Su vida ha estado llena de contrastes. Desde que nació, sus padres lo “regalaron” tres veces, pero siempre regresaba. A los siete años abandonó la casa familiar y anduvo vagando, hasta que encontró trabajo en el circo Atayde Hermanos, donde estuvo 30 años. Durante años invirtió su dinero en terrenos y llegó a tener 80 hectáreas. Pero en 1999, a raíz de un plagio, comenzó su infortunio…
Los infortunios de don Antonio Cerda Fuentes, quien hoy tiene 78 años, se iniciaron en 1999, cuando fue secuestrado y golpeado por sus captores, quienes le exigieron 170 mil dólares para dejarlo en libertad aunque al final se conformaron con 9 mil dólares. Para pagar esa cantidad tuvo que vender algunas de sus numerosas propiedades, asegura la abogada Gabriela Vivanco, quien hoy defiende su caso ante la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ).
En la averiguación correspondiente (la 3324/2011-A) arguye que don Antonio fue víctima de secuestro, extorsión, fraude, simulación de actos jurídicos, administración fraudulenta, despojo, robo, falsificación de documentos, asociación delictuosa y delincuencia organizada.
Entre los presuntos implicados en esos delitos, con excepción del plagio, la litigante menciona a Francisco Gabriel Campirano Marín, José Rodríguez Rivera, José Luis Contreras Ramírez, Calixto López Venegas (ya fallecido), Alfonso Orozco Monroy e Irineo Ortiz Islas.
Ortiz Islas, quien presume ser compadre del alcalde de Tonalá, Antonio Mateos Nuño y, según la querella, posee 70% de los terrenos de don Antonio. Algunos de los predios fueron habilitados por él como comercios y hoy los tiene en arriendo. Además, falseó documentos, para quedarse con la casa que habita y que presuntamente “fue donada” al ayuntamiento tonalense en 1985 mediante una transmisión patrimonial que, dice la abogada, es falsa.
Ese incidente y un secuestro previo que sufrió don Antonio a principios de 1999 lo motivaron a salir de la ciudad para refugiarse en Silao, Guanajuato. Por aquella fecha se había hecho ya de una pequeña fortuna con la venta de los terrenos que compró entre 1972 y 1973 a la señora María Barba Adame por la cantidad de 500 mil pesos: 18 predios rústicos, dos solares y tres fincas urbanas localizadas en la población de Santa Cruz de las Huertas, municipio de Tonalá, que en conjunto sumaban más de 80 hectáreas.
Después del secuestro, don Antonio se fue a Colima, donde estaba su esposa, Aurora Alcaraz, y comenzó a vender sus propiedades. Al principio tuvo problemas con un comprador, quien lo demandó porque la antena parabólica no funcionó. El Ministerio Público ordenó el arresto de la pareja, la cual estuvo en prisión hasta que pagó la fianza luego de la venta de una camioneta.
Don Antonio y su esposa quedaron en la ruina y decidieron irse a Silao, Guanajuato, donde sobreviven de la venta de las pulseras que él elabora. Luego le diagnosticaron cáncer de mama a su esposa, incluso le extirparon un seno en septiembre de 1999. Desde entonces recibe sesiones de quimioterapia para evitar que la enfermedad siga propagándose.
Como dejó Jalisco, a don Antonio lo dieron por muerto. Según la AP3324/2011-A, en una ocasión su esposa fue a cobrarle un adeudo a Ortiz Islas por el predio que le vendió. El aludido se negó a pagarle y le dijo que don Antonio ya había fallecido.
Incluso le mostró la página de un diario de Monterrey en el que aparecía una esquela en la cual se decía que él había “fallecido el 26 de mayo de 1989 a las 18:00 horas”. El cuerpo, agregaba, “se velará en la funeraria Zapiain Villagrán y Modesto Arreola. Será sepultado en el panteón de Dolores y la misa será en la capilla del panteón”.
Según don Antonio, Ortiz Islas “argumentó que yo ya había muerto y en ese momento este señor sacó una pistola para correr a mi esposa Aurora”.
El fraude
Don Antonio intenta recuperar parte de lo que, dice, le fue robado. En mayo de 2011 contrató al despacho de Vivanco, que de inmediato presentó la demanda de su cliente ante la PGJ). Incluso ya rescató un predio de 2 hectáreas en la avenida Tonalá, cerca de la Nueva Central Camionera.
