Ahora resulta que varios funcionarios jaliscienses en realidad están al servicio de otro estado del país, y sobresalen dos en particular: el gobernador Emilio González Márquez y el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias.
Desde 2007, cuando llegaron a los cargos que ahora detentan, ambos han venido promoviendo, por acción o por omisión, la presa de El Zapotillo, la cual, aun cuando se pretende construir en el territorio de Jalisco e implicaría la desaparición de tres poblados de la zona de los Altos (Acasico, Palmarejo y Temacapulín), ha sido concebida fundamentalmente para llevar agua al vecino estado de Guanajuato y de manera específica a la zona metropolitana de León.
Los señalados mantienen una curiosa y antitética relación con la pretendida represa, lo que se ha traducido en un doble discurso. Cuando les conviene dicen que se trata de un proyecto federal y que, en consecuencia, quienes se oponen a él por considerar que resultarían afectados deben dirigir sus reclamos al gobierno de la República y no al del estado. Pero cuando a González Márquez se le ha hecho ver que su obligación es velar por los intereses de todos los jaliscienses y que el proyecto de El Zapotillo le acarrearía más perjuicios que ventajas al estado, entonces él y sus colaboradores han salido a defender el proyecto con un argumento demografista, según el cual la presa representaría un beneficio para más de 2 millones de jaliscienses, una población que supera por mucho al número de opositores, que estiman en unos cuantos centenares. Y luego añaden que aun las personas renuentes resultarían beneficiadas, pues el gobierno les ofrece viviendas mejor acondicionadas y hasta la posibilidad de que hagan negocio con la cercanía de la presa.
No obstante, a regañadientes, el director de la CEA acaba de reconocer que las prometidas bondades que El Zapotillo les traería a los jaliscienses no se verían en el corto plazo, sino en un futuro sin precisar. Acorralado por un grupo de diputados locales, Coll Carabias terminó por aceptar algo que él y otros funcionarios, entre ellos el propio gobernador, habían negado (Milenio Jalisco, 14 de febrero): que El Zapotillo está concebido básicamente para llevar a León, Guanajuato, agua captada del río Verde, almacenada en territorio de Jalisco para luego ser conducida a su destino final.
En otras palabras, ha quedado al descubierto que el discurso del gobierno de González Márquez había repetido durante cinco años es demagogia pura, y que la prometida “gran importancia” que tendría la construcción de El Zapotillo no era para Jalisco, sino para el vecino estado de Guanajuato. Y ello porque en una primera etapa el proyectado embalse sólo habría de dotar de agua a la zona más poblada del Bajío. Para Jalisco, en cambio, los eventuales beneficios se prometen para un futuro indefinido, aun cuando los perjuicios se darían desde un primer momento con la desaparición de los tres pueblos alteños mencionados, con el desplazamiento forzoso de núcleos de población y con la inundación definitiva de una parte del territorio estatal.
El responsable mayor de este pésimo negocio para Jalisco es Emilio González Márquez, la primera persona obligada, ¡vaya ironía!, a velar por los intereses del estado y de sus habitantes. Desde el momento en que tomó posesión de su actual cargo, el susodicho no sólo se doblegó ante el proyecto de El Zapotillo –ideado desde el sexenio anterior por el gobierno federal y por el de Guanajuato–, sino que terminó volviendo más gravoso algo que ya de por sí era bastante lesivo para los intereses de Jalisco. Y ello porque originalmente la cortina de la presa que se pretende levantar sobre el cauce del río Verde, en los límites municipales de Mexticacán, Yahualica y Cañadas de Obregón, estaba planeada para tener una altura de 85 metros, pero el gobierno de González Márquez solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que tuviera 20 metros más, con el propósito de que aumentara su capacidad de almacenamiento y, de ese modo, disponer también de agua para algunos municipios de los Altos de Jalisco y para la zona metropolitana de Guadalajara.
Poco o nada le importó a González Márquez que su propuesta de modificación implicara una mayor área de inundación y, sobre todo, el sacrificio de tres poblaciones. Al parecer, pretendía evitar que se dijera que la presa, que se planeaba construir en territorio jalisciense, iba a ser solamente para beneficio de Guanajuato. El plan era que al aumentar la capacidad del embalse, el excedente del agua retenida se destinara a algunas localidades de Jalisco. Pero a González Márquez y colaboradores les acabó saliendo, una vez más, el tiro por la culata.
Ahora el problema es múltiple. Con la modificación solicitada por González Márquez, en Jalisco desaparecerían Acasico, Palmarejo y Temacapulín, y a cambio de tan mal negocio para nuestra entidad, ésta ni siquiera podría disponer del agua asignada una vez que hubiere sido concluida la presa. Y ello porque, a diferencia del gobierno de Guanajuato, el de Jalisco no dispone de recursos para construir ni la red de acueductos requerida para conducir el agua a las poblaciones de los Altos consideradas dentro del proyecto ni tampoco a la zona metropolitana tapatía. En otras palabras, el gobierno de González Márquez terminó por empeorar un proyecto que siempre ha sido contraproducente para Jalisco y enteramente benéfico para Guanajuato.
Como se sabe, El Zapotillo fue el plan B de la fallida presa de San Nicolás, que durante el gobierno federal del guanajuatense Vicente Fox y el estatal del jalisciense Francisco Ramírez Acuña se planeaba construir sobre el mismo río Verde, aguas arriba, en el municipio de Jalostotitlán. La finalidad del proyecto de San Nicolás era básicamente la misma de El Zapotillo: llevar agua desde Jalisco a la tierra de Fox. Sin embargo, como los habitantes de la población alteña de San Gaspar, en el municipio de Jalos, se opusieron bravamente a que su pueblo desapareciera bajo las aguas, el proyecto de San Nicolás se frustró. Cabe añadir que su cancelación fue favorecida por las disputas y diferencias políticas que surgieron entre el presidente Fox y el gobernador Ramírez Acuña al final de sus respectivos gobiernos, a causa del “destape” de Felipe Calderón como candidato del PAN a la Presidencia de la República, candidatura que, para disgusto de Fox, fue promovida y apoyada por el entonces gobernador de Jalisco.
Pero luego de la cancelación del proyecto de San Nicolás sobrevino –por parte del gobierno federal, a través de la Conagua, y del gobierno de Guanajuato– la búsqueda de un nuevo punto en el curso alto del río Verde con la finalidad de construir la represa requerida para llevar agua a León. Así fue como en el intervalo comprendido entre el final de la administración foxista y el comienzo de la calderonista, los técnicos de la Conagua fijaron el nuevo punto para construir la proyectada presa: El Zapotillo, ante la complacencia de las autoridades de Jalisco.
Y es que, por acción u omisión, tanto el gobernador Emilio González Márquez como su aguador César Coll Carabias acabaron por convertirse en magníficos funcionarios, pero al servicio de Guanajuato. ¿Quién inventó aquello de que “Jalisco nunca pierde”? La verdad es que con esta clase de autoridades nuestra entidad ni siquiera noqueando (ni teniendo la razón) puede ganar.








