Durante 15 años Carlos Andrade Garín ha hecho su voluntad en el Code y logró sacar adelante los Juegos Panamericanos de Guadalajara desde el comité organizador. Ambas gestiones se caracterizan por su escasa claridad, las muchas irregularidades y la nula voluntad de las autoridades del estado para obligar al dirigente a rendir cuentas. Al menos es la historia que se desprende de los resultados de las auditorías practicadas al organismo deportivo entre 2003 y 2011.
Irregularidades por más de 110 millones de pesos ha encontrado la Contraloría estatal en distintas auditorías a la administración de Carlos Andrade Garín en el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (Code), que ha dirigido durante 15 años.
Como según la ley el gobierno no está obligado a guardar sus registros durante esos tres lustros, por medio de la Ley de Transparencia, Proceso Jalisco solicitó a la Contraloría estatal los resultados de las revisiones practicadas al Code en el periodo 2003-2011, pero la dependencia se resistió a entregar la información y finalmente no la envío completa: se reservó la relativa a 2004, 2008 y 2011.
Inicialmente la respuesta a la solicitud fue negativa y sólo mediante un recurso de revisión, interpuesto por este semanario ante el Instituto de Transparencia e Información (Itei), proporcionó parte de los datos.
Aun así son evidentes en los resultados de las auditorías el manejo discrecional de los recursos, el abuso del presupuesto y de los recursos públicos y el favoritismo por empresas o particulares al asignar contratos. Lo que llama la atención es que la Contraloría diera por “solventados” tales señalamientos con una simple explicación, no siempre pertinente. Por ejemplo, para justificar por qué no se licitó una compra, el Code menciona que la empresa Atlética “es de Jalisco y el beneficio de la calidad, rendimiento, imagen y presencia, favorece a nuestros atletas y seleccionados de Jalisco, prueba de ello es el que somos líderes y campeones por séptima ocasión”.
En todos los resultados de las auditorías cuyas copias se entregaron a este semanario, al final del proceso de aclaraciones la dependencia le informa al titular del Code que, “analizados los argumentos expuestos en su oficio”, todo quedó solventado, por lo que se ordena archivar y declarar la revisión “como un caso concluido”. A este semanario no se le entregó ninguna copia de los oficios donde el Code resolviera las irregularidades.
En ocasiones el organismo que encabeza Andrade Garín respondió que gastó más porque recibió recursos adicionales del gobierno del estado; sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías por 109 millones 416 mil pesos, de los 426 millones 835 mil pesos que la administración de Emilio González Márquez destinó en 2010 a la
infraestructura para los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.
Desde la revisión de las cuentas del Code en 2003 la Contraloría estatal emitió 20 observaciones por un total de 1 millón 568 mil 379 pesos. Destaca la falta o el atraso de la comprobación de gastos de algunos funcionarios, incluido Andrade Garín.
Esa auditoría reveló 31 saldos por 206 mil 489 pesos, con antigüedad entre uno y seis años, sin evidencia de que se haya gestionado el cobro. Los mayores adeudos los tienen Laura Amaral Palafox, con 34 mil pesos; la Asociación de Basquetbol del Estado, con 30 mil; la Unión de Asociaciones de Charros con 26 mil 950; Álvaro Blanco Fernández, entrenador de ajedrez del Code, quien no comprobó gastos por 26 mil 610 pesos, y Antonio Quezada Ramos, con 20 mil.
A 12 empleados se les pagó la prestación “por puntualidad y asistencia” de 3 mil 40 pesos en los dos primeros bimestres de 2003 a pesar que no cumplieron y a que se trataba de personal no sindicalizado.
En julio y noviembre de ese año el Code le pagó a empleados de varias oficinas (de atención a municipios, supervisión y mantenimiento, entre otras) un total de 110 mil 809 pesos por concepto de “gratificación” y “bono de productividad”. Los pagos iban de 76 a 12 mil pesos. Este último fue el caso de Simón John Louis. Todo esto se realizó sin la autorización de la Junta del Consejo Directivo y sin especificar los parámetros para otorgar los estímulos.
