En Zapopan los servicios de salud están en entredicho, entre otras causas por la errática actuación que proveedores, regidores de los tres partidos y trabajadores de la institución le atribuyen a la directora, Adriana Capurro. Como confirman varios documentos, algunos de estos oficiales, ella intentó licitar servicios radiológicos mediante una convocatoria irregular e ignoró las advertencias de que en los laboratorios había problemas con insumos indispensables para los diagnósticos.
La salud de miles de usuarios de las unidades de la Cruz Verde corre peligro porque ahí se utilizan reactivos caducos y se recortó el área de radiología, servicio que ahora presta bajo contratos temporales la empresa Radiología e Imagen, Radiología Intervencionista.
Las tomografías, los estudios transoperatorios y los exámenes de contraste dejaron de realizarse a partir de que se derribó una parte del Hospital General del municipio de Zapopan, conocido como el Hospitalito, y en consecuencia disminuyó espacio para resguardar los aparatos necesarios.
Dicha demolición ocurrió en la anterior administración, que encabezó el panista Juan Sánchez Aldana, pero el representante legal de Radiología e Imagen, Roberto Chávez Pérez, dice que la actual titular del Organismo Público Descentralizado (OPD), Adriana Capurro Ceballos, no ha hecho nada para remediar la situación y los servicios hospitalarios van en franco retroceso.
La situación se complicó más, dice, cuando la funcionaria ordenó retirar todo el equipo de radiología con el supuesto propósito de darle mantenimiento, como consta en el oficio 135/02/2012, del pasado 22 de febrero.
Sin embargo, los médicos de Radiología e Imagen interpretaron esa medida como una represalia porque ellos impugnaron ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) la convocatoria del OPD para licitar el servicio, puesto que desde su punto de vista el proceso se inclinaba a favor de otra empresa, cuyo nombre no revelaron.
“La radiología es la piedra angular de muchos de los diagnósticos. En los hospitales y las unidades de emergencias tener radiología es como el pivote, es como tener un laboratorio confiable (…) Si un paciente llega con un trauma craneoencefálico y tú no diagnosticas en forma oportuna un hematoma o un sangrado, y no se está operando en la siguiente hora, el peligro de que el paciente quede con una muerte cerebral o que ya no haya nada que hacer es muy alto”, advierte en entrevista Chávez Pérez.
El 2 de enero de 2012 la Sexta Sala Unitaria del TAE, que encabeza el magistrado Alberto Barba Gómez, ordenó la suspensión de la licitación pública nacional 003/2011, y dio por admitidas todas las pruebas ofrecidas por los inconformes.
De acuerdo con el representante legal, en el lanzamiento de la convocatoria se cometieron errores tan burdos como la fecha de su emisión: el 23 de diciembre del 2011, es decir, dentro del periodo vacacional de las dependencias gubernamentales. El Comité de Adquisiciones del OPD nunca sesionó para autorizar las bases de la licitación.
Lo más grave, dice Chávez Pérez, es que exigían marcas y modelos específicos de los aparatos: “Los equipos venían etiquetados, las características de los equipos correspondían a una marca específica, lo cual es una total violación a las normas. En muchos de los equipos pedían las características que vienen en los folletos, transcribieron a letra tal y como estaban. Los ultrasonidos traían características específicas de General Electric, algunos otros aparatos tenían características de Philips”.
A pesar del claro sesgo en la licitación, la firma de radiólogos trató de conseguir el equipo con Phillips, pero ésta les anticipó que no iba a venderles. Posteriormente, la Contraloría Interna de los Servicios Médicos Municipales asentó en el oficio CI/049/2011 un pliego de observaciones que ratifican los errores en el procedimiento de licitación.
En este documento se resalta que “la convocatoria, publicada aparentemente los días 22 y 23 de diciembre de 2011” en los periódicos El Informador y El Occidental, no fue ordenada por el Comité de Adquisiciones del OPD y por ese motivo contraviene el artículo 39 del reglamento de adquisiciones. Tampoco hay evidencia de que se haya publicado en algún diario de circulación nacional.
