TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Senado de la República aprobó hoy un punto de acuerdo para exhortar al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, a que respete y garantice los derechos humanos de Pablo Salazar Mendiguchía.
Además, pedirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que atraiga el caso y abra una queja de oficio.
El punto de acuerdo, propuesto por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señala que desde su detención, el exgobernador chiapaneco se declaró preso político de la actual administración, por lo que invocó la protección de la CNDH para que se respetara el proceso que se le sigue en los tribunales, así como sus derechos humanos y los de su familia.
Según los senadores, en Chiapas se ha construido un clima de hostigamiento y persecución por parte de las autoridades locales en contra de adversarios, críticos u opositores.
Y citan algunos ejemplos, como el acoso y encarcelamiento de Walter León Montoya, Horacio Culebro Borrayas, Ansberto Arafat Nájera Pérez, Héctor Bautista Flores, Caralampio Gómez Hernández y Socorro del Carmen Domínguez Aguilar, casos que –subrayan– ilustran el uso indebido en la procuración y administración de la justicia local.
Explican, asimismo, que a lo largo del proceso, Salazar Mendiguichía ha denunciado diversas violaciones relacionadas con los principios de presunción de inocencia y debido proceso, así como un persistente acoso institucional por parte del gobierno de Sabines.
Entre las presuntas violaciones, apuntan, destaca la detención de Pablo Salazar sólo dos días después de la denuncia pública que hizo en el programa de Carmen Aristegui por una supuesta guerra mediática de parte del actual gobernador en su contra.
“Ese mismo día, agentes de la Procuraduría chiapaneca detuvieron al Pablo Salazar en el aeropuerto de Cancún. Los procedimientos legales posteriores al dictado de la orden de aprehensión, prácticamente impiden que el mismo día que se dicta se detenga al inculpado en otra entidad federativa, pues después del dictado hay que notificarla al Ministerio Público y éste al área de aprehensiones, quienes se deberían avocar a la búsqueda y localización de la persona, y si se encuentra en otro estado deberán girarse los oficios de colaboración correspondientes a la Procuraduría, en este caso de Quintana Roo, para que los agentes ministeriales pudiesen detener a la persona buscada”, se lee en el punto de acuerdo.
Añade:
“En tal sentido, es difícil que se hubiera cumplido con estos procedimientos en una sola tarde, por lo que la detención de Pablo Salazar Mendiguchía fue prácticamente de facto y sin que se hubieran cumplido todas las formalidades del procedimiento, lo que se vio corroborado con el hecho de que en la diligencia de declaración preparatoria no se permitió a la defensa consultar la orden de aprehensión”.
Explica, asimismo, que quedó en evidencia que detrás de la detención no existe el interés aludido por el gobierno estatal para esclarecer los delitos que se le imputan al exgobernador, ya que cuatro miembros de su gabinete que recibieron el seguro de vida por el que se le acusa, así como 54 colaboradores más, no están incluidos en la orden de aprehensión, algunos de los cuales incluso son empleados de la administración actual.
Todos ellos, algunos con prebendas y otros con amenazas, fueron utilizados como testigos en contra de Salazar Mendiguchía, apunta.
El documento destaca una serie de presuntas irregularidades a lo largo del juicio contra Pablo Salazar –detenido el pasado 7 de junio–, a quien se le han acumulado más de media docena de procesos penales en su contra.
Por ello, se propuso exhortar al titular del Ejecutivo de Chiapas para que gire instrucciones a las autoridades competentes, con el objeto de que se garanticen plenamente los derechos humanos del exgobernador de la entidad.
Los senadores también solicitaron al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, que a la brevedad atraiga el caso e inicie una queja de oficio, a fin de que se preserven los derechos humanos por los procesos iniciados en contra de Salazar Mendiguchía.
Se espera que en los próximos días una comisión de senadores del PRD, acompañados por funcionarios de la CNDH, visiten al exmandatario, quien se encuentra preso en el penal de El Amate, a unos 90 kilómetros al este del capital del estado.
