Si los pasajeros del sistema de transporte urbano padecieron con angustia los narcobloqueos carreteros del 9 de marzo, para los choferes de los autobuses de la ruta 619 fue otro día perdido: como se suspendió el servicio, los patrones no les pagaron el día. Además denuncian otra serie de abusos, como las golpizas y amenazas que reciben cuando se resisten a pagar fallas mecánicas o incidentes de tránsito, o los despidos por atreverse a defender sus derechos.
Los concesionarios de los autobuses de transporte público de la ruta 619 ya encontraron la forma de resarcir parte de los daños que sufrieron el pasado 9 de marzo, cuando la zona metropolitana padeció los narcobloqueos: les avisaron a sus choferes que “no hay sueldo porque no trabajaron” ese día.
Y es que a partir de las 14:00 horas de esa fecha varios grupos armados incendiaron más de una decena de unidades de transporte tras la detención de Erick Valencia Salazar, El 85, cabecilla del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Otros cientos de camiones suspendieron sus corridas como precaución.
“¿Cómo es posible que a los patrones no les interese la integridad de los usuarios y de los choferes? Les están cobrando (a los conductores) las vueltas que pararon por esa situación”, dice a Proceso Jalisco José Sánchez Rincón, representante del Sindicato Único de Trabajadores de Sistecozome, Delegación Ruta 619 Subrogado, organismo cuyo reconocimiento legal está en trámite. “Incluso –dice indignado– en esta ruta hubo patrones que exigieron a los choferes que no dejaran de trabajar a pesar de los narcobloqueos”.
Informa que cada uno de los 103 autobuses de la ruta 619 recauda un promedio de 500 pesos por circuito. Descontando gastos como el salario del conductor, la gasolina y eventuales reparaciones, al término de cada jornada laboral al concesionario le quedan libres aproximadamente mil 200 pesos por unidad, y “hay patrones que tienen hasta 14” de ellas. Y como un autobús cuesta cerca de 1 millón y medio, la inversión se recupera en un año.
Ante la falta de respuesta oportuna de las autoridades estatales, concretamente del secretario de Vialidad y Transporte, Diego Monraz Villaseñor, la mayoría de los patrones y varias rutas de la Alianza de Camioneros y del Frente Unido de Subrogatarios del Estado de Jalisco determinaron suspender el servicio ante el peligro de sufrir más ataques del crimen organizado. Se calcula que alrededor de 2 mil autobuses se quedaron a resguardo.
Abusos laborales
Durante más de dos décadas Sánchez Rincón trabajó como chofer del transporte público urbano; 15 años en la ruta 615 y seis en la 619. Dice que sus patrones siempre le negaron los derechos laborales básicos a él y a sus compañeros, pero en fechas recientes el abuso se agravó: entre otras cosas, les quitaron hasta los 20 minutos que tenían para comer. Ahora cada conductor malcome rápidamente al tiempo que conduce la unidad, levanta y baja pasaje, cobra, está al pendiente del tránsito.
Las jornadas son de 10 a 14 horas, y al final hay que cargar diesel para el día siguiente. No hay vacaciones, se regatea el aguinaldo, la mayoría de los empleados no tiene Seguro Social, su salario (el mínimo) se les “compensa” con una porción del boletaje, por lo que varía según la ruta, pero es de entre 600 y 800 pesos a la semana.
Cualquier contingencia la paga el trabajador. No le pagan si falta por enfermedad, el autobús se descompone o, como en este caso con la ruta, estalla un narcobloqueo. El chofer también paga la llanta que se poncha y el deducible del seguro en caso de choque. El colmo: si son asaltados, el patrón sólo reconoce un máximo de 200 pesos; cualquier cantidad mayor la repone el hombre del volante.
Comenta al respecto Sánchez Rincón: “Ahora hay que poner una cartulina en la unidad con la leyenda: señor ratero, por favor sólo llévese 200 pesos, porque si me roba de más yo tendré que reponerlo”.
Esta situación motivó al chofer para reunir en mayo de 2011 a un pequeño grupo de compañeros y convencerlos de que debían organizarse para defender sus derechos. “Todo lo hacíamos por debajo de la mesa”, aclara, pero llegó el momento en que los descubrieron. José fue despedido el 18 de diciembre siguiente.
Tres días antes, el 15 de diciembre, el chofer Luis Antonio Vázquez fue agredido por Arnoldo Amézquita, hijo de Javier Amézquita Castillo, uno de los concesionarios de la ruta 619.
En el parte médico 852 de la Cruz Verde de la calle Concepción del Valle, los médicos Elías S. Coronado Cervantes y Oriana Vázquez López establecieron que las lesiones pusieron en peligro la vida del paciente, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Regional 180 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlajomulco.
El propio Luis Antonio contó a la reportera que los Amézquita lo obligaron a firmar un documento en blanco a manera de pagaré para que garantizara la compostura de un autobús desbielado. Asegura que no fue su culpa, pero cuando reportó la descompostura a su jefe inmediato, Bernardo López, El Pelos, éste le dijo que así guardara la unidad en su casa y al día siguiente la llevara con el mecánico.
