Las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno de Mariano Rajoy han concitado el repudio de los ciudadanos que en forma creciente se manifiestan en las calles y plazas de las ciudades de España. La indignación social se acrecienta por un hecho: mientras los recortes presupuestales afectan a los trabajadores, estudiantes, jubilados y desempleados, el gobierno protege a los bancos, las trasnacionales y la Iglesia católica, poseedores de grandes fortunas.MADRID.-“¡Manos arriba: Esto es un atraco!”, gritan al unísono cientos de empleados públicos que se manifiestan la calurosa tarde del martes 17 frente al edificio del Ministerio de Hacienda, artífice en la aplicación de la mayoría de las medidas del nuevo ajuste impulsado por el gobierno de Mariano Rajoy, sin duda el más duro golpe contra el estado de bienestar en la democracia española.
Lidia corea la consigna y porta su pancarta: “Stop Recortes Públicos”. Empleada de dicho ministerio con 20 años de servicio, madre soltera de 53 años, dice al reportero: “Yo sufro para llegar al final del mes porque no me alcanza el salario; pero con las nuevas medidas me dejarán en la lona, son absolutamente sangrantes. De verdad no sé qué voy a hacer. El próximo diciembre dejaré de percibir 40% de mi sueldo”.
Apenas cobra 14 mil euros anuales y es el sostén de su casa; aún tiene a su hijo en la universidad, “con un futuro incierto”, y a su madre de 75 años con una enfermedad crónica “que la obliga a periódicas visitas al médico”.
Desde que Mariano Rajoy llegó al gobierno el “goteo” de protestas es incesante contra las medidas que ha impuesto para salir de la crisis; prácticamente todas castigan a los trabajadores, a los pensionistas, a los servidores públicos y a los desempleados.
Le bastaron siete meses para enterrar su programa electoral, en el que prometió que no aumentaría el IVA, que garantizaría el acceso universal a las prestaciones de salud, que mantendría el poder adquisitivo y que exigiría responsabilidades a los gestores negligentes de la banca. Nada cumplió.
Pero el informe Primera valoración de las medidas de ajuste aprobadas por el gobierno, de la Unión General de Trabajadores (UGT), fechado el 13 de julio, resume: “Las medidas aprobadas por el gobierno del Partido Popular (PP) a través de dos reales decretos ley constituyen una nueva vuelta de tuerca en la estrategia del desmantelamiento económico y social que aplica desde su llegada al gobierno, hace poco más de seis meses. La consecuencia es más paro (desempleo), mayores niveles de pobreza y descohesión social, menos derechos sociales y laborales, y menores posibilidades de salir de la crisis en un futuro”.
En uno de los puntos más contundentes, el informe advierte que el gobierno “ni sabe ni quiere escapar de esta intervención de facto, porque le sirve de coartada para aplicar sus políticas. El grueso de las medidas que está aplicando forman parte del ideario del PP y las ha defendido reiteradamente cuando estaba en la oposición. Es la aplicación efectiva de su programa real, el que ocultó en la campaña de las elecciones generales”.
Esto ha provocado que el ambiente de repudio a esas políticas vaya en aumento en la calle, convirtiendo a éste en el “verano más caliente” desde que empezó la crisis, en 2008.
La mañana del jueves 19 el PP aprobó el paquete de medidas de ajuste en el Congreso de los Diputados. Lo hizo solo, sin el apoyo del resto de las fuerzas políticas, incluida Convergencia i Unió, partido catalán que había aprobado anteriores medidas del PP. Rajoy estuvo ausente y sólo se presentó para votar sus medidas. La prima de riesgo de la deuda española se disparó a 582 puntos, muestra de la desconfianza de los mercados.
Por la tarde cientos de miles de personas se echaron a las calles de 80 ciudades españolas, convocadas por las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras, más otros sindicatos minoritarios, con el lema “Quieren arruinar el país. Hay que impedirlo, somos más”.