Asimismo, la Contraloría encontró una diferencia de 258 mil 588 pesos entre el importe contable de remuneraciones y el sistema de nóminas del personal de base y eventual. Mientras que en el registro de contabilidad sumaban 36 millones 775 mil 504 pesos, en el Nomipaq eran de 37 millones 34 mil 92 pesos.
Durante la auditoría mencionada no se encontró la relación de las personas beneficiadas con la entrega de uniformes que costaron 308 mil 144 pesos. Se observó que la compra de los mismos se le fraccionó a Comercializadora Láser Atlética, a la que el organismo de promoción deportiva le pagó 354 mil 291 pesos en cuatro entregas.
En cinco de los 10 casos revisados en el rubro de comprobación de gastos, se encontró que Andrade Garín tardó de tres a nueve meses para justificar 126 mil 719 pesos de sus viáticos. Además, la Contraloría no encontró información sobre las personas que viajaron a tres competencias, una de ellas la Olimpiada Nacional que tuvo lugar en Tijuana durante abril de 2003 y en la que se generaron viáticos por 442 mil 502 pesos.
Aunque la revisión al ejercicio de 2003 concluyó en septiembre de 2004, fue hasta 2005 cuando la mayoría de las observaciones se dio por solventada, pero en los documentos entregados por transparencia no se especifica cómo sucedió esto.
Gasto no autorizado
En un oficio del 23 de marzo de 2007, la entonces contralora María del Carmen Mendoza Flores le informó a Andrade Garín que, al aplicar una revisión del ejercicio presupuestal del 1 de enero de 2005 al 30 de septiembre de 2006, se emitieron 26 observaciones por un total de 98 millones 369 mil 81 pesos.
Los montos más altos fueron por sobreejercicio presupuestal: en 2005 por cerca de 53 millones de pesos en 32 partidas, y en 2006 por 13 millones en 21 partidas.
El Code, que tenía un presupuesto de 47 millones 166 mil 938 pesos autorizado por el Congreso del estado, argumentó para justificar el sobreejercicio de 2005 que el gobernador autorizó un subsidio de 12 millones “para gastos de operación”, al que se sumaron casi 18 millones de pesos de ingresos propios, cerca de 75 mil pesos provenientes de escuelas deportivas y un remanente de 6.7 millones de pesos del presupuesto de 2004.
El organismo aseguró que recibió además 3.7 millones de subsidio federal “para el desarrollo del deporte” y 8.1 millones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para la Olimpiada Nacional de 2005, por lo que ese año su presupuesto “ascendió a 140 millones 933 mil 19 pesos”.
Contar con más de 93 millones de pesos extra permitió que el Code no gastara los programados 38 millones de pesos en el capítulo 1000 (sueldo, prima vacacional, aguinaldo y otras prestaciones) sino 64 millones 820 mil 642. Y en el capítulo 2000 (alimentos para servidores públicos estatales, materiales y suministros médicos, combustibles y artículos deportivos) su prepuesto era de 6.2 millones de pesos pero se gastó más del doble, 13.5 millones.
En el capítulo 3000, referente a servicios como teléfonos, electricidad, agua potable y renta de autos, entre otros, el presupuesto aprobado era de 1.5 millones pero el gasto ascendió a 12.3 millones de pesos.
En 2006 las anomalías se concentraron en el capítulo 5000 (mobiliario, equipo de computo, vehículos), con una partida autorizada de 6.1 millones, pero se gastaron 19.3 millones. En el capítulo 3000 se debían erogar 94 mil pesos, pero se ejercieron 656 mil. Otra vez el Code justificó con los subsidios: el gobernador le entregó un subsidio de 12 millones de pesos para gastos de operación y 40 millones adicionales para la infraestructura de los Panamericanos; más 3 millones del subsidio federal, 23 millones de ingresos propios y 4 millones remanentes del año anterior.
Dichas partidas sumaron 221 millones 198 mil 381 pesos, por lo que para el Code “se cumplió con la Ley de Presupuesto” y, en su defensa, sostuvo que “Jalisco es campeón por séptima ocasión en la Olimpiada Nacional, bicampeón en la Elite y Tricampeón en la Olimpiada Paralímpica”.
