Consultados por Proceso Jalisco, dos especialistas enumeran las pifias cometidas por los gobiernos federal y estatal y por el ayuntamiento de Guadalajara en torno al Museo Barranca de Arte Moderno y Contemporáneo. Según ellos, no sólo se está beneficiando a una asociación de empresarios, sino que la obra carece de planificación y sus promotores han incumplido los compromisos estipulados en el dictamen emitido en 2011.
El ayuntamiento tapatío debe exigir a la asociación civil Guadalajara Capital Cultural que regrese las 6.4 hectáreas del parque Mirador donde pretende construir el Museo Barranca de Arte Moderno y Contemporáneo, pues incumplió con lo acordado, sostiene la doctora Adriana Fausto Brito, investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
La especialista en temas de suelo, vivienda y derechos de propiedad, dice que aun cuando el decreto municipal y el contrato de donación especifican como segunda condición que la asociación debió presentar el proyecto ejecutivo y comenzar los trabajos correspondientes a más tardar en el segundo semestre de 2011, pero no lo hizo.
“Debería entenderse por incumplida esta condición y cancelarse la donación del parque, pues según respuesta del propio ayuntamiento de Guadalajara, a través de una petición de transparencia, hasta el 20 de enero de 2012 no se había solicitado aún licencia o permiso de construcción para el museo, lo que implica que no hay proyectos ejecutivos autorizados por el gobierno municipal.
“Por ende no pueden considerarse formalmente iniciadas las obras de construcción, pues la ley no permite expedir licencias preliminares o condicionadas”, dice la especialista.
E insiste: “La asociación tendrá que devolver al municipio todos los accesorios”.
También arremete contra el gobierno estatal y el ayuntamiento de Guadalajara porque, dice, “continúan enviando a la ciudadanía pésimos mensajes en el sentido de una aplicación discrecional de las leyes. ¡Como si ellos no estuvieran obligados a respetarlas! ¡Como si las leyes pudieran interpretarse y adecuarse como mejor convenga, dependiendo de quién esté impulsando o promoviendo un proyecto”.
De acuerdo con Fausto Brito, el 4 de noviembre del año pasado los empresarios de la asociación cultural arrasaron con el arbolado del mirador municipal de La Barranca, donde se pretende construir el museo. Es lo único que han hecho, y además de manera irregular.
Según el dictamen forestal, el director de Parques y Jardines, Victoriano Manzano Muñoz, envió el 22 de septiembre de 2011 el oficio PYJ/AJ/869/2011 al director general de proyectos de Obra Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) en el cual establece, entre otros requisitos, que antes de talar los árboles la dependencia debió entregar una copia simple de las licencias de obras públicas y del proyecto ejecutivo de la obra, pero el trámite no se realizó.
Por lo que respecta al dictamen forestal número 9727 del ayuntamiento de Guadalajara, en el cual se menciona que sólo procede la tala de 182 árboles, la Sedeur derribó alrededor de 300, por lo que cometió ecocidio, de acuerdo con los cálculos del arquitecto Román Murguía Huato, profesor del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), que se ubica justamente a un costado del parque Mirador.
Pero las autoridades se justifican. Argumentan que el dictamen 9727 es flexible, pues un párrafo más abajo indica que “el resultado (de la tala) es parcial, ya que no se conoce si existirá más afectación de árboles por la construcción no sólo del tapial y del museo, sino también de otras instalaciones como restaurante, oficina, bodegas, senderos y estacionamientos, entre otros”.
Hay más irregularidades en ese dictamen forestal. Aun cuando en él se estipula que deberán trasplantarse 62 árboles “con la respectiva restitución y donación de mil 88 árboles”, las dependencias municipales tapatías aún no se ponen de acuerdo en ese punto.
La Dirección de Prevención y Control Ambiental, a cargo de Guillermo Gómez Pedrozo Michel, emitió un dictamen en Materia de Impacto Ambiental (MIA) en el cual asienta que la zona se debe reforestar con 19 mil 707 árboles. La cifra difiere de la que estableció la Dirección de Parques y Jardines: mil 88 unidades.
A su vez, la Dirección General de Protección Ambiental y Desarrollo de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable emitió una autorización condicionada en Materia de Impacto Ambiental al proyecto (oficio 360/3211/2011). En él establece 57 condicionantes en materia administrativa, movilidad, uso de suelo, topografía, infraestructura, hidrología, flora y fauna, edificación sustentable, aire, residuos.
La UdeG, por medio del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) elaboró a su propia MIA en la que concluye: “No existen disposiciones legales federales o locales que prohíban o limiten expresamente la realización del proyecto… únicamente se establecen disposiciones tendientes a condicionar el proyecto para asegurar su viabilidad ambiental”.
La MIA, sostiene Fausto Brito, se basa “en cuestiones técnicas de arbolado, tipos de árbol, sombra que dan, erosión, y suponen que los elementos son los árboles, pero estamos hablando de un espacio público que tiene una función social, de esparcimiento y eso no está siendo valorado en los estudios (existentes).
“Tampoco tenemos estudios de factibilidad que demuestren qué va a pasar; si se va a recuperar la inversión y, de ser así, a cuánto ascenderán las ganancias y el mantenimiento.”
