Los “daños colaterales” de la guerra calderonista no cesan y menos cuando los cubre el manto de la impunidad, en detrimento de las víctimas que exigen justicia sin encontrarla. Su dolor es burlado por las decisiones de jueces que amparan a criminales quienes cometen atrocidades “en cumplimiento de su deber”.MONTERREY.- Para Gustavo Acosta Luján su casa fue el lugar más inseguro. Un marino que entró a su domicilio en el municipio de Apodaca lo abatió de un disparo en la cabeza en presencia de su padre.
El crimen ocurrió la madrugada del 1 de septiembre de 2011 en la colonia Jardines de San Andrés. Al día siguiente la Secretaría de Marina emitió un boletín para informar acerca de un operativo en el que abatió a un supuesto criminal conocido como M-3.
Para clarificar los hechos se abrió un expediente judicial. Los familiares de Gustavo, de 30 años, encontraron cierto alivio al saber que los implicados serían procesados por la justicia civil y no por un tribunal militar.
Pero el pasado 21 de junio recibieron una noticia demoledora: El Ministerio Público que procesaba a tres marinos por homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena determinó que hubo fuerza letal en el hecho, pero que los elementos federales actuaron en legítima defensa por lo que resultaban absueltos. Así se decretó el no ejercicio de la acción penal.
El martes 3 María del Mar Álvarez, abogada de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), se reunió con periodistas y familiares de las víctimas en las instalaciones del organismo. Ahí realizó una presentación en la que describió, paso a paso, la manera en que ocurrió el encuentro mortal entre la familia Acosta Luján y los marinos. En esa reunión Álvarez lamentó que no se ejerza acción penal contra los inculpados, pues de esta manera, enfatizó, el Ministerio Público abrió la puerta a la impunidad al desestimar pruebas fehacientes que demostraban la imposibilidad técnica de que las víctimas agredieran a los marinos.
Aunque los elementos castrenses aseguran que estaban parapetados afuera de la casa, en la cochera, y que desde ahí abrieron fuego, las pruebas periciales demuestran que entraron al domicilio y ya adentro le dispararon a Gustavo en dos ocasiones, en el hombro y en el tabique nasal. La bala que lo mató le atravesó la cabeza y quedó incrustada en la pared de la sala. El ángulo de tiro no coincide, en nada, con el testimonio de los marinos.
Ejecución extrajudicial
Gustavo Acosta Reyes y Eva Luján López están devastados por el asesinato de su hijo. El muchacho trabajaba en Nuevo Laredo en un centro nocturno. Meses atrás regresó a la casa familiar para atender a su padre que tenía problemas de salud. Se alistaba para trabajar como taxista.
Don Gustavo refiere que la noche del crimen se escucharon disparos en la lejanía. En Nuevo León esos incidentes son cada vez más frecuentes. La familia se despertó a la una de la mañana por el ruido del tiroteo. En la planta alta de la casa estaban doña Eva, Daniel, su hermana Karen y Devani, de ocho años.
Debido a que convalecía de una cirugía en una pierna y se le dificultaba subir escaleras, don Gustavo estaba en la planta baja. Junto a él dormía su hijo Gustavo.
Oyeron que el tiroteo se acercaba cada vez más hasta que de pronto lo tuvieron frente a su casa. Golpearon la puerta con fuerza. Padre e hijo vieron que eran marinos quienes querían entrar.
El joven Gustavo abrió la puerta, levantó los brazos y dijo: “Oficial, tranquilo… hay familia. Mi padre está enfermo, mi sobrina, que es una niña, está arriba. Si lo que quieren es entrar yo les abro, pero por favor, tranquilos”.
La abogada relata que en la cochera sin reja había una camioneta atravesada. El vehículo fue rodeado por los uniformados que entraron por la puerta principal y encontraron al joven con las manos en alto.
A la casa entraron los marinos Pablo Manríquez Romero, Mariano Arcos Pinto y Jesús Hernández Narciso. Traspusieron la puerta y a metro y medio de distancia Manríquez Romero le disparó en dos ocasiones al joven, quien cayó muerto.
