A los acontecimientos de las últimas semanas, agrego ahora el asombro que muchos experimentamos por el trayecto, conocido recientemente, que está siguiendo la Ley General de Víctimas. Aún no sabemos en qué parará dicha ley, pero sin ser especialista en el tema, de momento gloso lo que ha aparecido en los medios, remitiendo a los interesados al artículo La ¿última? traición de Calderón, de Marcela Turati, publicado en Proceso, (número 1862).
La iniciativa nació de un acuerdo al más alto nivel entre el presidente de la República y los miembros de una serie de organizaciones sociales que dicen representar a los agraviados. Fue concertada y redactada por un grupo en donde tuvieron cabida luchadores sociales y especialistas de la UNAM, y se tomaron en cuenta borradores de los principales partidos políticos. El texto acordado se discutió en las cámaras, se ajustó y aprobó. En seguida, ya como decreto, fue turnado al Ejecutivo, en tiempo y forma, el 10 de mayo pasado, y… lo increíble: el panista Óscar Martín Arce Paniagua lo solicitó de regreso; se lo devolvieron (¡!¿?), y lo retuvo, o “secuestró”, 20 días (¡!¿?). Con el anterior movimiento suspendió el plazo que tiene por ley el Ejecutivo para hacer sus observaciones y, en su caso, publicarlo. Hoy se argumenta y contraargumenta si se recibió, ¿en la sede del Ejecutivo o en la Secretaría de Gobernación?, no es claro, el 10 de mayo o el 30. Como sea, con esa “chicana” se logró que el Ejecutivo empezara sus movimientos de posposición a la ley luego de una fecha delicada: el 1 de julio.
En efecto, el presidente regresó el decreto a las cámaras una vez pasadas las elecciones, ya más tranquilo y seguro de los resultados, hacia el 3 de julio con una serie de observaciones y el trayecto que ha seguido los días siguientes hace ver como un escenario posible el veto de la misma. Recuerdo un artículo del Times hace cinco años que decía: “el presidente de México ha declarado la guerra al narcotráfico… ¿qué sucederá si la pierde?” En el fondo no hay sino la negativa del gobierno panista a responsabilizarse por un clima de violencia que él mismo inició, creó, no pudo controlar (por no decir que está perdiendo) y del que tampoco quiere responsabilizarse.
Sin embargo, hay algo más que agrava la situación anterior. Aún no lo sabe el gran público y es un hecho por lo menos inusitado. El mismo día 3 de julio se hizo pública la convocatoria que tres organizaciones sociales (Fundación Camino a Casa, Asociación Alto al Secuestro y Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana), con el “apoyo” del Colegio y Sociedad de Arquitectos de la Ciudad de México (CAM-SAM), en que invitaron “a todos los profesionistas mexicanos, arquitectos, urbanistas, paisajistas e ingenieros arquitectos” a participar en el “concurso” para definir el “anteproyecto conceptual” con el que se construirá el “memorial (sic) a las víctimas de la violencia”.
Es desconcertante. Al tiempo que se inició el presunto proceso de veto a la Ley General de Víctimas, se hizo pública la construcción de un monumento, por parte de las mencionadas organizaciones y el gobierno federal, el mismo que no quiere responsabilizarse de que existan víctimas. Qué sensibilidad política. Por cierto, ¿por qué “memorial” y no monumento? Es una inconsistencia: el Estado no quiere responsabilizarse pero sí quiere hacerles un monumento. ¿Por qué lo difundió el CAM-SAM? ¿Qué es más importante, impulsar una ley que proteja a las víctimas, o construirles un monumento? ¿Para qué? Creo sería mejor prever que no existan víctimas. Son muchas la preguntas que surgen de manera casi obvia, pero vayamos a la convocatoria misma.
