Dos décadas después de las explosiones en los ductos del Sector Reforma, los tapatíos aún no olvidan el fatídico 22 de abril. No sólo recuerdan a sus muertos, sino que acusan a Pemex por su negligencia criminal y se lanzan contra la clase política, sobre todo contra los priistas, por su complicidad. Y aun cuando las autoridades han echado abajo todas sus quejas, los damnificados no cejan en su afán de justicia. “Sueño todavía con el día en que los responsables del asesinato masivo del 22 de abril digan con todas sus palabras que sí aceptan su culpa”, dice uno de ellos.
Durante la misa celebrada el sábado 21 a instancias del Comité de Derechos Humanos 22 de abril, la Red Jalisciense de Derechos Humanos y las comunidades eclesiales para conmemorar los 20 años de las explosiones en los colectores del sector Reforma, se presentaron dos funcionarios del ayuntamiento de Guadalajara para “monitorear” el evento que ofició el sacerdote Ignacio Virgen Buenrosto.
Ya fuera del templo de San Carlos Borromeo, en el barrio de Analco, uno de los dos visitantes –“fervientes priistas, como se definieron ellos mismos– le espetó al abogado Óscar González Garí, presidente de la Red Jalisciense: “Las cosas que usted dijo no se dicen en una iglesia, nosotros también somos católicos”.
“Solamente hablamos con la verdad”, se defendió González Garí.
Los dos priistas –uno de ellos presidente de la Junta de Colonos de San Carlos Borromeo– se molestaron aún más y comenzaron a manotear y a hablar más fuerte:
–Puede criticar al gobierno pero no tiene por qué hablar del priismo, menos en esta etapa de la lucha electoral. Eso nos afecta porque hemos trabajado mucho para que nos reciba bien la ciudadanía otra vez –volvió a increparlo el funcionario.
González Garí le reviró:
–Ni los priistas ni los panistas hicieron nada por los damnificados del 22 de abril (de 1992). Los culpables merecen ser señalados, acusados e incluso castigados.
–Nosotros ya pagamos la factura. Hemos estado fuera del poder durante tres sexenios seguidos y ahora nos toca volver.
Durante la liturgia, concertada con antelación por deudos de los damnificados y defensores de derechos humanos, Virgen Buenrostro habló largo y tendido contra los gobernantes que solaparon a Pemex en aquella ocasión y no hicieron nada por los damnificados. Lo mismo hicieron los integrantes de las comunidades eclesiales de base.
González Garí comentó incluso que la reunión en el templo era para recordar los 20 años de impunidad, que todos habían ido ahí con la esperanza de que Dios oyera el reclamo de su gente, ya que al parecer la justicia humana no terminaba de poner en su lugar a los culpables. Pero fue la lectura de un comunicado en el que criticó a los priistas lo que provocó la molestia de los dos funcionarios.
Si algo quedó claro en el vigésimo aniversario conmemorativo de la explosión del 22 de abril es que nadie olvida esa fecha: ni los políticos ni los deudos de las víctimas. Prueba de ellos es el ambiente crispado en amplios sectores de Guadalajara. El domingo 22 los políticos de plano se abstuvieron de acudir al terreno minado, entre ellos Aristóteles Sandoval, aspirante del PRI a la gubernatura.
Otros lo hicieron de manera discreta, como Carlos Lomelí, candidato a senador por el PRD, quien se presentó en el parque Filipinas a regalar sillas de ruedas, andaderas, bastones y medicamentos. Ahí señaló que el evento no tenía nada que ver con su campaña. El panista Fernando Garza, arropado ahora por el PRD para la gubernatura, llegó a la Capilla Guadalupana de Gante y tras decir que sólo iba a regalar una corona, se retiró.
El licenciado Raúl Padilla López, jefe del Grupo UdeG, mandó su ofrenda al pie de la escultura Estela contra el olvido. En ese sitio estaban, cada uno con una corona, los candidatos del Movimiento Ciudadano al gobierno y al municipio de Guadalajara, Enrique Alfaro y Salvador Caro, respectivamente; el exdiputado udegeísta Carlos Orozco Santillán, quien incluso saludó a Lilia Ruiz Chávez, la lideresa de la asociación de lesionados.
Sólo desdén
Días antes del aniversario luctuoso comenzaron a organizarse mesas redondas, conferencias de prensa, caminatas, exhibición de videos y documentales, obras de teatro, incluso se pintaron varios murales, se develaron dos placas y se llevó a cabo la siembra de árboles; también hubo por lo menos cuatro misas.
En los eventos participaron, cada cual en su ámbito de influencia, miembros del Comité de Derechos Humanos 22 de Abril, encabezado por Fernando Acosta y Ana Luisa Tenorio; los hermanos Silvia, Guadalupe y Miguel Ángel Gómez Partida, y el grupo de Lilia Ruiz, quien logró reunir a sus representados y a reporteros y fotógrafos de los medios locales.