Un grupo de artistas y creadores, encabezados por los hermanos Javier y Carlos Bardem, y su mamá Pilar Bardem, se sumaron a la manifestación. Poco antes realizaron una protesta en la Plaza del Rey, frente al Ministerio de Cultura. “El mejor enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo culto”, fue su lema. El aumento del IVA en las actividades culturales pasará de 8 a 21%.
Bardem –ganador del Oscar– dijo que “el IVA es la puntilla para el acceso del pueblo a la cultura (…) Se están cargando el presente y el futuro de este país”. No obstante, aclaró que su participación es en apoyo a todos los sectores.
En Madrid la Delegación de Gobierno calculó que 80 mil personas acudieron a la manifestación del jueves 19, pero la prensa española cifró la participación en 100 mil. Elías Antolín, funcionario público con 35 años de servicio, acudió acompañado de su hijo Andrés, quien ha participado en el movimiento 15-M. Juntos corearon las consignas: “Rajoy, sicario, nos robas el salario” y “¡Cabrones!” “¡Ladrones!”.
Antolín dice: “Es inaudito que un gobierno le haga tanto daño a los ciudadanos. Ya estamos en una situación muy precaria como para que todavía nos impongan medidas haciéndonos sentir como si fuéramos los culpables de sus desmanes”.
Padre e hijo lucían playeras negras con el letrero “Una vez Yo(u)Tuve derechos sociales y laborales”.
Antes de la manifestación los dirigentes de las centrales obreras, Cándido Méndez, de UGT, e Ignacio Fernández Toxo, de Comisiones Obreras, pidieron al gobierno que rectifique sus políticas de recorte. Advirtieron que si ello no ocurre continuarán las movilizaciones. En el ambiente de la protesta no se descartaba la convocatoria a una huelga general.
El miércoles 11 Rajoy delineó ante el pleno del Congreso de los Diputados su programa de ajuste, que tiene el propósito de cumplir con una reducción de 3% en el déficit público; es decir un ajuste de 65 mil millones de euros. De una veintena de medidas quizá la más significativa sea el aumento del IVA de 18% a 21% –aunque algunos productos y servicios se incrementarán 13%, al pasar de 8% a 21%– a partir de septiembre.
“El aumento del IVA le pegará a todos en general, lo que significará un enorme esfuerzo fiscal para las familias. Deprimirá más el consumo interno, que ya de por sí está golpeado”, dice Elías Castaño, joven empleado bancario.
El resto de las medidas están encaminadas a eliminar beneficios para los funcionarios públicos. Por ejemplo en la próxima Navidad no se les entregará un pago extra que recibían anualmente; se les recortan además los días libres de que gozaban.
Si algún elemento de indignación faltaba en las calles, ese lo añadió la diputada del PP Andrea Fabra: Cuando Rajoy terminó su lectura en el Congreso recibió el aplauso de pie de toda la bancada del Partido Popular y Fabra gritó: “¡Que se jodan!”. Los otros grupos parlamentarios interpretaron que la expresión iba dirigida a trabajadores y parados y en Twitter el tema se convirtió en trending topic.
Esta legisladora es hija de uno de los más polémicos “barones” del PP, Carlos Fabra, cuya estatua monumental de 14 metros da la bienvenida en el aeropuerto de Castellón, una terminal prácticamente fantasma porque se encuentra sin operar. El diario The New York Times la señaló como el “símbolo de la ruina” de España.
La frase de la legisladora ha sido adoptada en las calles: “Que se joda Andrea Fabra”. O modificada: “¡La próxima parada (desempleada) que sea Andrea Fabra!”. En su blog la diputada y portavoz de Coalición Canaria Ana Oramas escribió un texto que llamó “Aplausos que duelen”, donde alude a la falta de sensibilidad del PP en esa sesión del miércoles 11.