El lugar del emplazamiento del “memorial” será un terreno anexo al Campo Marte; se trata de 13 mil 779 metros cuadrados que, yendo de sur a norte por la lateral del Periférico, lo bordea antes de cruzar Reforma y transformarse en Anatole France. Un lugar adecuado… y significativo. El levantamiento que se incluyó en la convocatoria lo hizo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La convocatoria contiene un calendario: el día 9 de julio se llevó a cabo una visita al “sitio” con los interesados, el 10 se realizó la “junta de aclaraciones”, el 23 será el límite de registro para los participantes, el 27 se cerrará la recepción de propuestas, y el 30 de julio será el fallo y la premiación. Qué prisa.
Por supuesto, “el jurado será integrado por destacados profesionistas y personalidades de las áreas de arquitectura, ingeniería, artistas plásticos (sic), intelectuales y activistas o víctimas de la violencia, y representa un equipo multidisciplinario, diverso en sus perfiles y capacidades, con el objeto de que se enriquezcan mutuamente en el proceso de la crítica, análisis, evaluación y selección de la propuesta ganadora”. En relación con los premios la convocatoria exhibe dos zanahorias: “el concursante ganador obtendrá (…) la asignación del contrato para el desarrollo del proyecto ejecutivo y la supervisión arquitectónica, además (de un) diploma”. También se aclara que el costo del monumento no podrá superar los “30 millones de pesos, con IVA incluido”. ¿Esta cantidad calcula el desarrollo del proyecto ejecutivo, los estudios previos, la obra, los materiales y la supervisión? El programa de necesidades sugiere que la “plaza de acceso y salida” se ubique en Reforma, que “el espacio solemne de preferencia esté en la zona interna del parque” y que el monumento se desarrolle demoliendo una cancha de basquetbol que se ubica en su centro. En las bases de licitación, se menciona el 31 de agosto para entregar el proyecto ejecutivo, y los 84 días de obra, del 1 de septiembre al 23 de noviembre. La fecha tentativa de la inauguración rondará esta última, si nos atenemos a la conclusión del contrato de supervisión, pues por lo demás no habrá mucho más tiempo.
Hay una serie de consideraciones y preguntas simples y preocupantes. Por puro sentido común, el solo deslinde del terreno en su amplia colindancia con el Campo Marte será complicadísimo. Si el terreno es propiedad de la Sedena, la transferencia a la Secretaría de la Función Pública (SFP) será tanto o más complicada. Pero, en seguida, ¿a quién se transferirá? La SFP, ¿puede ser propietaria del “memorial”? Deberá haber por lo tanto dos transferencias y será doblemente complejo. ¿Quiénes serán los jurados? Después de lo ocurrido en la llamada Estela de Luz, ¿qué garantías hay de que el proceso no se pervierta? Sugiero que el posible ganador platique con el arquitecto César Pérez Becerril, proyectista de la Estela de Luz, sobre su experiencia. ¿Por qué esos 30 millones no se destinan a las víctimas?, pues este gobierno produjo más de 60 mil. Una vez construido el “memorial”, ¿quién se encargará de su mantenimiento? En general creo que debemos respetar nuestros parques y bosques. ¿Por qué continuar mordiéndolos con espacios de juego, esculturas, casetas, museos, ampliaciones de zoológicos, etcétera? ¿Para qué talar más árboles en Chapultepec? Sería mejor sembrar uno por cada víctima.
No debemos quejarnos una vez más cuando ya no haya remedio. Me parece que durante los últimos 100 años pocos o ningún concurso de arquitectura ha salido bien; debemos aprender por fin, o empezarlos a hacer por lo menos mejor. Por ahora, con relación al llamado memorial todo lo explicado, con base en los documentos que sus convocantes han hecho públicos, parece si no esquizofrénico, sí por lo menos un desatino. En México tenemos una frase metafórica para definir lo que está ocurriendo: “nos quieren dar atole con el dedo”. Estemos atentos a la evolución de una serie nueva de torpezas para no permitirlas.
*Historiador de la arquitectura.
