Los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 dieron lugar a pagos excesivos e improcedentes, asignación de contratos sin licitación, dispendio de recursos del erario y un abultado expediente de anomalías, que fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación durante la revisión de la cuenta pública 2010. De las observaciones realizadas por el órgano fiscalizador –que sobrepasan los 100 millones de pesos– no se salva nadie: ni los organizadores de la justa continental ni la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ni su titular, Bernardo de la Garza.
Los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 –cuya erogación global se estima en 3 mil millones de pesos sólo en materia de infraestructura– evidenciaron los multimillonarios dispendios del erario, al grado de que 100 millones de pesos se tiraron a la basura tras el cambio de lugar para la construcción del estadio de atletismo.
En su revisión de la Cuenta Pública 2010 y cuyos resultados entregó el miércoles 15, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño al patrimonio del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 (Finde), por 20 millones 868 mil 555 pesos.
Tan sólo para el ejercicio 2010 la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) autorizó mil 284 millones 567 mil pesos de recursos federales destinados a fideicomisos públicos constituidos por los gobiernos estatales. Entre éstos se encuentra el Finde, al que se le canalizaron 739 millones 502 mil pesos durante ese año. En total, la ASF realizó observaciones por 109 millones 416 mil 400 pesos erogados ese año en infraestructura deportiva.
El órgano de control del Legislativo confirmó también las irregularidades en que incurrió el comité organizador de la justa continental (Copag, presidido por Carlos Andrade Garín) en lo que respecta a los preparativos y realización de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.
Un ejemplo: la firma de dos contratos para eventos deportivos por un monto de 2 millones 989 mil 400 pesos a través del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (Code Jalisco), dirigido por el propio Andrade Garín.
Ninguno de los dos convenios incluyó la aplicación de penas convencionales ni tampoco mencionan los procedimientos de adjudicación con que se contrataron los servicios para la organización de los siguientes eventos: campeonato panamericano para adultos de gimnasia artística; campeonato panamericano de triatlón; campeonato panamericano para adultos de gimnasia rítmica y trampolín, además del selectivo mundial de clavados Singapur 2010 y el campeonato mundial juvenil de badminton.
Lo grave es que “los servicios contratados fueron por concepto de eventos distintos a los Juegos Panamericanos 2011”, según detectó la ASF. Además, se observó que el primer convenio –selectivo mundial de clavados y campeonato mundial de badminton– se realizó apenas un día antes del evento.
Sobre el comité organizador de los Juegos Panamericanos recae un abultado expediente de anomalías: pagos excesivos por 3 millones 951 mil 100 pesos por autorizar costos mayores a los insumos de concurso, así como pagos improcedentes de 5 millones 847 mil 200 pesos por concepto de obra “extraordinaria” para el complejo acuático, mismos que no corresponden a los contratos originales.
Y la lista continúa: incompatibilidad de funciones; pagos a los comités olímpicos nacionales participantes en los Juegos Panamericanos sin justificación ni comprobación; facturas que no cumplen requisitos fiscales; falta de documentación comprobatoria; deficiencias en adquisiciones para la olimpiada nacional, e irregularidades en el proceso de adjudicación y pagos improcedentes.
Peor aún. Se constató que el Code Jalisco adquirió equipamiento deportivo (redes, postes, paletas para volibol, rastrillos de playa, plataformas para jueces, marcadores, antenas, etcétera) por más de 123.5 millones de pesos a un taller mecánico industrial.
En su visita domiciliaria al proveedor Rubén Acosta, la ASF descubrió que la actividad de esta empresa registrada ante el Servicio de Administración Tributaria consiste en la fabricación de corcholatas y otros productos troquelados, “actividad que no está relacionada con la compraventa de artículos deportivos”.
Aunque no se menciona el segundo apellido, Rubén Acosta es el nombre de un exdirigente mexicano que por algún tiempo presidió la Federación Internacional de Volibol. Por cierto, las facturas entregadas a la auditoría tampoco cumplen con los requisitos fiscales.
Costosa certificación
La revisión de la Cuenta Pública 2010 también deja al descubierto las irregularidades en que incurrió la Conade en el contrato de consolidación del Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Dopaje que este organismo firmó el 12 de junio de 2009 con el Code Jalisco y la Fundación Municipal de Investigación Médica (Fundación IMIM) por 5 millones 642 mil pesos a fin de lograr la certificación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para el citado laboratorio, en el que el organismo presidido por Bernardo de la Garza funge como responsable técnico y operativo.
La ASF constató que en 2010 se pagaron otros 2 millones 636 mil 600 pesos para el mismo objetivo de la certificación de la AMA con recursos del Finde por concepto del segundo y tercer pagos del contrato. Sin embargo, la ASF advirtió que el expediente del convenio “carece de información y documentación del cumplimiento de los objetivos parciales, por lo que no fue posible analizar el avance del proceso de certificación. El contrato tampoco consideró la aplicación de penas convencionales y presentación de garantías. Asimismo, señala el 1 de julio de 2011 como fecha para obtener la certificación del laboratorio y la posibilidad de que no se obtenga la acreditación de la Agencia Mundial Antidopaje”, tal como ocurrió.
El órgano auditor también encontró irregularidades en la adquisición de suministros para el laboratorio de prevención y control de dopaje, en la compra de reactivos, gases especiales, equipos, artículos de oficina, batas y mangueras para el laboratorio, por el orden de 3 millones 987 mil pesos, pagados con recursos del Finde. Además, detectó que el Code Jalisco sólo proporcionó dos de las nueve justificaciones de las adjudicaciones directas.
