Por el desacato del Congreso al nombrar a cuatro magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del estado contra una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagó sólo el panista Gustavo Macías: fue retirado de su cargo. Él dice que no se enteró a tiempo de la determinación de la Corte, pero un acta fechada el día de las designaciones prueba que tanto él como los coordinadores de las fracciones conocían la orden de suspensión antes de proceder y les ganó su costumbre de repartirse las cuotas de poder.
El jueves 19, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, con 10 votos a favor, separar de su cargo al expresidente del Congreso de Jalisco, Gustavo Macías Zambrano, quien aspiraba a una diputación federal. Se convirtió así en el primer legislador desaforado por el máximo tribunal del país y ser sometido a proceso penal por incurrir en desacato.
Macías Zambrano, quien a decir de expertos juristas pudo haber dado marcha atrás al enterarse de la resolución, se declaró listo para defenderse y de esa forma salvaguardar sus derechos políticos, ya que pretende competir por una diputación federal en julio próximo.
El caso se remonta al 23 de agosto de 2011, cuando estaban en la agenda legislativa los nombramientos de varios funcionarios judiciales hasta el final de la sesión, que terminó alrededor de las 20 horas. Pero éstos se adelantaron y, en sólo 10 minutos, los diputados aprobaron en bloque, y por unanimidad, 13 nombramientos, entre ellos los de cuatro magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del estado.
Los integrantes de la LIX Legislatura local procedieron como en otras ocasiones: se repartieron cuotas de poder entre las fracciones del PRI, PAN, PRD y PVEM. Así lo hicieron sin que nadie les pusiera objeciones al designar magistrados del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), así como en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y el Consejo de la Judicatura.
Sin embargo, esta vez sus componendas políticas provocaron que el Poder Judicial y el Ejecutivo promovieran sendas controversias constitucionales –la número 87 y la 90– en contra del Legislativo.
Se pedía que la SCJN sancionara la toda la Legislatura o al menos a la mesa directiva –presidida por Macías Zambrano y por dos diputados del PRI–, pero el castigo recayó únicamente en su presidente en turno en ese mes, que era precisamente el legislador panista.
La resolución de la SCJN se fundó en que los 36 diputados presentes en la sesión aprobaron la designación adelantada de cuatro magistrados y otros funcionarios del STJ, pese a que fueron notificados de una suspensión dictada por el ministro instructor Sergio Valls Hernández.
El desacato provocó que la Corte determinara el jueves 19 la destitución y consiguiente desafuero de Macías Zambrano para consignarlo ante un juez penal federal. Sin embargo, el panista asegura que no estaba enterado de la suspensión dictada por Valls y rechaza que haya forma de comprobarle que se le notificó en tiempo y forma.
“Este es un problema de poderes y yo soy el chivo expiatorio”, declaró a este semanario, luego de atribuir el conflicto de poderes a la ruptura del acuerdo sobre quiénes serían los nuevos magistrados.
Insistió en que no fue informado a tiempo de la suspensión y dijo suponer que tampoco se enteraron los coordinadores de las otras fracciones, incluido el de su bancada, José María Martínez, quien tiene gran influencia en el Poder Judicial y encabezó las negociaciones para definir a los elegidos.
“Yo lo que sé es que me notificaron a las 5 de la tarde con 25 minutos, cuando ya habíamos nombrado magistrados, y que nadie puede afirmar que me avisó”, retó Macías Zambrano.
Se mostró confiado en que acreditará ante el juez de distrito que no actuó con dolo y, en consecuencia, su conducta no es delictiva. “En mi defensa voy a pedir que me careen con el personal del área para que alguien diga si me notificaron o dieron por enterado. Hay videos, que se revisen y que se compruebe como actuó cada quien”, reiteró.
La evidencia
Un documento decisivo para el desafuero del diputado Macías Zambrano fue el acta levantada por el actuario Javier Gerardo Trejo Romo –con el número de oficio 2649/2011–, que se mantiene bajo reserva en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y de la que Proceso Jalisco tiene copia.
