutualidad de transporte amenazó varias veces con retirarles el apoyo porque sus directivos se sintieron atacados con las notas periodísticas y no querían negociar con la Red Ciudadana.
El lunes 13, al menos 60 rutas de la Alianza de Camioneros y la Confederación de Trabajadores de México realizaron un paro de unidades e intentaron ingresar al primer cuadro de la ciudad, pero fueron detenidos en la glorieta de La Normal.
Con el fin de atenuar la situación de los usuarios, autoridades municipales facilitaron vehículos oficiales y hasta patrullas para llevar a cuantas personas pudieran a sus destinos.
El mismo día, el gobernador Emilio González inauguró el puente vehicular Juan Pablo II. En su mensaje mencionó de paso la situación y le atribuyó la responsabilidad del aumento de tarifas a los ayuntamientos de la zona metropolitana, que tienen un lugar en la Comisión Tarifaria.
Desde el lunes 13 varias organizaciones civiles, autoridades, empresarios y líderes camioneros expresaron sus opiniones y, salvo los transportistas, el consenso es que no existen las condiciones para hacer viable el nuevo incremento.
Por ejemplo, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Marco Antonio Núñez, se quejó de que la Comisión Tarifaria obedece a intereses empresariales y advirtió que su organización no avalará la medida. A su vez, el secretario general de la Federación General de Trabajadores del Estado y sus Municipios (FGTEM), Cuauhtémoc Peña Cortés, dice que en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje los choferes son amedrentados en porque exigen mejores condiciones de trabajo. Según él, los propios abogados de este organismo les advierten que si demandan a sus patrones no ganarán.
Una de las modificaciones que los diputados le hicieron a la Comisión Tarifaria consiste en incluir a representantes de las personas con discapacidad y los usuarios del transporte público, pero José de Jesús Gutiérrez manifiesta que este solo hecho no es para festejar, sino que falta conocer quiénes son esos nuevos integrantes.
Sin compromisos
Fue el gobernador Francisco Ramírez Acuña quien aprobó el incremento de tarifas en 2001, de 3 a 3.50 pesos, a condición de que cumplieran 16 medidas para mejorar el servicio. Han pasado 11 años y algunas de ellas siguen sin aplicarse.
Se pidió, entre otras cosas, que los conductores se vistieran de forma impecable, el uso obligatorio de un regulador de velocidad, la limpieza de las unidades y revisar los horarios de trabajo.
Para 2005 se incrementó el pasaje a cuatro pesos, y se puso como condición que 10% del parque vehicular de cada ruta instalara una rampa para discapacitados y estableciera un sistema de prepago para evitar que los conductores se disputaran el pasaje en carreras. En 2010, con el fin de que el pasaje pasara de cinco a seis pesos, se exigió que los transportistas unificaran la apariencia de todas las unidades y, por segunda ocasión, que todos los camiones operaran, bajo el sistema de prepago.
Asimismo, el año pasado, el Ejecutivo subsidió con 70 millones de pesos a 5 mil unidades para frenar temporalmente las presiones de los transportistas para conseguir un nuevo incremento. El subsidio concluyó el pasado 31 de julio y las exigencias de los transportistas volvieron a desbordarse.
Liborio Barba, uno de los fundadores de Mutujal, asegura que en 2000, cuando empezaron a trabajar con ese organismo, no existían tantos accidentes de tránsito. Atribuye la multiplicación de los mismos al aumento de la densidad vehicular en la zona metropolitana.
Según Barba, el motivo por el cual se creó Mutujal es que las aseguradoras no querían hacerse cargo de la atención a las víctimas y pretendían deslindarse obteniendo el máximo beneficio. Además, dice, nunca se ha comprobado científicamente que el sistema de cobro actual, en el que los choferes reciben el dinero mientras conducen, sea determinante para que ocurran accidentes.
Destaca Barba que antes de 2006 nunca recibieron quejas de personas no atendidas por Mutujal después de sufrir un accidente. Reconoce que el servicio que brindan los transportistas de la entidad no es óptimo, pero corresponsabiliza a las autoridades, que sólo se dedican a infraccionar, retirar las unidades al corralón y presionar a los conductores.
Señala también, como ejemplo de las prioridades de la autoridad, que se vendieron alrededor de 400 permisos para operar camiones, a 400 mil pesos cada uno.
Entrevistado por Proceso Jalisco, el secretario de Vialidad del estado, Diego Monraz, afirmó que los 16 compromisos firmados por los transportistas tienen el carácter de sugerencias y no se ha incluido en la Ley de los Servicios de Vialidad.
Para Monraz, la responsabilidad por las condiciones precarias del transporte público recae en el Congreso local, ya que no ha impulsado reformas para cambiar el actual modelo de hombre-camión al de ruta- empresa, que según él ayudaría a tener un servicio más económico, seguro y de calidad.
