¡Cuán traumático nos resulta ya el esfuerzo ciudadano por meter en cintura a los hombres que arriban al Poder Legislativo en el estado! Turbio es el método utilizado para trepar a las curules, lacra que comparten con el resto del bestiario político nacional. Escaso o nulo resulta también su desempeño profesional en el puesto, si bien tampoco es deficiencia exclusiva suya. Aunque de nada nos sirve a los ciudadanos saber que todos nuestros políticos adolecen de lo mismo. Comparten nuestros diputados locales cuanta falla habida y por haber señalemos a la fauna política en general. Pero, aparte de los lunares comunes, paran el dedo en el manejo sucio de las partidas asignadas para que funcionen como instituto colegiado. Por más que se les señalan los yerros, poco o nada corrigen. Una y otra vez se les cogen los dedos contra la puerta, sin que pongan remedio. Para dar base sólida a esta afirmación vayamos a los números, con los que es más difícil mentir.
En 2004 un diputado recibía de dieta 715 pesos al día. Para 2007 lo incrementaron a 3 mil 618 diarios. Por concepto de erogaciones parlamentarias extraordinarias, el dinero de los partidos subió de 31.4 millones de pesos a 97.18 millones de pesos en el mismo periodo. Todo el tiempo se vio la Legislatura 57 envuelta en escándalos como el llamado bono etílico, la compra de vehículos lujosos y los derroches faraónicos nunca comprobados. Así lo señaló en su momento el Congreso Ciudadano de Jalisco (CCJ), un organismo de la sociedad civil creado para evaluar el desempeño de nuestros funcionarios públicos (El blog de Anca, 2 de enero de 2012).
La Legislatura 58 no corrigió este manejo insaciable e inescrupuloso, sino que aportó su granito de arena para hacer más alto el monte. De 800 trabajadores que se empleaban para las tareas del Congreso, infló la nómina a mil 400. En este periodo se hizo público el escándalo por los pagos del auditor superior del estado, Alonso Godoy Pelayo, que hasta la fecha no se aclara. Por supuesto que, con tamaños apoyos, el auditor sigue firme en su puesto hasta hoy, a pesar de los señalamientos de corrupción en su contra. Si no contara con la connivencia y el aval de los legisladores actuales, aunque sus dagas se finquen en la legislatura pasada, desde cuándo le hubieran dado piso. Si sigue ahí tan campante por algo será.
De los manejos oscuros señalados a la Legislatura 58, el más sonado es el de la transferencia por más de 90 millones de pesos de la cuenta bancaria del Congreso a las cuentas personales de los seis coordinadores de las fracciones. Jorge Salinas Osornio (PAN) recibió 10.4 millones; a José García, tesorero del PAN, le embolsaron 26.6. Los del PRI (Juan Carlos Castellanos, Gloria Rojas y Javier Galván) se enchalecaron también 26.6 millones. A Samuel Romero Valle (PRD) le tocaron 10.3 millones; Juan Oscar Díaz (Panal), 7.7 kilos; Alfredo Zárate ( PT) se sacrificó con 6.1 millones y, para cerrar la lista, Luis Manuel Vélez (PVEM) se levantó otros 6.1 kilos. En diciembre de 2010 el CCJ interpuso ante la Comisión de Responsabilidades una demanda de juicio político contra todos ellos por recibir estos pagos; a la fecha tal demanda no ha procedido (El blog de Anca, 2 de enero). Y como dijo don Teofilito.
A la legislatura actual (la 59) le tronó la bomba del auditor Godoy Pelayo, quien, como ya quedó dicho, es inamovible. También le estalló el cohetón por la acusación de gastos excesivos del secretario General del Congreso, Carlos Corona, quien tuvo que ser removido y sustituido por José Manuel Correa, aunque no se sabe de proceso alguno incoado en su contra. Pero el manejo desaseado de los recursos se les volvió una pesadilla por los meses de noviembre y diciembre del año pasado. El Congreso reveló que se le habían acabado los 762 millones de pesos de presupuesto y que no tenían para pagarles a sus mil 400 trabajadores, incluidos los diputados. O sea que se gastaron las perlas de la virgen. Pero ¿a quién se le ocurre acabarse el fondo en la primera sentada y no guardar recursos para el término de la jornada? Vino a resolverles el desfalco el gobernador Emilio González, con la entrega de una partida especial de 200 millones. No fue gratuita. Le modificaron a cambio la Ley de Transparencia, por la que se penaliza ahora a los ciudadanos que se interesen por difundir las informaciones pecuniarias que los hombres del gobierno consideren reservadas.
Así avanza nuestra bella democracia, en la que los patos les tiran a las escopetas. Y todavía exigen que les aplaudamos. El escándalo más reciente tiene que ver con la negativa a pagarle 58 millones de pesos al despacho López Castro, al que contrataron para que revisara las cuentas de 2006 a 2009. Según se ha dicho, la empresa logró limpiar montos y recuperarles 92.6 millones, pero ahora el diputado Roberto Marrufo, coordinador de la bancada del PRI, alega que el dinero recuperado nunca entró a las arcas del Congreso y que, por tanto, no le pagarán lo acordado. “El priista además deslizó la idea de que detrás de este asunto podría haber una red de complicidades que involucraría a personas del Congreso, al propio despacho contable e incluso a personal de la SHCP” (La Jornada Jalisco, 3 de agosto de 2012).
Entrevistado sobre este asunto, el abogado de la empresa, Filiberto Ruiz Gómez, sostiene que el Congreso firmó un “contrato de revisión de erogaciones” en los pagos del ISPT ante la SHCP. Ésta detectó en los documentos un monto por 92 millones a favor del Congreso. O sea que la empresa sí realizó la tarea. Como había excedente para bonificar a favor del Congreso, los recibos de 2010 debían haber salido en ceros; sin embargo, los pagos mensuales de 2010 a la SHCP estuvieron saliendo del Congreso no en ceros sino con cifras corrientes. Y se pregunta el entrevistado: “Si había compensación, ¿por qué sacaban dinero del Congreso? ¿A dónde se fue ese dinero, si no lo pagaban (a la SHCP)? (Los documentos probatorios de las compensaciones) se encuentran en el expediente 242 de 2010, en el juicio que se tramitó ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil… También hay documentos que prueban que sí salía el dinero de las arcas del Congreso aunque presentaban sus estados de cuenta en ceros”. (La Jornada Jalisco, 11 de agosto de 2012.)
¿Nos reservarán aún más sorpresas estos danzantes sin conchinchi en que están convertidos nuestros diputados locales?
