Las cuentas alegres que difundieron el gobernador Emilio González y el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 no resistieron ni siquiera la revisión parcial de la Auditoría Superior de la Federación a los recursos que aportó la federación para ese propósito. Ahora las autoridades jaliscienses deben solventar observaciones por 100 millones de pesos sin comprobar, y le deben al menos 500 millones a sus proveedores, uno de los cuales relata los oscuros procedimientos del gobierno estatal.
A las numerosas irregularidades cometidas por los organizadores de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, ahora se suman las que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el manejo de los recursos que aportó el gobierno federal a la competencia internacional.
Además del desorden administrativo, la falta de controles en el gasto y las adjudicaciones directas de contratos que debieron licitarse, existió triangulación de proveedores “informales”. De ese modo, a sólo cuatro meses de su clausura, la justa deportiva arroja pasivos de al menos 500 millones de pesos, aparte de gastos sin comprobar por 100 millones.
Después de que la ASF revisó la cuarta parte de los fondos federales asignados a los juegos, es decir, los 420 millones que se ejercieron en 2010, hizo observaciones por 109 millones de pesos, 100 de los cuales corresponden a gastos sin comprobar.
Este monto “constituye un daño al erario y una auténtica ratería”, sostiene Salvador Caro Cabrera, diputado federal por el PRI y quien se sumó al proyecto de Enrique Alfaro, el aspirante de la izquierda a la gubernatura de Jalisco.
Por su parte, el gobernador Emilio González Márquez ha desestimado los señalamientos de corrupción con el argumento de que por los tiempos electorales el tema se ha politizado, y considera natural que en una auditoría se hagan observaciones. No obstante, en los promocionales de su quinto informe de gobierno utilizó a los Panamericanos como su principal ejemplo de que “en Jalisco hacemos las cosas bien”, como dice su eslogan.
Al respecto, José Guadalupe Ledesma, asesor en materia gubernamental y exfuncionario del deporte en Guadalajara y Tonalá, opina que “este es un ejemplo del uso político del tema por el gobernador, que presume la infraestructura deportiva que ahora es motivo de las observaciones de la ASF por las deficiencias en nueve estadios y el gasto indebido por el cambio de sede en el estadio de atletismo”.
Ledesma, también priista, admite que la inauguración de los juegos salió “bien”, lo que era de esperarse puesto que se le destinaron 23 millones de dólares. Pero puntualiza que al analizar el costo-beneficio del evento “el resultado es que andamos mal porque se dejaron de hacer eventos que manda la ley y no conocemos aún el costo total de la inversión ni hay transparencia en el uso de los recursos”.
Critica específicamente que el gobierno del estado se haya limitado a respaldar a un grupo reducido de deportistas para ganar las olimpiadas nacionales –lleva 12 consecutivas–, lo que no lo convierte en el mejor, pues comparativamente el Estado de México sacó más medallas.
Contratos verbales
En noviembre pasado, cuando se descubrió la contaminación de mantos subterráneos de agua en El Bajío por el derrame de aguas residuales de la Villa Panamericana, y ante el consiguiente riesgo de que los Parapanamericanos no se realizaran, las autoridades buscaron empresas que hicieran limpieza para poder instalar a los atletas. La villa volvió a funcionar con un permiso temporal del municipio de Zapopan.
Así fue como la empresa Hidrotecnia Industrial, especializada en servicios ambientales, dice su director general Miguel Ángel Martínez, fue contratada “verbalmente” para extraer las aguas y lodos porque se consideró un servicio “emergente”. No obstante, hasta la fecha no se le han liquidado más de 300 mil pesos del medio millón que cobró.
Para Martínez, esta situación “huele mal”, ya que él accedió a trabajar sin contrato “por la urgencia” y la confianza que le dio Fernando Montes de Oca, titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), al invitarlo a una reunión, el 10 de noviembre de 2011, con directivos del Comité Organizador de los Panamericanos en Guadalajara (Copag) para cotizar el servicio.
Otro factor que lo impulsó a entrar al negocio fue que él pidió que el vertido final de los desechos se hiciera en la planta de Río Blanco, que opera el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), y esto se cumplió sin necesidad de escritos o autorizaciones burocráticas. El empresario supone que el trámite se agilizó por el interés del gobernador y la presencia de su hermano en una importante gerencia del SIAPA:
“Llegábamos con los camiones y descargábamos con toda normalidad. Aquí tenemos las bitácoras, los folios, las cantidades diarias y los viajes, que suman cerca de 500 mil litros de aguas residuales a un costo de 560 mil pesos, IVA incluido”, precisa Martínez. Calcula que la otra empresa contratada para ese propósito extrajo una cantidad algo mayor porque trabajó hasta unos días antes de los Juegos Parapanamericanos.
El director de Hidrotecnia Industrial les informó a los funcionarios del Copag que tenía la capacidad para succionar los 80 mil litros diarios que debían desplazarse a la planta de Río Blanco y ofreció que si le daban la encomienda completa les daría un mejor precio en razón “del volumen”. Pero ya había otro proveedor “limpiando el cochinero que era impresionante” y en realidad no les importaba el ahorro, afirma.
