PUERTO VALLARTA.- Pasaron casi dos años y medio desde que la defensa de Edgar Gonzalo Gil Lozano presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que ésta la atendiera. El afectado se encuentra detenido en el Reclusorio Regional de este puerto porque agentes estatales lo acusaron de ser narcotraficante, sicario de Los Zetas y asesino de un policía municipal.
A pesar de que en este lapso su defensa ha aportado pruebas de lo contrario, Gil Lozano aún no logra su libertad.
El pasado 26 de marzo, un visitador de la CNDH le hizo una visita para recabar informes y practicar pruebas periciales. Es la primera etapa de la investigación para integrar el expediente del detenido.
Aunque su amigo y compañero de trabajo Francisco Javier Bustamante señaló que Gil Lozano “iba a matar supuestamente a un policía”, el joven insiste en que lo declaró bajo tortura.
En un texto de su puño y letra, el joven relata que el 30 de noviembre de 2009 el propietario de un restaurante ubicado en Sayulita, Nayarit, donde él trabajaba, los mandó a él y a Bustamante a Puerto Vallarta para hacer las compras del día.
Se fueron en una camioneta. Al llegar al crucero de la Cruz de Huanacaxtle, en Bahía de Banderas, Nayarit, fueron revisados en un retén de la Policía Federal, pero después de que los agentes verificaran sus documentos y los infraccionaran por no llevar puesto el cinturón de seguridad, los dejaron seguir su camino.
Edgar y Francisco se estacionaron en un centro comercial frente a Marina Vallarta para comprar algunos de los víveres encargados, pero al salir vieron su vehículo rodeado de policías, que los sometieron y les quitaron llaves, carteras y el dinero con el que tenían que surtir el restaurante.
Los dos preguntaran una y otra vez por qué los detuvieron. La respuesta fue que la camioneta era robada, que traían armas, que eran zetas. Pero también que habían matado al policía municipal Jorge Corpus López.
Al final no les pudieron comprobar nada de esto pero a Edgar Gil Lozano le sembraron una pistola y de ahí lo condujeron a la 41 Zona Militar, donde lo torturaron, como relató con detalle a este semanario en marzo de 2011 (Proceso Jalisco 332).
Con todo, mantuvo la esperanza de que todo se aclararía. Pero llegaron agentes de la procuraduría estatal y a su vez lo torturaron a fin de que confesara el asesinato del policía. Fue en una habitación de las oficinas de la PGJ donde lo desnudaron, le pusieron vendas en manos y pies y lo golpearon en todo el cuerpo.
Pese al brutal tratamiento, él negaba todas las acusaciones. Sólo se esforzaba por decir: “no es cierto”, “yo no fui”. Entonces los agentes investigadores llevaron a su lado a Francisco. Ya no solamente los acusaron de la muerte del policía, sino también de la desaparición de unos músicos.
Juntos se enteraron de que los policías que los detuvieron habían entregado una pistola calibre .45 con siete tiros que supuestamente traían en la camioneta. Una mentira más de sus captores, señala.
Ante el agente del Ministerio Público y vendado de los ojos “me preguntaron mis datos y mis generales. Luego me quitaron las vendas de la cara”, dijo al reportero durante una entrevista en la cárcel regional. Ya sin el vendaje, vio que el MP escribía algo en una computadora; “luego sacó unas hojas de la impresora y me ordenó que las firmara sin leerlas, porque con golpes en la cabeza querían que lo hiciera rápido. ‘Ponte a firmar o te vamos a calentar otra vez’.
“Como no obtenían la información que querían ellos, me dijeron que en un terreno cerca de Bucerías estaban enterrados los músicos desaparecidos. Me llevaron al terreno que yo no conocía y, al no encontrar nada, otra vez me golpearon como tres horas, porque, según sus palabras, ‘los traía como pendejos y no había nada’”.
Posteriormente los agentes de la PGJ se llevaron a los dos empleados del restaurante a Guadalajara, donde los tuvieron incomunicados, y tras esa supuesta investigación los regresaron a Vallarta. Ahí dejaron libre a Francisco y metieron en el reclusorio a Edgar.
Su encierro ha sido devastador para él y su familia, que depende de las ventas de cuadros y artesanías que Edgar elabora en el penal. Ahora tiene la esperanza de que una investigación de la CNDH corrobore la manipulación de su caso por parte de los policías que lo detuvieron y de la PGJ, ya que, como insiste, él no ha cometido ningún delito ni mucho menos asesinado a un policía.
También espera con esto limpiar el nombre de su familia, ampliamente conocida en Bucerías como gente de trabajo.
