COLIMA, Col.- El asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, generó en esta entidad la movilización y condena por parte del gremio periodístico, a la vez que despertó añejas demandas en torno a las condiciones de inseguridad e incertidumbre en las que se ejerce el periodismo en el estado.
El 30 de abril, dos días después de que fue encontrado el cuerpo sin vida de Regina en su domicilio de Xalapa, cerca de medio centenar de reporteros, estudiantes y profesores de periodismo de Colima realizaron una marcha en protesta por el crimen y en demanda del cese de la violencia contra los trabajadores de los medios de comunicación.
Durante el trayecto fueron mostradas pancartas con fotografías de la periodista asesinada y consignas como “Todos somos Regina”, “No se mata la verdad matando periodistas”, “Defender a Proceso con la vida” y “Basta de impunidad en asesinatos contra periodistas”, entre otras.
En la manifestación participaron, entre otros, miembros de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), Periodistas y Comunicadores Independientes de Colima (Pecic) y del Club de Reporteros de Colima, así como alumnos y maestros de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima.
El 1 de mayo, durante el desfile conmemorativo del Día Internacional del Trabajo, más de 20 reporteros se introdujeron entre los contingentes enarbolando una manta con el reclamo “Alto al asesinato de periodistas”, y al pasar bajo el balcón del palacio de gobierno gritaron las consignas “ni un muerto más” y “justicia, justicia, para los periodistas”, mientras recibían muestras de apoyo y solidaridad por parte del público y trabajadores de varios sindicatos.
La mañana del jueves 3, Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Club de Reporteros de Colima colocó una ofrenda floral ante la estatua de Francisco Zarco, en el jardín “Libertad de Expresión” de esta ciudad, en honor de los periodistas mexicanos asesinados en los últimos años.
Durante el acto, la coordinadora general de la organización, Karla Gabriela Gómez, condenó el asesinato de Regina Martínez y mencionó que cada que se mata a un periodista se acalla a una parte de la sociedad.
Sin embargo, el clima de manifestaciones de los periodistas subió de temperatura tras la detención del reportero Sergio Uribe Alvarado, del Diario de Colima, mientras cubría un operativo policial en la colonia Fátima de esta ciudad, la tarde del martes 1.
Represión oficial
Un día antes, Uribe había participado en el acto frente al Palacio de Gobierno, donde denunció que no existe seguridad para el ejercicio periodístico en la entidad.
“Desde luego que no hay protección –aseveró el encargado de la sección policiaca del mencionado diario–, porque sales a la calle y ya vas con la tenebra, con el estrés de lo que pueda pasar, todo mundo anda checando para dónde te mueves, con quién hablas… nadie te dice que no escribas esto, pero sí te están intimidando, te están poniendo ciertas reglas”.
Indicó que hace dos meses fue amenazado por personal del Ejército y que en 2010 lo intimidaron marinos mientras trabajaba. Esta vez lo detuvieron agentes de la Policía Estatal Acreditable mientras tomaba fotografías de un operativo derivado de un atentado a balazos, y fue entregado a la PGJE bajo la acusación de “ultrajes a la autoridad”.
Según la procuraduría local, Sergio Uribe violó el cerco perimetral de seguridad y supuestamente golpeó, con una cámara colgada al cuello, a una agente del Ministerio Público. En un inusual comunicado de prensa –después de casi un mes de no emitir ninguno por la “veda electoral”–, la PGJE aseguró que el reportero detenido también insultó a varios agentes, entre ellos a una mujer.
Denunció que cuando ya estaba esposado los agentes lo golpearon en la cabeza y espalda, además de que antes de ingresar a los separos fue vejado por el personal de la PGJE, que lo obligaron a desnudarse totalmente y realizar cinco sentadillas, con el pretexto de determinar si traía algún objeto o sustancia en su cuerpo.
Tras su liberación bajo fianza, y acompañado por familiares y un grupo de reporteros, Uribe se presentó en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del estado para ratificar la queja presentada verbalmente la noche anterior, cuando el ombudsman colimense lo visitó en los separos.
El titular del organismo humanitario, Roberto Chapula, declaró que la detención del reportero constituye un grave atentado contra la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa.
Aclaró que los argumentos de las autoridades no son suficientes para configurar el delito que se le adjudica, por lo que estimó que se trata de un caso de represión al periodista.
Por su parte, el gobernador Mario Anguiano Moreno negó que se hayan violado los derechos humanos del periodista y justificó la actuación de la policía argumentando que Uribe no respetó “las áreas reservadas” durante el operativo.
Al preguntarle si esa será la tónica de su gobierno hacia los reporteros que cubren la fuente policiaca, Anguiano dijo que “mientras se den los cuidados y haya la atención de los periodistas, jamás van a ser molestados”.
Juan Ramón Negrete Jiménez, secretario regional de la Zona Occidente de la Fapermex, advierte que en los últimos tres años se ha registrado una oleada de violencia contra los reporteros y los medios de comunicación de Colima. “Afortunadamente —comenta— todavía no hemos tenido en el estado el asesinato de algún compañero en el ejercicio de su trabajo, pero no debemos esperar a que nos maten al primero”.
El representante de la Fapermex recuerda que el 1 de septiembre de 2010, durante los foros de seguridad organizados por el gobierno estatal, solicitó a Anguiano Moreno que convocara a todas las organizaciones locales de periodistas y a las autoridades de los tres poderes y de los municipios para trabajar en un protocolo de seguridad para la protección de los periodistas en situaciones de alto riesgo, pero “hasta la fecha no hemos tenido respuesta”.
Por su parte, Mario Alberto Solís Espinosa, presidente de Periodistas y Comunicadores Independientes de Colima (Pecic), explica que también la opacidad de los gobiernos y el ocultamiento de la información es una forma de agredir, porque se impide a los reporteros hacer su labor, y lo más grave es que la mayoría de las agresiones físicas contra periodistas colimenses provengan en su mayoría de instancias gubernamentales.