En la auditoría también se comprobó que en 2005 no se respetó la partida presupuestal autorizada en 27 rubros por un total de 12 millones 513 mil 282 pesos. Al año siguiente 16 partidas se rebasaron en cerca de 13.5 millones. Entre las partidas no autorizadas estaban salarios a personal eventual, becas, indemnizaciones, gratificaciones, servicios de vigilancia, arrendamiento de oficinas, estudios diversos, gastos menores y congresos.
A estos dos cuestionamientos la respuesta fue que el Code tiene una “forma distinta de integrar los rubros”. Sobre el personal eventual añadió: “Como consecuencia de sus buenos resultados, este Consejo Deportivo decidió, con sus propios recursos, basificar a este personal, creando con ello una excelente relación de trabajo con su personal, sindicato y el propio organismo”.
La Contraloría encontró “contablemente” un camión Dina 1991 donado por el Sistecozome en septiembre de 1999. Según el Code, la unidad fue vendida en 2003 a la Secretaría de Administración en 10 mil pesos y alegó que desde 2002 le pidió a esta última dependencia que lo guardara porque tenía problemas mecánicos, “por lo que era infructuoso e irrelevante realizar algún tipo de registro contable”. Otra vez se dio por solventada la irregularidad con ese dicho.
En 2005 y 2006 el organismo deportivo adjudicó de manera directa la realización de unos videos a Producciones Pelayo y Asociados, cuando el contrato por un total de 317 mil 400 pesos obligaba a invitar cuando menos a tres proveedores. El argumento del Code fue que sólo Pelayo, aparte de Televisa y TV Azteca, tiene capacidad técnica y experiencia para “este tipo de producciones”. La administración de Andrade Garín agregó que Pelayo cuenta “con la memoria gráfica e histórica” de “todos los eventos realizados en los últimos seis años”.
Igualmente la Contraloría observó que el Code compró uniformes por más de 2 millones de pesos sin licitación. La justificación que se dio en marzo de 2007 fue que la empresa Atlética –beneficiaria del contrato– es reconocida mundialmente, además de que “es de Jalisco y el beneficio de la calidad, rendimiento, imagen y presencia, favorece a nuestros atletas y seleccionados de Jalisco, prueba de ello es el que somos líderes y campeones por séptima ocasión”.
Sin embargo, en agosto de ese año Mendoza Flores le informó a Andrade Garín que con las “respuestas contenidas en su oficio 95/355/2007” fueron analizadas y se llegó a la conclusión que el manejo del presupuesto fue correcto. No obstante, a Proceso Jalisco no se le entregó copia de tal oficio, por lo que se desconoce de qué manera logró librar todas las observaciones.
“Justificaciones” verbales
De la auditoría practicada al ejercicio del 1 de enero al 31 de mayo de 2007, la Contraloría hizo 41 observaciones que suman casi 62 millones de pesos.
Como sucedió en años anteriores, hubo un excedente por 20.3 millones de pesos en 16 partidas. El capítulo 3000 registró mayor exceso de gasto. Tenía autorizados 4.4 millones para todo el año, pero en cinco meses ya se habían gastado 19 millones. La tendencia se repitió en el capítulo 4000, que tenía autorizados 10.3 millones para todo el año, pero en mayo ya había ejercido 43.5 millones.
En su “explicación”, el Code asegura que todos esos movimientos fueron autorizados por el consejo directivo y que para ello realizaron transferencias bancarias, pero la Contraloría concluyó que los directivos debieron enviar el ejercicio registrado contablemente y “que las transferencias efectuadas para disponibilidad a las partidas excedidas se efectuaron posterior a la ejecución al gasto”.
También se descubrió que se ejercieron 24 partidas no presupuestadas por más de 4 millones, entre ellas “el otorgamiento del bono de productividad”, que ni siquiera se estipula en el contrato colectivo de trabajo. Además, puestos iguales tienen diferentes sueldos. Como ejemplo se señala que Gustavo Díaz, el secretario particular de Garín, percibe al mes 53 mil 586 pesos, mientras que el resto de las secretarias ganan entre 3 mil 800 y 7 mil pesos al mes. El Code no pudo justificarse.
Por otra parte se detectó que los 25 maestros de la Escuela Superior del Deporte tienen base de auxiliar operativo C –excepto uno, que es auxiliar administrativo– y que su sueldo diario varía de 60 a 173 pesos, por lo que lo no se pudo descifrar cuál es el pago real por hora trabajada.