Todos coincidieron en el reclamo de justicia. La lucha sigue, dijeron, tras señalar que aún hay muchos pendientes. Y reiteraron que cada quien marchará por su lado.
Fernando Acosta, el único que mantiene una demanda jurídica contra las autoridades estatales y federales, dice que todavía se siente el coraje cuando uno camina por las calles de Guadalajara. Abre los ojos y mueve las manos con angustia al recordar la explosión del colector oriente el 22 de abril de 1992:
–Me han dicho muchos, entre ellos algunos curas, que perdone a Pemex, que perdone a los responsables. Y yo les contesto: aquello fue un asesinato masivo. Además, no soy cura para perdonar ni juez, tampoco soy Dios. Y aun cuando no tengo por qué tener rencor, más del que ya pude tener, tampoco tengo por qué callar. Fueron miles de muertos, miles de heridos, miles de personas dañadas en su patrimonio y en su vida personal.
Las acciones jurídicas en torno al accidente iniciaron desde el momento en que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y la PGR atrajeron el caso que concentró 2 mil 156 querellas y denuncias penales que derivaron en la detención del alcalde priista Enrique Dau Flores, cuatro funcionarios del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y otros tantos de Pemex (proceso criminal 70/92).
El 28 de enero de 1994 los detenidos fueron absueltos. Meses después el juez Edmundo Carrillo Blanco sobreseyó el caso. Los gobiernos federal y estatal se blindaron para defender a Pemex, que desde el principio fue señalada como la responsable del accidente.
A partir de entonces, damnificados, defensores de derechos humanos y vecinos de la zona comenzaron a exigir justicia. Y aunque mal asesorados, muchos pusieron sus quejas civiles; otros lo hicieron por la vía penal. Nunca recibieron atención.
El abogado Óscar González relata a Proceso Jalisco que se abrieron dos procesos específicos (el 311/92 y el 201/96 en los juzgados 4 y 10 de lo Penal) contra el coronel Eduardo Ramírez Santamaría y varios comandantes antimotines por la represión a miembros del Movimiento Civil de Damnificados el 1 de junio de 1992 en el kiosco de la Plaza de Armas. Ambos fueron desechados por las autoridades.
–¿Cuándo se sobreseyó definitivamente la vía penal para los afectados?
–El 23 de abril de 1996 el Congreso local había solicitado a la PGR, que en ese entonces dirigía el panista Antonio Lozano Gracia, que prosiguiera con las investigaciones en torno al 22 de abril.
“El 2 de junio de ese año la fracción panista mandó un oficio al gobernador Alberto Cárdenas pidiéndole se inconformara con el sobreseimiento y ejercitara a favor del pueblo un amparo o una controversia constitucional. Bebeto prefirió recibir un dinero de Pemex para atender a los damnificados a través de un fideicomiso. Jurídicamente la vía penal se cerró entonces en julio de 1996.”
El presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González, comenta que al día siguiente de las explosiones él presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja a nombre de los afectados (expediente CNDH/122/92/JAL/C03115.001) en la que pedía al titular del organismo, Jorge Carpizo, atender el caso de manera urgente.
“El procurador del gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, Jorge López Vergara, metió la mano y la denuncia se empantanó. Al final fue desechada”, recuerda el abogado.
La comisión estatal, creada en febrero de 1993, actuó de manera similar: El primer ombudsman estatal, Carlos Hidalgo Riestra, viejo militante del PRI, optó por defender los intereses del gobernador interino Carlos Rivera Aceves. Guadalupe Morfín, quien sustituyó a Hidalgo Riestra en la comisión, fue más sensible.
En mayo de 1998 recibió una queja ciudadana relativa a la omisión gubernamental en la construcción del monumento en memoria de los damnificados del 22 de abril de 1992, asignado mediante concurso al arquitecto Juan Lanzagorta Vallín (expediente 873/98-IV). “Ella sí nos reconoció como quejosos, comenta Óscar González. Dos años y medio después, el 18 de diciembre de 2000, incluso emitió una recomendación, la 16/2000.
Dirigido al gobernador Alberto Cárdenas, el texto aludía a las “violaciones al derecho a la solidaridad relativas a las necesidades y secuelas que padecen las víctimas de las explosiones del 22 de abril de 1992 en el SR (sector Reforma) de GDL y que abarcan también violaciones del derecho a la verdad, a la protección de la salud y a la impartición de la justicia”.
Y aun cuando nos sentíamos apoyados por ese lado, los gobernantes panistas endurecían más su posición en contra nuestra, relata el entrevistado. Dice que ante la negativa del procurador Lozano Gracia y el gobernador Cárdenas Jiménez, él y otros luchadores sociales pusieron una queja contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 10 de octubre de 1997.
