Por anacrónica que sea la aplicación del poder a favor de los intereses de un magnate, sigue ocurriendo en los municipios del estado. Un ejemplo más es el de la policía estatal, que no tuvo empacho en reforzar a guardias privados y un contingente civil que en septiembre del año pasado, armas en mano, invadió un predio particular. No cumplían una orden judicial, sino una indicación del empresario agricultor Benjamín Pérez de Anda, que en la región ya ha sido señalado y sentenciado por despojos agrarios.
En el municipio de Tesistán las autoridades, lejos de garantizar la seguridad pública, participan en actos violentos e ilícitos, según el ciudadano Ignacio Martín Martín, quien fue despojado de un terreno que tenía en comodato.
Mediante acusaciones en falso, el uso de la fuerza pública, de guardias privados y presunto influyentismo –dice el afectado–, el acaudalado empresario avícola Benjamín Pérez de Anda se apoderó del predio El Llano III, de cuatro hectáreas, ubicado en el entronque de las carreteras a Tesistán y San Cristóbal de la Barranca. La propiedad se considera de gran plusvalía.
Todo empezó cuando Pérez de Anda, dueño de la empresa avícola Guadalupe, presentó a través de un empleado una denuncia por robo ante la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) contra Ignacio Martín Martín, quien hace 12 años firmó un contrato de comodato por tiempo indeterminado con la dueña del predio, María Guadalupe Ramírez Aceves.
Como su denuncia no procedió, el 21 de abril de 2011 el empresario envió a sus empleados Fausto y Felipe Romero a golpear a Martín para que abandonara el predio. “Tuve que ser trasladado a la Cruz Verde de Zapopan para que me curaran, y ahí me dieron un parte de lesiones, el número 55776”, precisa.
Él consultó con la familia de la propietaria –ya fallecida– cómo proteger el terreno y juntos decidieron que Martín permaneciera en el lugar. Concretamente, Martín le informó a Manuel, nieto de la dueña, “ya que éste es el que se encarga de las cuestiones legales de ese predio y del predio que se encuentra enfrente del mismo, ya que según sé también es de la señora Lupe y está en pleito porque a decir de ellos se lo robaron”.
Se trata del predio El Llano II, de 12.6 hectáreas y ubicado frente a El Llano III, del cual se apoderó con escrituras falsas Alberto Aldana Martínez, a decir de la familia de la señora Guadalupe Ramírez.
Según el comodatario, Manuel también le mencionó que tienen denunciado (a Benjamín Pérez de Anda) “por fraude, ya que tiene una escritura con la que se ostenta como dueño del terreno que yo tengo en comodato y quiere sacarme para tomar la posesión”.
Lejos de abandonar el terreno, Martín y los dueños lo cercaron de malla ganadera y ciclónica. Sin embargo, a las cuatro de la madrugada del 30 de septiembre Pérez de Anda lo invadió con gente armada, incluidos policías estatales en las patrullas EA126 y EA129 y guardias de la empresa de seguridad privada Probain, S.A. de C.V., cuyo propietario es Héctor Ignacio Pérez Franco. A decir de Martín, éste es hijo del exsecretario general de gobierno, el ahora senador panista Héctor Pérez Plazola.
Enseguida, relata el denunciante, los invasores “trozaron candados, amarraron y golpearon a Margarito y Guadalupe, los vigilantes del terreno. También destruyeron un pequeño cuarto con cocina y baño, así como dos terrazas, se robaron la milpa y desaparecieron a seis perros guardianes de alta escuela”.
A las siete de la mañana el padre de los vigilantes le notificó por teléfono al comodatario que la policía del estado, la empresa Probain y otras personas se habían apropiado del terreno. “Me dijo también que los policías estatales se llevaron a sus hijos y los tiraron por la carretera a San Cristóbal de la Barranca-Colotlán, que estaban golpeados, descalzos, y que les robaron sus pertenencias”, recuerda Martín.
Cuando llegó al terreno bloqueó el único ingreso con su vehículo para evitar que siguieran robándose la milpa. Cuando vio que iban pasando policías de Zapopan y estatales, dice, “los paré, pero hicieron caso omiso”.
Asegura que, a fin de aparentar que Pérez de Anda tenía la posesión de buena fe, una grúa de la empresa Anaya y un camión con plataforma de la avícola Guadalupe metieron contenedores al terreno. Durante todo ese día las patrullas de la policía estatal vigilaron el despojo.
El 3 de octubre el comodatario presentó ante la PGJ una denuncia formal por despojo, que pese al carácter armado del ilícito quedó radicada en la averiguación previa 3666/2011, en la Agencia 1B de Delitos Patrimoniales No Violentos.
El 29 de ese mes la PGJ efectuó una diligencia y detuvo a Segundo Flores Pérez, César David Torres Rosas, Salvador Álvarez López, Sergio Álvarez Arias y Rodolfo Romo Castro en posesión de armas de fuego, largas y cortas.
La justicia como pretexto
El 25 de abril de 2011, Manuel Morones Hernández acudió al área de robo de la PGJ para denunciar que, a las 10 de la noche del 24, en el predio El Llano, en la carretera a Tesistán, Ignacio Martín Martín y otras seis personas se robaron “un carro abonador” marca New Holland, “así como diversos personales y una herramienta agrícola” con valor de 75 mil pesos.