Se trata de una constancia de entrega de la notificación de suspensión del nombramiento de nuevos magistrados ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ostenta el sello de recibido por el Poder Legislativo del estado a las “2.50 pm” del 23 de agosto de 2011.
Como le impidieron entregársela personalmente al presidente del Congreso, el actuario Trejo Romo la puso con carácter de “urgente” en manos de Martha Navarro, asistente de correspondencia de la Oficialía de Partes una hora y 15 minutos antes de que se reanudara la sesión en la que se llevaron a cabo las designaciones.
En el acta el funcionario federal asienta que notificó a Navarro del carácter urgente de la notificación y del motivo, por lo que ella, en su presencia, “la entregó a otra persona”. Ahora se sabe que se trató de un funcionario de la Dirección Jurídica, que a su vez enteró de inmediato a los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias, por lo que es falso que los legisladores no hayan sido informados antes de que se reiniciara la sesión, a las 16:05.
El acta manuscrita, levantada por el actuario Trejo Romo tras la entrega de la notificación al incidente de suspensión de la controversia constitucional 90/2011, dice:
En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las catorce horas con cincuenta minutos del veintitrés de agosto de dos mil once, el suscrito Javier Gerardo Treno Romo, actuario judicial inscrito a la Sección de Trámite de controversias constitucionales de Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento al proveído del veintidós del indicado mes, dictado por el Ministro Instructor Sergio A. Valls Hernández en el cuaderno incidental de la controversia constitucional 90/2011, me constituí en la Residencia Oficial del Poder Legislativo de la citada entidad federativa, ubicada en la avenida Hidalgo número 222, en la zona Centro de esta Ciudad; en la puerta principal soy atendido por dos personas de la recepción, a quienes les solicito me permitan acceder a la oficina del Presidente de la Mesa Directiva, a efecto de notificarle varios acuerdos, a lo que me indican que todos los documentos u oficios dirigidos al Poder Legislativo, se reciben únicamente en la Oficialía de Partes.
Acto seguido, soy atendido por una persona de sexo femenino que dijo llamarse Martha Navarro, ser empleada de la oficina de correspondencia con el cargo de asistente administrativo, encargada de recibir cualquier documento u oficio (dirigido) al Congreso Estatal, a quien al explicarle el motivo de mi presencia y el contenido del auto que se notifica, así como su urgencia para que la remitieran a la oficina respectiva, en seguida me recibe el oficio 2649/2011 , número que contiene inserto el acuerdo de veintidós de este mes citado anteriormente, quedando debidamente notificado con sello de recibido, hora, fecha y firma de quien lo recibe, mismo que en mi presencia fue entregado a otra persona que ella llamó, indicándole de su urgencia que le había advertido. Dando por terminada la presente diligencia para los efectos legales a que haya lugar y firmando el suscrito actuario judicial para constancia. Doy Fe.
Por lo pronto, fuentes del Congreso informan que se ordenó una investigación interna para conocer la participación, sea por acción o por omisión, de los empleados involucrados en el caso, incluyendo a personal de la Dirección Jurídica y Secretaría General, pero hasta el cierre de esta edición no se mencionaba a ningún presunto responsable.
Los diputados de todas las fracciones parlamentarias han respaldado a Macías Zambrano y, en general, acusan a la Corte de actuar con un rigor inusitado.
De acuerdo con Celso Rodríguez González, presidente del STJ, era de esperar que no se llevara a cabo el nombramiento de los funcionarios judiciales porque no existe el marco jurídico para hacerlo.
Destacó que el Poder Judicial no tiene vacantes ni recursos para ampliar su estructura, ni pidió la creación de nuevas plazas para magistrados, por lo cual el Ejecutivo interpuso la controversia constitucional.
Añadió que los ministros de la SCJN resolvieron que el presidente del Congreso incurrió en desacato con base en el acta que elaboró un funcionario federal –el actuario Trejo Romo, quien goza de fe pública– y que fue valorada como prueba fehaciente.