El 17 de noviembre siguiente el organismo interamericano abrió el expediente 11,823 “Explosiones del SR de Guadalajara, México” y remitió el caso al presidente Ernesto Zedillo. En 2003 la CIDH realizó una asamblea en Chile y consideró que la petición era extemporánea.
Para el presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos lo importante es resaltar que “la denuncia nació en la Academia Jalisciense de Derechos Humanos (AJDH), aunque en 1998 el presidente del organismo, Víctor Ramos Cortés, empezó a boicotearla. Debe recordarse que él es cercano al jefe máximo del Grupo UdeG, Raúl Padilla, y al gobernador priista Guillermo Cosío Vidaurri, quien cayó a causa de las explosiones de 1992.
“Fue Ramos quien entregó el expediente a Padilla cuando éste trabajaba como diputado local. Él, a su vez, se lo envió a la Secretaría de Gobernación. Más claro, ni el agua”, insiste el entrevistado.
Demandas no atendidas
La doctora Raquel Gutiérrez, directora del Instituto de Derecho Ambiental, interpuso una demanda ante la Comisión para la Cooperación Ambiental del Tratado del Libre Comercio para América del Norte el 15 de octubre de 1999 (A14/SEM/98-001/04/RSUB).
Gutiérrez arguyó que la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección en el caso de las explosiones no se aplicaron de manera adecuada en el siniestro del 22 de abril de 1992; también cuestionó la resolución de sobreseimiento emitida por el juez 6 de lo penal. La instancia la rechazó por considerarla extemporánea.
Entrevistada al respecto, Raquel Gutiérrez expone al reportero los propósitos de aquel documento. En primer lugar, dice, queríamos demostrar que el siniestro y los delitos ambientales ocurrieron porque no se aplicó la legislación ambiental de manera correcta; en segundo, aclarar a quién correspondía manejar las sustancias y los residuos peligrosos y determinar también las fallas y omisiones de la autoridad ambiental; en tercero, destacar que el juez que resolvió el asunto y el Ministerio Público federal debieron partir de las consideraciones anteriores para configurar el delito y a partir de ello sancionar a los responsables, y por último dejar en claro que el juez omitió aplicar la legislación ambiental al no recurrir a una resolución que estaba dejando en estado de indefensión los intereses de la sociedad.
–¿Existe la posibilidad de abrir el caso 22 de abril por la vía penal o por la ambiental? ¿Dónde quedan las demandas de los lesionados? –se le pregunta.
–Los primeros nueve detenidos sólo fueron acusados de lesiones, daños y homicidios culposos… El CPF (Código Penal Federal) establece el tipo de lesiones, lo que cambia es la reparación del daño, que se sanciona de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.
“La solicitud de la Asociación 22 de Abril en Guadalajara para que se reconozca a los lesionados y se les indemnice, tanto en lo moral como desde la perspectiva de los derechos humanos (acorde con la reforma reciente de la Constitución), sí es viable.”
Entre 1992 y 1995 los afectados interpusieron 15 denuncias por la vía civil en juzgados estatales y en uno del Distrito Federal. De ellas, dos fueron presentadas por Fernando Acosta, la primera fue desechada la siguiente semana, la otra sigue en pie.
Para el presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, la mayoría de los juicios civiles fueron promovidos por empresas de la zona del Álamo a través del asesor jurídico del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Luis Cortés Baeza. El concepto fue por daño moral. Todas fueron bombardeadas por los abogados de Pemex y su aseguradora, Asemex.
Por lo que respecta a la denuncia de Fernando Acosta, el Juzgado 2 de Distrito en Jalisco dictó sentencia definitiva el 18 de febrero de 2010, en la que absolvió a los demandados “con el argumento de que no acreditamos la acción ejercitada”.
Y aun cuando apelamos, dice el activista, “el 12 de marzo en el Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito bajo Toca 08/10 y el 7 de octubre del mismo año el magistrado confirmó la sentencia. Nos fuimos al amparo directo (expediente 740/2010), el 7 de abril de 2011 se nos negó.
“Luego interpusimos una inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia; el 20 de mayo del año pasado la desechó. El 19 de noviembre siguiente dirigimos una demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde aún se encuentra”, relata el entrevistado.
–Pero allí todo puede pasar –insiste el reportero.
–Sí, pero confiamos en que haya cuando menos imparcialidad, algo que no ha habido nunca acá. Si se nos niega ese derecho, todavía podemos recurrir a la ONU. No cejaremos de luchar.
–¿No se cansa de todo esto? –pregunta el reportero a Fernando Acosta.
–No. Ya estamos embarcados.
Luego expone: “Aunque han sido años difíciles y me he sentido presionado por tanta negativa, sueño todavía con el día en que los responsables del asesinato masivo del 22 de abril digan con todas sus palabras que sí aceptan (su culpa). Quiero ver sus ojos derrotados; con eso estaré tranquilo”.
