Agustín Vargas Medina
El fracaso de la reforma fiscal propuesta por el presidente Vicente Fox, así como “la lucha de grupos” en el gobierno por controlar la información sobre el Fobaproa-IPAB, están detrás de la renuncia de Gabriel Reyes Orona como procurador fiscal de la Federación.
En esto coinciden legisladores y analistas, e inclusive el diputado federal José Antonio Magallanes afirma que la salida de Reyes Orona como abogado del fisco puede ser “el preludio de la caída del propio secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz”.
Secretario de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, Magallanes agrega que existen suficientes elementos que indican que la “remoción” de Reyes Orona se originó en una disputa que existe en el interior del gobierno para controlar los órganos de fiscalización gubernamental.
A su vez, el exsecretario técnico de la Comisión para Investigar el Funcionamiento del IPAB (Cifipab), Mario Di Costanzo –hoy analista y consultor privado-, confirma que el tema del salvamiento bancario “se ha vuelto una de las piezas más codiciadas para el control político de los grupos empresariales beneficiados por el rescate, así como de los funcionarios y exfuncionarios públicos que encubrieron el gran fraude a la nación llamado Fobaproa y su remanente, el IPAB.
“Lo que se ha producido –concuerda- es una guerra por tener el control de la cueva, mas por no llegar al fondo de la misma.”
Como exintegrantes de la Cifipab, Di Costanzo va mucho más allá y asegura que durante su trabajo en ese órgano creado por la Cámara de Diputados en la Legislatura pasada logró identificar a tres grupos principales en la lucha por el poder dentro del IPAB.
Y puntualiza: “Los integrantes de los grupos en disputa ya se empiezan a perfilar por un lado se encuentra el representado por el expresidentes Ernesto Zedillo, donde están Guillermo Ortíz, gobernador del Banco de México; Eduardo Fernández, expresidentes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Pedro Zamora, exvicepresidente jurídico de la CNBV, y Gabriel Reyes Orona, el exprocurador fiscal.
“En otro grupo se hallan Santiago Levy e Ismael Gómez-Gordillo, director general y director jurídico del IMSS, respectivamente quienes se encargaron de las negociaciones tanto presupuestales como legales para la creación del IPAB.
“Y el tercer grupo –según Di Costanzo- está conformado por los Amigos de Fox, que son en su mayoría banqueros beneficiados por el saqueo, quienes por cierto fueron los únicos que aplaudieron y apoyaron desde un principio la malograda reforma fiscal.”
También se sabe, continúa, que en los papeles de trabajo el auditor del Fobaproa, Michel Mackey –utilizados en los casos de Banamex, Bancomer y Bital, por ejemplo-, figuran nombres de prominentes personajes, entre ellos “parientes cercanos” del actual secretario de Gobernacióin, Santiago Creel, que fueron beneficiados por el rescate bancario.
“Es conocido por todos los legisladores –refiere Di Costanzo- que la totalidad de los papeles de trabajo de Mackey se encuentran en poder de la Junta de Gobierno del IPAB y en la Auditoría Superior de Federación. De ahí la lucha por controlar los órganos de fiscalización gubernamental.”
El negro pasado del fiscal
El propio Di Costanzo no tiene la mejor opinión de Reyes Orona, quien, afirma, antes de ser procurador fiscal se ofreció como testigo a favor del Citibank. El asunto: la demanda que este banco interpuso en contra del IPAB por el prepago del pagaré de Confía, que le generaba a la institución estadunidense jugosos intereses.
Inclusive desde que Reyes Orona emplezó su gestión como procurador fiscal de la Federación -14 de diciembre del 2000-, senadores y diputados perredistas impugnaron su nombramiento por su presunta participación en acciones fraudulentas del rescate bancario.
Designado por el presidente Vicente Fox mediante recomendación del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, por su experiencia en asuntos bancarios y fiscales, Reyes Orona se desempeñó como director jurídico del Fobaproa, que era administrado por el Banco de México, del que Gil Díaz era gobernador.
Fue por el cargo que tuvo en el Fobaproa como Reyes Orona –egresado de la Escuela Libre de Derecho- “conoció perfectamente todas y cada una de las operaciones que el Fondo de Protección al Ahorro Bancario realizó entre 1995 y 1997”, destaca un ficha elaborada por diputados del PRD y remitida a finales de noviembre de 2000 a sus correligionarios del Senado.
