Cuando se pregunta a las autoridades ambientales federales, del municipio y del estado por qué varios desarrolladores inmobiliarios siguen invadiendo y arrasando una zona federal protegida como el Cerro Viejo de Chapala, nadie sabe nada. No es extraño que surjan acusaciones de que en realidad se está protegiendo los intereses de políticos implicados en dichas obras ilegales.
No obstante las reiteradas quejas de la población y de especialistas en medio ambiente contra los funcionarios municipales de Chapala que solapan el ecocidio en el Cerro Viejo (Proceso Jalisco 359), los desarrolladores inmobiliarios continúan fraccionando terrenos en cuatro áreas protegidas.
Tan sólo el cerro del Tecuán, en San Antonio Tlayacapan, ha sido invadido por tres constructoras que hasta la fecha han destruido más de 100 hectáreas como parte de sus proyectos Las Minas, Colinas del Lago de San Antonio y Chula Vista Norte sección II.
El que más alarma a la población es Las Minas, que se presenta como proyecto “ecoturístico” y para el cual se están arrasando cerca de 20 hectáreas a fin de construir cabañas, incrementando el riesgo de desgajamiento del cerro con peligro inminente para los habitantes de fraccionamientos como Vista Alegre y Cielo Vista, ubicados en las zonas bajas.
Al indagar quiénes son los responsables de tales desarrollos turísticos, surgen sospechosas lagunas. El proyecto aparece a nombre de Fernando Delgado Aguilera, pero habitantes que se oponen a estas obras señalan que éste sólo es prestanombres de funcionarios panistas estatales y federales cercanos al gobernador Emilio González Márquez y al diputado local Héctor Álvarez Contreras. Añaden que este legislador es amigo del presidente municipal de Chapala, Jesús Cabrera Jiménez.
Ese predio fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el reciente viernes 9, pero se ha comprobado que ahí sigue construyéndose por encima de la altura máxima permitida, que equivale a mil 750 metros sobre el nivel del mar.
Al respecto, las autoridades de distintos niveles evaden su responsabilidad. El alcalde Jesús Cabrera y su director de Planeación Urbana, Fernando Rivas Villanueva, culpan a la anterior administración de haber autorizado los dictámenes, despalmes y movimientos de tierra que originaron el proyecto, mientras que su propia actuación se ve limitada por tratarse de un área federal regulada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
A su vez, esta dependencia informa que el año pasado recibió de los desarrolladores el estudio de impacto ambiental, pero aclara que todavía no autoriza el cambio de uso de suelo. En consecuencia, cualquier movimiento de tierra o construcción en la zona tiene que ser sancionado por la Profepa.
Para seguir la cadena de deslindes, la Profepa asegura que ya cumplió con clausurar la obra y desconoce si aún se realizan trabajos en el predio.
El mayor de estos fraccionamientos es Colinas del Lago, registrado a nombre de Roberto Ibarra Moreira, Víctor Manuel Villar Fuentes y Édgar Jesús Gómez Bustamante. Ocho de sus más de 40 hectáreas las destina al proyecto turístico de élite Lake Chapala Hotel and Casino Resort, impulsado por Palacio Development Group, una compañía de Phoenix, Arizona, que ha desarrollado entre otros el Holiday Inn, Best Western, La Quinta Inn & Suites, Days Inn y Super 8 Hotels, y que aquí pretende levantar un casino al estilo de Las Vegas, con una inversión de más de 40 millones de dólares (Proceso 1818).
En las publicaciones locales aparece como responsable de este proyecto Gerardo Luna Buenrostro y la Semarnat reporta que no ha recibido la correspondiente manifestación de impacto ambiental (MIA). Lo que sí existe es un expediente técnico de planeación urbana, del cual este semanario tiene copia y que fue emitido el 4 de octubre de 2006 con el dictamen 404/2006.
Al consultar a Cabrera Jiménez, culpa de ello a la administración anterior, encabezada por el priista Gerardo Degollado González, de autorizar la construcción en predios clasificados como área de actividad silvestre.
