Se llama Juan y aun no cumple 17 años. Dice que hace varias semanas, luego de visitar a su novia en Tlajomulco de Zúñiga, caminaba a su casa cuando quedó en medio de dos pandillas que se enfrentaron a tiros en la calle. Durante la refriega recibió cuatro impactos que lo tienen postrado en la cama 25 del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde.
Tuvo suerte, comentaron a su madre los doctores que lo atendieron, pues una de las balas fue directa al esófago y otra se traspasó el pulmón. Él casi no habla, sólo mira de reojo a su madre, de 37 años, quien se encuentra desempleada desde que quebró la fábrica de zapatos donde trabajaba.
Según los doctores, Juan tardará cuatro meses en volver a caminar y quizás un poco más para hablar sin titubeos.
El mismo día que Juan fue herido se registraron otros dos hechos violentos en El Salto y Tonalá. En este municipio una menor de nueve años fue herida de un balazo en la pierna derecha mientras jugaba en una tienda.
Quince días después, en la Plaza Pabellón de Zapopan, dos menores, de dos y 14 años, resultaron heridos en el secuestro de un empresario. La semana siguiente, en Guadalajara murieron otros dos menores: uno de 14 años en una fiesta; el otro, de siete, recibió una bala en el tórax durante una riña entre pandillas en la colonia Lomas de La Primavera.
La espiral de violencia no se detiene. El Comité de Apoyo al Menor del Fray Antonio Alcalde reporta que en 2011 el nosocomio atendió a 168 casos de menores víctimas de violencia y en el primer trimestre de este año se registraron 64 casos, según el jefe de medicina legal, Luis Bravo Cuéllar.
En la Cruz Verde tapatía se atiende en promedio a 800 heridos por arma de fuego o blanca cada año, de ellos 10% son menores. De los que sobreviven, la mayoría queda con secuelas permanentes, de acuerdo con los Servicios Médicos Municipales. En lo que va del año, en el Servicio Médico Forense (Semefo) se han practicado 57 autopsias a menores; en 2011 fueron 100, asegura el Instituto Jalisciense en Ciencias Forenses.
El estudio anual La infancia cuenta en México, que publica la Red por los Derechos de la Infancia en México desde 2005, advierte sobre el alarmante índice de homicidios relacionados con la violencia que afecta a jóvenes de 15 a 17 años. En 2011, dice, siete de cada 10 fueron cometidos con armas de fuego. Lo grave, según los autores de la investigación, es que los gobiernos sólo destinan 6% de su presupuesto a programas de atención a la infancia.
Violencia creciente
En la entidad, organizaciones civiles del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad reprueban el veto del presidente Felipe Calderón a la Ley General de Víctimas aprobada el pasado 30 de abril. Hoy está congelada en el Congreso de la Unión dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún analiza las observaciones del Ejecutivo, explica Margarita Sierra, representante del Congreso Ciudadano.
La ley está atorada en la SCJN a causa de un juicio de controversia constitucional de la Secretaría de Gobernación. El pasado 26 de julio se notificó a la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que tiene 30 días para preparar su defensa ante la demanda interpuesta por el Ejecutivo.
Entre las propuestas de la nueva ley destacan el establecimiento de un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas; asesoría jurídica gratuita y especializada en materia de atención continúa, así como dotar de una partida presupuestal a los tres niveles de gobierno para que indemnicen hasta con 900 mil pesos a las víctimas de algún delito o por la violación a sus derechos humanos.
Sierra, integrante también del Colectivo Bordemos por la Paz, recuerda que por cada víctima son afectadas 20 personas de su entorno, entre familiares y amigos. Dice que en la entidad suman 560 las víctimas directas, en su mayoría jóvenes de entre 14 a 30 años.
Entrevistado aparte, Dante Haro Reyes, investigador de la Universidad de Guadalajara y miembro de la Fundación de Victimología, cuya sede está en España, concuerda: el estado no sólo es uno de los más violentos del país, sus autoridades tienen una gran deuda pendiente en materia de prevención y en atención a víctimas:
En los últimos años, el número de quienes necesitan apoyo de manera urgente aumento de manera notable. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la población que se quejó por presuntas violaciones a los derechos humanos aumentó 50% de un año a otro, al pasar de 14 mil 719 en 2010 a 29 mil 439 casos en 2011. Y en lo que va del año se han registrado 6 mil 980 quejas.
El experto en seguridad advierte también que Jalisco se encuentra por encima de la media nacional y dentro de los seis estados más violentos del país. Enfatiza que en el estado, los delitos de alto impacto no han disminuido y persiste en 70% de la población una percepción de inseguridad en la entidad, de acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) y agrega:
“Es evidente que la sociedad tiene miedo y se siente completamente sola. Pues no tenemos la cultura de denuncia, por que no existe la confianza en las instituciones. En la zona metropolitana de Guadalajara sólo dos de cada 10 víctimas del delito presentan su denuncia, y sólo la mitad proceden. Y esto hay que sumar que 98% de los delitos no son castigados. Hay una impunidad muy grande en nuestro sistema de Justicia.”
Contrario al discurso oficial, la delincuencia en el estado no ha disminuido. La principal causa de muerte son los homicidios, según las estadísticas del Semefo consultadas por este semanario. De 2010 a 2011, los homicidios aumentaron 25%.
Y en lo que va de 2012, los forenses han realizado 2 mil 287 autopsias por homicidio; Guadalajara y Zapopan son los municipios con mayor número de asesinatos, con 711 casos. En relación con las desapariciones forzadas o levantones, de 2007 a 2011 se registraron 711 casos, según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ).
El director del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica, Francisco José Gutiérrez Rodríguez, considera que la sanción debe centrarse en el agresor, y recomienda a las autoridades estatales brindar atención psicológica a víctimas y reforzar las políticas preventivas.
Los más vulnerables a la violencia del crimen organizado son los niños y adolescentes, pues les cuesta más controlar sus emociones. La muestra es que muchos presentan problemas de ansiedad, trastornos del sueño, déficit de atención; incluso pueden llegar a reproducir la violencia de la que fueron víctimas si no reciben un tratamiento oportuno.