Luis Antonio se presentó con un collarín, el brazo derecho enyesado, hematomas en el rostro y el cuerpo. Su ojo derecho tiene un derrame sanguíneo muy impresionante.
–¿Qué le pasó?
–Es el resultado de los golpes que me dio el hijo de mi patrón.
–¿Por qué?
–Me negué a firmar un papel en blanco en donde, se supone, se escribiría que yo me haría cargo de los gastos de la reparación de la unidad, pero yo (argumenté que) recibí órdenes de mi superior de mover el carro…
Fue entonces, dice, cuando Arnoldo –en presencia de su padre, Javier Amézquita, y del propio Pelos– lo golpeó hasta casi desmayarlo. Casi inconsciente, Luis Antonio firmó el documento en blanco.
Detalla que la agresión se cometió en la oficina de otro negocio de esa familia, Grúas Amézquita, en la calle Guadalupe Montenegro número 1320, colonia Moderna de Guadalajara.
El 20 de diciembre de 2011 Luis Antonio denunció estos hechos ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado. En su declaración escrita narra que Arnoldo Amézquita lo agredió también con palabras altisonantes y le ordenó: “Fírmalo o aquí te vas a quedar tieso”. Después le arrebató una mochila y sacó su credencial de operador y volvió a amenazarlo: “Fírmale ya… con la misma firma”. Los testigos se limitaron a comprobar que obedeciera.
El 29 de febrero Octavio Salas Vargas sufrió un ataque similar de Arnoldo Amézquita. “Me empezó a golpear, a patear. Pero corrí con suerte: a Dios gracias, no me mandó al hospital”.
Esa vez los Amézquita se enojaron porque el día anterior Salas tuvo un percance. Mientras cubría su ruta, un camión de carga lo chocó en Periférico y Las Pintas, al suroriente de Tlaquepaque. “No tuve tiempo de ver placas”, dice.
Se abolló el lado izquierdo de la cabina y “no pasó a mayores. Yo sólo me dirigí al pasaje para saber si estaban bien. Así fue, y seguí la ruta. Pero después le hablé al dueño y me regañó, (me dijo) que en lugar de continuar el trabajo hubiera seguido al que chocó el autobús”.
Al día siguiente fue a la misma oficina de Javier Amézquita. Apenas entró, lo siguió Arnoldo, quien cerró la puerta y le dijo que no trabajaría hasta que pagara los daños o firmara un pagaré. “Pero ese papel estaba en blanco y no firmé”, explica Salas Vargas.
También denunció la golpiza ante la PGJ y se abrió la averiguación previa 3189/12. El 1 de marzo, Salas recibió amenazas a través de su celular desde un número privado. Un desconocido le soltó: “Yo lo tengo bien ubicado a usted, nomás quiero que me diga, vamos haciendo las cosas.
–¿Y cómo pretendes arreglar las cosas?, le preguntó Octavio Salas, a la voz que nunca se identificó.
–Tiene hasta el lunes para arreglar las cosas con este señor. Si no, le voy a dar un reventón. Ahí se la dejo, tiene hasta el lunes.
El pasado 20 de marzo otros nueve choferes se armaron de valor para reclamarle a su patrón, Armando León Flores, también de la ruta 619, que su salario semanal llega incompleto: en lugar de 800 pesos, la administración les entregó 600 pesos con el pretexto de que tenían infracciones viales y que la empresa no absorbería esas “pérdidas”.
De inmediato León Flores despidió a Marcos Lamvarena Ávalos, Alberto Montes Martínez, Maximiliano Cortés Macías y José de Jesús Hernández Valle, supuestamente “por conflictivos”. Los otros cinco aceptaron negociar, y sus compañeros creen que pudieron firmar documentos en blanco.
José Sánchez Rincón los acompañó a ver al patrón en las oficinas generales de la ruta 619, ubicadas en la avenida Las Torres 4801, en Tlaquepaque. León Flores reaccionó violentamente: “Estaba muy enojado, dijo que los compañeros estaban despedidos por el simple hecho de que yo los representara; que si queríamos fuéramos a Conciliación y Arbitraje, que al cabo no conseguiríamos nada porque él es el dueño”.
A pregunta expresa, José Sánchez Rincón menciona que entre los concesionarios de la ruta 619 están los ya mencionados Javier Amézquita y Armando León Flores, así como Fernando Soto, Argenis Padilla, Miguel Hernández y Elías Estrada López, quien también es notario. Considera que únicamente un concesionario de apellido Castro es quien respeta los derechos de los choferes.
En 2007 la ruta 619 contaba con 30 unidades y a la fecha tiene 103; en breve recibirá 20 permisos nuevos por parte de Lázaro Salas, director general del Sistecozome.
El 12 de marzo pasado un grupo de choferes entregó en la Secretaría Particular del gobernador Emilio González una carta dirigida a éste y con copia al secretario general de Gobierno, Víctor Manuel González Romero. Ahí los afectados exponen sus ilegales condiciones de trabajo y los abusos referidos; piden también que se respete la libertad de sindicalizarse, la reinstalación de los conductores despedidos, seguridad social y el resto de las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo.
Al cierre de esta edición no habían recibido respuesta.
–¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? –se le pregunta a José Sánchez.
–¡Hasta donde tope!
