Llegó al Senado el 28 de febrero, a través de los legisladores Antonio Mejía Haro y Carlos Sotelo García, un proyecto de decreto para adicionar a los artículos 21 B y C de la Ley Federal de Radio y Televisión. Contiene una propuesta de financiamiento para los medios electrónicos de servicio público. La iniciativa plantea que hay un motivo central para ello: el próximo apagón analógico. Este implicará que aquellos medios audiovisuales que no puedan transmitir en digital se queden fuera del cuadrante.
Los senadores señalan que “se ha calculado que se requieren más de 8 mil millones de pesos para la digitalización”. La mayoría de los medios culturales y educativos del país, pertenecientes a los gobiernos federal, estatal y municipal, a congresos y a universidades, no tienen capacidad económica para enfrentar el reto de digitalizarse.
Considerar lo anterior es sin duda justo, pues de los 31 emisores que pueden agruparse en la categoría de públicos, que no de servicio público pues tal concepto no existe en la legislación mexicana, solamente Canal 22, Canal Once y Canal 34 han manifestado su capacidad para transmitir en digital. El resto hacen esfuerzos y la mayoría, cuyo presupuesto se encuentra por debajo de los 100 millones de pesos al año, corre el riesgo de desaparecer.
Sin embargo, siendo el planteamiento del problema totalmente acertado, no lo es la solución que se plantea. La propuesta señala que habría que “establecer un modelo mixto de financiamiento, apoyado de forma prioritaria en los ingresos públicos, pero también con ingresos adicionales”. En tanto no se establecen porcentajes, prioritario puede ser hasta 51%, es decir, poco menos de la mitad de los ingresos podrían provenir de “otras fuentes”.
¿Cuáles son éstas según la propuesta? “Donativos en dinero o en especie hechos de manera libre y voluntaria por personas físicas y morales de nacionalidad mexicana; venta de productos y servicios, patrocinios, coproducciones y convenios de difusión y coinversión con otras dependencias públicas”. Todo lo anterior ya se hace sin que medie una adición legal que lo proponga. El resultado ha sido inundar de publicidad algunas señales que se prestan para ello, profundizar el oficialismo de otras y, en suma, no mejorar los contenidos sino restringir todavía más sus elementos.
En realidad es necesario adicionar un capítulo entero para los medios públicos que regulen muchos aspectos y no solamente el financiamiento. Pero en el caso de éste debería considerarse un piso que por ley les fuera otorgado, según su alcance, en horas de producción propia y audiencia realmente establecida, y limitar los patrocinios visibles en pantalla a no más de cinco minutos por programa. Los demás aportes no debieran rebasar el 20% del presupuesto.
El proyecto está basado en la propuesta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales. La Asociación ha puesto, desde mi punto de vista, demasiado énfasis en lo económico, descuidando el aspecto central de la identidad del medio público.