Oramas reveló el pasado 31 de mayo que el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la presionó para que votara contra el paquete de recortes que presentó el anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en mayo de 2010, cuando había riesgo de que España fuera intervenida. Montoro le dijo: “Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros (el PP)”.
Marcha negra
El jueves 12, la misma semana en que se conoció la batería de medidas, llegó a la capital española la Marcha Negra encabezada por un contingente de mineros de Asturias, Aragón y Castilla y León, quienes protestan contra la eliminación de una subvención gubernamental que permite mantener la actividad minera en esas regiones. Sin dicha subvención cerrarán las minas y casi desaparecerá ese sector.
Miles de ciudadanos los recibieron en una festiva marcha a su llegada a Madrid, tras 18 días de caminata por carretera. Durante la noche, a su paso por el Palacio de La Moncloa, sede del gobierno, increparon a Rajoy. Todos portaban sus cascos y mantuvieron encendidas sus lámparas.
Las manifestaciones de apoyo siguieron hasta su llegada a la Puerta del Sol. El himno minero Santa Bárbara bendita fue el más coreado en el trayecto.
El viernes 13 –mientras el Consejo de Ministros se reunía en La Moncloa– los mineros marcharon hasta el Ministerio de Industria. La intervención de algunos grupos más radicales derivó en una respuesta agresiva de la policía antidisturbios, que incluso disparó balas de goma. El saldo fue de 76 manifestantes y policías lesionados; ocho personas detenidas, seis de ellos de los llamados “jóvenes antisistema”.
Lo inédito: las medidas de Rajoy han sido capaces de sumar en las protestas a los policías y bomberos. Lo hacen en sus horas libres. Es una imagen poco común. Sobre todo la de los policías, que son vistos con cierto recelo por la actuación excesiva que algunos han tenido en el pasado al reprimir protestas callejeras, entre ellas las que protagonizaron los jóvenes del 15-M.
El domingo 15 un grupo de policías antidisturbios que custodiaban el Congreso de los Diputados –cuyas inmediaciones están prácticamente valladas– en forma simbólica se quitó los cascos de protección y se colocó sus gorras, frente a una nutrida manifestación de ciudadanos y funcionarios que protestaban, provocando el aplauso de los manifestantes.
Ricos a salvo
Mientras ayudan a estrangular el paseo de la Castellana, el lunes 16, Felipe y Juani, trabajadores del Ministerio de Industria, dicen que las manifestaciones y concentraciones son espontáneas. “Se han convocado boca a boca, en los departamentos”, expresa Felipe.
“También mediante las redes sociales, pero todo ha ido surgiendo en el camino”, añade Juani, quien explica que muchas de las protestas han sido alrededor de las 11:00 horas, cuando la burocracia hace un receso para tomar un café.
“Esto es una estafa, no es una crisis”, grita a voz en cuello David, bombero de Madrid. “Estoy muy indignado”, cuenta al reportero mientras participa en un corte del tráfico en la Castellana, en la zona de Nuevos Ministerios, en el que también participan Felipe y Juani.
“Lo que más me cabrea –comenta– es que el gobierno pretende que nos resignemos. Dice que es la única alternativa que tiene (el gobierno) para sacarnos de la crisis, ¡pero si nos están machacando! ¡No hay una sola medida que toque a los ricos, a las grandes fortunas, a las empresas (multinacionales) ni a la Iglesia”, dice mientras otros cuatro bomberos asienten.
Y tiene razón: La Iglesia católica recibirá 159 millones de euros del presupuesto 2012, vía recaudación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Cifra similar a la de 2011.
Pero esto no incluye las millonarias asignaciones que recibe de varios ministerios para financiar a capellanes militares, penitenciarios, hospitales públicos, convenios culturales, restauración de Iglesias y de patrimonio histórico. Ni las subvenciones que recibe de las 17 comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
De acuerdo con el Anuario sobre Laicidad 2011 de la Fundación Ferrer i Guardia, hecho público a finales de mayo, la Iglesia española recibe anualmente alrededor de 11 mil millones de euros de las arcas públicas.