En esa zona, conocida como Ciudad Aztlán, hoy se asienta una colonia con 5 mil habitantes. Don Antonio vendió a decenas de personas a través de intermediarios y con contratos privados. Sin embargo, aclara que nunca autorizó la venta de ningún predio durante su ausencia, mucho menos que se firmaran documentos en blanco.
Sin embargo, algunos, como Calixto López Venegas, Antonio Nuño Navarro, José Rodríguez Rivera y Francisco Gabriel Campirano Marín consiguieron en la notaría número 5 poderes plenipotenciarios para pleitos y cobranzas, vender los inmuebles; así como entregar la posesión, firmar y otorgar recibos, escrituras y cuantos documentos públicos o privados se requieran. La notaría pertenece al licenciado Ismael E. Yáñez Centeno y se ubica en Colima.
Las actas simulan actos jurídicos en los que se pretende hacer creer que don Antonio y su esposa firmaron de consentimiento, lo cual nunca ocurrió, pues ellos vivían en Silao, dice la abogada Vivanco; en el caso de Ortiz Islas, agrega, recurrió a la certificación de hechos, es decir, solicitó a un notario público que diera fe de que tenía la posesión de predios.
De esa manera se apropió de varios terrenos de don Antonio, incluida la finca de avenida Tonalá números 1155 y 1155-A, que presuntamente “donó” su propietario original al ayuntamiento tonalense cuando estuvo al frente el priista Marcos Arana Cervantes (1983-1985). Hoy, Ruiz Islas vive en ese domicilio. Vivanco se cuestiona: si las fincas fueron “trasmisiones patrimoniales”, por qué las autoridades municipales permitieron que un particular se metiera a vivir ahí.
En esa misma arteria, en el número 2665, que también era de don Antonio, Ortiz construyó el salón de eventos llamado Quinta Santa Catalina. Y, según la abogada, también puso en renta otros predios y está en negociaciones con el ayuntamiento de Tonalá para levantar una gasolinera.
El presunto “compadre” del alcalde Antonio Mateos Nuño, también le arrebató a la señora María Luisa González Cruz el predio de 300 metros cuadrados anexo a su domicilio para convertirlo en su propio estacionamiento. Le puso pavimento e instaló luminarias y bautizó a su nueva adquisición como Privada Malinche.
González Cruz y su familia muestran al reportero copia de los recibos del predial que los avala como propietario de ese terreno que, dicen, compraron a don Antonio. El último data de 2008 y tiene el folio A705301. Ella comenta que Ortiz derribó una finca, una barda perimetral y unos árboles que tenían más de 10 años.
“Vino un director del ayuntamiento y nos dijo que no lo identificáramos, que a él nada más lo mandaban, pero que Irineo había pagado al síndico (Édgar Oswaldo Bañales Orozco) para hacer eso”, asegura Elba Ruth Sánchez González, hija de María Luisa.
“Todo comenzó un día que él vino y le dijo mi mamá: ‘Me das la mitad del terreno o atente a las consecuencias. Y esas fueron las consecuencias’: tumbó la casa, tumbó árboles, sacó animales, sacó a una familia, mi hermano vivía ahí en esa casa. Se quedaron hasta con la malla ciclónica”, apunta Elba.
Y cuando María Luisa pidió explicaciones al síndico, él le respondió que mejor consiguiera “un buen abogado”.
Vivanco señala que Marcos Arana Cervantes, actual director de catastro en el municipio ha avalado todas las tropelías cometidas contra don Antonio. Refiere, por ejemplo, que en una ocasión les advirtió que sólo mediante una orden judicial le entregaría los documentos que le pidieron, a pesar de que éstos son de carácter público.
Arana ha estado implicado en varios despojos de tierras. El 28 de junio de 2011, por ejemplo, indígenas de la comunidad El Rosario lo señalaron de sacar de sus predios a 300 familias en connivencia con Jorge Arana Arana y Ramiro Hernández, quienes ganaron los comicios del pasado 1 de julio y ocuparán en los próximos meses las alcaldías de Tonalá y Guadalajara, respectivamente.
En esa ocasión, el líder de los agraviados, Octavio Cruz Espinoza, manifestó que Marcos Arana registra “títulos espurios y solapa invasiones”.
