Confrontado en el interior del gobierno, particularmente con la Secretaría de Gobernación y con legisladores panistas que apoyan a los vocales del Instituto de Proyección al Ahorro Bancario (IPAB), el tempestuoso procurador fiscal, el priista Gabriel Reyes Orona, sabía que tendría que irse.
“Mi renuncia siempre la traje en la bolsa, porque no soy ningún trepador burocrático”, dijo al reportero la mañana del jueves 27, unas horas antes de que fuera anunciado su fin como procurador, donde, además señaló, “pierdo dinero, pues gano menos que antes”.
El viernes 21 de diciembre, el mismo día en que debió emitir un boletín para rectificar declaraciones suyas en el senado de que sus opiniones molestaban a la SECRETARÍA DE Hacienda, tomó la determinación de enviarle al presidente Vicente Fox –por medio de Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y jefe directo del procurador fiscal de la Federación- su carta de renuncia para que fuera el propio presidente quien definiera la fecha:
“Es muy importante que el señor Fox sepa que traía mi renuncia en la bolsa. Se la envío –le dijo a Gil-. Que le ponga la fecha que quiera.”
El jueves 27, la Secretaría de Hacienda informó de la renuncia- formalmente deja el cargo el 1 de enero de 2002- y dijo que fue por “cuestiones de índole personal”. Igualmente, como en los mejores tiempos priistas, el boletín señaló que el secretario de Hacienda reconocía “la extraordinaria labor desempeñada” por el dimitente en la Procuraduría Fiscal.
-¿Por qué señaló que la renuncia fue por motivos personales?
-Eso dije para no meterme en las grillas, o que si fue Carlos Medina Plascencia…- declaró Reyes Orona la noche del jueves-. El país no está para convulsiones ni para dimes y diretes. Mejo lo dejamos así, cada quien en paz. No puedo ser procurador a fuerzas.
Empero, Reyes Orona identifica a los senadores Medina Plascencia –aspirante a presidir el PAN- y al Fauzi Hamdam, así como al secretario de Gobernación, Santiago Creel, como los responsables de su dimisión, empeñados, como se hallan –acusa-, en ocultar la verdad del costoso rescate bancario.
Autores, los tres, de la ley que rige al IPAB –sustituto de un Fobaproa por cuyas escandalosas irregularidades no hay ni un solo personaje en la cárcel-, Reyes Ochoa asegura: “Quieren que esto se acalle, que esto se le dé un carpetazo”.
-¿Es el PAN?
-No es el partido como tal, sino esas tres personas que estoy mencionando. Son los únicos interesados en echarle tierra al asunto. Obviamente tienen raíces muy profundas con el proceso.
Reyes Oruna acusa también a funcionarios de la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) de coludirse para entorpecer el fincamiento de responsabilidades contra los vocales de la Junta de Gobierno del IPAB, particularmente Humberto Murrieta y Alejandro Creel Cobián, primo del secretario de Gobernación.
A dichos vocales los califica no sólo de “parciales”, por ser juez y parte del proceso de revisión del rescate bancario, sino también de “incapaces” en la administración de los pasivos, que por más de 80 mil millones de dólares, arrojó el salvamiento de los bancos.
“Hay un esquema que debe romperse, no hay claridad y transparencia efectiva del IPAB, o no va a haber tranquilidad de la sociedad mexicana por las dudas de que esos 80 mil millones de dólares se están manejando como se debe”.
El esquema de colusión
Personaje de confianza y compañero de partido Gil Díaz, Reyes Orona permaneció en el cargo apenas 12 meses. Desde principios de 2001 se quejó ante la Secodam de que los vocales del IPAB Murrieta, Creel Cobián, así como Adalberto Palma y Carlos Isoard, podían estar incurriendo en conflictos de interés.
La Secodam emitió su resolución el 15 de noviembre. Dictaminó que en los casos de Palma e Isoard no existían elementos de prueba, pero que Murrieta y Creel sí incurrieron en falta por estar vinculados al banco Inverlat.
Sin embargo, de acuerdo con un boletín de la Secodam, el contralor del IPAB, Fortunato Álvarez, decidió no sancionarlos, “toda vez que, aun cuando no se excusaron de participar en las decisiones relacionadas con Inverlat, esta falta no es calificada como grave ni constituye un delito”.
