Representantes del Movimiento Ciudadano temen que el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado (TEPJE) actúe de manera parcial con tal de favorecer al PRI con relación a los dos recursos que interpuso la organización: uno encaminado a invalidar la elección estatal y otro para impugnar la distribución de las diputaciones plurinominales.
“En el caso remoto” de que el fallo del tribunal sea favorable al MC, el principal afectado sería el PRI, pues podría perder la elección estatal y la mayoría simple en el Congreso local, comenta Clemente Castañeda Hoeflich, quien coordinó la campaña del candidato a la gubernatura Enrique Alfaro Ramírez.
Castañeda, quien ocupará una banca en la próxima Legislatura local, habla sobre la actuación del TEPJE e insiste en que tiene sus dudas sobre la neutralidad. Y expone su propio caso:
“Con cuatro votos a favor y uno en contra –el del entonces presidente del órgano electoral, Guillermo Meza García– los magistrados le dieron la razón a Eduardo Fernández Pérez para ocupar el primer lugar en la lista de los diputados de representación proporcional del MC, cuando él estaba en esa posición.”
Esa anomalía, dijo, lo llevó a promover ante la sala regional del tribunal en Guadalajara un juicio para proteger sus derechos políticos electorales y revirtió la resolución del TEPJE.
En esa ocasión, relata Castañeda, el magistrado del tribunal Luis Antonio Corona Nakamura, hermano de la exregidora y exdiputada priista Rocío Corona– emitió una sentencia “similar a la de un estudiante de primero de derecho, malhecha, sin un argumento consistente, con una interpretación sesgada y tramposa de la ley. Fue una vergüenza la sentencia, así como el aval de los magistrados”.
De ahí su desconfianza hacia el tribunal en el caso de las dos inconformidades presentadas. Y aunque asegura mantener la esperanza de que los criterios políticos no prevalezcan en estos casos, advierte: “Sabemos que los acaban de ratificar y probablemente puede haber ciertos compromisos o condicionantes. Sin embargo, también creo que en el tribunal estatal hay gente honorable que respeta el Estado de derecho”.
El TEPJE está integrado por cinco magistrados: Gonzalo Julián, Rosa Hernández, Guillermo Meza García, Antonio Corona Nakamura, Rubén Vázquez y José de Jesús Reynoso Loza, quien lo preside desde finales de mayo pasado.
Castañeda subraya que la razón jurídica está del lado del MC en los dos juicios interpuestos, pero advierte que si el resultado del tribunal es desfavorable, se recurrirá a otras instancias jurídicas, incluida la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), hasta lograr que se limpie la elección.
Y si los magistrados del tribunal estatal no le dan la razón jurídica al MC, agrega, estarían cometiendo “una falta gravísima que va a sentar un precedente de grandes dimensiones y ellos van a ser corresponsales de lo que pueda suceder”.
El movimiento basa su inconformidad electoral en los siguientes argumentos: inequidad en el acceso a medios de comunicación, omisión de la autoridad electoral para detener la guerra sucia que desprestigió al candidato Enrique Alfaro, uso de recursos públicos de la Universidad de Guadalajara para promover al candidato priista y rebasar el tope presupuestal de campaña.
Con respecto al último punto, el MC alega que el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz rebasó por mucho el tope de su campaña que fue de 22.5 millones de pesos.
“Simplemente con espectaculares y con insertos en los periódicos los 23 millones de pesos están rebasados; a eso hay que sumarle otros gastos de la campaña… Por eso documentamos (las inconformidades) con una fe notarial de los espectaculares y de los insertos en los periódicos, pues se pueden fiscalizar y son contables”, asegura Castañeda.
Según él, Aristóteles Sandoval “se voló la barda por mucho”, pero desgraciadamente no tenemos todos los elementos para comprobar el monto. Y aunque es una presunción, pensamos que pudo haberse gastado “casi 500 millones de pesos”, lo que es un exceso.
Lo que sí puede comprobarse, dice, es que se trasmitían 10 spots de Aristóteles en los medios de comunicación electrónicos, contra uno de Enrique Alfaro.
Complicidades
Clemente Castañeda dice que no se explica la actuación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) durante la campaña, pues cuando él y Alfaro, denunciaron los actos de guerra sucia, esa instancia aplicó una multa de 60 mil 570 pesos tanto al movimiento como al candidato. Además, la sanción que fue ratificada por el TEPJE.
Es absurdo que “quien denunció y fue víctima de la guerra sucia terminara multado. Como autoridad, el instituto permitió, promovió y justificó la guerra sucia. Eso nos parece una aberración. El alegato del PRI fue escandaloso, resulta que ese partido nos acusó de daño moral. Como si realmente lo tuviera”, resume Castañeda.
Por ello, el MC ya apeló ante las instancias federales para revertir la multa.
El otro eje de la impugnación tiene que ver con la intromisión de instituciones públicas como la Universidad de Guadalajara (UdeG), cuyos directivos publicaron un desplegado en el que intentaron vincular a Enrique Alfaro con la Federación de Estudiantes de Guadalajara.
Es lamentable que “una institución bicentenaria, de gran prestigio nacional, cuide los intereses políticos del PRI y de Aristóteles”, asegura.
E insiste: en caso de que el TEPJE no tome en cuenta los elementos de prueba y “su resolución no sea lo suficientemente consistente y fuerte para anular una elección”, las inconformidades del MC se presentarán ante el TEPJF.
Con respecto a la conformación del Congreso local, donde el tribunal otorgó la mayoría al PRI, el MC decidió impugnar. A su juicio, debe restársele al PRI una diputación de mayoría, la del distrito 17, y otorgársela al PVEM, que formó coalición con el PRI, partido que pretende adjudicársela y con ello tener mayoría simple en el Poder Legislativo.
“Presentamos el recurso de impugnación contra los criterios que utilizó el IEPC para distribuir las diputaciones plurinominales. El instituto construyó una mayoría al PRI en el Congreso que no ganó en las urnas”, insnste Castañeda.
Y precisa: “Estamos solicitando al tribunal electoral que haga una reinterpretación de la asignación de los diputados de representación proporcional, porque al Movimiento Ciudadano le corresponden seis: cinco de representación proporcional y el que ganó de mayoría”.
Comenta que el IEPC “mañosamente le da un diputado extra al PRI, “con una interpretación que se sacaron del cajón. Nuestro argumento es que no puede haber un acuerdo entre partidos por encima de la voluntad popular”.
Destaca Castañeda que “la trascendencia de que le quiten al Movimiento Ciudadano un diputado es que se corre el riesgo de que si Aristóteles es declarado gobernador por el tribunal tenga una mayoría cómoda en el Poder Legislativo, y eso no le conviene ni siquiera al propio PRI en términos de productividad.
“Al estado le conviene más un gobierno dividido que uno unificado. El Poder Legislativo puede ser un buen contrapeso y no hay cosa más sana que tener contrapesos.”
Los integrantes de la LX Legislatura local entrarán en funciones el 1 de noviembre. Hasta ahora, según los resultados electorales, el PRI tiene 17 diputados, el PAN 14, el MC cinco, el PRD dos y el PVEM 1.
De formarse una alianza PRI-PRD-PVEM, el bloque tendría 20 legisladores, contra 19 del PAN y del MC.
Castañeda sostiene que si el tribunal electoral no da la razón jurídica al MC, acudirá a la sala regional del TEPJF en Guadalajara.
