Señor director:
Le ruego dedicar un espacio a la presente en Palabra de Lector, con el objeto de dar a conocer anomalías, omisiones y/o corruptelas en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.
El domingo 19 de febrero del 2012 fue robado mi automóvil de las puertas de mi casa por tres sujetos con un historial delictivo considerable (YA-UIDD-A/399/2012).
A las 19:00 horas del mismo día ya estaban detenidos en Atlatlahucan, Morelos (a 10 kilómetros de mi domicilio), pues en este municipio habían robado otro vehículo cuyo propietario se dio cuenta de inmediato y empezó la persecución. Como yo no me percaté del robo sino hasta las 23:00 horas, presenté mi denuncia el día 20 por la mañana (CT-UIDD-C/589/2012).
El jueves 23 me enteré de la detención de los maleantes, y en Atlatlahucan me confirmaron que ahí tenían mi auto, pero señalaron que para liberarlo tenía que ir a Cuernavaca. Así lo hice, y al llegar a la Procuraduría me informaron que los tres detenidos habían salido libres bajo protesta el martes 21 a las 21:00 horas.
Según el acuerdo de libertad firmado por Karla Vanessa Coronel Reyes, titular de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos, previas consultas con el coordinador de asesores (cuyo nombre no se especifica) y con el licenciado Guadalupe Ávila Landa, director de Averiguaciones y Procesos Penales de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, no se reunían los elementos para consignarlos, aunque yo había presentado mi denuncia dos días antes.
A nadie pareció importarle que los delincuentes tuvieran en su historial varios ingresos a distintos reclusorios por robo de vehículos, homicidio y delitos contra la salud, entre otros.
Durante la persecución de los delincuentes, que huían en los dos autos que robaron el mismo día, el mío resultó con severos daños, cuyo costo asciende a 11 mil pesos. Y para poder liberarlo tuve que hacer que mi madre, de 84 años, viniera desde Saltillo, Coahuila, para cederme los derechos, pues estaba a su nombre.
Me pregunto: ¿Cómo es posible que los hayan dejado en libertad?; ¿de a cómo fue la mordida? (porque fianza no hubo); ¿quién me va a pagar las infracciones, las grúas, el derecho de piso y los demás gastos que hasta la fecha se siguen generando?; ¿los policías municipales que arriesgaron su vida para detener a estos delincuentes no merecen el más mínimo respeto por parte de los seudoservidores públicos mencionados?
Alguien debería echar un vistazo a la forma en que se imparte la justicia en el estado de Morelos. Tal vez el procurador. Tal vez el gobernador.
Este ciudadano victimizado espera respuestas. (Carta resumida.)
Atentamente
Jorge Corona Gallegos
Cuautla, Morelos, 01/735/353-47-58
