Las explosiones de 1992 cimbraron a la ciudadanía jalisciense y la forzaron a presionar a sus gobernantes para que atendieran las demandas de los damnificados, castigaran a los responsables y adoptaran medidas de prevención. Poco de esto se logró; más aún, los señalados como responsables y algunos líderes ciudadanos cooptados por el PAN siguieron trayectorias políticas.
Algunos de los líderes sociales que fueron clave para enfrentar la emergencia tras la explosión de los colectores del sector Reforma en 1992 fueron cooptados políticamente por el PAN para capitalizar el descontento y arrebatarle al PRI, en 1995, la gubernatura, la mayoría de distritos locales y federales, así como las presidencias municipales de la zona metropolitana.
Para las elecciones de julio próximo la causa de los damnificados ya no favorece a los panistas. Los hermanos Guadalupe, Silvia, Miguel Ángel y Sergio Gómez Partida, reconocidos por su activismo a favor de las familias afectadas y que estuvieron ligados al PAN, hoy están divididos.
Silvia, de 46 años, es maestra de primaria y publicó en 2003 el libro Ecos del 22 de abril, dice que ella y Guadalupe se apartaron de ese partido porque ya desapareció el movimiento ciudadano que surgió a raíz de las explosiones:
“Guadalajara volvió a convertirse en el gallinero de México; la gente parece dormida. Al igual que todo el país, la ciudad está convulsionada por los graves problemas que la golpean y hay un grueso de la población que espera que el cielo le resuelva la vida.”
Ahora su esperanza es que las izquierdas logren articular en Jalisco un gran movimiento en torno de Enrique Alfaro.
“El 22 de abril (de 1992) nos enseñó a luchar. Yo soy maestra y ahora estoy en otra trinchera, colaboro en el Movimiento de Bases Magisteriales (MBM). Guadalupe también está con nosotros, las dos somos profesoras de educación primaria y nuestro centro de trabajo se encuentra en la colonia Atlas, a una cuadra de donde explotó la tierra”, explica, y hace un breve recuento:
“En 1992 yo tenía 26 años y Guadalupe 23. Trabajábamos en un plantel ubicado en Tlaquepaque, pero luego nos cambiaron para la colonia Atlas. Nosotras, como profesionistas, pretendemos generar conciencia entre nuestros alumnos sobre asuntos del medio ambiente y de los problemas que le atañen a la sociedad. Ahí estamos sembrando la semillita de lo que dejó el 22 de abril como experiencia social y política.
“Después de la tragedia me desligué del PAN, pero mis hermanos siguen. Cuando le dieron el triunfo a ese partido en el estado, a ellos les ofrecieron diferentes puestos.”
A Miguel Ángel, por ejemplo, le entregaron la Dirección Jurídica del ayuntamiento de Guadalajara en la administración de Fernando Garza Martínez –actual candidato del PRD para gobernador– en el periodo 2000-2003 y salió de la administración cuando el PAN perdió en 2009. Hoy tiene su propio bufete.
Por su parte, sigue Silvia Gómez Partida, Sergio fue convocado para trabajar en la Secretaría de Finanzas y estuvo poco tiempo en el sistema del Tren Ligero.
Pendientes
También cumplió un papel importante en la lucha de los damnificados Lilia Ruiz Chávez, dirigente de la organización 22 de Abril en Guadalajara, quien por el estallido perdió una pierna y sufrió lesiones permanentes en la columna vertebral.
Ruiz afirma que en 1995, cuando el PAN llegó a la gubernatura y Alberto Cárdenas convocó a la primera reunión de representantes de los damnificados, como por magia aparecieron de 16 a 20 personas que se ostentaban como líderes. “Yo representaba a los lesionados y me sorprendió que apareciera tanta gente, porque los que encabezamos a los damnificados éramos apenas unos cuantos”, dice.
Asegura que, a 20 años de la tragedia, todavía hay muchos problemas que preocupan a los damnificados, entre ellos menciona el de las familias de seis víctimas que fallecieron días después de las explosiones y que no han sido indemnizadas. Ella misma, dice, fue objeto de persecución y de ataques violentos montados para intimidarla en el gobierno de Francisco Ramírez Acuña. Como ejemplo menciona que la acusaron de agredir a un taxista afuera del Hospital de Zoquipan:
“¿Cómo iba a hacer eso, si tengo serios problemas para caminar y me tengo que apoyar con mi bastón o en la silla de ruedas? La supuesta víctima es un sujeto mucho más alto que yo; solamente le reclamé que invadiera la rampa y la parte de banqueta para discapacitados, discutimos un poco, pero cuando menos acordé llegaron policías y me llevaron a la cárcel”.