El procurador fiscal de la Federación se enteró por otros medios de dicha información, ya que la Secodam nunca le hizo llegar copia de la resolución.
“De entrada –dice-, la secrecía de la resolución es inadmisible. Debería ventilarse públicamente. Pero nunca pedí a la Secodam que resolviera si eran culpables. Lo que le pedí fue que recabara la información, las respuestas de un cuestionario, y que se las enviara al Senado o a la Comisión Permanente. Ésta, por cierto, fue la que los ratificó y la que debe enmendar su situación.”
-Encubre la Secodam a los vocales…
-Lo que me preocupa mucho. Estoy haciendo el señalamiento- ya lo presenté a la Secodam- de que, a mi juicio, se está violando el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dado que se está obstruyendo una investigación que puede concluir en una denuncia, una querella o una queja. Según yo, no sólo están violentando la ley en el aspecto de mi derecho particular, sino también en el esclarecimiento de un hecho de interés público.
“El IPAB maneja cerca de 80 mil millones de dólares. Si se cumple o no se cumple la ley en un órgano de gobierno es un asunto de interés público, del más alto interés de la nación. Por lo tanto, el que se haya tardado 11 meses esta investigación verdaderamente perjudica el interés público.”
Reyes Orona llama la atención sobre el hecho de que la Ley del IPAB, elaborada por diputados panistas de la legislatura pasada, junto con el entonces procurador fiscal Ismael Gómez-Gordillo, no haya un procedimiento de remoción de los vocales, hagan lo que hagan. “Eso, en otras palabras, se llama impunidad”.
Y los que elaboraron la ley, dice “son los que ahora defienden a los vocales: Hamdan, Medican Plascencia. No sé si fue negligencia o fue algo deliberado, pero el hecho es que no hay un proceso de remoción claro. Y nos encontramos ante la curiosa resolución de que no cumplieron con la ley, pero ai muere”.
-Creel también participó en la elaboración de la ley…
-Desde luego, y su primo fue propuesto como vocal. Es un primo que recientemente, en la Cámara de Senadores, dijo algo muy grave, como si fuera en su descargo: mencionó que no tiene relaciones con el Banco del Sureste y Busamex. Pero si uno ve el estado de accionistas, todos se apellidan igual que él.
Lo grave es que no se hayan analizado, en la Junta de Gobierno, los casos de Bursamex- implicado en uno de los quebrantos bursátiles más grandes del país- y del Banco del Sureste- un banco intervenido y con grandes pérdidas-, cuyo costo ha aumentado.
“¿Cómo es posible que el IPAB jamás se haya ocupado de esas instituciones? ¿Cómo es posible que no haya auditorías, dictamen de responsabilidades, ni una sola denuncia?
¿Cómo es posible que no se hayan resarcido las pérdidas y que no haya habido señalamientos puntuales de gente responsable?”, pregunta Reyes Orona.
Y sigue: “Pero, además de eso, ¿qué no Bursamex y el Banco del Sureste se iban a arreglar en paquete con Banco del Atlántico? ¿Quién y por qué decidieron separar al Atlántico y mandar al limbo a Bursamex y al Banco del Sureste?
“Quién sabe.”
Reabrir el Fobaproa
Reyes Orona estuvo cerca del proceso de rescate financiero en el sexenio de Ernesto Zedillo, operado por Guillermo Ortiz en su calidad de secretario de Hacienda- quién, en vez de terminar en la cárcel como pedían los panistas, hoy es gobernador del Banco de México-, por el subsecretario Martin Werner y por el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, Eduardo Fernández.
Director Jurídico del Fobaproa, Reyes Orona se dice al respecto inocente: “Yo era funcionario del Banco de México, que era fiduciario del Fobaproa, pero nada tenía que ver con las decisiones”.
-Se le achaca a usted que ataca a los vocales del IPAB para proteger a otros, como a Eduardo Fernández…
-¿En qué momento he tratado de negociar una cosa por otra? Si esa hubiera sido mi intención, lo hubiera hecho yo a la callada. Hubiera lanzado por debajo del agua un mensaje para tratar de negociar. Por el contrario, para dar toda la transparencia, que es mi intención, estoy haciendo las cosas sobre la mesa, de frente a la opinión pública, que no me puede permitir negociar. Si mi intención fuera un intercambio, un consenso, un acuerdo, no habría actuado así, no lo hubiera hecho público.
