Una ley que encarcela a periodistas y a quien revele información reservada hasta por cinco años; que entorpece el acceso a la información pública y que favorecerá a los partidos políticos y sus candidatos para que no rindan cuentas durante el proceso electoral, entrará en vigor en Jalisco el 1 de abril.
Especialistas en el tema señalan que la ley anterior estaba entre las mejores del país y quienes idearon la reforma le hicieron un favor al gobernador Emilio González, para quien es un dolor de cabeza transparentar el gasto de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
Augusto Valencia López, anterior titular del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (Itei), señala que las modificaciones a esta legislación echan por tierra el apoyo del Banco Mundial por 477 mil dólares al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) para crear el sistema Infomex, útil para que los ciudadanos soliciten documentos por internet:
“Ha habido una gran cantidad de recursos que se han invertido, del Banco Mundial, del gobierno federal, de los municipios, para capacitarse en el tema de solicitudes de información electrónica y hoy lo están tirando a la basura; los diputados locales, en su negociación perversa con el titular del Poder Ejecutivo, tiraron a la basura un montón de dinero y de trabajo que se había llevado a cabo para facilitarle a las personas el acceso a la información. Ahora va a ser bien complicado acceder a ésta con la nueva ley”.
Valencia López dirigió al Itei de 2005 a 2009. En ese periodo interpuso más de 30 denuncias penales por abuso de autoridad contra burócratas que se resistían a entregar información solicitada por ciudadanos. Todas, excepto una, fueron archivadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ).
La denuncia penal que más recuerda es la que presentó contra el entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña, quien movilizó a todo el aparato judicial en su favor para no entregar una copia de recibo de su salario en nómina.
Fue también “la primera que lograron archivar de manera definitiva cuando Ramírez Acuña iba a ser secretario de Gobernación. Violaron todos los procedimientos en la PGJ y enterraron en un archivo definitivo esa denuncia, que lo hubiera inhabilitado para tomar el cargo de secretario de Gobernación: esa vez todo el aparato del Estado funcionó para incumplir las leyes, por lo menos en materia de transparencia”.
El sucesor de Ramírez Acuña, panista como él, publicó el 22 de diciembre de 2011 en el Periódico Oficial el decreto 23936/LIX/11 que aprueba la nueva Ley de Información Pública. Pese a que prometió consultar con las organizaciones civiles para hacer cambios en el proyecto, nunca lo hizo.
Ahora el artículo 298 del Código Penal Estatal establece sanciones de cinco años de cárcel a particulares que publiquen o divulguen información reservada y multas hasta por mil días de salario mínimo.
Valencia precisa que esto desalentará a cualquier ciudadano a solicitar información, pues además se establece una nueva figura de control para que el solicitante escriba su nombre en cada formato que llene y lo firme. Dice que a los políticos les pesa que les exijan información, pero lo que más les duele es no saber quién la pide.
La nueva ley supone un retroceso para el estado de derecho pues si la autoridad denuncia a la persona que divulgue información reservada constreñirá la libertad de expresión, pero si no lo hace violaría la norma que aprobó el Congreso local.
José Bautista Farías, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y miembro del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), expone que en la nueva ley se eliminaron aspectos centrales del derecho a la información.
Destaca que los funcionarios podrán clasificar como reservada la información que quieran, pues se elimina la prueba de daño, la cual determinaba si los documentos revelados perjudican a los sujetos obligados