“En la inserción pagada se advierte que el convocante es el Organismo a través de su Comité de Adquisiciones. Por lo tanto este acto es falso ya que no está amparado por un acuerdo válido del Comité”, establece la Contraloría.
Subraya que en la convocatoria no se menciona la ciudad en la que se establece la misma ni ofrece la descripción general, la cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios objeto de la licitación. Se observa también que la titular del organismo tiene sus oficinas en la calle Colón 289, cuando en las bases se menciona como domicilio Cuauhtémoc 65.
Chávez Pérez sostiene que la firma trabajó sin problemas con las administraciones del priista Arturo Zamora Jiménez (2004-2006) y del panista Juan Sánchez Aldana (2007-2009), pero que en la actual, que encabeza el priista Héctor Vielma Ordóñez se topó con pared, lo que atribuye a manejos de la funcionaria Adriana Capurro.
“Hemos defendido como proveedores y como ciudadanos nuestros derechos… Creemos que está haciendo las cosas de una manera sucia y probablemente con una situación de corrupción”, señala.
Para él, las anteriores administraciones tenían un proyecto de trabajo más o menos definido, pero no es así en el actual gobierno, que además suspendió las campañas para la detección del cáncer de mama y del cáncer pulmonar mediante radiografías de tórax.
Agrega que Capurro Ceballos le exigió a la firma de médicos que renovara su equipo de imagenología con los aparatos más avanzados, pero argumenta que las condiciones contractuales que les impuso hicieron imposible realizar dicha modernización de modo que pudieran recuperar la inversión.
Así, relata Chávez Pérez, en marzo de 2010 Radiología e Imagen terminó su contrato con el municipio y éste ya no lo renovó porque Capurro tenía la intención de licitar el servicio. Para no suspenderlo mientras se aplicaba dicho proceso, les ofreció prórrogas por dos y tres meses, durante año y medio.
Esa propuesta no convenció a los radiólogos: “Yo no puedo comprometerme en una inversión que era aproximadamente de entre 15 y 17 millones de pesos de equipo para que en tres meses me diga: ‘doctor, se tiene que salir’, sin ninguna certidumbre”, ilustra su representante legal.
Para agravar la situación, según el entrevistado, Adriana Capurro estipuló que en cada una de las prórrogas se le descontara a la empresa el 20% del dinero que recaudara por los estudios, y al cierre de esta edición la funcionaria le debía al proveedor más de un millón de pesos.
Antes de su derribo parcial, el OPD brindaba los servicios de hospitalización y diagnóstico a los pobladores de la zona metropolitana y estados vecinos. De acuerdo con cifras del Colectivo Zapopano en Defensa del Hospital, tan sólo en 2007 la institución otorgó 175 mil 369 consultas médicas y 5 mil 427 hospitalizaciones, así como 245 mil 89 estudios de laboratorio y de gabinete.
Chávez señala que en las instalaciones del Hospitalito disponían de un área de 120 metros cuadrados para prestar el servicio, y con la demolición parcial sólo les quedaron 25 metros y tuvieron que retirar el 50% de los equipos, incluyendo un tomógrafo.
A principios de su administración, el presidente municipal Héctor Vielma Ordóñez prometió reconstruir el nosocomio con una inversión cercana a 110 millones de pesos; sin embargo, el director de Construcción, Joel Ruiz, declaró al diario El Occidental (2 marzo 2012) que únicamente han trabajado en su estructura. Y faltan seis meses para que concluya el periodo de Vielma.
Reactivos caducos
La acusación de Radiología e Imagen ocurre en un momento delicado para Capurro Ceballos, ya que recientemente la Contraloría Interna del OPD detectó que en la unidad médica Santa Lucía se utilizaron reactivos caducos para diagnosticar a pacientes. Los insumos se adquirieron en una compra directa por casi un millón de pesos al laboratorio Care (Centro de Referencia Especializada, S.A. de C.V.).