Por lo pronto, propone que parte de las ganancias que se obtengan del museo se inviertan en la restitución de las zonas verdes que se van a ceder. E insiste: “Si la preocupación fuera aprovechar ese entorno natural, debe pensarse en otros proyectos para potenciarlo, no en los que lo están destruyendo. Por ningún lado se justifica el emplazamiento del museo en esa zona con uso demandado y recurrido”.
También cuestiona a los promotores. Si están seguros de la necesidad de tener un museo de arte y aun consideran que será exitoso por la demanda social, local y regional, dice, “estarán de acuerdo en que es aceptable cualquier ubicación que ofrezca los servicios y accesibilidad necesarios para su funcionamiento”.
Por lo que respecta al comité técnico de evaluación creado por la UdeG y cuya tarea consiste en revisar que todo marche en orden, Munguía Huato comenta que sus integrantes solicitaron a las autoridades una copia de la MIA, así como el texto de comodato del predio y el proyecto ejecutivo de la edificación, pero no detectaron que éste carecía de licencia de construcción.
La intromisión de la UdeG
Román Munguía Huato cuestiona a la universidad por arrogarse “el derecho de aparecer como aval del proyecto, como si fuera la figura que representa la sociedad, aun cuando existen numerosas personas y asociaciones que no estamos de acuerdo”.
Su colega Fausto Brito detectó otra anomalía: aun cuando los promotores anunciaron que el área útil del proyecto se limita a 11 mil metros cuadrados, la MIA especifica que el museo se erigirá en todo el predio: 3.90 hectáreas serán de construcciones y edificaciones, mientras que las restantes 2.55 se destinarán a áreas verdes.
La especialista considera que la “insistencia de construir el museo sobre el parque obedece más a cálculos económico de los promotores privados, quienes obtuvieron el terreno gratis, que a intenciones de revitalización ambiental, urbana o social del área”.
Según ella, la decisión de regalar el terreno e incluso dar recursos públicos a la asociación no derivan de una política y programa de gobierno “basados en el diagnóstico de las necesidades de la población, sino de ocurrencias e intereses de promotores privados e inversionistas que aprovechan esa ausencia de planificación y de compromiso social por parte de nuestros gobernantes, para presentar negocios privados como obras de interés público”.
Por ello, Fausto Brito recomienda revisar la legalidad y legitimidad de la donación del predio, puesto que el parque deja de ser propiedad pública y se convierte en propiedad privada.
“Es cierto que las leyes facultan a las autoridades municipales a desincorporar bienes del dominio público para que pasen al dominio privado, y después enajenarlos a particulares, pero esto debería ser bajo circunstancias excepcionales; por ejemplo, cuando los bienes han dejado de servir para los fines a los que originalmente fueron dedicados. Lo cual de ninguna manera es el caso del parque”, puntualiza.
Y reitera que si no existe un proyecto ejecutivo autorizado aún se puede modificar. Eso es preocupante porque, dice, los promotores tienen una carta en blanco.
“Deberían revisarse las condiciones de la donación de un espacio público para aprovechamientos privados. El fideicomiso puede decidir que cierra el parque o modificar las reglas de acceso. Estamos sujetos a lo que la asociación y fideicomiso dispongan”, comenta.
Por otro lado, según el dictamen de operación vial para la puesta en operación del museo, emitido por Ricardo Alberto Rivera Alcalá, director de Infraestructura Vial de la Secretaría de Vialidad, el espacio debe de contar por lo menos con dos ingresos y dos salidas, “ya que el concentrar la salida en un solo punto provocará conflictos viales”.
Con relación a los promotores, el dictamen emitido el 21 de octubre de 2010 subraya que si en un lapso de un año, a partir del día de su aprobación, no se realiza la obra, el documento se anula. Fausto Brito duda que ese punto se cumpla, pues sólo hay una vía de acceso y de salida.
Y menciona otro detalle: el del área de estacionamiento. En el anteproyecto no se especifica dónde se ubicará, ni cuántos cajones tendrá. “El dictamen de usos y trazos dice que por cada 30 metros cuadrados construidos se requiere 1 cajón de estacionamiento, pero como no han aclarado todas estas cuestiones técnicas que impactan el funcionamiento y la destrucción del parque, nos exponemos a que se abra de manera improvisada” comenta Fausto Brito.
En la edición del pasado 9 de marzo, El Informador, en cuyas páginas se ve con simpatía el proyecto, publicó una declaración del secretario de Turismo, Aurelio López Rocha, quien estuvo muy interesado en el fallido intento de construir el Museo Guggenheim en Jalisco, en la que asegura que en los próximos seis meses sólo se dedicarán a los procesos de licitación para asignar la obra.
El funcionario también comentó que para la cimentación y construcción de los muros de contención se invertirán 34 millones de pesos, que es el remanente de los 130 millones aportados desde 2009 por los gobiernos estatal y federal a las obras del nuevo museo de La Barranca.
En el proyecto presentado a los medios, el inmueble será diseñado por los arquitectos suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron y tendrá 4 mil metros de galerías para exposiciones, con un desplante de 7 mil 500 metros cuadrados, una altura de 23 metros y un diámetro de 105.