Asimismo, la ASF observó que de los 30 profesionales contratados para servicios en el Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje por un monto de 8 millones 313 mil pesos, y pagados con recursos del Finde, 10 de ellos no acreditaron su experiencia laboral y las habilidades requeridas para el puesto, como se estableció en los contratos. “Únicamente entregaron certificado de estudios, historial académico, carta de pasante, constancia de culminación de carrera o constancia de trámite de cédula profesional”, asienta el organismo.
El Code Jalisco sólo proporcionó a la auditoría 25 de los 30 contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios en el referido laboratorio.
Los Juegos Panamericanos de Guadalajara se realizaron entre el 14 y 31 de octubre. Antes, la Comisión de Juventud y Deporte del Senado promovió el pasado 20 de agosto reformas a los artículos 108 y 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte relativas al dopaje, sustentadas en las reglas del Código Mundial Antidopaje.
Dicha iniciativa fue turnada para su aprobación a la Cámara de Diputados el pasado 13 de septiembre, a nombre de los senadores, aunque la idea partió del titular de la Conade. Y todo estaba dispuesto para ser votada el pasado jueves 16. Sin embargo, la agenda de los legisladores aplazó la decisión, la cual podría darse este martes 21 ya totalmente desfasada.
Pero ahora el promotor de la iniciativa pretende deslindarse de la responsabilidad que por ley le corresponde como presidente del Comité Nacional Antidopaje. A menos de un año de terminar su gestión, De la Garza propone una serie de reformas al reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, entre ellas el artículo 66, que de aprobarse quedaría como sigue: “el pleno del Comité Nacional Antidopaje se integrará de la forma siguiente: 1.- un representante designado por el titular de la SEP, quien lo presidirá”, se asienta en el propio portal del organismo, www.conade.gob.mx.
Esas reformas parecerían contravenir la modificación que De la Garza pretende imponer en el artículo 66, ya que en su proyecto de la disposición 65 intenta mantener el control, como se alcanza a leer: “artículo 65: el Comité Nacional Antidopaje tendrá las siguientes atribuciones: 1.- adoptar y poner en práctica las normas antidopaje dictadas por la Conade de conformidad con el artículo 118 de la ley”.
Las reformas al artículo 108 y 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte hacen más rigurosas la aplicación de las reglas de la Agencia Mundial Antidopaje. Por ejemplo, el 108 ya reformado quedaría de la siguiente manera: “se entenderá por dopaje en el deporte la administración a los deportistas, su uso deliberado o inadvertido de una sustancia prohibida o de un método no reglamentario, enunciado en la lista vigente de la Agencia Mundial Antidopaje…”.
De hecho, el primer deportista al que se le aplicó todo el peso del reglamento antidopaje fue el exseleccionado nacional Salvador Carmona, quien en mayo de 2007 quedó inhabilitado de por vida del futbol profesional por la resolución de la AMA y del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Luego de apelar a varias instancias, el miércoles 15 la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en su contra.
En total, la ASF determinó 25 observaciones de la Cuenta Pública 2010, de las cuales apenas cinco fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del referido informe. Las 20 restantes generaron dos recomendaciones; dos promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 12 promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, y nueve observaciones, entre ellas el probable daño al patrimonio al Finde por los siguientes conceptos: compra de boletos de avión a los comités olímpicos de Ecuador, Honduras y Panamá por 890 mil pesos; selectivo mundial de clavados Singapur 2010 y campeonato mundial juvenil de badminton, entre otros, por 5 millones 309 mil pesos.
La ASF destaca que esos pagos fueron realizados sin justificación ni comprobación de gastos.
Sin documentos
A cuatro meses de realizado el evento continental, el mayor daño probable al patrimonio del Fideicomiso para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos Panamericanos fue detectado por la ASF en el desembolso de 12 millones, 452 mil 600 pesos por pagos a un proveedor de España por servicios de procesamiento de resultados de las competencias de la Olimpiada Nacional, con recursos del Finde.
En el documento presentado por la ASF se destacan cinco Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para los servidores públicos de la Conade, por lo que solicita ante el Órgano Interno de Control en la Conade que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de ese organismo.
Uno de los motivos de estas promociones es el contrato que la Conade celebró con la Fundación Instituto Municipal de Investigación Médica para consolidar el Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Dopaje, a fin de que la Agencia Mundial Antidopaje lo acreditara, sin incluir penas convencionales ni garantías.
Además, la ASF precisa que no contaron con la documentación del cumplimiento de los objetivos parciales establecidos en el contrato, “y desde 2009 se autorizaron las erogaciones relacionadas con dicho laboratorio, sin que se hubiera acreditado en el plazo previsto (antes del 1 de julio de 2011; es decir, tres meses antes de los Juegos Panamericanos). Conviene mencionar que se está gestionando la acreditación del laboratorio satelital IMIM-Guadalajara 2011 y no la del Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Dopaje”.
Otra de las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria se deriva de la contratación de 10 prestadores de servicios profesionales, con honorarios de 1 millón 194 mil 500 pesos asignados al Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje, “del cual la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte funge como responsable técnico y operativo, sin contar con la documentación que acredite la experiencia profesional ni las habilidades requeridas para el puesto, como se estableció en los contratos”.
Todo lo anterior involucra a la parte jurídica de la Conade, donde en teoría se revisa y se da seguimiento a los temas de carácter contractual. La coordinadora de normatividad y asuntos jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte es Fabiola González Robledo, amiga de todas las confianzas de De la Garza, quien primero la quiso imponer al frente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), donde no dio el perfil.
Persistente, De la Garza terminó compensándola en esta área de gran relevancia, pero los Juegos Panamericanos de Guadalajara le empiezan a cobrar factura.