La empresa de Martínez empezó a trabajar el 11 de noviembre y concluyó sus servicios el 24 del mismo mes. Sus empleados aseguran que la infraestructura para el manejo de los desechos de la villa es pobre, aunque el Copag y los desarrolladores de la Villa Panamericana presumieron que tienen planta de tratamiento y supuestamente se colapsó. “En realidad, hasta esa fecha, planta como tal, planta de tratamiento no había, no la vimos”, dice uno de estos empleados. Lo único que estaba instalado ahí era un megatanque en el que se depositaban los desechos a pesar de que el ayuntamiento de Zapopan le puso un sello de clausura.
En la reunión del día 10 se le indicó al empresario que en lo sucesivo trataría con Allan Ángel, un joven que le presentaron como representante del Copag, quien tenía oficinas en el estadio de atletismo y le hizo saber que se le pagaría semanalmente. No obstante, hasta finales de diciembre pasado Hidrotecnia cobró solamente 204 mil de los 560 mil pesos, pero a condición de facturar a nombre de la empresa ROMSA de Occidente, S.A. de C.V., con domicilio en Tlaquepaque y con la que Hidrotecnia negocia el pago porque el Copag se desvinculó del trato.
Lo raro es que ni las autoridades estatales ni ROMSA han querido firmar contrato o documento alguno relacionado con el servicio que se le solicitó a Hidrotecnia. Ésta tuvo que acceder a cobrar en parcialidades sin intereses, pero ni ROMSA ni el Copag cumplieron. Ahora el proveedor del servicio anuncia que procederá legalmente con pruebas de que succionó y trasladó de la Villa Panamericana a la planta de Río Blanco cerca de medio millón de litros de aguas negras.
Fuentes cercanas a la construcción del estadio de atletismo indicaron que ROMSA fue la proveedora de butacas y que antes ha sido beneficiada por el ayuntamiento de Guadalajara con obra pública en la actual administración priista. Además, le atribuyen esas adjudicaciones de contratos a las relaciones que ha tejido André Marx Miranda, director del Consejo Municipal del Deporte y alto funcionario del Copag.
Este semanario verificó que ROMSA comparte algunos números telefónicos y contactos de promotores o representantes con Decobote, proveedor de botes ecológicos. Además, en el portal de transparencia de Guadalajara aparece como proveedor de servicios en la Unidad Deportiva Independencia por casi 1.2 millones de pesos en 2011. De acuerdo con el contrato correspondiente, ROMSA cambió el azulejo de la alberca en dos ocasiones durante los últimos años.
En la página del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) aparece un juicio de ROMSA contra el ayuntamiento de Tlaquepaque (expediente 0307/2011), en el que escuetamente se registra que la Cuarta Sala dictó sentencia el pasado 3 de febrero.
Gastos sin comprobar
El diputado con licencia Salvador Caro califica como “raterías” las irregularidades que dio a conocer la ASF tras la revisión “de una cuarta parte del presupuesto federal asignado en 2010” para los Panamericanos, que ascendió a mil 200 millones de pesos. Se trata de una “auditoría parcial” a ese monto, ya que ese año sólo se ejercieron 420 millones.
Para el entrevistado, que pertenece a la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, los datos de la ASF revelan la forma inescrupulosa en que se ejercieron los recursos. Y afirma: “Es muy preocupante porque no se van a poder comprobar los 67 millones de pesos que se observaron por el cambio de sede del estadio de Atletismo (que se construiría inicialmente en el predio El Bajío) y los 34 millones pesos que (los organizadores) dicen que se gastaron en el traslado de materiales hacia La Curva, en la cabecera municipal de Zapopan, donde se construyó finalmente el estadio”.
La fracción priista en la Cámara de Diputados pidió auditar el gasto de los aproximadamente 4 mil millones de pesos, entre recursos públicos y privados concurrentes, que se invirtieron en los juegos. El punto de acuerdo fue presentado por el vicecoordinador de ese partido, José Ramón Martel.
El documento señala que el gobierno federal y el de Jalisco reportan gastos aproximadamente por ese monto pero “algunos legisladores de dicha entidad mencionan que fueron más de 9 mil millones de pesos, lo que hace preocupante la forma en que se financiaron y administraron los recursos que, por decir lo menos, no son claros ni siquiera en su cálculo”.
Puntualizan los legisladores que el costo de las obras y la organización de los juegos rebasaron los planes de los organizadores y obligaron a los gobiernos estatal, municipal y federal a echar mano de más recursos, pero que los datos en los portales de transparencia del gobierno federal y del estatal no coinciden.
El titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del estado, Martín Mendoza López, declaró el 17 de febrero que el gobierno de González Márquez no fue notificado por la ASF de las observaciones por más de 109 millones de pesos, pero adelantó que serán solventadas a la brevedad y anunció que acudirá personalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a gestionar más recursos para resolver el adeudo por 500 millones de pesos que tiene la entidad con proveedores y contratistas.
