En lo que va de este año, 44 mujeres han sido víctimas mortales de la violencia en el estado. El reciente caso de Itzel Rodríguez, quien fue secuestrada cerca de su casa en Guadalajara y posteriormente asesinada, ha llamado la atención sobre los crecientes ataques a estudiantes que no son sospechosos de tener vínculos con la delincuencia. En vista del hallazgo de varios cadáveres amontonados en camionetas en Ixtlahuacán de los Membrillos, la explicación parece simple: la oleada de violencia ya no discrimina por edad, género ni ocupación.
Itzel Adeline Rodríguez García tenía motivos para estar feliz a finales de abril: acababa de entregar las fotografías para su certificado y sólo le faltaba un mes para terminar la carrera de técnico en informática en la Preparatoria 10, de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Rubén García Becerra, director del plantel, la recuerda: “La jovencita era hermosa, siempre metida en sus labores educativas y usted puede ver en su expediente que no hay ninguna materia presentada en examen extraordinario en sus ocho semestres de la carrera. Sus calificaciones de los últimos años reportaban promedio de 100 y 85”.
“Yo le puedo decir que en mis 36 años como académico nunca había visto que le robaran la vida así a alguien, como ahora ocurrió con Itzel, y nunca había visto hechos tan dramáticos y violentos”, manifiesta García Becerra en entrevista con Proceso Jalisco.
Asegura que hasta la fecha la familia de Itzel y sus compañeros de escuela no han recibido una explicación convincente o siquiera un informe de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ).
El 26 de abril, Itzel se dirigía a la prepa, ubicada en la zona de Los Belenes. Cuando salía del coto de la colonia Torremolinos, donde está su casa, y se disponía a cruzar el parque del mismo nombre hacia la avenida de La Mancha para abordar un autobús de la ruta 636, fue capturada por dos sujetos que iban en una camioneta pick up blanca con las placas cubiertas de plástico negro. Ella forcejeó, pero los delincuentes la sometieron violentamente.
Los secuestradores huyeron con su víctima. Posteriormente se supo que unos minutos antes los mismos delincuentes intentaron llevarse a dos mujeres, pero fracasaron.
Minutos después del plagio, los padres de Itzel trataron de llamar al teléfono celular de su hija, pero fue inútil. En consecuencia, denunciaron el secuestro en la procuraduría del estado.
Ocho días después, los restos de Itzel aparecieron carcomidos por animales sobre la hierba seca acumulada en un barranco a la altura del kilómetro 15 de la carretera Guadalajara-Colotlán, en uno de los puntos de salida hacia el estado de Zacatecas conocido como Monticello. El cuerpo estaba desnudo, expuesto al sol, y mostraba heridas de arma blanca en diversas partes.
Ahí mismo los policías y los empleados del Servicio Médico Forense encontraron la ropa de la joven, una credencial expedida por la UdeG a su nombre y un aparato celular del modelo Xperia con un valor de más de 6 mil pesos.
Un agente de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco relata que el cadáver se encontró la tarde del jueves 3, a sólo 25 metros de profundidad. Su rostro estaba inclinado al oriente, justo en dirección al lugar donde la secuestraron.
Iztel se convirtió así en la número 32 de las mujeres asesinadas en Jalisco durante 2012, de acuerdo con el gobierno del estado. Sin embargo, varios organismos ciudadanos llevan la cuenta de 44 de estos asesinatos registrados hasta abril, lo que implica un promedio de 11 por mes y un alarmante incremento de feminicidios.
Guadalupe Ramos Ponce, representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) en Jalisco, señala que aun ante estos datos inobjetables las autoridades se niegan a declarar la “alerta de género” para impulsar acciones preventivas, como ocurre en otros estados:
“Por ejemplo –dice Ramos, también investigadora de la UdeG–, en Ciudad Juárez con la declaración de alerta de género se tuvo acceso a recursos federales para llevar a cabo campañas preventivas y hacer estudios para detectar zonas de alto riesgo o lugares en donde los asesinos van a tirar los cuerpos de sus víctimas”. Así se puede establecer una especie de mapa del crimen.
Protestas
Dos meses antes del asesinato de Itzel, la noche del 25 de febrero, la estudiante del Conalep y exalumna del Centro Universitario de Lagos (UdeG), Magaly Susana Jiménez Orozco, de 21 años, fue secuestrada cuando salía de su trabajo en la empresa Nestlé y se dirigía a su hogar en la colonia El Carmen, de Lagos de Moreno.
Un guardia privado atestiguó después que Magaly fue interceptada por un sujeto, con el que empezó a discutir. Cuando el policía intervino, el desconocido argumentó que Magaly lo conocía, que ella se sentía mal y por eso la llevaría a su casa.
El domingo 6, dos días antes del Día Internacional de la Mujer, un pepenador descubrió el cadáver de la joven en un basurero, bajo unos escombros y con huellas de tortura.
El 21 de marzo la comunidad universitaria de Lagos de Moreno convocó a una marcha para protestar por el asesinato de Magaly. Más de mil personas demandaron que se dé con los homicidas y se haga justicia.