En la misma auditoría se detectó que en 39 pólizas de egresos por un total cercano a 925 mil pesos faltaron comprobantes de gastos o se retrasó su entrega; lo mismo sucedió con actas del consejo autorizando la comisión al extranjero, oficios de comisión y recibos de viáticos.
Uno de los exfuncionarios que cometió al menos una de esas anomalías fue André Marx Miranda, actual director del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara. Otro es el coordinador de atletismo del Code, César Ballesteros Tapia, más otros 10 funcionarios de primer nivel.
Entre otros argumentos, el organismo auditado respondió que el único que debe pedir autorización para realizar viajes al exterior es el director y que los gastos de alimentación “no son sujetos de comprobación”.
Al verificar el parque vehicular se descubrió que 13 autos carecen de registro de resguardo, el conductor no tiene licencia o el color y el número de placas no coinciden con los anotados en el resguardo. El propio Andrade Garín no firmó la responsiva de la Toyota 2007 a su cargo ni entregó copia de su licencia.
En la revisión a la cuenta de obras en proceso se detectó que ninguno de los cinco constructores entregó factura original, contrato ni fianza, lo que generó una observación por 7.2 millones de pesos. Tampoco se encontraron contratos de patrocinio correspondientes a cinco grandes empresas.
Además, el Code adjudicó directamente 1.1 millones de pesos y efectuó compras fraccionadas por 483 mil 527 pesos. En su defensa, el organismo afirmó que era necesario adquirir el material deportivo con esas empresas porque ofrecen calidad y durabilidad, con lo que se podría hacer “frente a las competencias nacionales con miras a la Olimpiada Nacional” y lograr “un resultado superior que los años anteriores”.
En la auditoría al ejercido del 1 de noviembre de 2009 al 31 de julio de 2010 se detectaron 19 irregularidades, que suman poco más de 4 millones; entre ellas están la entrega de apoyos y viáticos por casi 319 mil pesos que no fueron comprobados. Los morosos con mayores adeudos eran Fernando Arredondo, Mario Alberto Hernández Carranza y Antonio Crespo Castillo.
Al respecto el Code señaló que los recursos fueron para la Olimpiada Nacional y no se pudieron comprobar físicamente, pero recalca que sin estos apoyos “no hubiera podido realizar dicho evento”.
Tampoco se entregó la relación de beneficiarios de las becas ni de patrocinios por 4.2 millones de pesos, ni hay evidencia documental de que se hayan gastado 398 mil pesos en la Feria de la Actividad Física para Vivir Mejor.
En el periodo mencionado el Code pagó cerca de 90 mil pesos de recargos e intereses moratorios por pagos extemporáneos a Pensiones del Estado e hizo “préstamos” de combustible a vehículos no oficiales por casi 25 mil pesos.
Según los registros del Code, en la semana del 24 de diciembre de 2008 al 31 de enero de 2009 sus vehículos con placas JHC 1388 y JHZ 6224 consumieron más 2 mil 700 pesos en gasolina, y el auto con placas JGR 2255 requirió 2 mil 209 pesos del combustible. Las placas de otros vehículos con alto consumo son: JGR 8289, JCH 1265, JFF 4152, JDP 2466, que presentaron gastos entre mil y casi 2 mil pesos.
La observación se “aclaró” cuando el organismo deportivo aclaró que sus empleados “facilitan sus vehículos particulares de forma permanente para dar agilidad a los asuntos inherentes en beneficio” del Code.
Éste incurrió de nuevo en las compras fraccionadas, ahora a Televisa de Occidente y por 238 mil pesos. Su argumento: que la televisora es “la mejor opción para difusión de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, debido a su gran cobertura en audiencia de televidentes a nivel nacional e internacional”.
De igual forma se encontraron cinco pólizas sin soporte documental por un total de 2.2 millones de pesos y órdenes de compra por más de 658 mil pesos que no estaban formalizadas por los proveedores, “existiendo riesgo de que no se respete el precio pactado”, como apuntó la Contraloría.
Con todo, el jueves 16 el Comité Olímpico Mexicano anunció que postulará a Guadalajara como sede de los III Juegos Olímpicos Juveniles de 2018. Ahora la decisión es del Comité Olímpico Internacional.
