Guillermo Correa
La lucha del gobierno de México contra el terrorismo internacional se podría ver afectada por el hecho de que en menos de un año han sido despedidos alrededor de 300 trabajadores del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), lo que representa 10% de su planta laboral.
Los despedidos del Cisen, en un documento en poder de Proceso, firmado entre otros por Gerardo Palau Armendáriz y Saúl Alcántara Gascón, no se explican por qué Antonio Ayestarán Ruíz y Óscar Joaquín Estrada López, directivos del Departamento de Soporte Técnico, continúan con su política antilaboral “sin reflexionar que lo ocurrido el 11 de septiembre en Estados Unidos se debió precisamente a una falla en los sistemas de inteligencia”.
Y agregan: “Aquí valdría preguntarle a Santiago Creel, secretario de Gobernación, si él entiende la importancia de los organismos de inteligencia y si acaso es así, cómo es que permitió que corrieran a 300 personas altamente capacitadas, vulnerando al propio gobierno, ya que para capacitar a alguien más, aparte de lo costoso, lleva mucho tiempo, del cual ya no se dispone porque México, aunque no se crea, también está en mucho riesgo”.
Según los despedidos, Ayestarán además de correr “injustificadamente” a los operadores del Equipo de Cómputo Central, el cual, por razones obvias, tiene que estar en operación durante las 24 horas del día para dar servicio al gobierno, incluidas las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