Más aún, dice, si hubiera incurrido en responsabilidad, ya lo habrían señalado.
“¿Por qué lo no hacen? Precisamente la publicidad que se le ha dado a este tema acrecida que aquí no hay arreglos ni componendas ni un intento de proteger a nadie”.
De lo que se trata, asegura, es de reabrir el Fobaproa: “Revivo un tema que ellos han querido matar en los últimos tres años. ¿Soy yo el que le ha estado insistiendo en que se tenga a la vista de la opinión pública?
“¿Por qué quiero reabrir el Fobaproa? Porque pretendo que todo quede perfectamente claro. Es el momento de que la sociedad mexicana sepa qué pasó y quienes fueron los responsables. Sería un error gravísimo de mi parte si quisiera echarle tierra al asunto. Lo que hago es procurar que se metan a fondo y los detalles de los temas.”
El costo del rescate bancario, para la sociedad, “es monumental. ¿Quién se equivocó? Se equivocó el comisario, el administrador bancario, se equivocaron los funcionarios. Entonces, ¿dónde están las responsabilidades? Una cosa es que la autoridad sea inepta para supervisar y vigilar, y otra que alguien se lleve el dinero. El grado de responsabilidad es completamente diferente”.
Y así como Fernández no podría ser vocal del IPAB, tampoco lo deben ser los actuales: “Obviamente, entre Murrieta y Eduardo Fernández hay una diferencia abismal. Carlos Cabal y Jorge Lankenau eran contrapartes de Fernández. Y en el caso de Murrieta no, él se debe a ellos, recibió dinero de ellos, colaboró con ellos”.
Fernández como superviso de los bancos –continúa-, se pudo haber equivocado, pero no se robó el dinero. Son esos faltantes –producidos por inexperiencia o por dolo- los que lastiman a la sociedad.
“Quienes están hoy como vocales del IPAB auxiliaron, asesoraron o colaboraron con las personas que son materia de sospecha o señalamiento respecto de quebrantos bancarios importantísimos. Ellos estaban del lado de la administración bancaria, no del lado de las autoridades. Por eso lo importante es que quien revise esto sea una persona imparcial.”
Contra los vocales, hasta el fin
Y es que Reyes Orona identificó conflictos de interés, falta de profesionalismo y legalidad en los vocales del IPAB, responsables de detectar las irregularidades del rescate bancario. Murrieta, por ejemplo, fue comisario de bancos que quebraron y arrojaron voluminosos costos para la sociedad.
“En el caso de Murrieta, ya reconoció públicamente que fue comisario o auditor externo de Unión, Cremi, Obrero, Confía y Banorte”, recuerda Reyes. “Y, en el proceso, la Secodam también acreditó que Murrieta era, además, accionista de bancos. Entonces, no se entiende cómo pudiera quedar al margen de toda responsabilidad.
“El caso más claro es el de Bancrecer. Porque si las decisiones de saneamiento de Unión-Cremi-Obrero ya se habían quedado en el pasado, el banco que es un verdadero misterio es Bancrecer. Qué curioso: En Bancrecer, Murrieta era el comisario también. Ese saneamiento ya no lo hizo Fobaproa, lo hizo completamente la administración del IPAB. Y uno se encuentra a muchas personas que trabajan o trabajaron alguna vez con Adalberto Palma.”
En el caso de la familia Creel, Reyes se concentra otra vez en Bancrecer: “Fue una empresa que apoyó mucho la compra de acciones del Banco del Sureste y de Bursamex, Famedal por muchos miles de millones de pesos. Se habla de que el costo de Bursamex y del Banco del Sureste puede alcanzar los 800 millones de dólares. Entonces el caso Bancrecer es muy especial, ya que en él hay muchos posibles puntos de contacto entre esos tres bancos y los tres vocales.”
Y de nuevo interroga: “¿Por qué no se ha empezado a hacer una revisión concreta de qué pasó en Bursamex y en el Banco del Sureste?
