Antes de que termine el mes, el Tribunal de lo Administrativo del Estado tendrá que emitir su sentencia sobre el caso de la Villa Panamericana. Según el abogado de los vecinos de Rancho Contento, quienes entregaron documentos con los que intentan demostrar que se violaron múltiples leyes al edificar el complejo habitacional, es factible que la magistrada Patricia Campos falle a su favor. De ser así, se cancelará la construcción de departamentos en esa área.
Este mes vence el plazo para que cualquier tercero interesado en la Villa Panamericana lo manifieste ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE)
–donde se ventila el juicio que promovieron los vecinos de Rancho Contento por considerar que la obra viola leyes ambientales y de desarrollo urbano– para que éste emita su dictamen sobre el caso.
Es factible que declare nula la licencia de construcción y por ende se evite la comercialización de ese espacio, considera Carlos Aldana Ortiz, abogado de los promoventes. Apunta que una vez que se hagan presentes ante el tribunal los ciudadanos interesados, el juicio, que está en desahogo de pruebas, se perfilará a la fase final, “pues estamos próximos a la sentencia”.
Los vecinos de Rancho Contento lograron acreditar las múltiples violaciones a las leyes con la edificación del complejo habitacional en El Bajío, en Zapopan, por lo que es posible que se decrete su demolición, “aunque buscaremos ser propositivos… y estamos analizando el aprovechamiento que pudiera tener (el inmueble)”, dice.
La magistrada Patricia Campos, presidenta de la Quinta Sala del TAE, ordenó la publicación de edictos en los diarios de mayor circulación los días 16, 19 y 20 de julio para llamar a los interesados en el juicio. Los implicados tienen un plazo de 30 días, posteriores a la publicación del último edicto, para manifestar lo que a su derecho convenga ante el tribunal.
Hasta ahora sólo el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal) y la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado (Iprovipe) han comparecido ante el TAE en calidad terceros interesados (expediente 67/2011).
Ambos organismos entregaron copias certificadas de los contratos bajo los cuales destinaron 740 millones de pesos para la ejecución del proyecto –340 millones el Ipejal y 400 millones la Iprovipe– “en los que se constata que desviaron su función y objeto social”, advierte Aldana Ortiz, quien adelanta a Proceso Jalisco que sus representados demandarán a su vez la nulidad de dichos convenios.
Para Jesús García Rojas, experto en desarrollo urbano y proyectos de inversión, es lamentable que el gobierno de Emilio González Márquez haya desviado fondos públicos para un negocio privado.
Y arguye: la Iprovipe violó la ley al destinar fondos a fines distintos para los que fue creada: dotar de vivienda a los no asalariados y en situación de pobreza; mientras que el Ipejal dispuso indebidamente del dinero de los pensionados en inversiones de alto riesgo, toda vez que “se trata de un proyecto que viola las leyes de desarrollo urbano y ecológicas y que no garantiza el retorno (del capital) a corto plazo”.
Resulta insultante que la Iprovipe, cuya función es promover la vivienda popular y de interés social entre los jaliscienses menos favorecidos, financie la Villa Panamericana donde los departamentos tienen un costo que oscila entre 1 millón 800 mil y 3 millones 500 mil pesos.
Con los 400 millones de pesos que invirtió la inmobiliaria oficial en la Villa Panamericana en forma indebida, dice, pudo haber construido cerca de 2 mil viviendas de interés social para beneficiar a más de 8 mil personas.
Compradores de problemas
Los vecinos de Rancho Contento aseguran que llamarán a juicio a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y sus Municipios en calidad de terceros interesados.
“Tienen que comparecer los trabajadores (y sus representantes) y defender sus intereses, ya que el Ipejal dispuso de 340 millones de pesos del fondo de sus pensiones con contratos viciados… quienes los firmaron se excedieron en sus atribuciones”, puntualiza Aldana Ortiz.
El representante legal se refiere a Eduardo Mar de la Paz, presidente del Consejo Directivo del Ipejal, así como Salvador Sánchez Guerrero, Pablo Aguirre y Francisco del Río, director general, director de Finanzas y de Promoción de Vivienda del instituto, respectivamente.