En la movilización también participó el sacerdote católico Porfirio Galindo, secuestrado en noviembre de 2011. Él iba con un acompañante a oficiar misa en una ranchería del mismo municipio, cuando un grupo de delincuentes los paró en un retén ilegal. Entrevistado en la marcha, el cura añadió que lo golpearon y lo mantuvieron incomunicado varias horas.
En el caso de Itzel, la comunidad de la Prepa 10 prepara un acto simbólico: los estudiantes del octavo semestre de la carrera de técnico profesional en informática pasarán lista simbólicamente para recordar a su compañera, víctima de la delincuencia.
Marco Antonio Núñez Becerra, dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), recuerda que entre diciembre de 2011 y abril de 2012 seis universitarios fueron asesinados. En el mismo lapso la procuraduría estatal ha detenido a algunos involucrados, pero no a los ejecutores ni a los autores intelectuales.
Además, recuerda que en diciembre pasado cuatro estudiantes de la Preparatoria 8 y un padre de familia (identificados como Francisco Javier Carrillo, Gabriel Morán Cervantes, Juan Valentín Guerrero, Ismael Gómez y Armando Gómez) murieron asesinados en las instalaciones de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la FEG (Proceso Jalisco 371).
En este caso, dice, los principales señalados son los líderes de la FEG David Castorena e Israel Mariscal, que siguen prófugos por la lentitud de la PGJ.
La procuraduría también es cuestionada por la UdeG, que el lunes 7 publicó en diversos diarios un desplegado en el cual “exige la actuación inmediata de las autoridades para el esclarecimiento de la muerte de Itzel Adeline Rodríguez García” y enfatiza que el silencio oficial sobre el caso “se suma a la falta de resultados en las investigaciones de los asesinatos de los estudiantes” en el edificio de la FEG.
En el documento, el Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la universidad manifiesta su “profunda indignación y preocupación” ante los crímenes contra los jóvenes jaliscienses.
Dos días antes la UdeG expresó en otro comunicado: “Lo menos que podemos demandarle al titular del Ejecutivo del estado es que cumpla con la responsabilidad de garantizar el derecho fundamental a la seguridad de la población”, se decía en el documento, firmado por la comunidad de la Preparatoria 10.
A decir de Núñez Barrera, el asesinato de Magaly espera justicia. En cuanto a Itzel, destaca que esperan resultados sobre la investigación de la PGJ:
“Vemos que en un plazo muy corto, de menos de seis meses, han asesinado a seis estudiantes y comprobamos que la procuraduría trabaja en forma ineficaz. En todos esos crímenes nos preguntamos dónde están los criminales, qué pasa con la aplicación de la justicia y qué es lo que realmente hacen las autoridades estatales para detener esto.”
Al respecto, la PGJ asegura que en el multihomicidio del edificio de la FEG ya están detenidas cuatro personas, y que ya se trabaja en varias líneas de investigación para aclarar el caso de Itzel. De paso, la institución responsabiliza a la policía de Zapopan por su deficiente actuación para prevenir situaciones de esta naturaleza.
Pero el director de la Preparatoria 10 asegura que la corporación a la cual recurren cuando se necesita disuadir o enfrentar a criminales es precisamente la de Zapopan. Frente a testimonios como éste, la procuraduría del estado lamenta:
“La PGJ está enfocada en la resolución del artero crimen y en la captura del o los presuntos responsables, como lo ha hecho ya en otros muchos casos en los que, incluso, también se ha difundido la exigencia de justicia, pero no se ha hecho ningún reconocimiento una vez esclarecidos los hechos.”
A su vez, el líder de la FEU sostiene que la PGJ debe abstenerse de culpar a otras instituciones y dedicarse a investigar la muerte de Itzel para castigar a los responsables, igual que a quienes cometieron los otros cinco asesinatos.
Pero Núñez Becerra ignora que aun la PGJ tiene problemas para proteger a los suyos en esa zona. En 2009, a unos metros de donde levantaron a Itzel, un grupo de sicarios logró ponerle cola al exjefe de Homicidios de la procuraduría estatal, Carlos Alberto Rayas, para después dispararle desde una motocicleta de alto cilindraje. Lo ejecutaron el 3 de abril cuando circulaba por el Periférico Norte.
Los asesinos siguieron a Rayas desde que salió de su domicilio en la avenida Torremolinos. Ese día los criminales también mataron a una conocida suya a la que el mando policiaco había ofrecido un “aventón”. Los cuerpos de ambos se encontraron dentro de la camioneta gris del oficial, en la colonia Tuzanía. El hecho fue descrito por la cadena Univisión como el atentado más grave ocurrido contra la PGJ en 20 años.
El procurador del estado, Tomás Coronado Olmos, prometió que la muerte de su colaborador no quedaría impune. Sin embargo, la racha de violencia que se incrementa desde entonces en Jalisco parece rebasar con mucho a las autoridades.