Los nombres constan en la averiguación previa AP/PGR/NL/ESC-DCSP-11/2766/ D/2011, que abrió Édgar Rodríguez, agente segundo del Ministerio Público especializado en delitos cometidos por servidores públicos, por la denuncia presentada el 5 de septiembre por don Gustavo.
Daniel vio la acción desde la escalera y se aproximó a la sala para ver a su hermano y a su padre. Fue sometido por los marinos quienes lo esposaron, lo sacaron del domicilio y después hicieron que salieran del inmueble los demás familiares. El joven declaró que escuchó cuando los elementos que entraron a la casa dijeron que estaba limpia y segura.
De la 01:20 hasta las 04:00 de la madrugada, en que llegaron los efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones, los marinos permanecieron en el interior del domicilio y alteraron la escena del crimen, sostiene Álvarez.
Los marinos le dijeron a Daniel: “No te vayas a asustar. Vas a escuchar ruidos”. Luego sonaron disparos desde el interior.
Con esos disparos los marinos se protegieron, dice la abogada. Cita algunos casos ya conocidos en la localidad: “Eso no es novedad. Ya hemos visto en el caso de la pareja de Anáhuac, el joven Otilio, los estudiantes del Tec de Monterrey, donde la constante de ellos es decir: ‘Repelimos una agresión’, esta no es la excepción de la Marina que intenta escudarse con eso”.
Daniel relata la manera en que fue sometido:
“Me tuvieron detenido en el porche; me esposaron, me taparon la cara con la camisa y me trasladaron a una camioneta donde estuve unos 15 minutos. Me hicieron agarrar un arma. Me decían que me callara, que si no colaboraba con ellos me iban a tumbar, como a mi hermano. Me sacaron de la camioneta y me llevaron a otra, a la vuelta de la casa.
“Ahí un marino les dijo que no fueran estúpidos. Que me bajaran la camisa y minutos después me llevaron enfrente de la casa y me quitaron las esposas. Me dieron agua y me empezaron a decir que a veces la familia es la última en enterarse de que los hijos eran criminales. Les preguntaba por qué, me decían que me callara y que en un rato llegaban los ministeriales”.
La abogada refiere que cuando llegaron los ministeriales éstos no quisieron recibir a Daniel en calidad de detenido. Como los marinos tampoco querían retenerlo, sin más trámite lo dejaron en libertad cuando amanecía.
Encubrimiento
Pocas horas después del asesinato de Gustavo, la Marina publicó un boletín que fue difundido por los medios nacionales.
Milenio publicó: “La autoridad informa que la madrugada del día de hoy, al recibir una denuncia ciudadana anónima que reportaba la presencia de personal integrante del crimen organizado en un fraccionamiento del citado municipio, acudieron al lugar y mientras establecían cerco de seguridad fueron recibidos con agresión de arma de fuego, proveniente del interior de un inmueble, por lo que al repeler la agresión falleció un presunto delincuente identificado como Gustavo Acosta Luján, alias M-3, de 29 años”.
La nota refiere que en el inmueble fueron aseguradas una subametralladora, un fusil AR-15 calibre 5.56 y varias dosis de cocaína. Otra persona, identificada como Osnoel Orlando Peña, alias Mascarita o Chaparro, fue detenido mientras huía del lugar y se le encontraron, según el comunicado, 250 dosis de cocaína y 50 gramos de mariguana.
La defensora de los derechos humanos precisa que el nombre de M-3 se lo quisieron imponer a Gustavo; sin embargo al día siguiente –2 de septiembre– la Secretaría de la Defensa difundió un comunicado en el que informaba de la muerte del jefe de plaza del Cártel del Golfo en Reynosa, Samuel Flores Flores Borrego, identificado como M-3 o Metro 3, ocurrida en el kilómetro 21 de la carretera Reynosa-Monterrey.