El desarrollo Chula Vista Norte sección II se construye también sin licencia de urbanización. Sólo cuenta con una licencia de uso de suelo que data de 1997 y está a nombre de Miguel Barragán. De acuerdo con el municipio, tampoco cuenta con MIA porque el terreno está liberado y aprobado para fraccionar desde décadas atrás por órdenes de la oficina de Ecología del gobierno del estado, aun cuando la Semarnat (federal) y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades, estatal) desconocen el caso (Proceso Jalisco 359).
Además, continúa impune la invasión ilegal de áreas protegidas que este semanario reportó desde el 25 de julio de 2010. El responsable y supuesto titular del fraccionamiento Brisas de Chapala es el ejidatario Juan Pantoja Núñez, quien vive en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Aunque el director de Planeación Urbana de Chapala, Fernando Rivas Villanueva, consideró “imposible” que se construyera en dicha área porque él mismo clausuró la obra tres veces, la última en 2010 (Proceso Jalisco 298), este semanario comprobó que el desarrollador sigue devastando el entorno ecológico de manera clandestina.
Cadena de irresponsabilidad
Cuestionado sobre la complicidad de ecocidio que se le atribuye, Cabrera Jiménez se justifica: “En efecto, las tres obras que se encuentran en San Antonio rebasan más de 100 metros de la cota de protección establecida por el municipio, y si bien están construyendo en la presente administración, nosotros no hemos otorgado ningún permiso, todos los trámites los hicieron desde la administración pasada”.
–¿Cuáles son las facultades del ayuntamiento para frenar las obras?
–En su momento sí debimos hacer un juicio de lesividad e intentar frenarlos, pero no lo hicimos por los costos tan altos que representaba. Técnica y legalmente ahora es mejor regularizar las construcciones y dejarlos continuar, y una vez que la Semarnat avale los estudios técnicos justificativos, así como el estudio de impacto ambiental, nosotros ya no podemos hacer nada más que dejarlos continuar.
Acerca del fraccionamiento de Pantoja Núñez, aledaño a Brisas de Chapala, el responsable de Planeación Urbana, Fernando Rivas Villanueva, se limita a repetir: “Yo clausuré la obra y, aunque no he ido físicamente pues no sabía que hubiera movimiento en la zona, ahí tampoco podemos hacer nada, porque si no sabemos quién es el propietario y éste no ha solicitado ningún trámite con nosotros, pues no tenemos a quién sancionar”.
Por su parte el exalcalde Degollado González, ahora candidato priista a la presidencia municipal, admite que su administración emitió dos dictámenes informativos y una autorización de despalme, como argumenta el actual ayuntamiento, pero niega que también expidiera licencias o permisos para realizar movimientos de tierras en San Antonio:
“Nosotros no dimos ninguna autorización, mucho menos una licencia para fraccionar arriba de la cota de mil 600 metros, dado que arriba de eso es zona natural protegida y nadie debe construir. Lo que están haciendo es un ecocidio, están siendo cómplices y quieren echarme la culpa a mí.”
Cuando se le pregunta sobre los dictámenes emitidos en su administración entre 2008 y 2009, y acerca del despalme autorizado por su director de Ecología, Moctezuma Medina Corona, el exalcalde responde:
“Acepto que en mi administración se emitieron dictámenes, que no equivale a una autorización de movimiento de tierras o a una licencia; son dictámenes informativos que por ley debemos otorgar. También es cierto que el director de Ecología, malamente, autorizó un despalme en la zona sin mi autorización, pero esa será responsabilidad que deberá asumir él, pues lo hizo sin mi consentimiento.”
Ante las irregularidades de estas obras, Degollado González argumenta que en enero pasado solicitó a Luis Gerardo González Blanquet, delegado federal de la Semarnat, así como a Gabriel Ibarra Félix, procurador de Desarrollo Urbano del estado, que suspendieran las obras de urbanización en los proyectos de Las Minas, Colinas del Lago y Chula Vista Norte. Advierte que va a interponer una demanda penal contra el actual alcalde y su director de Planeación Urbana por ser cómplices y responsables del ecocidio.