Esta irregularidad fue comprobada mediante en la auditoría CI/266/2012, reconocida por la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ). El informe del órgano fiscalizador contiene amplias descripciones y confirma la presencia de los reactivos expirados en la unidad Cruz Verde Sur, así como de bolsas con el mismo material en el Hospital General de Zapopan y la Cruz Verde Santa Lucía.
El documento revela que el control administrativo es deficiente y que cualquier persona puede ingresar a los laboratorios, además de que no existen bitácoras de entrada y salida ni manuales de procedimientos.
Lo grave es que la presencia de reactivos caducos ya había sido denunciada en varios oficios desde diciembre de 2011 por el químico farmacobiólogo Pascual Maldonado Moreno, quien coordinó los laboratorios de la institución hasta el mes pasado y renunció ante la negativa que se atendiera su advertencia.
En un oficio fechado el 4 de diciembre, Maldonado le escribió a Capurro que los reactivos disponibles estaban caducos, no tenían caja ni marca, y se habían hecho transferencias sin dar aviso al responsable sanitario.
El 14 de diciembre el coordinador de laboratorios volvió a insistir sobre el tema y añadió que no había papelería, cartuchos de toner, cintas ni artículos de limpieza. El día 22 le dirigió a Capurro Ceballos otro informe donde le hace constar la falta de insumos para los exámenes clínicos, lo que ocasiona retrasos de hasta tres meses en la entrega de resultados.
En este último documento Pascual Maldonado notificó de fallas en el funcionamiento del equipo de hematología, desabasto de reactivos indispensables para exámenes de biometría hemática, “tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina”. Precisa que no se recibe a algunos pacientes por la falta de tubo vacutainer, alcohol y agua desionizada.
El funcionario explica que, debido a esta situación, más del 40% de los estudios tuvieron que maquilarse en las instalaciones de Care. De acuerdo con el líder del Sindicato Zapopan OPD Servicios de Salud, Carlos Ortiz, los exámenes practicados con insumos caducos fueron alrededor de 30 mil:
“A lo mejor no diagnosticamos embarazos, con el consiguiente riesgo de los tres primeros meses que tiene que haber control, o a lo mejor te diagnosticamos un embarazo pero no lo era; reactivos HIV seropositivos… A lo mejor a alguien que no lo era, le dijimos que sí. Imagínate el drama de alguien con seropositividad, o a lo mejor alguien que sí lo era, le dijimos que no.”
El 1 de marzo, los regidores del PRI, del PAN y del PRD alistaron un punto de acuerdo en el que exigirían la renuncia de la funcionaria en sesión de cabildo. Sin embargo, esa vez el alcalde no llegó al Ayuntamiento y prefirió irse a un restaurante cercano a la avenida Américas, donde convocó a los medios de comunicación “para platicar”.
Mientras tanto, en el salón de sesiones de la Presidencia Municipal estallaba un escándalo porque el Sindicato Zapopan tomó la tribuna para exigir la destitución de Capurro Ceballos.
Posteriormente Vielma intentó justificar su ausencia diciendo que había muerto la madre de su compañera regidora Karina Cortés y por respeto a ella decidió ausentarse. Cuando se le preguntó sobre el tema de los reactivos, aseguró que compensaría los posibles daños con consultas y medicamentos gratuitos.
Al no solucionarse el problema, han arreciado las demandas para que la titular de Servicios Médicos presente su renuncia, pero el presidente municipal no emite opinión ni toma medida alguna. Personas cercanas a Vielma Ordóñez dicen que la funcionaria es su amiga desde la infancia.
Adriana Capurro no cumplió el requisito del artículo 14 del reglamento del organismo para ser directora del OPD, ya que no acreditó experiencia en administración pública y manejo de instituciones médicas asistenciales. Tampoco cumple al menos una de las responsabilidades a que está obligada como servidora pública: una copia del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado, cuya copia tiene Proceso Jalisco, revela que desde 2010 no ha presentado su declaración patrimonial.
Este semanario buscó a la funcionaria para que ofreciera su propia versión sobre estos hechos y señalamientos, pero no obtuvo respuesta.