En las indagatorias posteriores hubo inconsistencias en el expediente, sostiene la defensora. Por ejemplo, uno de los marinos reconoció que el acceso a la casa era complicado debido a que había un coche atravesado en la cochera, por lo que su compañero que al parecer estaba en mejor ángulo, protegido en un muro, fue quien efectuó el disparo mortal.
“Esto resulta imposible. Aun suponiendo que estaba ahí el vehículo, no hay ángulo porque el muro permite ver un espacio de la puerta abierta hacia una de las paredes laterales de la casa y no la del fondo, donde se incrustó el balazo de Pablo Manríquez”, dice, mientras presenta un croquis de la casa donde muestra las posiciones de los participantes del hecho.
“El dato es revelador porque nos da luces de cómo el testimonio de los elementos de la Marina no es viable”, señala Álvarez, quien dice que hay una prueba pericial que consta en autos, según la cual los dos disparos fueron hechos por un mismo tirador y de frente.
Abunda: “Lo interesante es cómo el Ministerio Público ignora esto y da valor probatorio pleno al dicho de los elementos de la Marina que son notoriamente mentirosos, por ser técnicamente imposibles”.
El mundo al revés
Fueron abiertas dos averiguaciones previas, una por las armas y la droga supuestamente encontradas en el domicilio. Los familiares comparecieron y el Ministerio Público determinó que no había ejercicio de acción penal, dice la activista.
El representante social giró un oficio al procurador de justicia militar para que, si lo consideraba procedente, iniciara una averiguación por los hechos en los que participaron los marinos.
“Esto es importante porque la versión de la Marina quedó desestimada por estos hechos y además le dijo al procurador militar: ‘Ojo, aquí pasó algo’. Pero era mucho pedir. La justicia militar no inició ninguna averiguación”, lamenta.
La otra denuncia fue la que presentó don Gustavo y esa, a diferencia de la otra, no se resolvió con tanta celeridad.
El 6 de septiembre del año pasado comenzó lo que María del Mar llama “el caminito de la impunidad dentro de la PGR”.
Luego de recibir la denuncia, Édgar Rodríguez se declaró incompetente porque estaban involucrados elementos de la Marina y la justicia militar debía encargarse del caso. Cadhac y la familia Acosta Luján consiguieron que el caso quedara en la PGR, dentro del ámbito civil.
El expediente que estaba en la Agencia Segunda pasó en febrero pasado a la Agencia Primera, a cargo del licenciado Alfdav Téllez, quien se declaró incompetente y lo regresó a Rodríguez.
Finalmente el 21 de junio don Gustavo recibió en su casa una consulta de notificación de no ejercicio de acción penal. Con ella el Ministerio Público federal determinó que la averiguación no contenía elementos suficientes para ejercitar acción penal contra los marinos.
“A grandes rasgos –dice la activista– lo que argumenta en la consulta el licenciado es que a pesar de que se acreditan por completo los elementos de tipo penal de lesiones, homicidio y daño en propiedad ajena, no hay lugar para ejercer acción penal porque los marinos actuaron en legítima defensa y en cumplimiento de un deber.”
Pareciera que el Ministerio Público incumple con su función de ser abogado de las víctimas, sostiene Álvarez, pues se ve que busca elementos para exonerar a los marinos. Muestra de ello, dice, es que en la averiguación el indiciado es Gustavo y no los marinos.
Remata: “Lo cierto es que no se ha demostrado que los marinos estuvieran en un peligro inminente, o en inferioridad física o de conocimiento en manejo de armas. El ministerio dice que hay excluyentes de responsabilidad, pero es grave que afirme que actuaron en cumplimiento del deber porque eso es aceptar que cumplir el deber es disparar indiscriminadamente contra civiles”.
El miércoles 4 los familiares de Gustavo Acosta acudieron a las instalaciones de la PGR en Escobedo para inconformarse con la resolución del Ministerio Público. También se manifestaron con pancartas para exigir que se reabra el expediente.
“Quieren que esto no le pase a nadie más. Para denunciar hay que vencer muchos miedos, máxime cuando dentro de tu casa, donde debes estar tranquilo, ya no te sientes así”, concluye la abogada de Cadhac.
