Nuestra violencia doméstica

Hasta hace poco bastaba con abrir la sección de nota roja de cualquier diario para conocer el santo y seña de homicidios, asaltos, secuestros, robos y otros hechos delictivos que asolaban a los sufridos habitantes de Jalisco. Quien no quería enterarse sólo entrecerraba los ojos y dejaba escurrir con indiferencia esta dura página de nuestra vida diaria. Lo cierto es que construíamos una realidad a la carta y ésta parecía ajustarse a nuestros deseos. Sin embargo ese viejo y ficticio paraíso parece haber llegado a su fin.

El discurso y las imágenes de nuestra violencia doméstica desbordada trascendieron ya a los medios impresos tradicionales y se apoderaron de los auditivos y visuales. Hoy da lo mismo encender los receptores o televisores para enterarse que para divertirse. En cada canal y en cada estación de radio se reproducen las relaciones y las tenebrosas historias de los detenidos, de los acorralados, de los masacrados, de los descabezados, de los colgados en los puentes, de encobijados que aparecen en la calle con el tiro de gracia en la nuca o en la sien; también de los ejecutados a mansalva, por supuesto. Y en muchos casos, la información sobre la identidad de los ejecutados tarda en conocerse o nunca llega. Y si llega, se hace a un lado, ya por tardía, por anacrónica, porque la avalancha de las nuevas masacres la volvió irrelevante.

Las actividades delictivas no son ajenas al ser humano. Una parte de nosotros es desalmada y cruel; pero nos gusta pintarnos de racionales e idealistas. En cada uno de nosotros cohabita una mitad oculta, vergonzante. La poseemos, como la luna tiene su lado oscuro. Nadie debería poner el grito en el cielo por eso. Es parte de nuestra innegable realidad, de la naturaleza humana. La cuestión es cómo no dejar fluir de ella sus frutos perniciosos. Una plataforma legitimadora de nuestros lunares nos deja impertérritos ante sus excesos y nos hace tragar las píldoras tan amargas con las que nos topamos cada día. Nos consolamos manejando cifras más altas aquí, más bajas allá, pero finalmente presentes en todas partes.

Para no lacerarnos con la crudeza de nuestras estadísticas propias, corremos el tapete y decimos que en Afganistán y en Irak padecen también una tensa inercia de eliminación. O que en Siria estalló la intolerancia y los enfrentamientos desgranan vidas humanas en racimos, como hacemos los mexicanos desde hace un sexenio, sin darnos tregua ni cuartel.

Comparamos estadísticas de homicidios entre las ciudades más peligrosas y resaltamos que los números de Tegucigalpa, en Honduras, y de Caracas, en Venezuela, son más altos que los de Ciudad Juárez o de Acapulco. Nos confortan tales datos. Aceptamos no ocupar primeros lugares en esta infame lista. Vemos que nos rebasan en sevicia y sadismo otras comunas lejanas. Tales consuelos nos alivian y dan respiro pasajero. Nos miramos en su espejo para conseguir la necesaria paz, la confianza del fugitivo que se sabe perdido, para acallar la acusatoria voz de la conciencia colectiva, que nos grita que estamos haciendo mal las cosas. Pero son vanos subterfugios.

En su edición 385, Proceso Jalisco publicó el reportaje Barrios violentos de Alberto Osorio, cuyo contenido es electrizante: a Francisco Daniel Yeme Gómez, El Pacorro, detenido en El Sauz, las autoridades le imputan por lo menos 87 asesinatos y lo señalan como uno de los responsables del convoy de cadáveres que tiraron en Arcos del Milenio en noviembre pasado. Sólo en dicha parada, la delincuencia amontonó los cuerpos sin vida de 27 personas sacrificadas. ¿Por quiénes? ¿Por qué? Ahora aparece una liga, un nexo, un posible responsable. Pero toda explicación corre por el tráfico del silencio o el del embuste, revestida de indiferencia, pues es acontecimiento pretérito. Las nuevas cifras macabras le han robado actualidad a la anterior.

Lo mismo puede decirse de la detención de Pablo Guevara Sánchez, alias El Guevara o El Bird, un chico también vecino del barrio El Sauz, de apenas 21 años. En el reportaje se le presenta como confeso de haber matado a 19 personas. Aparte de una serie de crímenes individuales o por parejas, se le liga al ataque, hace un año, al bar Butter Club, donde fallecieron seis personas y otras 40 resultaron heridas. En su momento estos hechos sacudieron la modorra tapatía. Se escuchaba hablar de masacres en Acapulco, de vendettas michoacanas, de enfrentamientos sanguinarios en el norte del país. Todo eso sonaba a los castos oídos tapatíos lo mismo que la guerra en Medio Oriente, ajeno y distante; como quien oye llover y no se moja.

Ahora los estallidos de las granadas y las explosiones de los morteros sacuden nuestras puertas y tremolan los vidrios de nuestras ventanas. La cruenta disputa por mercados para la droga copó nuestros espacios cotidianos. Los responsables de los crímenes, los verdugos y sus crueles perseguidores, ya no son forasteros o lejanos, sino rostros familiares, habitantes de nuestros barrios, componentes de nuestras propias favelas. A éstas las construyó nuestra ambición y voracidad. A ellas fueron siendo arrejoladas nuestras familias marginadas, los hijos de nuestros empleados mal pagados, de nuestros servidores, fontaneros, carpinteros, albañiles, taqueros; los peor retribuidos. El culposo espejo de la responsabilidad domina ahora cada uno de los flancos de nuestro rostro. No podemos evadirnos.

El Sauz, Loma Bonita, el Cerro del Cuatro, Postes Cuates, Santa Chila, Polanco, Tetlán, Arroyo Hondo, México Nuevo, la Pedreguera… ¿cuál cinturón de miseria resultará no ser madriguera de malandrines, de excluidos, de desesperados reclutados por la delincuencia organizada, como la califica la cantaleta oficial? Estas colmenas humanas, casi sin servicios, sin atención y sin esperanza fueron las construcciones masivas hechas por el Infonavit, esto es, por programas oficiales para la vivienda. ¿Cuál es la responsabilidad de un gobierno que, para resolver las filosas aristas de un agudo problema social, invoca ahora la aprobación de su política de exterminio y de tierra arrasada contra estos infractores, pues se trata de delincuentes que ponen en peligro la paz social y la felicidad de nuestras inocentes familias? ¡Por favor!

¿Qué respuesta tienen, por ejemplo, las autoridades educativas como la UdeG, para explicar que Cindy Paola Soto, La Chiquita, egresada de una de sus preparatorias, haya tramitado el ingreso a medicina primero, luego a negocios internacionales y haya sido rechazada siempre? ¿No vincula a estas autoridades ninguna responsabilidad sobre el hecho de que la voluntad de La Chiquita, una flor entre muchas de nuestro descuidado jardín, desesperada por ver negro su futuro, haya cedido a ser reclutada por el crimen organizado? No se puede seguir tapando el sol con un dedo.