El pasado 26 de mayo una veintena de personas se reunieron con la abogada Gabriela Vivanco, don Antonio y su esposa para afinar detalles de la escrituración de sus predios, pues hasta la fecha no están regularizados. El septuagenario les firmó una ratificación de compra-venta para garantizarles la posesión de los terrenos.
Algunos de casatenientes relatan que don Antonio les vendió los terrenos, por lo que durante meses rechazaron a dos sujetos –uno de ellos llamado Ramón Garibay– que les aseguraban que ellos podían regularizar sus propiedades a cambio de una suma de dinero.
Vivanco asegura que, Gloria Leticia Echeverría Gómez, una ahijada de don Antonio que trabaja en un despacho jurídico, ayudó a Ruiz Islas a realizar las “trasmisiones patrimoniales” a su favor. Comenta también que, aun cuando no los menciona en la denuncia penal, la querella incluye a Eduardo Ramírez Bobadilla, Roberto Aldrete y María de la Luz Luna Macías, quienes actuaron de manera similar a la de Irineo Ruiz.
En avenida Tonalá, principal ruta de ingreso al municipio tonalense, el metro cuadrado se cotiza en 900 pesos. Uno de los terrenos más valiosos que disputa el despacho de Vivanco mide 8 mil 400 metros cuadrados y está en poder de Inmobiliaria Capomo, cuyos propietarios comenzaron a construir un coto residencial sobre las calles de Texcoco y Quetzalcóatl dentro de la colonia Ciudad Aztlán.
De acuerdo con la abogada de don Antonio, el ayuntamiento modificó las claves catastrales de manera intencional para que la urbanizadora se apropiara de ese espacio. Además, falsificaron la firma de su cliente.
Dice que pudo comprobar ese ilícito con la ayuda del Miguel Ángel Lomelí García, perito autorizado por el consejo general del Poder Judicial y del Supremo Tribunal de Justicia, quien demostró que las rúbricas analizadas no proceden del puño y letra de don Antonio.
Una vida azarosa
Don Antonio Cerda Fuentes nació en Monterrey, Nuevo León, en 1934. La precariedad en la que vivía su familia movió a sus padres a regalado en tres ocasiones, incluso estuvo durante un tiempo en casa de una de sus hermanas, donde, dice, pasó una de sus peores temporadas. Pero siempre regresaba al hogar materno.
A los siete años se escapó y ya no volvió. Comenzó a trabajar, recuerda, por “un miserable taco de comida”. Aun siendo niño se internó en territorio estadunidense, escondido en un vagón del ferrocarril. Luego de regresó.
Su primer trabajo formal lo consiguió como ayudante en el famoso Circo Atayde Hermanos, donde permaneció 30 años. Conoció Laredo, Matamoros, Tampico, Colima, León, la Ciudad de México y Guadalajara gracias a los viajes que hacía la compañía.
Con sus ahorros comenzó a comprar terrenos. En uno de sus viajes Ciudad Guzmán don Antonio conoció a Aurora Alcaraz, con quien se casó el 15 de mayo de 1979.
Los viajes le impedían supervisar sus terrenos, dice. Su esposa no sabía que era propietario de 80 hectáreas distribuidas en diferentes sitios de Tonalá. Llevaban meses de casados cuando un día de 1980 le habló por primera vez a su esposa de ese patrimonio. Y viajaron al municipio.
Al llegar encontraron que parte de sus predios eran utilizados por los lugareños para sembrar maíz. Don Antonio dice que uno de ellos se le acercó y, tras explicarle el problema, le aconsejó fraccionar el predio y venderlo. Y así lo hizo.
Sin embargo, al poco tiempo aparecieron las personas a las que ahora está demandando. Le aseguraron que ellos podrían ayudarle a vender los terrenos. Al final, dice, lo llevaron a la ruina. Irineo Ortiz Islas, relata, apareció cuando una familia proveniente del Distrito Federal le traspasó un terreno de 20 metros cuadrados que había pertenecido a don Antonio.
Y aun cuando se comprometió a pagar el predio al propietario original, nunca lo hizo. Según don Antonio, él no firmó ningún convenio o contrato con Irineo, ni por escrito ni de manera verbal.
Hoy, a sus 78 años, don Antonio y su esposa residen en Silao. Su salud es delicada. Pero no cejan en su demanda de justicia.