A decir de Ruiz, 14 damnificados no han sido incluidos en el fideicomiso para atenderlos y a 12 familias nunca les entregaron la casa prometida. Por eso se pronuncia por reabrir el caso 22 de abril y que se incluya la tragedia en los libros de texto gratuitos de primaria.
Óscar González Garí, representante de la Red Jalisciense de los Derechos Humanos, considera que Lilia Ruiz representa a una organización que fue “cooptada” por el poderoso grupo UdeG, que dirige Raúl Padilla López, quien pretende capitalizar políticamente la causa de los damnificados a través del PRD. Pero ella niega que sea militante de algún partido.
Consultado aparte, González Garí recuerda que, tras las explosiones, decenas de despachos de abogados atendieron gratuitamente las demandas de los afectados gracias al esfuerzo de la Coordinadora de Organismos Civiles y Ciudadanos 22 de Abril y de la desaparecida Academia Jalisciense de Derechos Humanos.
Dicha coordinadora fue encabezada por la conductora de radio Yolanda Zamora y el académico Carlos Núñez, ya fallecido. Entre los bufetes que ofrecieron respaldo señala a los de Alberto Ogarrio, Juan Manuel López Shultz y Martín Márquez Carpio.
González incluye a Jaime Arturo Paz García, médico cirujano oriundo de Sayula que colaboró con Cárdenas Jiménez y promotor del Sistema Estatal de Protección Civil (fue su primer director). Paz siempre sostuvo que Pemex era responsable directa de la explosión, y falleció alejado de la política el 6 de junio de 2007.
Los beneficiarios
Varios funcionarios se beneficiaron de las explosiones. Uno de ellos fue Carlos Manuel Barba, secretario técnico del Patronato de Reconstrucción que después presidió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
A decir de González Garí, muchos damnificados criticaban a Barba su poca sensibilidad para atender sus reclamos: “Yo nunca lo vi llevando una silla o corriendo para atender a las personas que se desmayaban en las largas filas que hacían los afectados para pedir ayuda; y a pesar de su pésimo desempeño en el patronato, al señor lo convirtieron en ombudsman”.
Como representante de los afectados, Pedro Sánchez Ascencio logró una diputación federal por el PAN en 1996, luego se integró a la administración estatal y mantuvo un bajo perfil.
A su vez, el entonces gobernador Guillermo Cosío Vidaurri fue separado del cargo y desde entonces se dedica a su notaría pública, aunque fue embajador de México en Guatemala en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. “Cosío debe reconocer sus errores y tener la valentía de pedir una disculpa pública a los damnificados del 22 de abril”, dice González Garí.
En aquel tiempo era presidente municipal de Guadalajara el priista Enrique Dau Flores, que ese mismo año pasó ocho meses en la cárcel, señalado como uno de los responsables de la explosión que causó más de 200 muertes.
Después de salir del penal se postuló para ocupar nuevamente la alcaldía, pero perdió frente al panista Ramírez Acuña. Sin embargo, cuando éste llegó a la gubernatura, le dio la dirección de la Comisión Estatal de Agua, donde se comprometió con proyectos hidráulicos que finalmente fracasaron, como la construcción de la presa de Arcediano.
A dos décadas de la tragedia que lo botó de la presidencia municipal, Dau Flores reaparece como coordinador de campaña de Jorge Aristóteles Sandoval, junto con el joyero José Palacios.
González Garí recuerda que en 1991 Dau Flores era titular secretario de Desarrollo Urbano y como tal encabezó la construcción de la Línea 2 del Tren Ligero y la planeación de un sifón en el cruce de Javier Mina y calzada Independencia, lo que según varios expertos se convirtió en un tapón para las aguas negras y los gases que se acumulan en el drenaje de manera natural y que corren por efecto de gravedad hacia el fondo de la barranca de Huentitán.
Otro funcionario de entonces que nunca fue llamado a cuentas, dice el entrevistado, es Enrique González Romero, quien fue secretario de Gobierno de Cosío Vidaurri y catedrático de la Universidad de Guadalajara. “Él se encontraba de vacaciones en Puerto Vallarta y dijo que atendería el caso el lunes 27 siguiente (cinco días después), cuando regresara a sus labores”.