Morones asegura que “la maquinaria robada pertenece a Empresas Guadalupe, S.A. de C.V., para la empresa que laboro como avicultor… en el predio que ocurrieron los hechos”.
El denunciante ratificó su denuncia el mismo día en que la presentó ante la Agencia 20 Operativa contra Robo a Negocio y Casa Habitación, y se le asignó el número de averiguación previa 3981/2011.
El 18 de mayo, el jefe del Grupo 1 de la Policía Investigadora del estado de Jalisco, Federico Cervantes García, presentó un informe al agente del Ministerio Público sobre la investigación que se abrió a raíz de la averiguación previa (oficio 770/2011).
Cervantes menciona que acudieron al terreno y encontraron ahí a Ignacio Martín, quien les aseguró que los señalamientos son falsos. También declaró que “el problema es de otra índole y que lo puede comprobar con documentación idónea cuando le sea requerido, agregando el entrevistado que el problema de las personas que denuncia es realmente por la disputa del predio”, cuya propietaria “es María Guadalupe Ramírez Aceves, con escritura número 4237, libro 2, Tomo XXXVI con fecha 18 de julio de 1970”.
En el reporte se añade que desde el 25 de julio de 2000 Ramírez le adjudicó el terreno en comodato a Ignacio Martín.
El señalado acreditó ante los policías que el 14 de abril solicitó al notario Pablo González Vázquez la fe de hechos 17,329, en la cual se especifica que es comodatario y se encuentra instalado en el predio, fracción III de El Llano, de 36 mil 973 metros cuadrados.
Asimismo informó a los policías estatales que en 2009 levantó una denuncia ante la PGJ, en la Agencia 8 de Delitos Patrimoniales, asentada en la averiguación previa 1028/2009 y en el desglose 3469/2010, por fraude específico, en contra de Benjamín Pérez de Anda.
De acuerdo con el escrito que presentó Ignacio Martín ante el juez Séptimo de lo Penal –causa 435/2011-C–, Pérez de Anda, dueño de las empresas Huevo Guadalupe y de Inmobiliaria y Arrendadora Plaza Tolsá, “tiene una escritura fraudulenta por medio de la cual, según él”, adquirió el predio, pero “sé que ese señor no compró y esto lo sé porque he visto los papeles, sé que utilizaron un poder que no se firmó y por tanto se canceló”.
Martín explica que el empresario sigue intentando acreditar la propiedad con el poder cancelado, “pero esto es un fraude, y como no halla cómo sacarme del terreno, me mandó a sus empleados (Fausto y Felipe Romero) para que me amenazaran y golpearan, para ver si me asustaba y me salía, y por eso me fabricaron un delito que no cometí; que yo conozco a Manuel Morones y sé que trabaja con Benjamín”.
Al enterarse Martín de que existía una denuncia en su contra, informó a sus abogados para que fueran a la Agencia 20 y consiguieran una cita para que él pudiera declarar. “Cuando (los defensores) llegaron, se dieron cuenta de que el agente del MP discutía con el abogado Rodolfo Rivera”, que representaba a la contraparte.
Luego se enteraron de que Rivera estaba inconforme porque no se había detenido a Martín “y el agente decía que para él no había delito, por lo que ese abogado se molestó y le dijo que se iba a quejar a Derechos Humanos, por esa razón no quiso dar fecha para que se me tomara declaración”.
No obstante Martín insistió ante el MP para que tomara su declaración, y cuando lo consiguió “llamaron al personal para que fueran a la jefatura, dejando (la averiguación) previa abierta en el oficio número 770”, firmado por Cervantes García.
“En ese oficio se aclaraba perfectamente por qué se me estaba fabricando un robo, por lo que fui en compañía de mis abogados a quejarme de que ya sabíamos perfectamente que no había delito alguno, de acuerdo a lo que decía el oficio 770/2011, pero cuál fue nuestra sorpresa al darnos cuenta de que ese oficio fue sacado de la averiguación previa”, establece Martín en su escrito.
Al presumir, con base en lo anterior, que se extrajo dicho oficio “para engañar a este juzgador y tratar de que se libre orden de aprehensión en mi contra por un robo que, reitero, no cometí, sino que se me está fabricando el mismo para tratar de apoderarse del terreno que tengo en comodato”, como dice el afectado, él solicitó al Juzgado Séptimo de lo Penal que abra una averiguación previa contra Manuel Morones, José Pérez Gómez, Manuel Cano Andrade y Armando Peña Garza por falsedad en declaraciones.
No es el único litigio de Pérez de Anda por la posesión de terrenos. En 2009 los ejidatarios de San Juan de Ocotán ganaron un litigio en que se le obliga a regresarles siete hectáreas (Proceso Jalisco 250).
No obstante sus altas ganancias, el empresario recibe subsidio para diesel agropecuario. De acuerdo con la página web del organismo Subsidios al Campo, Pérez de Anda ha recibido este apoyo desde 1994, aunque sólo se precisa el dato de que en 2005 le dieron 17 mil 867 pesos por ese concepto.
A su vez, en la página del programa Tiempo Fértil, del gobierno federal, el padrón de productores beneficiados con diesel registra un apoyo por 10 mil pesos para un negocio del empresario avícola en Tesistán (folio 700335230), si bien no se especifica la fecha.
Estos apoyos llaman la atención porque Pérez de Anda, según la información publicada por el Instituto Federal Electoral, es militante priista y aportó 100 mil pesos en el año 2000 para las campañas de su partido.