Proceso Jalisco tiene copias del contrato mediante el cual el instituto canalizó 340 millones de pesos a cambio de 200 departamentos; y del convenio de asociación con el que la Iprovipe se comprometió a destinar 400 millones, que pueden recuperar en dinero o en especie.
Según Aldana Ortiz, ambos organismos gubernamentales entregaron al TAE “una copia certificada de los respectivos contratos, no del documento original, y eso puede hacer que quede cuestionada su autenticidad, independientemente de las inconsistencias que encontramos y ponen en duda su validez”.
El Ipejal y la Iprovipe, a su vez, presentaron un recurso de reclamación ante el TAE en que piden la eliminación de los candados legales para que los desarrolladores de la villa puedan comercializar los departamentos y el ayuntamiento de Zapopan pueda expedir certificados de habitabilidad y realizar movimientos catastrales.
Con ese recurso, el gobierno del estado combate la sentencia dictada por el magistrado de la Quinta Sala del TAE, Armando García Estrada (expediente 82/ 2011), en abril de 2011, que en forma acumulada es del conocimiento de la magistrada Patricia Campos.
“Así, mientras que en el discurso el gobierno está por la protección al bosque de La Primavera, en la realidad pugna por eliminar los candados activados por el tribunal para preservar esta zona de recarga de acuíferos y su Área Natural Protegida”, insiste el abogado.
En cuatro meses vence el plazo establecido en el convenio de asociación firmado por el desarrollador de la Villa Panamericana y la Iprovipe para que se le restituyan a la inmobiliaria los 400 millones de pesos que aportó como capital semilla para ese proyecto. En un documento establece que el proyecto es compatible con los fines de la Iprovipe y que abatirá necesidades de vivienda para la población.
La inmobiliaria celebró el Convenio de Asociación para Promoción de Vivienda el 17 de diciembre pasado, en el cual las partes “declaran que es su deseo coadyuvar libremente a efecto de llevar a cabo las acciones tendientes y necesarias para la ejecución de la Villa Panamericana y en su destino final dotar de 644 unidades habitacionales más 286 espacios que albergarán el Centro Geriátrico y contribuir a las necesidades de vivienda que mantienen los jaliscienses”.
En el apartado relativo a los antecedentes, la inmobiliaria declara que el compromiso del Ejecutivo estatal de organizar los Juegos Panamericanos “implica corresponsabilidad en los tres niveles gubernamentales a fin de cumplir con los requerimientos de la Odepa, en cuanto a la promoción y ejecución de distintas acciones que permitan la renovación y el desarrollo sustentable de la infraestructura urbana y el medio ambiente, desarrollos autosustentables que privilegian la calidad de vida de los jaliscienses y con una dinámica de mejora continua para la ciudad (…)
Guadalajara, sede de los juegos, su zona metropolitana y el gobierno del estado, a través de la Iprovipe, han asumido la tarea de coordinar esfuerzos, siendo promotores de la Villa Panamericana”.
Con el argumento de que la naturaleza del proyecto de los desarrolladores de la villa es compatible con los objetivos del organismo, “en el papel” se justifica la firma del convenio de asociación y se considera viable. Asimismo, el convenio asienta que la Iprovipe tiene todos los elementos necesarios “para impulsar y promover ante las comunidades del suministro social requerido para la vida de las mismas, tomando en cuenta sus áreas de infraestructura, creando centros de población integrales y concretar financiamientos que permitan dar solución a los fines de la dependencia y por ende de asociarse”.
El convenio consta de 18 cuartillas y está firmado por Jorge Sánchez Martínez, director general de la Iprovipe; Roberto Valle Pinzón y José Alejandro Delgadillo Casillas, tesorero y secretario de actas y acuerdos del organismo, respectivamente. Por parte de la empresa Corey Integra, responsable del proyecto, firmó Héctor Francisco Cornejo Reynoso, presidente del Consejo de Administración.