Manuel Redal, auditor del Ministerio de Hacienda, con 30 años de servicio, igualmente se queja de que las medidas no han tocado a las grandes fortunas ni a las empresas españolas de proyección global.
Relata que el sindicato Gestha (que aglutina a los técnicos del Ministerio de Hacienda), del que él forma parte como consejero, propuso al ministerio una “batería de medidas” para recaudar dinero para las arcas públicas sin afectar a la población y no gravar a los funcionarios ni a los pensionistas ni al consumo privado.
“Les planteamos subir 5% el Impuesto de Sociedades, para las empresas que cotizan y obtienen beneficios por encima de los mil millones de euros, lo que tendría un impacto a favor de 14 mil millones de euros.
“Propusimos una reforma para combatir la economía sumergida, que en España supone 23.3% de la economía total, y con ello combatir el fraude fiscal. Esa reforma, con Hacienda y la Agencia Tributaria, supondría un ingreso inmediato de 6 mil 200 millones de euros en el corto plazo, sólo reduciendo 1.6% esa economía sumergida. En otra etapa, de medio plazo, supondrían recaudar 38 mil millones de euros, hasta disminuir el nivel de la economía informal a 13%, niveles que registran los países europeos del entorno”, explica.
Redal dice que otra medida propuesta es la aprobación del Impuesto sobre las Grandes Fortunas –como lo tiene Francia o Alemania–, que supondría una recaudación de mil 500 millones de euros.
Además aprobar el Impuesto sobre Transacciones Financieras, que significaría ingresar 4 mil 500 millones de euros; la regularización de las Sociedad de Inversión de Capital Variable, instrumento financiero que las grandes fortunas utilizan para diferir el pago de impuestos, que generaría otros mil 500 millones de euros.
“En definitiva, una batería de medidas que propusimos, de las que no hemos tenido respuesta, obviamente, pero que bien podrían superar los 65 mil millones que pretende obtener el gobierno en los próximos dos años, sin necesidad de golpear a las clases más desfavorecidas”, explica Redal.
Recuerda que el gobierno aprobó en marzo pasado una amnistía fiscal que tiene el propósito de regularizar el “dinero oculto”, incluido el depositado en paraísos fiscales. Pero esta medida sólo grava 10% de los montos, sin investigar su origen ni aplicar a sus poseedores eventuales sanciones.
“El gobierno debería tomar la iniciativa de combatir los paraísos fiscales, como el de Gibraltar, que lo tenemos en la misma península”, dice.
El jueves 19 el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso que presentó el Partido Socialista Obrero Español contra esa amnistía, por considerarla “especialmente injusta” y “contraria a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad”, porque la reforma permite declarar “dinero oculto” con la única tributación de 10%, sin que se impongan sanciones, intereses o recargos.
“Esta gente del PP destinó buena parte de sus medidas de reducción al gasto a golpear y sangrar a los servidores públicos. Las medidas son muy graves si tomamos en cuenta que el promedio de ingreso de un empleado público es de 14 mil euros por año. Es muy bajo”, explica Redal.
Esta reducción del ingreso de 7% para los servidores públicos se suma a otra de 5% que se les impuso hace poco más de un año.
Redal sostiene que existe una paulatina pérdida del poder adquisitivo además de una reducción de los días libres, que en su caso disminuyeron de nueve a tres.
Estas medidas, explica, afectarán a los 2 millones 700 mil empleados públicos de España. De éstos, 592 mil son de la Administración General del Estado (que incluye Fuerzas Armadas, Administración de Justicia; empresas públicas y empleados civiles); 1 millón 350 mil son de las Comunidades Autónomas; 646 mil de administraciones locales y 100 mil empleados de universidades y escuelas públicas. l