Entre esas operaciones estaba la elaboración de los pagarés que el gobierno federal entregó a los banqueros como parte del programa de rescate bancario al pagarles la “chatarra” de créditos que transfirieron al Fobaproa. Dichos pagarés fueron impugnados por los legisladores del PAN y del PRD por su “inconstitucionalidad”.
Desde la Dirección Jurídica del Fobaproa, Gabriel Reyes Orona defendía las razones que tuvo el gobierno federal para cambiar los créditos bancarios “chatarra” por pagarés. Rechazaba los argumentos de inconstitucionalidad que los legisladores esgrimían, fundados éstos en que nunca se pidió autorización al Congreso para absorber aquella deuda, la cual ha comprometido enormes cantidades de recursos fiscales para los próximos 25 años, por lo menos.
Es más, la ficha perredista dice que cuando el Fobaproa fue sustituido por el nuevo instituto, Reyes Orona ofreció sus servicios “como abogado de los banqueros en los conflictos que tuvieran con el IPAB, para lo cual contactó al licenciado Carlos Gómez Gómez” (expresidentes de la Asociación de Banqueros de México y ahora presidente del español Grupo Financiero Santander Mexicano).
“Adicionalmente, asesoró a Citibank a gestionar el amparo judicial que llevó a cabo contra el IPAB, por el prepago del pagaré adquirido por Citibank, en la operación de compra de Banca Confía, apareciendo como testigo en contra del IPAB.”
Ahora “conflicto entre intereses”
En estos días, a raíz de las declaraciones públicas, rectificaciones y desmentidos que se produjeron entre Hacienda y el procurador fiscal de la Federación, la Subcomisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados había programado para el viernes 28 de diciembre la comparecencia de Reyes Osuna ante dicho cuerpo colegiado.
La motivación: que explicara sus acusaciones del IPAB y de algunos otros funcionarios y exservidores públicos.
Esa cita con los legisladores fue cancelada a raíz de la renuncia de Reyes Orona, aquien en el Banco de México tuvo, entre otros, los siguientes puestos: jefe de lo Consultivo y Control Legal Interno; subgerente de lo Contencioso y Asuntos Labores; gerente de Autorizaciones e Instrumentación Legal; gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y director jurídico de los Fondos de Apoyo a la Banca y al Mercado de Valores.
Fue así como participó directamente en la negociación de los instrumentos referentes a la aprobación del rescate financiero, y desempeñó actividades para la instrumentación y ejecución de las medidas y de los esquemas aprobados por las autoridades financieras.
Fungía igualmente como socio director del Instituto Mexicano de Estudios Legales, S.C., desde donde atendía los asuntos jurídicos de sus clientes, y , por conducto de la Secretaría de Hacienda, asesoraba al gobierno federal en la ejecución de proyectos de deuda pública en materia de apoyo a deudores y del rescate carretero, o sea también el Fobaproa.
El exdiputado federal y presidente de la Cifipab en la legislatura pasada, Alfonso Ramírez Cuéllar, barre parejo con los vocales del IPAB y con Gabriel Reyes Orona.
Dice que, en la ratificación del nombramiento de todos ellos por parte de la Cámara de Senadores hubo un “error de origen” en el que incluso incurrieron legisladores perredistas, pues se desestimó la información que había sobre los antecedentes de esos funcionarios y, especialmente, sobre sus vínculos con el Fobaproa.
El resultado, sentencia Ramírez Cuéllar, es el desorden que ahora priva dentro del IPAB, organismo que de “ninguna manera es autónomo ni confiable, porque al final de cuentas las decisiones trascendentales las toma el secretario de Hacienda en turno, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno”.
Por su parte, el senador perredista Jesús Ortega concluye: Lo que se inició como un “conflicto de intereses” de los vocales del IPAB, se convirtió en un “conflicto entre intereses” de la junta de Gobierno de ese instituto, donde confluyeron representantes de los principales actores del rescate bancario que, en la actualidad, luchan por “mantener el control y resguardo de la información y documentación relativa a las acciones que realizaron el Fobaproa y su comité técnico, al que pertenecía Reyes Orona”.