Las partes se obligan a colaborar “en forma mancomunada de buena fe y en el mutuo interés” con el aporte de sus conocimientos, recursos y experiencia para la edificación integral de la villa mediante la aportación de capital semilla. El desarrollador se obliga a rendir cuentas al asociado y restituir “íntegramente” los fondos de apoyo, sin deducción alguna, ya sea en cantidad líquida o en especie.
En cuanto al término del convenio, en el documento indica que será “el necesario para la ejecución de las obras de la villa”, que deberán ser recibidas por el asociado con el visto bueno del Copag. Los fondos de la Iprovipe deberán ser restituidos íntegramente a más tardar el último día hábil de noviembre de 2012 con los recursos que existan en el proyecto; y, en su caso, si éste así lo eligiera, con parte de los inmuebles construidos. “Dicha opción la mantendrá en cualquier momento hasta el pago total de los fondos”, asienta el documento.
En caso de no efectuarse la totalidad del pago el último día de noviembre de 2012, la empresa deberá pagar un interés anual “calculado mensualmente” sobre saldos insolutos al valor de la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio), más cinco puntos porcentuales hasta el 30 de noviembre de 2013.
En caso de que en esta última fecha no se hayan recibido recursos suficientes para pagar los fondos de apoyo aportados por el asociado promotor, éste recibirá inmuebles –unidades departamentales– como saldo total.
Al día siguiente de la firma del convenio, el 18 de diciembre de 2009, la Iprovipe entregó 100 millones de pesos al desarrollador. Y acordó, según el convenio, entregar los 300 millones restantes en seis pagos mensuales de 40 mil cada uno a partir del 15 de enero de 2010, así como una aportación final de 60 mil pesos el 15 de julio siguiente.
En su cláusula décima quinta, el convenio establece que en caso de que la inmobiliaria no cumpliera con los pagos se haría acreedora a una penalización equivalente a 10% de la cantidad que represente la parte no desarrollada del proyecto, “cantidad que deberá ser descontada de la liquidación correspondiente”.
Y si fuera el Iprovipe el que no cumpliera, la empresa quedaría eximida de cualquier responsabilidad y las cantidades aportadas serían parte de su liquidación al término del proyecto en la proporción que le corresponda.
En lo que toca al Ipejal, firmó un contrato de compraventa el 2 de diciembre de 2010. En él se comprometió a aportar 340 millones de pesos a cambio de 200 unidades departamentales o las que alcance a adquirir con dicho monto. Durante la firma del contrato, Pensiones entregó sólo 20 millones y se comprometió a entregar los 320 restantes conforme avanzaran las obras.
García Rojas, quien ha sido delegado de Banobras en Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí, concluye, tras analizar los contratos, que las autoridades estatales comprometieron recursos públicos y de los pensionados “en proyectos ajenos a sus propósitos, lo que, además de alto riesgo ambiental, ecológico y financiero, constituye una prueba de su incapacidad e ineficiencia”.
Dice que la historia de la Villa Panamericana es una comedia de equivocaciones e ineptitud. El compromiso del desarrollador era realizar el proyecto con recursos propios o con créditos puente de la banca comercial, “mismos que le fueron negados por los riegos inherentes que este representaba. Ambientales, por estar en una zona endorreica de recarga de mantos acuíferos, como de mercado, porque no hay demanda (…) y como es evidente que no han podido comercializar el desarrollo, los recursos recibidos no podrán rembolsarlos en efectivo, sino en especie, como se prevé en los convenios respectivos”, remata.
Los fondos aportados por el gobierno estatal a la villa se desconocen, pues los datos que proporcionó a este semanario, a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin), no coinciden con los de los contratos (Proceso Jalisco 347).
Según la dependencia, en 2009 se canalizaron a través de la Iprovipe 100 millones; en 2010 otros 320 millones, y en 2011 fueron 105 millones, lo que suma 525 millones de pesos. A esa cantidad hay que agregarle el dinero de los burócratas con el que se adquirieron los 200 departamentos y que desde febrero pasado deben estar en manos del instituto.