Recuerda que para poder hacer un cambio de uso de suelo en una altura que rebase la cota de mil 750 tiene que obtenerse la aprobación de la Semarnat porque es una zona federal. Por eso afirma que también instancias como Semarnat, Semades, Profepa y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) están coludidas con el actual ayuntamiento de Chapala para salvaguardar los intereses de algún político. Cuando se le piden nombres, aclara:
“Yo no sé quién, sólo sé que alguien de peso tiene que estar atrás. Para que las autoridades estatales y federales se hagan de la vista gorda es porque las autoridades también lo están solapando. Las invasiones son consecuencia de las facilidades para burlar la ley de la actual administración, y el ayuntamiento facilitó que entraran las constructoras, así que ellos son los principales responsables”.
Cuando se le plantea que, según documentos obtenidos mediante la Ley de Transparencia, su administración recaudó 27 millones de pesos por concepto de licencias, Degollado González intenta rebatir: “Lo más que recibimos fue de Walmart, y debimos recibir menos de 8 millones en los tres años de gobierno.”
Por otro lado, el director general de Protección Ambiental de la Semades, Jesús Ernesto Naranjo Castellanos, deslinda a la dependencia de cualquier responsabilidad en los daños ambientales cometidos en la zona, pues ninguno de los cuatro proyectos ha sido presentado para su evaluación ni se han recibido peticiones de intervención.
Paralelamente el subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales de la Semarnat, Isidro de Jesús Lucio Virrueta, informa que el único proyecto que ha presentado un estudio de impacto ambiental es Las Minas. Lo hizo el 6 de diciembre de 2011, dice, y el estudio continúa en evolución, por lo que sólo dentro de dos meses se sabrá si el proyecto se autoriza para su construcción o no, y que a la Semarnat no le toca sancionar a nadie.
Cuando se le pregunta quiénes están involucrados en ese proyecto, Virrueta asegura que es información confidencial, y enfatiza que mientras no se emita una resolución no debe haber movimiento de tierras en Las Minas, porque “el proyecto sigue en análisis”.
Consultado sobre el mismo asunto, José Manuel Galindo, delegado de la Profepa, señala que clausuró los trabajos de Las Minas a principios de marzo. Sobre los desarrollos colindantes de la zona, él también se lava las manos: “No tenemos información de otros delitos en la zona, pues la capacidad de vigilar es limitada. Son 15 inspectores para todo el estado. Ustedes (los medios) tienen más información que nosotros para detectar este tipo de irregularidades”.
La activista Raquel Gutiérrez Nájera, representante del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), advierte que el equilibrio de la región y de la zona metropolitana corre peligro con estas invasiones impunes, ya que Chapala funge como regulador climático y abastecedor de agua para la ciudad:
“Veremos ciclos de lluvia más atípicos y lluvias torrenciales. Tendremos mayores épocas de sequías, una mayor captura de carbono y, por tanto, sentiremos la intensificación del efecto invernadero; por lo que el calor será cada vez más intenso debido a la deforestación que está sufriendo la zona.”
Añade que también es un área de protección hidrológica con escurrimiento natural, por lo que una afectación del ciclo hidrológico y el bloqueo del paso natural de agua en el monte repercutirá en las partes bajas del cerro. Para ilustrar el fenómeno menciona que el derrumbe sobre San Juan Cosalá, en la ribera de Chapala, fue consecuencia de un indebido cambio de uso de suelo.
Gutiérrez Nájera recuerda que desde 2009 la laguna está reconocida por la Convención Ramsar como un humedal de importancia internacional, lo cual compromete al gobierno mexicano a vigilar su conservación y restauración. Sin embargo, este mandato no se respeta:
“Es un incumplimiento a nivel internacional. Es una omisión gravísima. Al gobierno federal le toca intervenir, pues aquí los particulares se aprovechan de la omisión de las autoridades municipales sin que nadie los ponga en orden. Todo mundo se está haciendo de la vista gorda y se lava las manos, y la autoridad federal, en especial la Profepa, está siendo omisa.” l
